viernes, 29 de diciembre de 2017

Si las partes en el proceso pusieron fin al litigio por transacción, los efectos indirectos se producen con todos los terceros, incluso los profesionales que no intervinieron en el acuerdo

Si las partes en el proceso pusieron fin al litigio por transacción, los efectos indirectos se producen con todos los terceros, incluso los profesionales que no intervinieron en el acuerdo

Partes: V. V. C. c/ P. B. G. s/ medidas precautorias art. 233 CCiv. (vigente hasta 31/07/2015)
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: D
Fecha: 14-sep-2017
Cita: MJ-JU-M-107584-AR | MJJ107584 | MJJ107584
Si las partes en el proceso pusieron fin al litigio por transacción, los efectos jurídicos se producen entre quienes transigieron, y los efectos indirectos se producen con todos los terceros, incluso los profesionales que asistieron a uno de los litigantes y no intervinieron en el acuerdo.
Sumario:
1.-Corresponde dilucidar la impugnación formulada por la actora respecto del pacto de cuota litis suscripto con su letrado y luego, y en función del resultado, se meritará la pretensión de los honorarios sobre la base de sus términos, a cuyos fines la accionante deberá presentar el convenio de liquidación de bienes matrimoniales acordado extrajudicialmente con la contraria, pues si las partes en el proceso arriban a una transacción que pone fin al litigio, los efectos jurídicos se producen entre quienes transigieron, al modificarse la relación jurídica preexistente como efecto directo de la transacción, y los efectos indirectos se producen, con todos los terceros, incluso los profesionales que asistieron a uno de los litigantes y no intervinieron en el acuerdo.
2.- El acuerdo de pacto de cuota litis es aquel en cuya virtud se establece como emolumento una cuota determinada del objeto del litigio y en este sentido, los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más procesos consistirán en participar de los resultados de éstos (art. 4 de la Ley 21.839)
3.-La existencia de un pacto de cuota litis suscripto por una representación letrada anterior no impide arribar a un acuerdo transaccional, lo que no significa que los profesionales interesados puedan actuar según los derechos que entienden le asisten, sin perjuicio de las medidas tendientes a proteger los estipendios que le corresponda como retribución por la labor desarrollada en el expediente y el abogado carece de facultades para modificar lo convenido por las partes.
4.-A los fines de garantizar el crédito del letrado no pueden verse afectados aquellos bienes que están en cabeza de quien no se encuentra conminado al pago del mismo, razón por la cual corresponde disponer el levantamiento inmediato de las medidas dispuestas.
Fallo:
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017.- PS
Y Vistos. Considerando:
I- Recurso de fojas 1297:
El doctor J. M. A., ex letrado de la parte actora, interpuso revocatoria con apelación en subsidio, en contra del pronunciamiento de fojas 1281, en virtud del cual se le fijaron honorarios por su actuación en autos, en los términos del artículo 6 de la ley 21.839, hasta el momento en el que le fue revocado el poder.
Cuestiona el letrado la decisión de grado, en la medida que se la regularon honorarios “sin la tasación correspondiente de los bienes involucrados”, y acompaña, en aval de su reclamo, un convenio de honorarios suscripto con su ex cliente.
Impugna asimismo el apelante, lo acordado por las partes en relación con las costas del proceso, luego del desistimiento formulado a fojas 1282/3, por la actora, y en función del cual -entre otras cosas- dicha parte asumió los costos y costas del proceso.
Reclama en este aspecto, que dichas gabelas sean impuestas al demandado, por las razones que expone a fojas 1298 vuelta/9 vuelta, de su memorial.
Por último impugna el profesional el decisorio de fojas 1284, en el que, en atención el desistimiento del proceso denunciado por la actora y el compromiso asumido en relación a los costos y costas del mismo, se ordenó el levantamiento de las medidas trabadas en la causa.
II- Recurso de fojas 1330:
Cuestiona la demandada la providencia de fojas 1310, en función de la cual se ordenó devolver los oficios, cuyo libramiento fuera ordenado oportunamente a fojas 1284, en punto al levantamiento de las medidas trabadas en la causa, y respecto del cual el ex letrado de la actora manifestó su expresa oposición.
Argumenta el apelante, en sustento de su reclamo que, este tipo de medidas ordenadas, subsisten mientras perduren las circunstancias que las determinaron, y que, en el caso de autos han cambiado, debido a que el proceso enderezado en su contra culminó, y, en tal tesitura aquéllas resultan improcedentes contra quien no se encuentra obligado al pago de las costas.
Agregatambién, que el doctor J. M. A. no puede pretender garantizar el pago de sus honorarios con el patrimonio de quien no se encuentra obligado al pago de los emolumentos, entendiendo que tales medidas debe ser trabadas en el patrimonio del obligado al pago de los mismos, es decir, la parte actora.
