miércoles, 25 de octubre de 2017

Se condena al Gobierno de la Ciudad a resarcir a la actora quien al descender de la calzada por la que caminaba, su pierna quedo atrapada en el enrejillado de una alcantarilla que se encontraba rota

Se condena al Gobierno de la Ciudad a resarcir a la actora quien al descender de la calzada por la que caminaba, su pierna quedo atrapada en el enrejillado de una alcantarilla que se encontraba rota

Partes: Figueroa Emilia Beatriz c/ El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: I
Fecha: 16-may-2017
Cita: MJ-JU-M-106597-AR | MJJ106597 | MJJ106597
Se condena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos a resarcir a un peatón que sufrió un accidente al descender de la calzada y su pierna izquierda quedo atrapada en el enrejillado de una alcantarilla que estaba rota. Cuadro de rubros indemnizatorios.
Sumario:
1.-Corresponde admitir la falta de legitimación pasiva deducida por la empresa de aguas en su calidad de tercero citado, y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del accidente sufrido por la actora en circunstancias en que se encontraba caminando por la calle y al llegar a la encrucijada e intentar cruzarla, su pierna izquierda quedó atrapada en el enrejillado de un sumidero que estaba roto, toda vez que la demandada asumió una postura negadora de la relación de causalidad; pero no hizo un análisis detallado de las circunstancias que podrían a su juicio haber sido erróneamente ponderadas.
2.-La suma otorgada para indemnizar el daño físico debe ser confirmada, ya que en modo alguno puede considerarse elevada como lo estima la demandada frente a la importante lesión que padeció la actora y que se encuentra ampliamente acreditada con las constancias del nosocomio e informe pericial médico.
3.-El daño moral que sufrió la actora cuando su pierna izquierda quedó atrapada en el enrejillado de un sumidero roto, no necesita de prueba en particular y se presume, pues surge in re ipsa, dada la naturaleza del accidente, las lesiones sufridas, el tratamiento al que fue sometida la actora -intervención quirúrgica- y las demás circunstancias personales de la víctima.
4.-Ni la atención de la actora en un hospital público, ni la posterior que tuvo lugar a través de su obra social, pueden considerarse obstáculos para el otorgamiento de los gastos de atención médica y farmacia, pues se sabe que estas circunstancias no ponen a cubierto de los damnificados innumerables gastos que son necesarios realizar debido a la entidad de la lesión y los consecuentes gastos en materiales, antiinflamatorios, calmantes y de todo tipo en que debió incurrir.
Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Figueroa, Emilia Beatriz c/ El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia corriente a fs. 591/600, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. CASTRO, GUISADO y UBIEDO.
Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:
I.- El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Emilia Beatriz Figueroa y en su mérito condenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abonar la suma de $63.000 en concepto de indemnización por el accidente ocurrido el 31 de agosto de 2008.
Contra dicha decisión apeló la parte actora, sus agravios obran a fs. 644/51 y fueron contestados a fs. 669/71; la parte demandada hizo lo propio con la pieza que obra a fs. 653/59 y que mereciera las réplicas de fs. 666/67 y fs. 673/78.
II.- El accidente que originó estas actuaciones tuvo lugar el día 31 de agosto de 2008 aproximadamente a las 15: 35 hs. cuando la actora se encontraba caminando por la calle Tucumán y al llegar a la intersección con la calle Bouchard, frente a la puerta del edificio del diario La Nación, al querer cruzar la calle, su pierna izquierda quedó atrapada en el enrejillado de un sumidero allí existente y que estaba roto con partes faltantes. Según narró en su demanda, fue socorrida en un primer momento por personal de la comisaria n° 22, también por transeúntes y luego por personal de Bomberos quienes lograron liberar su pierna luego de dos horas de trabajo.Dijo además que después fue llevada por el Same hasta el Hospital Argerich y que posteriormente continuó su atención en la “Clínica y Maternidad Suizo Argentina” donde fue intervenida quirúrgicamente.
Al contestar la acción, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negó todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Agregó que el evento en todo caso se produjo por la propia impericia de la víctima pues si hubiera prestado la debida atención al descender de la calzada no hubiera padecido el hipotético accidente.
Negó además toda responsabilidad por el estado de la tapa allí existente, que desligó en la empresa “Aguas y Saneamientos S.A.” ya que la tapa del sumidero llevaba la inscripción “OSN”, a quien citó como tercero.
