lunes, 16 de octubre de 2017

Se condena al demandado a pagar los honorarios del abogado por las tareas desplegadas en forma extrajudicial y en sede administrativa, aplicando la regla que establece el art. 57 primera parte de la Ley 21.839, y no el segundo apartado.

Se condena al demandado a pagar los honorarios del abogado por las tareas desplegadas en forma extrajudicial y en sede administrativa, aplicando la regla que establece el art. 57 primera parte de la Ley 21.839, y no el segundo apartado.

Partes: Macedo Alejandro María c/ Kim Yong Hoon s/ cobro de honorarios extrajudiciales
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: C
Fecha: 3-may-2017
Cita: MJ-JU-M-106086-AR | MJJ106086 | MJJ106086
Se condena al demandado a pagar los honorarios del abogado por las tareas desplegadas en forma extrajudicial y en sede administrativa, aplicando la regla que establece el art. 57 primera parte de la Ley 21.839, y no el segundo apartado.
Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la demanda entablada en conceptos de honorario impagos a raíz de las tareas desplegadas como abogado en forma extrajudicial y en sede administrativa a favor del demandado, en pos del reclamo laboral que le encargara y que más tarde le retirara, pues cabe asimilar las labores desarrolladas a la faena que habitualmente se despliega en el estudio profesional, o ante diversas dependencias públicas o privadas, o en el cumplimiento de determinados actos de asistencia al cliente, de acuerdo a la pauta del art. 57 de la ley de arancel.
2.-Es ajustado apartarse de la referencia a la que apunta la segunda parte del art. 57 de la Ley 21.839 de arancel, puesto que si el porcentaje base establecido para la fijación del honorario es bajo la idea de lo que le correspondería si la gestión fuere judicial, entonces se torna imprescindible que resulten asimilables estas gestiones extrajudiciales a unas dentro del marco de un proceso judicial.
3.-Por sus propias características los trámites pertinentes para conciliación laboral previa y obligatoria establecido por la Ley 24.635 encuadran en el concepto contemplado por el art. 59 de la Ley 21.839 de Arancel, por desarrollarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y con una asistencia letrada obligatoria.
4.-No cabe acometer contra las tareas encomendadas al abogado en instancia prejudicial so pretexto de un temperamento firme adoptado en juicio que desestima la aplicación de multas laborales, en base a ciertos telegramas enviados bajo el asesoramiento del demandante, cuando el fundamento radica en la falta de notificación de la situación prevista en el art. 11 durante la vigencia de la vinculación laboral, omisión que no le sería imputable al letrado aquí reclamante cuyos servicios fueran contratados en el contexto en que el accionado fuera despedido verbalmente.
5.-Carece de todo valor la invocación de la inoficiosidad si a través de las misivas se constituyó en mora a la empleadora, lo que le permitió continuar con el avance de la resolución de la situación laboral en la que se encontraba el demandado.
6.-Aunque en el horizonte aparezca la pauta establecida en el art. 7 de la ley de Arancel, el monto comprometido en la gestión no puede ser la única referencia a considerar, sino que para la justipreciación del emolumento debido es necesario recurrir armónicamente a otras pautas, tales como: naturaleza y complejidad del tema que se somete a la conciliación, la extensión de la tarea y el resultado obtenido (art. 6 del arancel).
7.-El emplazado debe soportar todas aquellas erogaciones que con su postura ocasionó al demandante, pues carece de asidero la postura defensiva esgrimida por la accionada, a poco que se observa que al momento de contestar el traslado de la demanda fueron planteados distintos escollos que resultaron óbice para delimitar la etapa probatoria al aspecto mensurativo.
Fallo:
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de mayo de 2017, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos “MACEDO ALEJANDRO MARIA C/ KIM YONG HOON S/ COBRO DE HONORARIOS EXTRAJUDICIALES”, respecto de la sentencia corriente a fs. 244/249, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá y Diaz Solimine.
Se deja constancia que la Vocalía N° 8 se encuentra vacante desde el día 1° de junio de 2016 conforme decreto PEN N° 600/2016.
Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:
I.- A fs. 29/32 se presentó Alejandro María Macedo, en causa propia, y entabló formal demanda de cobro de honorarios extrajudiciales impagos contra Yong Hoon Kim.
Tiene causa su acción en las tareas desplegadas como abogado en forma extrajudicial y en sede administrativa a favor del demandado en pos del reclamo laboral que le encargara y que más tarde le retirara.
Detalló la faena realizada e indicó haber cumplido con:a) la consulta profesional en seis oportunidades en su estudio jurídico, b) la redacción de dieciséis telegramas laborales, y c) la tramitación de labores ante el S.E.C.L.O., confección de formularios, presentación y la concurrencia a dos audiencias como letrado patrocinante.
El anterior juzgador hizo lugar a la demanda promovida por la suma de $19.000, sin intereses -por el momento- y con costas a cargo de la accionada vencida.
Para así decidir entendió que por la admisión que estampara el accionado en la oportunidad de alegar, cabía tener por acreditadas las tareas enunciadas por el demandante a su favor.
Así sentadas los quehaceres efectivizados, procedió a acordar las pautas para la fijación de un emolumento.
