viernes, 15 de diciembre de 2017

Rectificación tìtulo de propiedad

Expte. N° 45.182-2008 - “R., Marta Alicia c/ V., Pedro y Otro s/ Rectificación de título de propiedad” – CNCIV – SALA A – 24/10/2017 En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “R., Marta Alicia c/ V., Pedro y otro s/ Rectificación de título de propiedad”, respecto de la sentencia de fs. 857/861 el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA? Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO - RICARDO LI ROSI – HUGO MOLTENI. A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO: I. La sentencia de fs. 857/861 hizo lugar a la demanda interpuesta por Marta Alicia R. y condenó a Pedro V. y Mercedes Cecilia V. a “otorgar la rectificación” de las respectivas escrituras traslativas de dominio dentro del plazo de 30 días de quedar firme el pronunciamiento de grado, bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 512 del Código Procesal. Asimismo el anterior sentenciante rechazó la demanda de daños por repetición de lo abonado por la demandante en concepto de expensas y otros servicios. Impuso las costas en un 80% a los demandados y en el restante 20% a la actora. Por último, en el fallo de primera instancia no se hizo lugar a la reconvención opuesta por el Sr. V., con costas. El pronunciamiento fue apelado por la actora y por el Sr. V. La demandante, quien se queja a fs. 1020/1022, cuestiona el rechazo de su pretensión de daños y perjuicios y la manera en la que se impusieron las costas. Esta presentación fue respondida por el demandado a fs. 1042/1045. Por su parte, el Sr. V. se queja a fs. 1023/1036 por haberse hecho lugar a la demanda de rectificación de los títulos de propiedad. Asimismo objeta el rechazo de la reivindicación y la imposición de las costas. Por último solicita la integración de la litis con los cónyuges de ambos codemandados. Estos agravios recibieron la réplica de la demandante a fs. 1038/1041. II. Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal). Adicionalmente creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los negocios jurídicos (escrituras públicas cuyas rectificación se solicita) han sido celebrados durante la vigencia del Código Civil derogado, y los derechos reales invocados por las partes también habrían sido constituidos –en su caso- al amparo de la legislación anterior. Por consiguiente el caso debe juzgarse a la luz de esta última, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, segunda parte, RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2016, p. 247 y ss.; Roubier, Paul, Le droit transitoire, Dalloz, París, 2008, p. 190/192). Por último señalo que, incluso en los aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las disposiciones del Código Civil y Comercial constituyen una valiosísima pauta interpretativa, en tanto condensan las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales y expresan además la intención del legislador de nuestros días (esta sala, 25/6/2015, “C., Jésica María c/ B., Carlos Ricardo y otros s/ Daños y perjuicios”; ídem, 30/3/2016, “F., Celeste Ester c/ D. P., Virginia Gabriela y otro s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 11/10/2016, “R., Jorge Oscar c/ A., Adrián Bartolomé y otro s/ Nulidad de acto jurídico” y “A., Adrián Bartolomé y otro c/ R., Jorge Oscar s/ Restitución de bienes”, exptes. n.° 47.289/2001 y 38.328/2003; ídem, CAC y C, Azul, sala II, 15/11/2016, “Ferreira, Rodríguez Amelia c/ Ferreira Marcos, y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 2017 (abril), 180; vid. asimismo Galdós, Jorge M., “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 16/11/2015, 3). III. Como se ha sostenido: “la razón de ser de todo sistema registral inmobiliario declarativo es que la vida negocial extra tabular se refleje fielmente en el ámbito del registro, de manera tal que exista una realidad formal registral coincidente con la realidad extrarregistral” (Giménez, Laura E. - Marchiaro, Carlos A., “Inexactitudes registrales: análisis de su dinámica (prevención y subsanación)”, La Ley Online, cita: AR/DOC/21/2012). Puede suceder que los asientos del Registro de la Propiedad Inmueble respecto de una heredad no sean exactos, pues existe la posibilidad de que haya diferencias entre lo allí asentado y la realidad extrarregistral. Es por ese motivo que el art. 34 de la ley n.