En su fundada sentencia, el Sr. Juez a quo, con expresa mención del marco normativo que regula la cuestión, consideró que el sistema pluvial le había sido transferido a la ex MCBA en el año 1993 mediante el decreto 993/93 y admitió la falta de legitimación pasiva deducida por Aysa en su calidad de tercero citado por el GCBA y la excluyó de la presente contienda, con costas al citante. Nada de todo esto ha sido apelado por lo que se encuentra firme.
Consideró en cambio que la prueba reunida – sobretodo los elementos emergentes del proceso penal- lograba acreditar cabalmente el hecho de autos. Dijo así que “Por consiguiente y hallándose en los términos del art. 2339, 2340, inc.7° 2342 del Código Civil, involucrado un bien público de la demandada (y me refiero aquí tanto a la tapa de la alcantarilla como a su emplazamiento sobre la calzada), a cuyo cargo está su cuidado, mantenimiento y libramiento al uso general como así también el correlativo deber de disponer las medidas de resguardo -cautela que se aprecia omitida- a los efectos de brindar una adecuada prevención a los usuarios de la vía pública a efectos de evitar la ocurrencia de sucesos como el presente, y dado que resulta indiscutible el vicio que la cosa portaba – no habiéndose alegado ni demostrado su adecuada señalización y vallado previos- tornase aplicable en la especie el art. 1113 del C.Civil, 2do párrafo, 2do. apartado.”. Por ende, y “.no habiendo la demandada demostrado ningún factor inhibiente de la presunción de causalidad y consiguiente atribución de responsabilidad que la norma trae.”, responsabilizó a la demandada.
Ello causó -como se verá- los agravios del gobierno local.
III. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad y montos de las indemnizaciones, sería aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones juridicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia alli citada), lo que excluye claramente en estos aspectos la aplicación del nuevo Código.
Bajo tales lineamientos habré pues de analizar la queja.
Ahora bien, los agravios -lo adelanto- no habrán de prosperar.Es sabido que el planteo de simples apreciaciones personales del recurrente, sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el a quo respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción que le permitieron decidir, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios. El memorial, para poder ser considerado como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. En tal sentido, la carga sólo puede considerarse cumplida cuando se indican puntualmente deficiencias de la sentencia apelada, actividad que no corresponde considerar suplida con la mera postulación de afirmaciones genéricas, la remisión a escritos anteriores o la manifestación de desacuerdo con lo resuelto. Tales extremos -como lo ha decidido reiterada y pacífica doctrina de todas las salas de esta Cámara- no pueden considerarse agravios en los términos exigidos por el art. 265 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Puestos a analizar la pieza de fs. 653/9 “primer agravio”, se advierte claramente que los recaudos aludidos no pueden considerarse cumplidos en el caso, por lo propiciaré la deserción del recurso.
La demandada solo vierte consideraciones de tipo genérico que aluden a la falta de responsabilidad del Gobierno en el hecho por no existir una adecuada relación de causalidad. Sin embargo, al hacerlo no indica qué razones llevarían a una conclusión de ese tipo. No hay un análisis detallado de las circunstancias que podrían a su juicio haber sido erróneamente ponderadas por el a quo .
Por lo demás, las constancias de autos desmienten la postura negadora de la demandada.Basta para así concluir las pruebas que el juez se encargó de enumerar, tales como las constancias de la causa penal que corre por cuerda, en la que se destaca la declaración del Oficial Crivella, que asistió a la damnificada en el lugar y que dijo haber visto que “se encontraba una persona de sexo femenino tendida sobre el suelo, con su pie izquierdo hasta la altura de la rodilla, introducido en una alcantarilla de hierro de aproximadamente 1 metro de largo por 1 metro de ancho, la cual tiene a lo ancho varios barrotes, con una separación aproximadamente de 5 centímetros entre barrote y barrote, observándose que justamente donde la damnificada habría introducido el pie se encontraba con la faltante de una de ellas” y corroborado además el resto de los dichos de la actora: la presencia de los bomberos en el lugar, el trabajo con el uso de herramientas apropiadas para liberar la mujer, el arribo del SAME para su posterior traslado al Argerich”. (fs. 14).
