viernes, 15 de diciembre de 2017

Régimen patrimonial matrimonial. Liquidación de bienes de la comunidad. Tutela anticipada.

15/12/2017


Régimen patrimonial matrimonial. Liquidación de bienes de la comunidad. Tutela anticipada.

Corresponde confirmar la condena impuesta al demandado de abonar a su ex cónyuge la suma de 78.059,29 pesos en concepto de tutela anticipada provisoria de la liquidación de bienes de la comunidad, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución de los granos de cereal secuestrados en esa proporción, toda vez que no se trata de que la mujer sea un ser más débil, menos formado, sino de que ha sido desapoderada del ejercicio de la propiedad y, en el sostenimiento de esa situación, se la coloca en un estado de desventaja, se la vulnera en la libertad de elección y de decisión, privándola de los medios para esperar que la sentencia final le otorgue la razón de su derecho de propiedad, prototipo de la violencia económica de quien detenta en los hechos el poder de administrar y retener la riqueza familiar. Sostener al marido en la posición de privilegio que le confiere la administración de hecho de todos los bienes productivos y de las rentas que dichos bienes producen, por todo el tiempo que demande el proceso judicial, implicaría disfrazar bajo el manto del debido proceso y de la defensa en juicio, una situación jurídica abusiva para con la cónyuge no administradora, que el ordenamiento vigente impone remediar (art. 10, Código Civil y Comercial).
L., S. M. vs. M., C. D. s. Otras acciones no nomencladas /// Tribunal Colegiado de Instancia Única de Familia 7ª Nominación, Rosario, Santa Fe; 30-11-2017, RC J 9824/17


Texto

Y VISTOS: Los autos. "L., S. c/ M., C. s/ Medida Cautelar innovativa. Tutela Anticipada" Cuij Nro. 21-11314608-4 De los que resulta: El resolutorio N° 2550 de fecha 18/08/2017, generador de la vía recursiva intentada por el accionado, que ordenó al Sr. M. abonar a la accionante, Sra. L. la suma de $ 78059,29, en concepto de tutela anticipada de la liquidacion de bienes de la comunidad conyugal, previa contracautela y bajo apercibimiento de ejecutar dicha suma mediante la venta de los granos que fueran precedentemente embargados y secuestrados, con imposición de costas al demandado (fs. 148/156).
El accionado, interpone Recurso de Revocatoria ante el Tribunal en Pleno, postulando que ese fallo le provoca un agravio de magnitud tal que, en caso de rechazarse este recurso, sufriría consecuencias de imposible reparación ulterior, atento que la invocación de violencia de género le produce un agravio moral y porque los granos retenidos deberían ser destinados en parte al cumplimiento de contratos con terceras personas.
Se expide sobre el efecto del recurso planteado, solicitando se conceda con efecto suspensivo y anticipa que no cuenta con el dinero para cumplir con la sentencia.
Funda su recurso explayándose sobre las motivaciones del decisorio en crisis, atacando en el punto A, la referencia de la Jueza del Trámite a su inasistencia a las tres audiencias designadas a los fines conciliatorios, dando cuenta de diversas razones para justificar su ausencia, o la innecesaridad de su comparecencia, a la par que reniega de las consideraciones asumidas en el fallo que recurre respecto a una conducta obstruccionista, afirmando que tales consideraciones no serian válidas para sostener el ejercicio de violencia económica en que se fundamenta el decisorio.
En el punto B, el recurrente critica el análisis referencial de las actuaciones ventiladas en los conexos sobre violencia familiar, cuestionando si los hechos denunciados por la Sr. L. debían ser seriamente considerados como ciertos, habida cuenta la falta de pruebas confirmatorias. En el punto C de ese mismo escrito, reprocha las consideraciones tenidas en cuenta por la Jueza del Trámite, desconociendo los supuestos fácticos desde los cuales ésta infiere un posicionamiento desigual de las partes, afirmando que el accionado sostiene un estereotipo femenino compatible con un criterio de dominación masculina, que implica la restricción de la capacidad y libertad de las mujeres, menoscabando el derecho a desarrollar una vida digna. Asegura que no existe prueba alguna que fundamente las afirmaciones de la Jueza de Trámite, que no existieron hechos de perturbación relativa a los bienes de la actora; que no hubo ocultamiento de bienes de la comunidad, sino que por el contrario, contribuyó a la satisfacción de las necesidades de su ex cónyuge y las hijas del matrimonio, durante tres años. Resume la negativa afirmando que los bienes de la comunidad se hallan indivisos y las rentas que se obtuvieron durante la vigencia de la comunidad se utilizaron para el pago de deudas. Confirmando que no existen pruebas que el Sr. M. se halle en una relación de poder dominante frente a la actora, y que opuestamente, no se han valorado las pruebas agregadas en estos autos y sus conexos, que indicarían una resolución en el sentido contrario al asumido por la Jueza de Trámite. En el punto D del escrito recursivo, el accionado asegura que no hubo ningún ocultamiento de bienes que debían ser incluidos en la comunidad de ganancias, excusando la falta de inclusión de las rentas y granos depositados a su nombre en la cooperativa de referencia, en la incertidumbre que devendría respecto de la propiedad de tales granos, las obligaciones y cargas que pesarían sobre el mismo, y la distinción que cabe entre la propiedad de dichos granos y la rentabilidad que de ellos se deriva, expresando que sólo este ulltimo rubro correspondería incluirse en el inventario, en la etapa procesal oportuna y previa liquidación final. Asegura que la Sra. L. sabía bien donde el accionado tenia acopiada semillas. Afirma que "lo ganancial es la rentabilidad y no el grano", que sí ha brindado información sobre la rentabilidad de su trabajo agrario, que no existe prueba alguna del ocultamiento de bienes. Denuncia el recurrente una contradicción interna del fallo pues si la jueza a quo considera en su decisorio que no aparece en claro la titularidad del cereal secuestrado, cómo podría considerar que sobre esos mismos bienes hubo un ocultamiento de gananciales, resolviendo su argumento que hasta que no se termine con la liquidación de bienes no se puede establecer que es "lo suyo" de cada parte, por lo que la tutela anticipada deviene improcedente. En el punto E de su libelo, el recurrente acentúa la ilegitimidad e insuficiencia del informe médico en que se basa la Jueza a quo para tener por acreditados los efectos que la violencia de género, habrían ocasionado a la Sra. L., aseverando que, de constatarse algún tipo de padecimiento psíquico de la accionante no existe prueba documental, pericial o testimonial que autoricen a suponer que tales padecimientos tienen por causa la violencia ejercida por el accionado. Avanzando ahora sobre el punto F del mismo escrito, el recurrente desconoce la necesidad de recursos económicos de la Sra. L., afirmando que tiene un trabajo informal, del cual obtendría unos $ 10.000.- de retribución, cuenta con bienes (un automotor y dos motocicletas que invoca ha vendido), y se beneficia con la ayuda de su madre y sus hijos, por lo que afirma no existe prueba alguna que acredite el estado de necesidad de su ex cónyuge, y por tanto no se halla expedita la via anticipada que justifique despachar la medida que ordena la resolución recurrida. Aclara que el reconocimiento de un crédito a favor de la Sra. L., por la suma estimada en $ 78.059,29, que habría efectuado en el responde, no debe ser entendido como el número definitivo pues habría que computar los gastos de honorarios de este trámite, infiriendo de tal razonamiento que quizás, la liquidación final pudiera arrojar hasta un resultado negativo.