° 17.801 (Registro de la Propiedad Inmueble) define: “Se entenderá por inexactitud del Registro todo desacuerdo que, en orden a los documentos susceptibles de inscripción, exista entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral”. Y en el art. 35 de aquella normativa se establece la manera de subsanarlo: “Cuando la inexactitud a que se refiere el artículo precedente provenga de error u omisión en el documento, se rectificará, siempre que a la solicitud respectiva se acompañe documento de la misma naturaleza que el que la motivó o resolución judicial que contenga los elementos necesarios a tal efecto. Si se tratare de error u omisión material de la inscripción con relación al documento a que accede, se procederá a su rectificación teniendo a la vista el instrumento que la originó”. Según expone Ventura, una constancia registral es inexacta cuando, corroborada por un modo fehaciente, no responde cabalmente a la realidad o verdad de lo que allí se afirma. El referido autor explica que no debe confundirse el “error registral” con la “inexactitud registral”: “Lo primero implica una actitud errada por parte del Registro que no consigna correctamente los elementos de los títulos inscribibles; la segunda, en cambio, no distingue proveniencia alguna; abarca el error registral, pero también el error en el instrumento inscribible, cuya causa puede no ser imputable al Registrador que, como sabemos, sólo puede analizar los elementos ostensibles del documento, sin detenerse en sus aspectos no manifiestos” (Ventura, Gabriel B., “Rectificación de asientos registrales”, en Alterini, Jorge H. (dir) –Alterini, Ignacio E. (coord.), Derecho Notarial Registral e Inmobiliario. Derecho Registral, La Ley, Buenos Aires, 2012, t. IV, p. 730/731). Cuando el error u omisión se genera en el documento matriz se requiere un nuevo documento auténtico, de igual o superior jerarquía a la de aquel al que subsana, lo que la doctrina notarial llama “procedimiento de subsanación”. Esos instrumentos son las escrituras aclaratorias, rectificatorias o complementarias, utilizables siempre que no se esté ante un posible supuesto de nulidad (Carzolio, Mario M., “Las inexactitudes registrales. Rectificación de asientos. Modos”, Revista del Notariado n.° 835, 1993, p. 856; y en Alterini–Alterini, Derecho Notarial Registral e Inmobiliario. Derecho Registral, cit., t. IV, p. 749). Es decir que, cuando el error proviene del propio documento, como sucede en el sub lite, la subsanación puede obtenerse por dos vías: a) realizar un título rectificatorio, complementario, ampliatorio y hasta aclaratorio, según los casos, que deberá ser de la misma naturaleza que el que la motivó, o b) recurrir a la justicia y lograr una resolución que disponga la rectificación, la que deberá contener los elementos necesarios al efecto (Ventura, op. cit., t. IV, p. 733). Un tema relevante en lo que atañe al procedimiento de rectificación consiste en establecer quiénes son los sujetos legitimados para intervenir en el trámite de subsanación. Ante el silencio en este punto de la ley registral rige la norma general del art. 6 de la ley 17.801. Por ese motivo pueden solicitar o demandar la rectificación el verdadero titular del derecho inscripto –quien puede hacerlo siempre- y los terceros que tengan derechos adquiridos o emplazados registralmente, o un interés legítimo. También el escribano autorizante tiene legitimación para demandar la rectificación. La legitimación pasiva corresponde a la persona a quien el error u omisión a subsanar conceda algún derecho o reporte un beneficio o, lo que es lo mismo, aquel cuyo derecho vaya a ser afectado o cambiado, o que sufrirá algún perjuicio con la rectificación. Si la rectificación va a afectar o desplazar a un tercero, este debe ser notificado del peligro que amenaza su derecho y será parte legitimada en el procedimiento rectificatorio (Carzolio, “Las inexactitudes registrales. Rectificación de asientos. Modos”, cit., p. 854). En el mismo sentido se ha sostenido: “podrá demandar la rectificación siempre el titular extrarregistral del derecho inscripto y en ciertos casos también el tercero con interés legítimo y derechos adquiridos. El notario está legitimado activamente por su calidad de autor cierto del documento inscribible. Acerca del sujeto pasivo, la idea aparece más clara, ya que es aquel cuyo derecho va a ser mutado, una vez realizada la rectificación correspondiente (…) O dicho de otra manera contra quienes el asiento inexacto que se trata de rectificar conceda o conozca algún derecho” (Garrone, Index - Armella, Cristina N. - Magri, Carmen S., “Inexactitudes registrales-Rectificación de la inscripción”, Revista Notarial, Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba, 1982-1, n.