A esto debe sumarse el informe técnico elevado al Fiscal un día después del hecho en el que se dejó constancia de la verificación de la tapa de la alcantarilla, la ausencia de una barra en uno de sus extremos, el hueco formado por esta ausencia cuyas medidas son de 10 x 31 cm, lugar en el que habría quedado atorado el pie de la transeúnte, y las fotografías correspondientes (ver informe a fs. 14/8), así como la conclusión: ” resulta dable considerar, en función de la evaluación técnica de los efectos registrados, que el hecho ocurrido pudo deberse a la falta de una de las barras metálicas, la cual provocó la formación de un hueco en la tapa de la alcantarilla, cuyas dimensiones pueden permitir, como ocurrió en este caso, el paso de una de las extremidades inferiores de una persona (ver fs. 18 ) .
Y por último, la postura del gobierno local cuando identifica como boca de registro n° 65 correspondiente a la red pluvial (ver informe de fs.423) y que sirvió de base para rechazar la legitimación pasiva en el caso de AYSA, S.a., aspecto éste sobre el que -como dije antes- no se vierten quejas.
Ninguno de estos elementos que he reseñado, ha sido contestado, ni siquiera referido mínimamente en los agravios que se examinan. Se alude a una supuesta prueba pericial de ingeniería y a una inspección de la calle en cuestión, de fecha anterior a los sucesos que motivan este reclamo, que claramente no se vincula con las constancias de autos, puesto que nada de ello se verifica en estas actuaciones donde no se produjo prueba pericial alguna.
En definitiva, la queja no pasa de contener afirmaciones dogmáticas que no enervan ni se hacen cargo de los sólidos fundamentos que dio el juez en su sentencia, por lo que no corresponde sino declarar desierto el recurso en este aspecto.
IV. No mejor suerte correrán los agravios que las partes vierten sobre las partidas indemnizatorias concedidas.
Con sustento en el informe pericial médico de fs. 330/334 el juez tuvo por acreditado que la actora a raíz del accidente en la vía pública sufrió un traumatismo medio del miembro inferior izquierdo, por el que debió ser intervenida quirúrgicamente mediante artroscopia, presentando como secue la una leve cojera en miembro inferior izquierdo y una disminución en 1 cm. de la circunferencia del muslo en comparación con su miembro homolateral y una leve afectación de los movimientos de la rodilla izquierda que agravó un leve estado articular de proceso y le dificulta subir y bajar escaleras, generándole una incapacidad del 10 % de la total obrera. Acordó en consecuencia una suma para indemnizar el daño físico de $ 40.000.
Parece claro que esta suma en modo alguno puede considerarse elevada como lo estima la demandada Gobierno de la Ciudad, frente a la importante lesión que padeció la actora y que -a contrario de lo afirmado en la queja- se encuentra ampliamente acreditada con las constancias de fs.454/62 del Hospital Argerich (que atendio a la actora el mismo dia del hecho) , fs. 298/307 de Swiss Medical (donde fue posteriromente intervenida) e informe pericial médico de fs. 330/334.
En efecto, no es dificil predecir de qué modo las secuelas halladas habrán de influir en la vida no solo laboral, sino de relación en general de la actora quien tenia 63 años y se mantenía plenamente activa para la época del accidente, desempeñándose como empleada en relación de dependencia como auditora de facturación de farmacias ( ver declaración jurada d efs. 28 y declaraciones testificales de fs. 25/27 del beneficio de litigar sin gastos).
Frente a este cuadro de situación, ninguna razón de peso aporta la demandada que justifique la reducción del monto.
Por el contrario, también en este caso, hay referencias a datos que no se condicen con la realidad de estos autos (ver fs. 565 , segundo párrafo).
Tampoco la queja de la actora correrá mejor suerte. Toda la pieza de fs. 644/51 en cuanto discute los diferentes montos indemnizatorios, no satisface ni mínimamente la carga que resulta del art. 265 del Código Procesal, por lo que corresponde declararla desierta en este aspecto (art. 266 del citado código).
Además de confusa, la queja se detiene en precisiones y disquisiciones doctrinarias en torno a la diferencia entre deudas de valor y deudas de dinero que no guarda estricta y necesaria relación con lo discutido. No hay en toda la pieza una alusión concreta a las puntuales circunstancias del caso que debieran ponderarse a los fines de la elevación de los montos indemnizatorios que se persiguen.
El escrito así, resulta absolutamente ineficaz para revertir lo decidido, por lo que propondré declarar desierto el recurso en los términos del art. 265 del Código Procesal.