Finalmente, el recurrente expone una crítica del fallo en cuanto al análisis de los presupuestos procesales tenidos en cuenta por la jueza de trámite para el despacho de la medida y funda su queja en diversas circunstancias: primeramente acusa que el fallo se sostiene en la convicción suficiente del derecho de la accionante fundado en un reconocimiento creditorio que, como señalara en el punto precedente, no habría sido definitivo sino apenas provisional. Por tanto si hay incertidumbre no podría hablarse de certeza provisoria. En segundo término expone que la irreparabildiad del daño que conforme el fallo se asienta en el tiempo procesal, el grado de litigiosisdad, la falta de acuerdos y las necesidades de la actora, tampoco estarían acreditadas, careciendo de definición respecto al daño concreto que se trata de evitar, así como del dereho humano que estaría en peligro, no contando con prueba alguna del estado de imperiosa necesidad, o urgencia del remedio, restando así asidero a las circunstancias de edad, lugar de residencia y condición psicofísica que considera la resolución. Concluye el accionante que no se hallarían acreditados los extremos de procedencia de la tutela anticipada, porque no existe probado daño irreparable ni certeza o convicción suficiente. Afirma que la sentencia se basa en subjetividades, sin tener presente toda la prueba aportada en los procesos judiciales conexos; que la tutela anticipada no se corresponde con cuestiones de contenido patrimonial, tal como la indivisión de gananciales, respecto de los cuales las partes no ostentan un derecho cierto.
Invoca la seguridad jurídica como principio a su favor.
Por último, se agravia de la condena en costas, basada en el carácter de acto de jurisdicción voluntaria que asigna a este proceso, que no siendo contencioso, sólo le ha dado oportunidad de ventilar su oposición sin posibilidad de producir las pruebas que sustentan su verdadera oposición y defensa, por lo que, no habiendo bilateralidad, no corresponde su condena en costas.
Precisa aquello que considera defectos de la sentencia, resumiendo los vicios del fallo en los siguientes: violación del principios de congruencia (entre la consideración de la falta de determinación sobre la propiedad de los granos embargados y el ocultamiento de esos granos en el inventario de bienes integrantes de la masa indivisa de gananciales), violación a las formalidades de la sentencia por inadecuada valoración de las pruebas ( en particular respecto de los certificados médicos) que considera fue asimilada por la juez de tramite en grave violación a la garantía de debido proceso y defensa en juicio; apartamiento de la regla de la sana critica racional, asegurando que el fallo funda la tutela anticipada sobre una violencia económica, psíquica y verbal que no luce probada, que no individualiza concretamente el daño, la irreparabilidad, ni la vulnerabilidad en que asienta el decisorio, y por ello , por prescindir de la prueba producida en autos y apraterse del valor real probatorio tasado que establecen las normas civiles y comerciales, incumple con el deber de sentenciar en base a la sana critica racional y lo califica de arbitrario, peticionando tenga por interpuesto el recurso de revocatoria ante el Tribunal en Pleno, se lo conceda con efecto suspensivo y se tenga presente la reserva constitucional planteada (fs. 162/172).
Mediante decreto de fecha 26 de setiembre de 2017, se tiene por interpuesto el recurso de revocatoria ante el pleno, y se ordena el correspondiente traslado a la contrria por el término y bajoa apercibimientos de ley (fs. 173).
La accionante formula recurso de reposición, contra el decreto de fecha 26 de setiembre de 2017 a fin de que la juez a quo lo revoque parcialmente por contrario imperio. Fundamenta el recurso de reposición (art. 344 del CpCC) al considerar que la sentencia atacada no constituye una sentencia definitiva, sino meramente cautelar y provisoria, que no hace cosa juzgada, por lo que en merito a la celeridad y economía procesal reclama sea desestimado, con costas al recurrente. (fs. 181/184).
A modo subsidiario contesta el traslado, exponiendo que la recurrente no aclara cuales resultan los hechos controvertidos que le agravian, pues considera que la incomparencia del demandado a las audiencias del juicio de divorcio, la violencia familiar estarían fuera de discusión en los presentes, habida cuenta las propias manifestaciones vertidas en los escritos glosados en los conexos que menciona y a cuya literalidad se remite vía transcripción, acudiendo a conceptos traídos por el fallo en crisis, tales como Relación desigual de poder y las normas positivas que incorporan dichos criterios (Ley 26485).
Deja de manifiesto su contradicción a las afirmaciones del accionado en cuanto a la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, refuta el pretendido condominio de los bienes gananciales que invoca el Sr. M., ignorando la persona del tío que refiere el accionado como copropietario de las maquinarias. Desconoce también las deudas que pretende el accionado descontar del acervo conyugal, asegura una conducta poco clara respecto al detalle y manejo de los bienes y fondos de la sociedad conyugal. Desmiente la contribución voluntaria -posterior a la separación- que el accionado invoca haber honorado en favor de la familia y de su ex cónyuge, acusando que el relato de los agravios del recurrente no hacen mas que solidificar la postura de detentación de poder, ocultamiento y utilización de los gananciales en propio beneficio del accionado, confirmando la mala fe denunciada en el escrito inicial. En este sentido se explaya la actora en cuanto a la modalidad comercial agrícola y la interpretación que su parte hace respecto de las cuentas presentadas -y las cuentas no presentadas- por el accionado.
Manifiesta que el recaudo de necesidad de recursos económicos que reclama el accionado para justificar la viabilidad de la tutela anticipada, invocando que la propiedad conjunta de los bienes gananciales exime a la esposa del recaudo de justificar un estado de necesidad para ejercer los derechos de propiedad que sobre su mitad indivisa le corresponden de pleno derecho. Refiere que el sr. M. formula expresiones expresiones que lo colocan en situación desventajosa, desde el punto de vista ético y procedimental, a los fines del presente recurso y, fundada en tales consideraciones, peticiona se reconsidere el monto de la tutela, incrementando la medida anticipatoria ordenada por la Sra. Juez de Trámite, hasta la suma de $ 156.118,58.
Contesta el agravio relativo a la falta de cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la tutela anticipada, remitiendo a los dichos de la demanda y la prueba rendida en los conexos. Delimita su descripción del daño irreparable en la falta de disponibildad de los bienes que corresponden a la accioanante, y que se hallan en poder y administración unilateral por parte de su ex cónyuge, circunstancia que se suma a la dificultad presente de proveerse los ingresos suficientes para desarrollar su vida dignamente y la imposibilidad futura y cierta de no contar con aportes de la seguridad social. Recalca que la dedicación personal a su familia, le trajo aparejada una desventaja económica personal, y de ahí la vulnerabilidad de reclama sea provisionalmente tutelada, hasta tanto se resuelva definitivamente la liquidación de la comunidad de gananciales, la compensación económica y las demas cuestiones patrimoniales pendientes de resolución.
Argumenta que la resolución de tutela anticipada, constituye un medio de tutela judicial efectiva, que la accionante solo reclama lo que le pertenece, y la espera del decisorio final, la perjudica vulnerando sus derechos constitucionales, ya que es víctima de violencia económica, en razón de la injustificada demora que la contraparte introduce en el proceso, para beneficiarse mientras tanto en el aprovechamiento exclusivo de los bienes gananciales que resiste partir.