° 43, p. 152). Asimismo los arts. 71 y ss. del decreto reglamentario 2080/1980 (texto ordenado según el decreto 466/1999) establecen los mecanismos y requisitos necesarios para llevar adelante la rectificación, modificación y aclaración de los asientos. Específicamente, el art. 72 dispone: “Cuando la rectificación, modificación o aclaración fuere originada por errores materiales del documento que originó el asiento, o de éste mismo, ella se efectuará: a) Con la presentación del documento inscripto, rectificado y salvado y con la constancia de que la rectificación concuerda con la escritura matriz. b) Con la presentación de mandato rectificatorio o del documento inscripto rectificado y salvado por autoridad competente. c) Con la presentación del documento inscripto únicamente, cuando el error sólo estuviere en el asiento. En todos los casos se presentará la solicitud indicando la rectificación, modificación o aclaración que se pretende”. El art. 73 del decreto mencionado establece que si la aclaración o modificación del asiento implicara un cambio en la titularidad, o en su extensión o proporción, será suficiente para su toma de razón la manifestación del titular registral afectado, expresada en escritura pública. Y para los casos en que la modificación o aclaración implicara alteraciones en la configuración parcelaria del inmueble (sea en sus medidas, superficie o linderos) será suficiente la manifestación del titular registral expresada en escritura pública, “siempre que aquélla tuviera origen en planos anteriores, mensura posterior o constancias catastrales” (art. 76 de aquel decreto). En definitiva, ante un asiento del Registro de la Propiedad Inmueble que no refleja la realidad extrarregistral -entre otros casos, por un error en la escritura matriz- debe procederse a su rectificación, la que se hará, en estos supuestos, a través de un documento “de la misma naturaleza que el que la motivó o resolución judicial que contenga los elementos necesarios a tal efecto”. En el sub lite, la posibilidad de una rectificación a través de una resolución judicial no es posible, pues no fue así ordenado en primera instancia, extremo que no está cuestionado por las partes. Además, la rectificación puede ser solicitada por el verdadero titular del derecho inscripto, un tercero con interés legítimo, o el escribano autorizante. Y el legitimado pasivo será la persona a quien la rectificación pueda afectar (ya sea por la subsanación o porque se le genere algún perjuicio). IV. Ahora bien, la controversia gira en base a los títulos de propiedad de las unidades funcionales n.° 29 y 30, ubicadas en el piso 7 del edificio sito en Coronel Ramón Lista XXXX, entre las calles Lope de Vega y Coronel Pedro Calderón de la Barca, de esta ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: XX, Sección: XX, Manzana: XX, Parcela XX. La actora peticionó la rectificación de las escrituras públicas correspondientes a los inmuebles recién identificados (tanto la suya como la de los demandados) y solicitó que se ordene otorgar la correspondiente escritura aclaratoria y rectificatoria, como así también la modificación en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. La demandante sostuvo que hubo un error al confeccionar los respectivos instrumentos públicos, y que en su escritura debería decir “unidad funcional n.° 30” en vez de “n.° 29”, con las superficies correspondientes a aquel departamento; y viceversa: en la escritura de los demandados tendría que decir “unidad n.° 29”, con las medidas de ese inmueble. En definitiva, lo que alegó es que la realidad difiere de los documentos, y por eso pretende que se corrijan estos últimos (fs. 129/136). Asimismo la actora reclamó los daños y perjuicios que sufrió desde que comunicó a los emplazados la situación antes descripta (fs. 131 vta.). Por su parte, el Sr. V. aseguró que no hay errores en las escrituras públicas y que, por lo tanto, no deberían rectificarse aquellos instrumentos. Agregó que la actora tenía conocimiento de la superficie de su departamento y que no se le generó ningún perjuicio al momento de su adquisición. Además resistió la acción de daños intentada por su contraria. Por otro lado, el emplazado reconvino y planteó una acción de reivindicación de la unidad n.° 30, así como el reintegro de los frutos percibidos durante la ocupación de la actora -que tildó de ilegítima- y por los daños y deterioros de la cosa (fs. 170/183). La actora reconvenida contestó a fs. 265/281 y solicitó el rechazo de la reconvención, con costas al reconviniente. El anterior sentenciante, luego de analizar la prueba de autos declaró –como ya lo adelanté- que no existe coincidencia entre la realidad fáctica y las respectivas escrituras de dominio, y condenó a los demandados a otorgar la rectificación de las escrituras en cuestión. Asimismo, el Sr. juez de grado rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la Sra. R., y la reconvención planteada por V. La lectura de las actuaciones que