III- Planteado así el asunto a resolver, y dada la íntima concatenación de todas las cuestiones expuestas por las partes, los temas ventilados se resolverán -por razones de mejor método- de forma conjunta.
Preliminarmente diremos que, para decidir no estamos obligados a analizar cada una de las argumentaciones de las partes, ni ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo las consideradas decisivas para la resolución de la contienda (Fallos 144:611; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 274:113: 276:132: 280:3201; 303:2088; 304:537; 307:1121; entre otros , arts. 386 y concs. del CPCC).
Ahora bien, el doctor J. M. A., celebró con su clienta (actual ex clienta), un convenio de honorarios en el cual, acordaron -entre otras cosas- que, “los honorarios que se fijan a favor del profesional, son los que resulten de aplicar del DOCE por ciento (12%) del valor real de la totalidad de los valores y bienes que finalmente le sean atribuidos en la disolución de la sociedad conyugal P.-V . El mismo será fijado solo sobre el 50% ganancial del marido”. (ver fojas 1293, cláusula tercera).
Asimismo, en su cláusula quinta, expresamente las partes acordaron que “la revocación del poder o rescisión unilateral por los mandantes, no anularán el presente convenio, teniendo entonces derecho el profesional nombrado a cobrar todos sus gastos, trabajos y honorarios por lo actuado. Lo establecido en esta cláusula no será de aplicación cuando la revocación o rescisión haya sido motivada por culpa del profesional”.
Sobre el particular, el acuerdo de pacto de cuota litis es aquel en cuya virtud se establece como emolumento una cuota determinada del objeto del litigio.En este sentido, los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más procesos consistirán en participar de los resultados de éstos (Art. 4 de la ley 21.839).
Se ha dicho al respecto, que “el convenio suscripto por las partes debe ser respetado porque emerge de una declaración de voluntad obligatoria (arts. 944 y 1197 del Código Civil), y no cabe duda que ante el supuesto de un profesional apartado sin causa que lo justifique, debe darse cumplimiento a un contrato por el cual, sin vicio de la voluntad, sin lesión subjetiva y sin objeto contrario a las buenas costumbres, quedaba protegido el honorario estipulado aún cuando el trabajo hubiera sido interrumpido por causa del cliente.” (Cfr. CNCiv. Sala L, “Bonifacio Gustavo c/Forestal Guazucito SA s/Cobro de honorarios”, 09-03-12).
Sin mengua de lo relatado, cierto es que la existencia de un pacto de cuota litis suscripto por una representación letrada anterior no impide arribar a un acuerdo transaccional, lo que no significa que los profesionales interesados puedan actuar según los derechos que entienden le asisten.
Y en esta aspecto, resulta fundamental destacar que, sin perjuicio de las medidas tendientes a proteger los estipendios que le corresponda como retribución por la labor desarrollada en el expediente, el doctor J. M. A. carece de facultades para modificar lo convenido por las partes.
Nótese que ya a fojas 1264, se le hizo saber al doctor J. M. A. que carecía de legitimación a título propio, para formular pretensiones respecto a la imposición de costas.
Recordemos al respecto lo sostenido por la mayoría en el plenario de esta Cámara “M, E. J. c/ G., E. B. s/ cumplimiento de contrato” del 2 de octubre de 2001:”El efecto vinculatorio de la transacción y sus consecuencias se producen entre los titulares de la relación jurídica, o sea el acreedor y el deudor, que son los destinatarios del efecto directo del contrato, el cual una vez obtenido, todos están obligados a respetarlo y obrar en consecuencia.
Pues los efectos indirectos de la transacción se producen respecto de todos los terceros a quienes es oponible y por quienes resulta invocable (conf. López de Zavalía, Fernando J., “Teoría de los contratos, Parte General”, 1971, Ed. Zavalía, p. 289) (.) De ahí que, si las partes en el proceso arriban a una transacción que pone fin al litigio, los efectos jurídicos se producen entre quienes transigieron, al modificarse la relación jurídica preexistente como efecto directo de la transacción, y los efectos indirectos se producen, con todos los terceros, incluso los profesionales que asistieron a uno de los litigantes y no intervinieron en el acuerdo (Sup. Corte Bs. As., “Fisco de la Provincia de Buenos Aires v. C., J. A. y otro s/apremio” Ver Texto, del 20/8/1991)”.
En un caso similar al que aquí se analiza este tribunal -aunque con otra composición- ha dicho: “El planteo que formula el recurrente -la inoponibilidad del acuerdo celebrado por ex apoderado con la demandada- no será acogido por este Tribunal.