Peticiona la aplicación de todas las herramientas legales tendientes a hacer efectiva la tutela de los derechos constitucionales que le corresponden conforme los parámetros impartidos desde la CADH. Finalmente, destaca la insuficiencia del escrito recursivo para su consideración a los fines del presente recurso, entendiendo que le caben los apercibimientos de la deserción recursiva, en merito a la falta de fundabilidad de la expresión de agravios, solicitando así sea declarado conforme lo sanciona el art. 365 del CPCCFS, y reclama la aplicación de costas a la contraria conforme la regla del art. 251 del mismo cuerpo ritual.
Por último, resalta que no existe incongruencia en el fallo impugnado, no hay prueba del condominio que invoca el accionado; no hay prueba de las deudas que menciona, no hay afectación de derechos del cautelado, que de los informes recabados resularia que lo que la resolución manda pagar está muy por debajo de lo que le corresponde a la Sra. L.. Agrega que de los frutos sobre los que se está litigando la Sra. L. no vio nin un centavo; que la resolución fue dictada previa sustanciación, que la suma de la condena es la que resultara reconocida por el accionado; que son bienes compensables y fungibles; que la actora tiene los mismos derechos que el accionado sobre esos bienes, que el presente no es más que otro medio para entorpecer el proceso liquidatorio; y solicita la ejecución de la sentencia.
Por último, formula reserva de derechos para el hipotético e improbable supuesto de que el tribunal dictare sentencia desconociendo la contestación del traslado del Recurso de Revocatoria ante el Pleno y solicita se regulen los honorarios, se proceda a la venta judicial de bienes embargados por incumplimiento de la resolución Nro. 2550 de fecha 18 de agosto de 2017, se impongan las costas al demandado (fs. 181/199).
Mediante decreto de fecha 11 de octubre de 2017, la juez de trámite resolvió el recurso de revocatoria (art. 344 del CPCC) interpuesto por la actora contra el decreto de fecha 26 de setiembre de 2017, rechazando el recurso interpuesto con fundamento en que el recurso de revocatoria ante el pleno interpuesto por el demandado resulta procedente conforme el sistema recursivo de los Tribunales Colegiado de Familia. En el mismo decreto se tuvo por contestado el recurso de revocatoria ante el pleno y se dispuso que atento a que se ha dictado sentencia anticipada de condena de dar suma de dinero por pesos setenta y ocho mil, se ordenó dar cumplimiento a la sentencia librándose los oficios pertinentes, al tiempo que se ordenó el levantamiento del embargo al sólo efecto de dicha ejecución. (fs. 200)
Mediante auto nro. 3351 de fecha 20 de octubre de 2017, se regularon los honorarios a las profesionales intervinientes (fs. 201)
Las letradas de la actora acreditan apertura de una cuenta judicial y atento a la falta de cumplimiento de la sentencia dictada en autos, peticionan se libren oficios dirigidos a Agricultores Federados Argentinos SCL para que se proceda a la venta del cereal secuestrado hasta completar la suma de pesos setenta y ocho mil (fs. 204).
Mediante decreto de fecha 26 de octubre de 2017, se agrega la constancia bancaria y se libra el oficio peticionado.
La apoderada del demandado y las apoderas de la actora, solicitan pasen los autos a resolver el Recurso de Revocatoria ante el Pleno (fs. 206 y 208 respectivamente).
Previo informe de Mesa de Entradas, se ordena que pasen los autos a resolver (fs. 209), informando el Dr. Sergio Fuster (Secretario de Trámite) que en virtud de la ausencia de la Dra. Andrea Brunetti en razón de encontrarse con licencia, se procede a integrar el Colegio con la Jueza del Tribunal Colegiado de Familia nro. 3, que por orden corresponde Dra. Astrid Bárbara Siemienczuk, registrándose en el libro de integraciones de este tribunal , folio 63 (fs. 210).
En fecha 6 de noviembre de 2017, la Jueza Astrid Siemienczuk se notifica de la disposición precedente y de su integración. (fs. 210). Mediante decreto de fecha 6 de noviembre de 2017, se hace saber a las partes que a los fines de la resolución del Recurso de Revocatoria ante el Pleno, el Tribunal estará integrado por las Dras. Astrid Siemienczuk, Gabriela Topino y Valeria Vittori. (fs. 211) , providencia que en forma personal se notificaron las letradas de las partes (fs. 211 vta).
En consecuencia, quedan los autos para resolver el Recurso de Revocatoria ante el Pleno.
Y CONSIDERANDO:- Voto de la Dra. Astrid B. Siemienczuk: Que vienen los presente a despacho para resolver dos cuestiones, la primera si corresponde la procedencia del recurso para su tratamiento por ante este Tribunal Colegiado en pleno y, en segundo lugar, admitido que fuera el recurso, expedirse sobre la procedencia y justicia de la medida cautelar concedida por la jueza del tramite en los términos de aquella figura legal que la doctrina ha denominado tutela anticipada, 1) Avocada al primer asunto cabe referir que -sin perjuicio del análisis de admisibilidad que corresponde al Juez del trámite, teniendo en cuenta los términos del escrito de responde, y la queja de la accionante en cuanto a la concesión del recurso que nos ocupa, entiendo que cabe asumir en esta instancia la revisión del juicio de admisibilidad dispuesto por la Jueza de Tramite, por parte del Tribunal reunido en Colegio.
Tenemos a la vista que la Resolución N° 2550 dada en los presentes no constituye una sentencia definitiva, sino una cautelar, anticipatoria de un decisorio futuro que fue despachada por la juez de trámite, en razón de su intima convicción y cuasi certeza en favor de reconocer a la accionante un crédito en expectativa de -al menos- la suma que ordena pagar en concepto de anticipo a cuenta de mayor valor.
Si bien no constituye un decisorio final, que ponga fin al litigio o paralice el proceso, la norma que regula el presente recurso no requiere tales extremos, por lo que, habiéndose dictada previa substanciación, no hallo razones que limiten su procedencia. No obstante las posturas contrarias a este criterio, entiendo que el sub examine merece la atención del recurso por parte del Tribunal en pleno, en razón de la materia excepcional a que refiere (tutela anticipada fundada en una situación de la violencia patrimonial y cuestión de género) la irreparabildiad del daño invocado por el recurrente y el impacto que el criterio sentado en ese fallo, podría provocar sobre todo el proceso pendiente de tramite y resolución. Cabe resaltar que la posibilidad de gravamen en el caso no se identifica solamente con el derecho a obtener un pronunciamiento judicial en tiempo oportuno, sino que se vincula además con la garantía del debido proceso legal y de la defensa en juicio, tal como lo invocara el accionado, con la calidad de derecho constitucionalmente reconocido.
En tal sentido confirmo el decisorio de la Juez de Tramite en cuanto a la concesión de la instancia recursiva y por ello paso al tratamiento de la segunda cuestión.
2) Analizando ahora sí, la fundabilidad del fallo recurrido, corresponde expedirme respecto a la procedencia de la medida anticipatoria de tutela judicial ordenada en la Resolución N° 2550, y en tal sentido cabe anticipar que dicho instituto ha sido aplicado con la finalidad de efectivizar sin más demora el cumplimiento de aquellas porciones del litigio que no admiten mas cuestionamientos, habida cuenta el reconocimiento del obligado, y que por tanto no ameritan ser postergadas en aras a la certeza final de aquellos rubros que sí reclaman un debate más amplio, resultando eficientemente enderezada a evitar los perjuicios que la dilación procesal provoca en las particulares circunstancias que menciona padecer la accionante.