componen este largo proceso –que lleva casi 10 años- me persuade de que se trata de una controversia entre vecinos que pudo tener una solución sencilla y rápida sin necesidad de judicializar la cuestión. Sin embargo, el ánimo de sacar partido de un error en las escrituras llevó a los aquí litigantes a encarar un juicio donde se discuten cuestiones que desbordan claramente la realidad de los hechos. En efecto, en un primer momento la actora (por carta documento) buscó obtener una ventaja, pues compró el departamento de un ambiente y, al advertir el error en las escrituras públicas, pretendió quedarse con la propiedad de dos ambientes de su vecino (fs. 164 y 166). Ni lerdo ni perezoso, el Sr. V. intentó, ante este reclamo, plantear una especie de “prescripción adquisitiva” del inmueble de dos ambientes que compró y habita, pero, advertido del error en aquellos instrumentos públicos, intimó a la actora a que le entregase también el inmueble de un ambiente (fs. 165). Este entuerto resulta entonces de un penoso intento de aprovechamiento por parte de los litigantes de un error en las escrituras traslativas de dominio -que, como ya lo señalé, debería haberse resuelto de buena fe mediante la voluntaria rectificación de los instrumentos- para quedarse con el departamento de su vecino. Sin embargo la Sra. R. advirtió el sinsentido del reclamo que había hecho por carta documento, y al iniciar la presente acción encauzó la cuestión e hizo lo que debería haber realizado desde un principio, es decir, solicitar la rectificación de las escrituras públicas para que la realidad coincidiera con los documentos (fs. 129/136). El Sr. V. no tomó el mismo camino sino que continuó en su alocado reclamo de dibujar una realidad distinta, y de esta manera pretendió demostrar que estaba en la posesión de su inmueble de manera pacífica, ininterrumpida y por más de 20 años, y peticionó a la actora -a través de una reconvención- la entrega del departamento de un ambiente que -según alegó- le pertenecería (fs. 170/183). Aún después de dictada la sentencia, el demandado reconviniente insiste ante esta alzada con sus argumentos. Resulta llamativa la postura del emplazado. Primero critica la actitud de la actora en tanto le habría solicitado la entrega el inmueble que habita, y luego reconviene con el objeto de reivindicar el departamento de un ambiente que adquirió la Sra. R., con el argumento de que en la carta documento esta última habría reconocido un señorío superior del Sr. V. y, por tanto, habría provocado la pérdida de la posesión (fs. 179/182). La prueba producida en autos no deja lugar a dudas de que hubo un error en las escrituras públicas (fs. 695/698 –V.- y 13/18 –R.-), que cada uno de los litigantes efectivamente adquirió el inmueble que habita, y que asiste razón al Sr. juez de grado en tanto reconoció la realidad fáctica y ordenó que se rectifiquen aquellos instrumentos. El hecho de que el inmueble descripto en la escritura de dominio de la Sra. R. es el de los demandados, y –a la inversa- el especificado en la escritura de los V. se corresponde con el de la actora surge de las descripciones realizadas en los instrumentos públicos (fs. 13/18 y 695/698), que coinciden con el Reglamento de Propiedad y Administración de fs. 32/49, el plano de Mensura Particular y División en Propiedad Horizontal de fs. 706, y lo inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble de esta ciudad, según fs. 677 y 678/679. A lo que se suma que el escribano M., quien redactó el reglamento recién mencionado, fue categórico al declarar: “al primer comprador se le escritura la Unidad n° 29 y la compradora, en lugar de ocupar el departamento 29, ocupa el departamento n° 30, que es el que realmente ella compró; o sea que estaba ocupando el departamento que compró, debía tener su título como unidad n° 30 y por error tenía su título con el n° de unidad 29 (…) los dos propietarios tienen lo que quieren tener, lo que compraron como inmueble, pero en sus títulos tienen el número de unidad cambiada, cruzada” (sic, fs. 651 y vta.). Asimismo, la anterior titular dominial del departamento de la actora, la Sra. López, describió el inmueble y dijo que era de un ambiente, con baño, cocina y balcón (fs. 616, rta. 2ª). El testigo Ledesma, vecino de los litigantes, resaltó el estado de ocupación de los departamentos y aseguró que el error, según su parecer, era de los planos de la constructora con el de catastro, los cuales diferían en el orden asignado a los departamentos del piso séptimo (fs. 619/620). Esto también fue constatado por la escribana Hermansson el día 9/5/2008 (fs. 88/89 y declaración de fs. 652/653). No pierdo de vista que el perito ingeniero civil designado