V.No creo necesario abundar sobre la naturaleza indemnizatoria del daño moral que ha señalado reiteradamente esta sala; del mismo modo, que en supuestos como el presente no necesita de prueba en particular y se presume, pues surge in re ipsa. Entiendo que dada la naturaleza del accidente, las lesiones sufridas, el tratamiento al que fue sometida -intervención quirúrgica- y las demás circunstancias personales de la víctima que resultan de autos y a las que antes me referí, esta indemnización resulta claramente procedente a contrario de lo postulado por la demandada en su queja. En cuanto a su monto, fijado por el juez en $ 20.000, entiendo que tampoco puede considerárselo elevado si se tienen en cuenta además de lo ya referido, todos aquellos dolores, inquietudes, incertidumbres frente a la intervención quirúrgica y posterior recuperación, entre otros múltiples padecimientos que debió causar el episodio.
Esta suma tampoco se verá incrementada, pues el recurso de la actora -que contiene una breve referencia en forma de cita jurisprudencial (ver fs. 649, segundo párrafo)- y tal como ya lo analicé en el acápite anterior, es claramente insuficiente en los términos del art. 265 del C.Procesal, y debe declarárselo desierto.
VI. Finalmente, los apelantes no suministran ningún argumento de peso que en el caso concreto permita sostener como lo hacen que el monto fijado en concepto de gastos de atención médica y farmacia ($ 3.000) no se ajusta a las circunstancias del caso.
Reiteradamente hemos dicho que el damnificado tiene el derecho a ser resarcido por este tipo de gastos, aún cuando no pruebe concretamente su realización, en tanto guarden razonable relación con la importancia de las lesiones y tratamientos (exptes.58.579/00 del 3-2-04; expte.nº52.710/99 del 15-3-05, entre otros). Ni la atención de la actora en un hospital público, como lo fue en un primer momento en el Argerich, ni la posterior que tuvo lugar a través de su obra social, pueden considerarse obstáculos para el otorgamiento de este rubro. Se sabe que estas circunstancias no ponen a cubierto de los damnificados innumerables gastos que son necesarios realizar por lo que, si se tiene en cuenta la entidad de la lesión en el miembro inferior de la actora y los consecuentes gastos en materiales, antiinflamatorios, calmantes y de todo tipo en que debió incurrir, la suma no se muestra elevada, por lo que propongo confirmarla.
VII. Por último, no es cierto lo que aduce la demandada cuando sostiene que el juez no determinó el plazo para el pago de la condena, pues fue claro en la parte dispositiva que “los importes comprometidos en la presente sentencia serán ejecutables en los términos de los arts. 398, 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad”, de modo que no se advierte agravio alguno en este sentido.
VIII. Por todo lo dicho, propongo 1°) declarar desiertos los recursos interpuestos a fs. 606 por la parte actora y a fs. 614 por la demandada y firme en consecuencia la sentencia de fs. 591/600, con costas por su orden atento la suerte y alcance de los recursos interpuestos.
Por razones análogas, las Dras. GUISADO y UBIEDO adhieren al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto.
Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.
MARÍA LAURA RAGONI
SECRETARIA
Buenos Aires, 16 de mayo de 2017 Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1°) declarar desiertos los recursos interpuestos a fs. 606 por la parte actora y a fs. 614 por la demandada y firme en consecuencia la sentencia de fs. 591/600. 2°) Imponer las costas de alzada en el orden causado.
Para conocer en los recursos de apelación interpuestos a fs.601, 602, 603, 604, 606, 609, 618/619 y 640 contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.591/600, cabe ponderar las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados a los letrados patrocinantes de la parte actora Dres. José Luis Tartaglia y Mariano Alberto Soriano resultan equitativos, por lo que se los confirma.
Asimismo, por resultar equitativos los honorarios regulados a la dirección letrada del tercero Aysa S.A., Dres. Claudio María Festa, María Sol Rivero, Rocío Maricel Fernández y Julieta Contreras, se los confirma.
Considerando los trabajos efectuados por el experto, su incidencia en la resolución del conflicto, el art.478 del Código Procesal y la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, los honorarios regulados al perito médico Eduardo Luis Blumenfeld resultan equitativos, por lo que se los confirma.
Regístrese y notifíquese.
PAOLA M. GUISADO
PATRICIA E. CASTRO
CARMEN N. UBIEDO
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/10/24/se-condena-al-gobierno-de-la-ciudad-a-resarcir-a-la-actora-quien-al-descender-de-la-calzada-por-la-que-caminaba-su-pierna-quedo-atrapada-en-el-enrejillado-de-una-alcantarilla-que-se-encontraba-rota/

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