Ante la queja del accionado, habremos de analizar primero si la circunstancia en que fuera dictada la resolución anticipatoria, se correspondía con dicha tutela o, si por el contrario, correspondía esperar hasta la resolución final, que aprobara definitivamente la cuenta particionaria.
De las constancias de autos surge que las partes han sido cónyuges por mas de 25 años; que desde el año 2013 se encuentran separados de hecho, que desde el 2 de junio de 2016 se encuentran divorciados, retrotrayéndose la disolución de la sociedad conyugal al 11 de marzo de 2016. Que desde el comienzo del matrimonio, el Sr. M. tomó a su cargo la administración de los bienes productivos de la sociedad conyugal reteniendo hasta hoy ese cargo; que al tiempo de la disolución del vinculo, existía un patrimonio ganancial cuyo inventario el accionado describe a fs. 76, aseverando que el 50 % de la mayoría de bienes son ajenos al patrimonio ganancial, Confronta con ese activo ganancial un detalle de los pasivos, que engloba sin discriminación con las deudas propias de su explotación, arrojando un saldo positivo de $ 752.897,70.
Que a fs. 76/77 el Sr. M. denuncia el importe de las rentas percibidas desde la separación de hecho y hasta el divorcio, las que valúa conforme sus declaraciones juradas de ganancias ante AFIP (ganancias netas antes de impuesto) por la suma de $ 336.855,13 por el año 2013; $ 399.955,70 del año 2014; $ 408.400,90 por el año 2015 y $ 635.823,65 por el año 2016. A fs. 78 manifiesta que el activo común se eleva a la suma de $ 2.618.790 (suma que la accionante considera debe elevarse al doble porque el Sr. M. nunca justificó el condominio que invoca con su tío).
Hasta aquí, resulta que el accionado, administrador de hecho de la masa indivisa post comunitaria, reconoce haber explotado el capital ganancial y hallarse fácticamente en la administración de todos los bienes productivos, admitiendo sostenerse en el goce del total de la renta acumulada durante todos estos años y sin haber rendido aun las cuentas a su comunera, avanzando dubitativo en una cuenta provisoria que no termina de concretar, justificando su renuencia en la inactividad de su contraparte para el inicio del proceso de liquidación y en la oposición de la misma para arribar a un acuerdo final sobre la liquidación de gananciales, que ponga fin al litigio mediante la aceptación incondicionada del dinero que él mismo calculó en un rango que va los $ 700.000 a los $ 2.000.000.
Vale señalar que el Sr. M. no solo se ha encargado de la administración de gananciales, reinversión de la renta y agotamiento de la misma, sino que también se ha arrogado el cargo de perito partidor, porque hasta se tomó el trabajo de formar una hijuela de bajas, calculando la tasa de justicia y estimando los honorarios y aportes de los abogados, en una suma que cuadruplica la suma que ordena anticipar al fallo recurrido.
Pero, aun después de tales operaciones "anticipatorias", sigue reconociendo un saldo partible a favor de su ex cónyuge, que resiste entregar invocando que la Sra. L. no ha demostrado la necesidad urgente e imperiosa de disponer de tales fondos, dado la falta de verosimilitud de los padecimientos psicológicos que invoca y atendiendo que aun no estaría claro si los granos embargados -que se hallaban depositados en un silo a su nombre- son de su exclusiva propiedad o pesan sobre ellos algunas deudas que imprecisamente pretende asignar como gravamen del valor liquido y disponible que implica el depósito de fungibles en los silos de la cooperativa.
Surge del escrito recursivo, el mismo discurso que a lo largo del proceso ha expuesto el accionado: no concibe siquiera el criterio abstracto de que la Sra. L. es tan propietaria como él de los activos gananciales que había en existencia al tiempo de la disolución de la comunidad y de las rentas devengadas desde la separación de hecho. No acepta que ha perdido definitivamente la propiedad del 50 % de esos bienes y que debe rendir cuentas documentadas a la propietaria de esos activos, con entrega física del dinero correspondiente a la liquidación de cada periodo. No logra reconocer que tomar de hecho la administración de un patrimonio común, implica una responsabilidad frente al condómino, que el destino de los fondos líquidos no depende de su buena voluntad, ni de la necesidad de la ex esposa.
Tampoco asume que no tiene derecho alguno a calificar la conducta o evaluar la gestión de los ingresos de su ex cónyuge para decidir si entregarle su parte, conforme el merecimiento que logre acreditar. Tampoco acierta en comprender que su buena o mala administración no pueden afectar los derechos adquiridos de su ex esposa y que deberá responder frente a sus acreedores (aun con sus bienes propios y su mitad de gananciales) por las deudas de su gestión agropecuaria, de las que la Sra. L. es ajena.
Es que si el Sr. M. reconoció haber tenido ganancias neta, por un total de $ 635.823,56 por su labor durante el año 2016 (devengadas antes de la disolución de la sociedad conyugal) y no tiene los $ 78.059,29 para entregar a su co-propietaria, conforme le ordenara la Jueza de trámite, entendiendo que la venta del cereal que tiene depositado en el silo podría poner en riesgo la estabilidad de su negocio, deberá vender algún otro bien propio, o solicitar un préstamo a la Mutual de socios del Club Sportivo, como habitualmente ha hecho por sumas mucho mas importantes (conforme surge del movimiento de cuenta glosado a fs. 98/125), pero de ninguna manera debe postergar el cumplimiento de su obligación como administrador de un patrimonio parcialmente ajeno, pues con ello vulnera el ejercicio de derecho de propiedad que corresponde a su comunera.
Es este el punto en que el accionado deja en claro su intención de postergar la efectivización de los derechos de la Sra. L. hasta tanto quede firme la liquidación final de activos gananciales, a menos que consienta firmar un acuerdo a ciegas bajo la condición de no tener nada mas por reclamar .
Vemos así que no se trata de que la mujer sea un ser más débil, menos formado, sino que ha sido desapoderada del ejercicio de la propiedad, y en el sostenimiento de esa situación se la coloca en un estado de desventaja, se la vulnera en la libertad de elección y de decisión, pues no cuenta con los medios para esperar que la sentencia final le otorgue la razón de su derecho de propiedad. Este es el prototipo de la violencia económica de quien detenta en los hechos el poder de administrar y retener la riqueza familiar.