de oficio hizo un cotejo de lo que figuraba en las escrituras traslativas de dominio con lo que se especifica en el plano de propiedad horizontal, y concluyó: “las escrituras definen las UFs correspondientes” (fs. 778, rta. 6ª). Es cierto lo que dice el perito, pero lo aquí discutido es justamente que los documentos (escrituras, planos, reglamento de propiedad e inscripción en el respectivo registro) no coinciden con la realidad fáctica. Esta solución determina también el rechazo de los agravios tendientes a admitir la acción de reivindicación que planteó el Sr. V., pues ella se fundó en instrumentos que no reflejan la realidad extrarregistral. El emplazado apelante solicita la integración de la litis con su cónyuge y el de su hermana, pues entiende que se verían afectados los derechos de propiedad de estos últimos al tratarse de un bien ganancial. Como es sabido no pueden efectuarse planteos en la alzada que no fueron sometidos a conocimiento del juez de la anterior instancia, pues aquello importaría violentar el principio de congruencia -de indudable rango constitucional, y reflejado también en los artículos 34, inc. 4˚, y 163, inc. 3˚, del Código Procesalque exige que exista concordancia entre la demanda, la contestación y la sentencia en lo que hace a las personas, el objeto y la causa; de modo que las partes, al fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica requerida, delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones incluidas en la pretensión de los actores y la oposición de los demandados (esta sala, 8/4/2013, “B., Alicia Haydee c/ N., Mario y otros s/ Nulidad de acto jurídico”, L. n° 611.653; 15/5/2013, “D. M., Nancy Beatriz c/ Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n.° 605.263; 20/4/2015, “P., Jorge Alberto c/ Valsugana S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios”, expte. n.° 95.854/2012, entre muchos otros). Por tal motivo esta cámara se encuentra impedida de tratar cuestiones no propuestas al tribunal de grado (art. 277, Código Procesal). Más allá de esto último, dejo aclarado que en autos no se discute un acto de disposición del inmueble, sino que se ordena hacer coincidir la realidad extrarregistral con los documentos y lo informado por el Registro de la Propiedad Inmueble. Además no se advierte que lo decidido perjudique de algún modo a los cónyuges de los emplazados, pues al regularizarse la situación el departamento de su propiedad pasará de informarse –en la escritura y en el registro- con una superficie de 35,87 metros cuadrados a una de 42,75 metros cuadrados. Por lo tanto corresponde rechazar el pedido realizado ante esta alzada por el Sr. V. VI. La actora cuestiona el pronunciamiento en crisis en cuanto rechazó los daños y perjuicios por ella peticionados. En primera instancia la demandante reclamó lo que abonó en exceso por las expensas y otros servicios, pues los gastos no son los mismos respecto de un departamento de 35 metros cuadrados que los de uno de 42 metros cuadrados. En esta alzada solicita únicamente que se haga lugar a su pretensión respecto de las expensas abonadas en exceso. Adelanto que asiste razón a la apelante, pues la diferencia de metros cuadrados que existe en los documentos respecto de las unidades funcionales objeto de la litis, y lo informado por la administración del edificio (fs. 90 y reconocimiento de fs. 719), permiten colegir que la actora abonó una suma por expensas superior a lo que le habría correspondido si se hubiese tenido en cuenta la realidad extrarregistral, y los demandados pagaron de menos por aquella circunstancia. En consecuencia opino que debería hacerse lugar a la pretensión de la demandante y liquidarse lo que ésta pagó demás mes a mes en concepto de expensas. Señalo que el perjuicio que quedó así configurado para la demandante es imputable a los emplazados a título de culpa (arts.1074 y 1109, Código Civil), frente a su omisión de proceder a la rectificación de los documentos pese a que, al menos a partir de la notificación de la demanda, no podían desconocer la existencia de la inexactitud registral. Ahora bien, a tenor de los términos del intercambio epistolar que medió entre las partes (que tuvo por objeto el reclamo de la entrega de los respectivos departamentos, y no la rectificación de las escrituras públicas), y del hecho de que el Sr. V. -a fs. 174/176- cuestionó lo que se le exigía en las mediaciones previas que se llevaron a cabo –sin perjuicio de los proyectos de acuerdo acompañados por la actora a fs. 144/146 y 147/148-, considero que el reclamo de la diferencia por expensas procedería únicamente a partir de la notificación del traslado de la demanda a cada uno de los emplazados, pues –según