En efecto, por aplicación del principio dispositivo las partes tienen la facultad de desistir del proceso y de asumir personalmente los gastos que ellas mismas han originado en el pleito, pues no existe norma jurídica alguna que condicione el ejercicio de tales facultades al consentimiento de sus letrados. Al menos tal criterio no puede extraerse de la letra del art. 304 del Código Procesal. En este punto, si bien cierto que cuando un abogado asume la representación letrada de una parte o su mero patrocinio existe una expectativa económica vinculada con el resultado final del proceso (v.g.cobrar los honorarios no de su cliente sino de la parte vencida), no lo es menos que dicha circunstancia no condiciona el proceder de las partes. Cabe sostener ello, pues de aceptar la tesis que implícitamente propone el recurrente – la imposición de costas decidida por las partes en un acuerdo, no les es oponible a los letrados que no participaron en él – habría que concluir que aun cuando las partes hubieran llegado a un acuerdo sobre el motivo que originó el proceso éste debería continuar al solo efecto de determinar quien habría resultado vencido y por consiguiente condenado en costas. La consecuencias de dicho postulado, evidencian claramente su inconsistencia” (Cfr. esta Sala, in re “Lovera Marcos c/Moyano Martín s/Ds. y Ps.”. diciembre de 2015, expte. 88.943/2010).
“En apoyo a lo conclusión esbozada, debe destacarse que la jurisprudencia ha precisado que “los letrados intervinientes no se pueden oponer a las transacciones o convenios celebrados por las partes, pues su derecho se limita al cobro de sus honorarios, de manera que el acuerdo concluido entre los litigantes – aun sin intervención de sus profesionales – y homologados por el juez de la causa, produce plenos efectos” (conf. C.N. Fed. Civil y Comercial, Sala III, noviembre 5-1993, La Ley 1995-D-817)”. (Esta Sala, autos “SOSA SERGIO AMILCAR C/AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO S/SUMARIO”, EXPTE. 2.3224/96, del 29 de mayo de 2003).
Todo lo hasta aquí expuesto conduce a la desestimación de los cuestionamientos habidos sobre el tópico.
Otra cuestión muy distinta se vincula a la expectativa del doctor J. M. A.a que la regulación de honorarios que prospere lo sea en función de lo acordado con su poderdante; que es quien en definitiva, habrá de pagar las remuneraciones, en atención a la asunción de las costas, ya mencionado.
Luego, la regulación dispuesta a fojas 1281, objeto de apelación, deberá quedar en suspenso hasta tanto, se sustancie la impugnación incoada por la interesada respecto del convenio firmado con su anterior letrado.
Dicho en otros términos, la evaluación de la regulación de honorarios -hoy recurrida, quedará sujeta a resultas de lo que surja de los términos de lo concordado por las partes y luego que se resuelva la cuestión atinente a la impugnación del mismo.
Sólo con posterioridad a que se decida sobre la val idez del pacto, y en su caso, se ajuste el procedimiento a lo pautado en la cláusula tercera, en punto a la determinación del valor real de la totalidad de los valores y bienes involucrados en el proceso, podrá evaluarse la pertinencia de dicha regulación, la actora deberá presentar en autos la estipulación de liquidación de bienes matrimoniales acordado extrajudicialmente con la contraria.
Finalmente en lo que hace al pedido de levantamiento de las medidas, cabe señalar que asiste razón a la accionada, en cuanto considera que no pueden verse afectados -a los fines de garantizar el crédito del letrado-, aquellos bienes que se encuentran en cabeza de quien no se encuentra conminado al pago del mismo, razón por la cual se hará lugar al agravio esbozado en contra de esta decisión, disponiendo el levantamiento inmediato de las medidas dispuestas en autos.
En suma, corresponde hacer lugar -parcialmente- a los agravios del doctor J. M. A. con el siguiente alcance:En primer término corresponderá dilucidar la impugnación formulada por la actora, respecto del pacto de cuota litis suscripto con su letrado.
Luego, y en función del resultado, -en su caso-, se meritará la pretensión de los honorarios sobre la base de sus términos, a cuyos fines la accionante deberá presentar en autos el convenio de liquidación de bienes matrimoniales acordado extrajudicialmente con la contraria. Asimismo, se admiten los agravios de la demandada, consecuencia de lo cual, corresponde proceder al levantamiento de las medidas dispuestas en autos, como fuera ordenado a fojas 1284; todo ello sin perjuicio de las acciones que el doctor A. pudiere enderezar a fin del resguardo de su crédito, lo que así SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Hágase saber que esta sentencia será enviada al Centro de Información Judicial a los fines de su publicación en los términos de la ley 26.856, su dec. reglamentario 894/13 y las acordadas de la CSJN 15/13 y 24/13.
(Resolución 1567/17).
Patricia Barbieri
Osvaldo Onofre Álvarez

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