En estas circunstancias, sostener al marido en la posición de privilegio que le confiere la administración de todos los bienes productivos, y de las rentas que dichos bienes producen, por todo el tiempo que demande el proceso judicial tendiente a determinar con certeza definitiva del monto preciso que le corresponderá percibir a a Sra. L., implicaría disfrazar bajo el manto del debido proceso y la defensa en juicio de los derechos del administrador de hecho, una situación jurídica abusiva para con el cónyuge no administrador, que el ordenamiento vigente impone remediar (art. 10 CCCN)
El recurrente considera que el fallo que le ordena pagar a su ex cónyuge una suma a cuenta del importe que en definitiva arroje la liquidación de la comunidad indivisa, deviene improcedente por violar el principio de congruencia, en razón de no fijar con precisión si los granos secuestrados son enteramente gananciales; por valorar inadecuadamente la prueba existente ya que los certificados médicos no dan acabada cuenta de una situación de grave enfermedad o padecimiento psíquico que requiera indubitablemente de esos fondos para su atención; y que, por no valorar las pruebas ofrecidas, resulta contrario a la sana critica, expresando que la ejecución de esa manda anticipatoria podría provocar un daño irreparable en sus negocios, perjuicio que la accionante no estaría en condiciones de remediar, a pesar de habérsele requerido una contracautela para proceder a su efectivización, denunciando así una violación al debido proceso, a la defensa en juicio y una afrenta al patrimonio del accionado, que ponen en jaque el constitucional derecho de propiedad del Sr. M..
Y es en este punto que entiendo corresponde hablar de la perspectiva de género y la vulneración de derechos de las mujeres, toda vez que tanto actor como demandado y el mismo fallo recurrido, acuden a este particular y novedoso concepto, centrando la atención del debate en la verificación o no de los extremos de gravedad e injusticia intrínseca que reclama el tipo, cuando aparecen más que suficientes las razones que se advierten a simple vista y que trasuntan las relaciones asimétricas entre varones y mujeres; desviaciones del principio de igualdad, que la propia Constitución Nacional y el ordenamiento internacional (CEDAW) impone reparar, sorteando las barreras culturales que posicionan a los hombres en un estadio de poder y dominación por sobre las mujeres.
No cabe duda que en el escenario familiar, es el ámbito privilegiado para el desarrollo de las relaciones asimétricas y la naturalización de conductas basadas en una estructura patriarcal que nos atraviesa a todos.
Que el matrimonio, regido conforme las normas vigentes al tiempo de la unión de estas partes, daba por sentado el derecho masculino a la administración casi irrestricta de bienes y vidas. Que el imperativo cultural condicionaba a todas las mujeres a desempeñar el rol materno con la incuestionable abnegación que imponía no pretender ninguna recompensa material a cambio del enorme privilegio de parir y criar hijos, pudiendo desempeñar sus funciones personales, pero sin descuidar jamás aquel indelegable ámbito de poder hogareño que la naturaleza misma habría reservado al mundo femenino.
Hoy, advertidos de esta silenciosa discriminación, prevenidos de los efectos devastadores que sobre las personas de ambos sexos ha ocasionado tamaña injusticia social, nos corresponde asumir esta desviación y ajustar el rumbo hacia una correcta interpretación y aplicación de las normas que evolucionan en pos de una más justa distribución de los derechos.
El imperativo constitucional del siglo XXI ya no se aviene a garantizar las diferencias históricamente favorables a los varones en las relaciones de propiedad, sino que obliga extender la mirada desde el art. 17 de la CN para abarcar cambien las reglas convencionales de jerarquía superior, que mandan resguardar los derechos de los individuos jurídicamente vulnerados por un sistema injusto y discriminador.
Analizar cada caso con perspectiva de género, no implica declamar una minusvalía intrínseca del sujeto femenino, que lo asume naturalmente vulnerable, sino aplicar el derecho vigente conforme la particular situación de las partes, prescindiendo de la ficción de igualdad paritaria, cuando se nos hace evidente una situación de desequilibrio inmanente en función de los privilegios que el propio ordenamiento ha ido edificando bajo las premisas de conservación del modelo de familia conyugal.
No se trata de aplicar normas de excepción en favor de las mujeres sino de remover los privilegios entronizados en beneficio de los varones.
Para ello no es preciso encontrar una justificación en la necesidad física o psíquica de la mujer particularmente sumida en la indefensión, sino permitirle ejercer su derecho, impidiendo que el varón abuse de la condición fáctica y legal que lo ha beneficiado hasta ahora, removiendo sus antiguos privilegios, sin mas razón que la igualdad misma.
No debería consentirse jamás la exigencia de una demostración de especial vulnerabilidad, para reconocer el derecho de cada mujer a gozar de la propiedad de sus bienes, en las mismas condiciones que su pareja masculina.
No deberíamos siquiera considerar la exigencia de tener que justificar el daño irreparable que le provoca tener que esperar que el cónyuge, que asumió de hecho la administración de la masa ganancial, liquide la mitad de las rentas, por la sola razón de ser de sexo femenino. Porque ese daño se desprende de la misma situación de impotencia que genera la indisponibilidad de los bienes y el riesgo de ser precisamente el contradictor en el proceso de liquidación, quien se encuentra a cargo de la custodia.
Acaso la condición femenina coloca a la Sra. L. en la situación de tener que probar extrema necesidad para disponer -en igualdad de condiciones a su ex marido- los beneficios del capital común? Resulta razonable exigirle una contracautela para efectivizar un adelanto de $ 78.000,. cuando su cónyuge se halla desde hace años a cargo de la administración de los bienes gananciales por más de $ 2.000.000.- jamás produjo una rendición de cuentas y argumenta que al presente quizás no haya más que deudas?
Imaginemos por un instante si la situación hubiera sido a la inversa, si la Sra. L. se hubiera quedado con todas las maquinarias y granos acopiados, durante los años que duró la indivisión, que manifieste sin tapujos que se gastó todo el dinero proveniente de la explotación de las mismas y hoy le dijera a su ex cónyuge que no tiene nada más que deudas. Se le hubiera reclamado al Sr. M. un certificado médico que lo declare invalidado para el trabajo antes de despachar una medida cautelar? No lo creo.
Es que acaso la mujer debe soportar las deudas contraídas inconsultamente por su ex cónyuge y conformarse con las explicaciones verbales de que probablemente obtenga un resultado negativo de la explotación del patrimonio común, en lugar de exigirle rinda cuentas conforme lo dispone la normativa vigente ( Arts. 859/864 CCCN) y tolerar a su vez que ese mismo sujeto le cuestione por qué causa ha bajado de peso, o si ha gastado más de la cuenta porque compró una vianda en lugar de preparar la comida en su casa? Decididamente no.
Cabe concluir entonces, que el accionado se ha posicionado en lugar de privilegio y el propio ordenamiento, lo faculta para sostenerse en dicha postura, admitiéndole valorar la gestión de su ex esposa y avenirse a la exigencia de pruebas contundentes de su estado de necesidad, antes de concederle el derecho a tomar ya mismo una parte del capital ganancial y exigir la inmediata rendición de cuentas con entrega de los saldos líquidos disponibles.
A pesar de hallarse el Sr. M. en la encrucijada de tener que reconocer que ha ocultado ganancias, o confesar que no es capaz de gerenciar beneficiosamente tamaño patrimonio productivo, aun así se presenta ante el Tribunal en Pleno, exigiendo la revocatoria de la medida anticipatoria ordenada en autos y la imposición de costas por no haberse acreditado la verosimilitud de derechos, ni la urgencia de la Sra. L. para disponer de algún dinero para utilizar en la atención urgente de su salud, calificando al fallo recurrido como arbitrario, infundado y ajeno a la sana critica racional.
En uno u otro caso, las circunstancias relevan de toda otra valoración y justifican sin mas argumento el desplazamiento -cuanto menos- del dinero ordenado por la Sra. Juez de Tramite en favor de la Sra. L. y ello por la simple aplicación del art. 484 del CCCN, teniendo en miras el interés familiar y los intereses de la parte que hasta hoy ha sido perjudicada en su derecho a la ganancialidad.