lo acabo de mencionar- desde ese momento no quedan dudas de que el reclamo consistió en la rectificación de las respectivas escrituras. Advierto que en el escrito de demanda no se solicitó la condena a pagar intereses. Es del caso recordar que los jueces no pueden otorgar algo que no ha sido solicitado por las partes en los escritos de constitución del proceso (arts. 34, inc. 4, y 163, inc. 6, del Código Procesal). Por esta razón, las sumas que surjan de la liquidación a realizarse no llevarán intereses. VII. Finalmente ambos apelantes se quejan por la manera en que fueron repartidas las costas de primera instancia. El anterior sentenciante las impuso en un 80% a los demandados y en el restante 20% a la actora, por el proceso principal, y al Sr. V. en su totalidad respecto de la reconvención. La actora pretende que se impongan todas las costas del juicio a los demandados, mientras que el Sr. V. entiende que deben quedar a cargo de la Sra. R. Al respecto cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal, nuestro ordenamiento adjetivo adhiere a un principio generalmente aceptado en materia de costas, y cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe con que la parte vencida pueda haber actuado durante la tramitación del proceso, puesto que quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo (Fassi, Santiago C. – Yañez, César D., Código Procesal Civil y Comercial, Astrea, Buenos Aires, 1988, t. 1, p. 411 y ss). Sin embargo este principio no es absoluto, pues el artículo citado en último término faculta a los jueces a eximir a la parte vencida de la imposición de costas cuando eso sea procedente, y siempre teniendo en cuenta que dicha exención debe interpretarse restrictivamente (Fassi – Yañez, op. cit., p. 416 y ss.), extremo que no se verifica en la especie. En el sub lite, según lo que llevo expuesto, no caben dudas de que la demanda debe tener favorable acogida, mientras que corresponde desestimar la postura defensiva de los emplazados y la insólita reconvención del Sr. V. Ese es el hecho objetivo que debe motivar la imposición de costas, sin que se aprecien razones que permitan apartarse del principio rector consagrado en el art. 68 del Código Procesal. Corresponde, entonces, rechazar el agravio del demandado, hacer lugar al de la actora, modificar las costas en cuanto a lo principal, e imponerlas a los demandados en su totalidad. Asimismo mociono confirmar el pronunciamiento apelado en lo atinente a las costas por la reconvención. VIII. En atención al éxito obtenido en esta instancia por los recurrentes, en los términos del art. 68 del Código Procesal, juzgo que las costas de alzada deberían imponerse al emplazado apelante por resultar sustancialmente vencido. IX. En síntesis, y para el caso de que mi voto fuere compartido propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de la demandante y rechazar el del emplazado, y en consecuencia: 1) Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Marta Alicia R. contra Pedro V. y Mercedes Cecilia V., y condenar a estos últimos a pagar a la primera la suma que surja de la liquidación que habrá de practicarse en autos, en los términos expuestos en el acápite VI del presente voto, dentro de los diez días de quedar firme y aprobada esta última; 2) Imponer las costas de primera instancia por el proceso principal a los demandados, y 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada al Sr. V. El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Sebastián Picasso. El Dr. Hugo Molteni no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).- Con lo que terminó el acto. Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Buenos Aires, octubre 24 de 2017. Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede se resuelve: 1) Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Marta Alicia R. contra Pedro V. y Mercedes Cecilia V., y condenar a estos últimos a pagar a la primera la suma que surja de la liquidación que habrá de practicarse en autos, en los términos expuestos en el acápite VI del presente voto, dentro de los diez días de quedar firme y aprobada esta última, 2) Imponer las costas de primera instancia por el proceso principal a los demandados, y 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada al Sr. V. Atento lo decidido precedentemente difiérese el tratamiento de las apelaciones sobre honorarios hasta tanto exista liquidación firme.- Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase. Fdo.: SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI Citar: elDial.com - AAA3D2 Publicado el 28/11/2017 Copyright 2017 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

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