domingo, 12 de noviembre de 2017

Limites al desalojo en inmuebles con menores

FALLOS
Fijan alcance de la intervención del Ministerio Pupilar en el marco del proceso de desalojo tendiente a la protección de los menores que habitan el inmueble
CAMARA CIVIL - SALA J
30172/2015
TOLEDO CLAUDIA ESTER c/EDWARDS NOEMI CONCEPCION
Y OTRO s/DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2017.-
Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
I. Vienen a conocimiento de este Tribunal las presentes
actuaciones, co motivo del recurso de apelación interpuesto a fs.65
por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces ante la instancia de
grado, contra los pronunciamientos de fs.54 y fs.57.
Mediante la primera de las resoluciones impugnadas, el Sr.
Juez “a quo” dispone que la intervención del Ministerio Pupilar en el
marco del presente proceso de desalojo se limita a resguardar la
protección de los menores que pudieren resultar afectados por el
lanzamiento de los ocupantes del inmueble motivo de autos, con el fin
de que los organismos administrativos competentes adopten las
medidas tendientes a que estos y su grupo familiar no queden en
situación de calle. Luego, en respuesta a la aclaración requerida,
resuelve desestimar el pedido de decretar la suspensión de los plazos
procesales.
A fs.81/83, la Sra. Defensora ante esta Cámara, mantiene y
funda el recurso articulado por la Sra. Defensora ante la instancia de
grado, cuyos agravios no merecieran réplica por parte de la actora.
II. En cuanto a concierne a la cuestión venida a
conocimiento, hemos sostenido con anterioridad que el tenor de la
intervención del Ministerio Pupilar y el requerimiento practicado en
su consecuencia encuentran sustento específico en la Resolución
DGN N°1119/08 que concretamente dispuso: “I. Instruir a los Sres.
Defensores Públicos de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y
del Trabajo para que tomen intervención en los procesos de desalojo
en los que se vean afectados los derechos de los menores de edad a fin
de adoptar las medidas necesarias que tengan por objeto la protección
integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos
en nuestro ordenamiento jurídico nacional e instrumentos internacionales
de Derechos Humanos en los que el Estado es parte, de
conformidad con los considerandos de la presente”.
En virtud de ello, en causas como la presente, donde los
menores no son parte, pero cuyo interés en el resultado del pleito
resulta indiscutible por cuanto al habitar el inmueble a desalojarse
podrían verse privados de vivienda, hemos decidido con anterioridad
que si bien no es menester que su intervención se produzca desde el
inicio de la causa, la función que pueden y deben desempeñar los
representantes del Ministerio Pupilar en este tipo de proceso se
endereza a verificar que los niños y adolescentes no se vean privados
de su derecho a una vivienda la que, obviamente, debe serles
proporcionada, en primer término, por sus padres y demás obligados
alimentarios y, ante la imposibilidad de éstos de garantizarles tal
derecho, recurrir a las autoridades administrativas competentes (conf.
esta Sala “J”, expte. n°35602/2009, 24/08/2010, “Lattuga, Rosa Nilda
c/Zaracho, Carlos Roque y otros s/Desalojo por falta de pago”; íd.
09/12/10, R.566.775 “Farjat de Mehterian, Elena Flora c/Urti, Carlos
Alberto y otro s/Desalojo por falta de pago”; íd. íd., Expte. n° 13763 /
2013, del 26/09/2013, “Morelli, Teresa Elynor c/Batista, Susana
Mercedes y otro s/Desalojo”, entre muchos otros).
Huelga decir, entonces, que en tanto coincidimos con el
criterio adoptado en la resolución de fs.54 en cuanto a la intervención
que compete en autos al Ministerio Pupilar, hemos de mantener tal
decisión recurrida.
III. En función de ello y de atenderse al estado del trámite
del presente proceso, igual solución viene impuesta en cuanto a la
desestimación del pedido de suspensión de los plazos procesales.
Es que, si bien a los fines señalados en el considerando
precedente, corresponde poner en conocimiento de los Defensores de Menores la existencia (acreditada) de personas menores de edad que
habitan el inmueble para asegurar y garantizar el ejercicio pleno de
sus derechos, ello no conlleva que resulte procedente la suspensión
del trámite del proceso antes del dictado de la sentencia de desalojo
y/o del auto que disponga la restitución anticipada del bien, puesto
que no se comprueba que el ejercicio de tales derechos, en dicho
estadio del proceso, se encuentre comprometido y en tanto no puede
soslayarse que la tutela de acceso a la vivienda no debe ser satisfecha
por el propietario y/o locador accionante, sino por quien tenga a su
cargo la gestión de los cometidos estatales referidos a las políticas
concernientes a tal derecho.
En su mérito y cuando se aprecia en el “sub examine” que
se ha efectuado la gestión pertinente, ante la autoridad administrativa,
librándose las comunicaciones tendientes a poner en su conocimiento
las circunstancias que involucran a los menores y requiriéndosele el
auxilio de programas de apoyo, no advertimos razones que conduzcan
a revertir lo decidido sobre el particular en la anterior instancia,
cuando ello bien puede cumplirse sin desmedro del curso del proceso.
Por lo demás, repárese en que el estado procesal de la
presente acción difiere sustancialmente del que se presentaba en el
expediente n°35602/09 (“Lattuga, Rosa Nilda c/Zaracho, Carlos
Roque y otros s/Desalojo por falta de pago”) –que cita la Defensora
de Cámara–, pues en dichos obrados se había dictado sentencia
admitiendo la acción de desalojo y apercibido a los ocupantes del
lanzamiento, sin verificarse la concreción de las medidas necesarias
para la protección de los derechos de los niños y adolescentes que
habitaban el bien. Ello fue lo que motivó que, en orden a lo
establecido por los arts.3.2 y 27.2 de la “Convención sobre los
Derechos del Niño”, esta Sala decidiera no dar curso a la ejecución de
la sentencia hasta tanto no se hubiere cumplido el plazo que al efecto
se dispuso que debía establecerse, a fin de que se adopten las medidas que se estimen oportunas para garantizar la tutela y defensa de tales
derechos.
En orden a lo considerado, oído que fuera el Ministerio
Pupilar, se RESUELVE: Confirmar las resoluciones apeladas de fs.54
y fs.57, en todo cuanto deciden y fueran materia de agravios. Con
costas de Alzada por su orden, en razón de que la función que le
compete a los Defensores de Menores e Incapaces, no conlleva a que
en caso de suscitarse controversia pueda aplicarse en relación a la
postura procesal que asumen, el criterio de vencido al que alude el
art.68 del Código Procesal.
Se deja constancia de que la Vocalía n°29 se encuentra
vacante.
Regístrese. Notifíquese a la Sra. Defensora de Menores de
Cámara. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la
C.S.J.N. (Ac. n°15/13, art.4°) y devuélvase a la instancia de grado.-

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