Entonces, la medida ordenada por la Sra. Juez de Tramite resulta improcedente o contraria al ordenamiento legal? Entiendo que no, "El juez puede decretar aquellas que estime mas idóneas según la finalidad perseguida, incluso alguna innominada. ? Las medidas autorizadas por el Código reconocen carácter instrumental, por cuanto se encuentran subordinadas y ordenadas funcionalmente en orden a garantizar la liquidación de gananciales. Las cautelares en los procesos de familia sean de tutela personal o patrimonial están regidas prioritariamente por la legislación de fondo o sustantiva. Están sometidas a presupuestos propios y no se aplican, salvo subsidiariamente y ante la ausencia de normas especificas, las disposiciones de los códigos procesales. La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora se acreditan con la prueba de la extinción de la comunidad (sentencia de divorcio) siendo tales condiciones las habilitantes para requerir la protección del derecho a la ganancialidad". (Lorenzetti, Ricardo. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo III. Pag.189)
No basta con aplicar el derecho positivo interno con la estructura jurídica tradicional, sin mensurar el alcance que para cada parte tendrá el decisorio..."Si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto". ("Juzgar con Perspectiva de Género" "¿Porque juzgar con Perspectiva de Género? Y ¿Cómo Juzgar con Perspectiva de Género?". Graciela Medina1 http://www.gracielamedina.com).
Creo que se hallan más que cubiertos los presupuesto de procedencia para el otorgamiento de la tutela anticipada y la orden de pago dispuesta por la Resolución N° 2550, así como la imposición de costas del proceso, en atención a la injustificada oposición a su progreso.
Que, por ello, por aplicación de las normas contenidas en el Art. 66 de la L.O.P.J. Art. 356 del CPCCSF, Arts. 10; 465; 467; 474; 481/487; 500; 706; 722; 859, 860; 864; 2355 sigs. y conc. del CCyCN, la Ley 26485, de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", promulgada el 1° de abril del 2009; el art, 75 inc. 23 de la C.N.; la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" (CEDAW) de1981;la Recomendación General Nº 19 del Comité de la CEDAW, "La violencia contra la mujer", aprobada en el año 1992; la Declaración y Plataforma de Acción de Viena, adoptada en 1993, en el marco de la "II Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos" , la "Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" la "Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", 1994, denominada "Convención de Belém do Pará";. la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995; la "Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer", del año 2000; las conclusiones adoptadas por la "X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe", recogidas en el documento conocido como el "Consenso de Quito", demás citas doctrinarias y jurisprudenciales invocadas en el fallo recurrido, VOTO: 1) por la confirmación del decreto de admisión del recurso de revocatoria en el Tribunal en Pleno; 2) por la confirmación de la Resolución N° 2550 con costas al accionado, en ambas instancias, conforme art. 251 del CPCCSF.
Voto de la Dra. Gabriela Topino: adhiero a los argumentos expuestos por mi coliga pre opinante y voto en igual sentido, en cuanto a la cuestiones planteadas sobre la procedencia del recurso por ante el tribunal en pleno y sobre la cuestión de fondo, es decir el otorgamiento de la tutela anticipada.
No obstante ello considero oportuno resaltar, así como lo expresara la Dra. Siemienczuk, que no se trata de seguir considerando que la mujer sea más débil sino que ha sido desapoderada del ejercicio de la propiedad y ello la coloca en desventaja. Que proceder a entregar a una persona, aquello que le corresponde por derecho, no debe transformarse en una medida extraordinaria, sino en el cumplimiento de las normas legales que imperan en nuestro país.
No voy a realizar un análisis pormenorizado en relación a la violencia denunciada, pero si corresponde mencionar que en lo que respecta a los procesos judiciales, tanto los abogados intervinientes como los magistrados, tenemos herramientas procesales a disposición para evitar que la violencia que se ejerce en otros ámbitos se traslada a los expedientes. El nuevo Código Civil y Comercial nos brinda una serie de posibilidades, que de no ser utilizadas convenientemente por los profesionales pueden ser aplicadas por los jueces en el ejercicio de su función.
Por ello considero que otorgar la tutela anticipada a la actora, no es más que el cumplimiento de las normas que rigen en la materia, con independencia de la posible violencia que el demandado ejerza o haya ejercido.
Las mujeres no deben tener que acreditar vulnerabilidad para que se le reconozca un derecho que les pertenece.
Por lo tanto VOTO: en el sentido de admitir el recurso de revocatoria ante el pleno rechazando el planteo recursivo del Sr. M., con costas.
Voto de la Dra. Valeria Vittori: El thema decidendum se circunscribe en que este Tribunal Colegiado de Familia Nro. 7 de Rosario integrado con la Jueza Astrid Siemienczuk perteneciente al Tribunal Colegiado de Familia Nro. 3 de Rosario, emita el correspondiente juicio de fundabilidad respecto al Recurso de Revocatoria ante el Pleno interpuesto por el demandado contra la Resolución que lleva el Nro. 2550 de fecha 18 de agosto de 2017, dictada por la suscripta. Ello con fundamento en el art. 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que entre otras, la competencia funcional del Tribunal Colegiado, radica en la emisión del juicio de fundabilidad del recurso de revocatoria ante el tribunal pleno, dejando al Juez de trámite la tarea de admitir o denegar dicho remedio.
Admitido por la suscripta el recurso de revocatoria ante el pleno y habiendo quedado firme, mediante decreto de fecha 11 de octubre de 2017, ambas partes peticionan al tribunal colegiado la resolución del Recurso de Revocatoria ante el pleno interpuesto por el demandado a fs. 162/172 sustanciado conforme lo ordenado mediante decreto de fs. 173, y formulada la contestación del traslado del recurso por parte de la accionante a fs. 181/199.
Sentado ello, corresponde analizar las alegadas razones de injusticia y/o ilegitimidad expresadas por el recurrente contra el decisorio que admite la tutela anticipada provisoria de la liquidación de bienes de la comunidad por Resolución Nro: 2550 de fecha 18/8/17, a fin de confirmar o revocar la misma.
En prieta síntesis corresponde señalar que el recurrente ataca la resolución recaída por considerarla defectuosa por cuanto el razonamiento llevado a cabo por la suscripta, como así también la motivación de la misma y la valoración de las pruebas para arribar a la decisión adoptada violentan los principios jurídicos y procesales, a saber: principio de congruencia, formalidades de la sentencia, razonamiento judicial, sana crítica racional con la correlativa agresión al art. 95 de la Constitución Provincial y los arts. 243 y 244 del CPCC, considerando por último que la sentencia resulta arbitraria.
En este orden de ideas corresponde subrayar que el recurso sub examine no versa sobre un supuesto cautelar corriente, puesto que se trata de un caso de "tutela anticipada", dado que mediante la admisión y despacho de la misma se adelanta provisoria y parcialmente bienes que corresponderían al quedar firme y consentido el decisorio que ponga fin a la liquidación de bienes de la comunidad de ganancias.
En el resolutorio nro. 2550 de fecha 18 de agosto de 2017, a cuyos fundamentos me remito, precisé que la admisión del instituto de la tutela anticipada en las particulares circunstancias de la causa, encuentra sustento en el principio de la tutela judicial efectiva incorporado en el Código Civil y Comercial de la Nación en la norma 706, en los tratados internacionales suscriptos por nuestro Estado, y fundamentalmente en el respaldo jurisprudencial sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el trascendental fallo "Camacho Acosta", y que luego se actualiza y reedita en el mismo sentido en la causa "Pardo c/ Di Cesare".
Efectivamente en ambos precedentes, la Corte Suprema hace hincapié en que una moderna concepción del proceso que requiere poner el acento en el valor eficacia de la función jurisdiccional, al tiempo que destaca que las medidas anticipatorios se presentan como una de las vías aptas, durante el trámite del juicio (léase: liquidación de la comunidad de ganancias) para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de la sentencia favorable pero ineficaz por tardía. (vrg: Morello, Augusto, "La tutela anticipada en la Corte Suprema", E.D, boletín del 5/2/98, Peyrano, Jorge "Escolio sobre los "leading cases" cordobeses y platense, en materia de tutela anticipada", en "Nuevas Apostillas Procesales, Editorial Panamericana, pág. 163 y ss).
Debiera saberse que la tutela anticipada no se encuentra consagrada en una norma expresa, sin embargo, no se puede desconocer que es un instituto de gran utilidad el cual nuevamente conforme lo expresa el procesalista Jorge Peyrano, la misma tiene como finalidad procurar adelantar lo postulado para evitar daños irreparables derivados del tiempo que insume el proceso (Peyrano, Jorge Medida Cautelar Innovativa, Depalma Buenos Aires, 1981, pág. 59).
A fin de que quede claro, resulta relevante destacar que el alcance de la tutela es anticipar parcial y provisionalmente los eventuales efectos de una sentencia de mérito favorable.
Atento a las particulares circunstancias acreditadas en la causa, demuestran que la señora Sonia L. necesita hoy, ahora, una suma de dinero para poder vivir dignamente.
Esto se relaciona con lo que con suma precisión nos explica la Dra. María Carolina Eguren al recordar los célebres adagios que conceptualizan lo justo como "dar a cada uno lo suyo" o "el dar a cada uno lo que le corresponde", arribado a la conclusión que resulta más apropiado afirmar que "lo justo" es dar a cada quien lo que le corresponde..."cuando le corresponde". Añade la doctrinaria, y considero que vale la pena la cita textual al sostener "que se justifica el adelanto de la pretensión -no solo en la alta probabilidad de éxito del actor- sino también en esta suerte de "favor debilis" configurado por la urgencia de dar de beber al actor cuyo contexto vital es un desierto. Esta clase de urgencia funciona al modo de transitar el proceso, reclama el ejercicio de la una jurisdicción oportuna, impidiendo que alguno de los litigantes sucumba a la sed mientras camina hacia una decisión que, a la postre, resultará inútil". (Eguren, María, "Fallo Pardo: La luz de la jurisdicción oportuna proyectada desde el faro de la Corte Federal", Revista de la Asociación Argentina de Derecho Procesal AADP Nro. 8 junio 2012, Rubinzal Culzoni Editores 29/5/12).
Para concluir este primer análisis, no puedo dejar de mencionar que las Bases del Anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, elaboradas por un grupo de expertos en derecho procesal y por el Equipo del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, contempla en el Capítulo III, bajo el título "Principios procesales orientadores", enumerando en primer lugar a la tutela judicial efectiva y la define como el principio procesal con fuerte respaldo constitucional y convencional, constituyendo sus principales manifestaciones: el acceso irrestricto de los ciudadanos a jueces independientes e imparciales, el aseguramiento de un debido contradictorio, la igualdad procesal efectiva y no meramente formal, la duración razonable del proceso, y en el tópico que nos ocupa resalta la necesidad de dar protección ante situaciones de urgencia que requieren tutelas especiales, y la debida y pronta ejecución de las resoluciones judiciales.
Desde esta perspectiva, corresponde repasar que en la causa se han respetados todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad para el despacho de la tutela anticipada provisoria de liquidación de bienes de la comunidad de ganancias, tornando al resolutorio justo, legítimo y oportuno.
Destaqué en el resolutorio puesto en crisis, que la tutela anticipada goza de particulares características, entre ellas, y como bien lo señala la Dra. Mabel De Los Santos, es instrumental, provisoria, siendo lo concedido anticipadamente reversible, de ejecutabilidad inmediata como consecuencia del carácter urgente, no hacen cosa juzgada, no hay prejuzgamiento, no son mutables, requieren convicción suficiente o certeza provisional, probabilidad de que se configure un perjuicio irreparable y requiere contracautela.(De Los Santos, Mabel Sentencia Anticipada, Revista de Derecho Procesal, Sentencia I, 2008-1, Editorial Rubunzal Culzoni, pág. 103).
Efectivamente, ese grado de convicción suficiente es decir algo más que la simple verosimilitud del derecho que requiere el despacho de la tutela anticipada viene dado por la urgencia del reclamo de la mujer atento a su situación de vulnerabilidad, por su condición de mujer, por su edad, por su estado de salud y condiciones económicas.
Para ello, en primer lugar me detuve en observar las características de los protagonistas del conflicto, para luego analizar el contexto judicial en que se pretende la "tutela anticipada como adelanto provisorio de la liquidación de bienes de la comunidad".
La mujer de 45 años de edad, oriunda de una localidad pequeña, quien luego de 25 años de matrimonio, se divorcia, trabaja en forma intermitente como auxiliar en una escuela donde reside. El ex marido, de la misma edad, y de la misma localidad, productor agropecuario.
Del complejo entramado judicial existen causas sobre alimentos, divorcio vincular, violencia familiar, atribución de la vivienda, compensación económica, tres causas sobre medidas cautelares y preparatorias peticionadas unas por la mujer otras por el varon, venias y dispensa planteadas por el varón para vender el inmueble propio que es asiento de la vivienda familiar, etc.
La mujer percibió alimentos solo durante la separación de hecho conforme lo establecían los derogados arts. 198, 199 del CC. Luego divorciados y como consecuencia de las modificaciones que en este aspecto introduce el C.Cy C (art. 434), sumado a la pretensión de la mujer en relación a la compensación económica, los alimentos cesaron a favor de ésta, quedando subsistentes los alimentos a favor de las hijas.
Además, la circunstancia de que en el marco de la propuesta reguladora de los efectos del divorcio, el hombre no concurrió a las mismas y llamativamente nunca fueron denunciados los cereales depositados en silos, los que "aparecieron" a raíz de una medida cautelar interpuesta por la mujer, la que prima facie arroja como resultado la existencia de estos frutos.
No se puede soslayar, la medida autosatisfactiva de prohibición de acercamiento despachada y el contenido de la denuncia para la procedencia de la misma, atento a que de la misma se desprende que la mujer manifiesta que en el marco de una reunión familiar para resolver la cuestión atinente a la distribución de bienes, se vio amenazada atento a que el ex marido le dijo que si no se iba de su casa la sacaba con los pies para adelante, es decir muerta.
En este contexto en el cual la mujer no percibe ni un centavo inicia las medidas cautelares en relación al secuestro de cereales, y dado las resultas del mismo, peticiona "tutela anticipatoria provisoria de los bienes que en la liquidación le corresponderían", sosteniendo que la venta directa de los cereales resulta más fácil que vender por ejemplo un rodado. En tanto el hombre resiste la tutela anticipada con el argumento de que los cereales no fueron denunciados por cuanto lo que se pretendía era cumplir con el requisito formal de la propuesta reguladora para obtener el divorcio vincular. Al tiempo que reconoce adeudar a la ex esposa el valor de los cereales, desde la separación de hecho a la fecha de la extinción de la comunidad, deducidos las deudas.
Se configuran así dos posiciones antagónicas bien definidas.
La mujer afirma que desde la separación de hecho, la administración y disposición de los bienes de la comunidad de ganancias se encuentran exclusivamente y en manos de quien fuera su cónyuge, que no cuenta con dinero, considera violenta la conducta de su ex marido por la incomparecencia a las audiencias fijadas en los procesos, la inscripción de bienes a nombre de terceras personas, los extensos procesos judiciales sin acuerdo, y que se encuentra afectada su salud psíquica (cuadro de agorafobia y crisis de ansiedad), por el ocultamiento de los cereales depositados en los silos, al tiempo que considera que el demandado no le permite el acceso a la información del cereal existente en silos no localizados, ni el vendido en negro, ni el acopiado en silos privados que se encuentran en campos particulares de difícil acreditación.
Por su parte, el hombre afirma que su ex mujer tiene ingresos en negro como docente de un jardín y un negocio de ventas de desayunos a domicilio, que administra y dispone de la cuota alimentaria de las hijas; y considera necesario agregar que cuando vivían juntos durante los días de semana no cocinaba, sino que compraba viandas ya preparadas, que suelen tener mayor costo que las elaboradas por sus propias manos, que contaba con una persona que hacía tareas de limpieza, que contaba con una persona que hacía tareas de jardinería a quien abonaba según la superficie de césped que cortara. Y afirma textualmente que "no le sorprendería que al estar actualmente haciendo dieta bajo órdenes del médico endocrinólogo , lo sea para acreditar en autos que bajó de peso por no alimentarse". En relación a la prueba recabada de los cereales encontrados en los silos, se defiende afirmando "que los cereales que ha "descubierto", como si fuera producto de una acción investigativa subrepticia y reveladora, no tienen carácter ganancial, debiendo la ex esposa determinar los cereales producidos y vendidos hasta la fecha de disolución de la comunidad de bienes y no hasta la fecha".
Nos encontramos ante un discurso claramente discriminatorio por parte del hombre, en tanto juzga el accionar de su mujer respondiendo a estereotipos fuertemente anclados en nuestra sociedad que presuponen su situación de inferioridad. Ello surge también en forma clara a la crítica que el hombre realiza respecto del modo en que la mujer resolvió las labores que, evidentemente quedaron a su cargo: "no cocinaba", "no cortaba el cesped" ¿que esta afirmando este hombre?, que debe ser la mujer la que cargue, en el sentido de la responsabilidad y del trabajo físico, con todas las tareas que la vida doméstica demanda.
Esto se denomina "violencia doméstica", a diferencia de la que puede suceder en el ámbito laboral, o institucional, esta modalidad se encuentra receptada en el art. 6 inc a) de la Ley 26485.
Se trata de una relación de poder: el hombre ejerce una posición dominante, que se liga a lo económico "el hombre proveedor" y que repercute en lo psicológico y emocional.
En este escenario, no caben dudas de que nos encontramos frente a un claro caso de violencia económica o patrimonial, ya sea por el menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o mediante la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna (art. 5to Ley 26485). Todo lo cual se traduce también en la postergación de la posibilidad de llegar a acuerdos dada la falta de interés del varón en resolver los efectos derivados del divorcio, entre ellos la cuestión de los bienes, de la compensación económica, entre otras, comportamiento obstruccionista ante la incomparecencia injustificada a las tres audiencias dispuestas conforme al art. 438 del CCy C. y una conducta de ocultamiento del patrimonio real, específicamente, respecto del cereal acopiado, un accionar teñido de ostensible mala fe, que debe ser evaluada.
La probabilidad de que el perjuicio sea irreparable, viene dada por el tiempo que demandan los procesos instaurados y el grado de litigiosidad de las causas, la falta de acuerdos, las incomparecencias del demandado a las audiencias del art. 438 del CC y C y al mismo tiempo las necesidades impostergables de quien no dispone de bienes, no percibe cuota alimentaria como tampoco compensación económica, que cuenta con 45 años de edad, que vive en un pueblo y que encuentra afectada su salud psíquica.
Deviene oportuno recordar lo expresado por la Dra. Egurem al señalar que la tutela anticipada se introduce en la dinámica original del proceso y le aplica una cuña, de forma tal que alguna de las derivaciones desventajosas del "tiempo procesal" que, habitualmente - le son adversas al actor, se vuelcan excepcionalmente sobre su contrario, restaurando la peculiar disparidad de contexto en el que cada contradictor vivencia el litigio, repartiendo las cargas y preservando un igualitario modo de transcurrir esa espera conjunta de cara a la decisión final. (Eguren, ob. Cit)
Por último, la contracautela fue debidamente prestada conforme surge de de las constancias de autos, para asegurar la reversibilidad de la tutela anticipada.
Finalmente, debo decir que la vía elegida a fin de adelantar el otorgamiento de una tutela anticipada de la liquidación de los bienes de la comunidad, comulga con el anhelo de las normas protectorias de la mujer y, específicamente con lo señalado por la Comisión Interamericana de derechos humanos en oportunidad de sancionar al Estado de Brasil en la causa "Maia Fernandez, María da Penha", por la falta de respuesta afectiva y oportuna a la violencia contra la mujer.
Por último, tengo para mi la íntima convicción, que más allá de los resultados de cada una de las causas en trámite, atento la necesidad acreditada por parte de la mujer de contar con recursos económicos, deviene necesario adelantar en grado razonable, la distribución de dar una urgente y pronta solución, respetando de ese modo la norma nro. 7 de la Convención Do Para que dispone que los Estados deben establecer un procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya , entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
Con fundamento en la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) art. 16, Recomendación General de la CEDAW nro. 21, Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará) arts. 2, 4, 5, Ley Nacional 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales arts. 2, 4, 5 y Decreto reglamentario Nro. 1011/10, Ley Provincial Nro. 13348 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, arts. 2, 4, 5 y Decreto reglamentario Nro. 4028/13, art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, art. 706 del CC y C, Cien Reglas de Brasilia sobre Aceso a la justicia de las Personas en condiciiones de vulnerabilidad Reglas nro. 2, 7, 8, leading case "Camacho Acosta c/ Grafi Graf SRL y otros" y "Pardo, Hector Paulino y otros c/ Dicesare, Luis Alberto s/ Medidas precautorias". VOTO: Por confirmar la Resolución que lleva el nro. 2550 de fecha 18 de agosto de 2017.
Por tanto, el Tribunal Colegiado de Familia Nro. 7 integrado
RESUELVE:
Admitir el recurso de revocatoria ante el pleno, confirmar la resolución dictada por la jueza de trámite que lleva el Nro. 2550 de fecha 18 de agosto de 2017, con costas al recurrente. Insértese y hágase saber.
Dra. Astrid Siemienczuk - Dra. Gabriela Topino - Dra. Valeria Vittori (por sus fundamentos).
recuperado de:http://www.rubinzalonline.com.ar/fallo/19772/

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