En esta línea de ideas, valorando el resultad de los “trabajos” desarrollados por el demandante, su naturaleza y complejidad, mérito de la labor profesional realizada y en base a las pautas establecidas por los arts. 57, 6 y cctes. de la ley 21.839, acordó el monto ya expresado.
Contra dicho pronunciamiento se alzan la totalidad de las partes.
El actor lo hace por intermedio del escrito de fs. 266/268 cuestionando la incorrección en la aplicación de la normativa respectiva y en consecuencia de las pautas mensurativas; en tanto que el demandado también objeta a fs. 270/272 el último punto mencionado y la imposición de costas a su parte. Sendas presentaciones merecieron la réplica de las contrarias de fs.273/274 y 276/277.
De este modo, no existiendo agravio alguno respecto a las tareas abogadiles efectivamente realizadas por el demandante, pasaré a examinar las quejas relativas a las pautas referenciales tenidas en mira por el judicante de grado para justipreciar la suma final.
II.- DEL ENCUADRE NORMATIVO.
El primer obstáculo superado por el “A Quo” para la estimación del honorario fue la determinación de la norma a aplicar al supuesto; aspecto sobre el que se agravia el demandante.
En efecto, el sentenciante juzgó expresamente que correspondía cimentar su pronunciamiento en las pautas a las que remite la regla del art. 57 en su primera parte (art. 6 del arancel). No obstante, entendió que no era aplicable al supuesto el segundo apartado, “. pues la adopción de una base mínima igual al 50% del honorario asignado a la labor judicial será procedente sólo en aquellos asuntos en los que el trabajo extrajudicial del abogado pueda equipararse de alguna manera a su actividad judicial. Cuestión que en autos no se observa pueda verse reflejada aquí.”.
Sostuvo que inclusive debía entenderse los trabajos desarrollados por ante el S.E.C.L.O. de acuerdo a la pauta del art. 57 del arancel. Explicó en tal sentido -y con cita en autorizada doctrina- que “. si bien el procedimiento de conciliación laboral obligatorio y previo, instituido por la ley 24.635, encuadra en la especie regulada por el art. 59 del arancel, empero no en cuanto a la recompensa de los letrados litigantes. Siendo que el art. 17, párr. 2° de la ley 24.635 no se expresa respecto de las alícuotas de aplicación al caso en que dichos honorarios deban ser regulados judicialmente, por lo que corresponde hacer remisión al art. 57”.
Trae sus quejas el actor, objetando una supuesta aplicación al caso del art. 58 de la ley de aranceles profesionales, peticionado se resolviera la cuestión de acuerdo a sendas pautas que establece el art. 57 y a lo que reza el art.59 en cuanto a las labores efectuados por ante el S.E.C.L.O.
Aunque como quedara exhibido, el art. 58 del plexo normativo en mención no resultó marco para la resolución del hecho traído a decisión judicial, la cuestión aquí debatida debe dilucidarse -tal como lo hizo el anterior judicante- bajo la regla que establece el art. 57 que reenvía a la pauta del art. 6 por encuadrar los supuestos en la idea de “gestiones extrajudiciales en general”.
Pues cabe asimilar las labores detalladas a la faena que habitualmente se despliega en el estudio profesional, o ante diversas dependencias públicas o privadas, o en el cumplimiento de determinados actos de asistencia al cliente (Ure, Carlos E. y Finkelberg, Oscar G., “Honorarios de los Profesionales del Derecho”, Ed. Abeledo Perrot, p. 619).
Entiendo también ajustado que el anterior magistrado se apartara de la referencia a la que apunta la segunda parte del art. 57, puesto que si el porcentaje base establecido para la fijación del honorario es bajo la idea “de lo que le correspondería si la gestión fuere judicial”, entonces se torna imprescindible que resulten asimilables estas gestiones extrajudiciales a unas dentro del marco de un proceso judicial.
Autorizada doctrina tiene dicho que tales tareas equiparables serían cobro de créditos, confección de cuentas particionarias, procesos sucesorios privados previstos por el art. 698 CPCCN, desarrollo de una tramitación de secuencia escrita, entre otros (Ure y Finkelberg, ob. cit., p. 620).
Con dichos alcances se ha expedido el Máximo Tribunal que en un precedente del 15/10/85 sostuvo que cuando el art. 57 del Arancel prevé que en ningún caso los honorarios serán inferiores al 50% de lo que correspondiera si la gestión fuera judicial, se refiere al supuestos de que el trabajo extrajudicial sustituya al judicial total o parcialmente (“Fisco Nacional v. De la Valle de Palma Josefa”, JA, 1988-I-1042, nro. 80 en Ure y Finkelberg, op. Cit., p. 638).
Con ello pierde virtualidad el planteo posterior exhibido en el punto b. (fs.267 vta.) que tiene como objetivo que no se aleje el monto final del 50% de la suma acordada en juicio laboral.
Por otro lado, dejo sentado que no participaré de la idea de la inaplicabilidad al supuesto del art. 59, el que establece que cuando se tratare de gestiones administrativas que constaren en actuaciones escritas, los honorarios deben fijarse de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7°, primer párrafo.
Entiendo que por sus propias características los trámites pertinentes para conciliación laboral previa y obligatoria establecido por la ley 24.635 encuadran en el concepto contemplado por el art. 59, por desarrollarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y con una asistencia letrada obligatoria.
No empece a la aplicación de esta normativa que la ley 24.635 en el art. 17, párrafo 2° no se expida respecto de alícuotas de aplicación al caso en que los honorarios deban ser regulados judicialmente, si la solución es suficientemente arrimada por el art. 59 de la ley de aranceles profesionales a través de la remisión que hace al art. 7°, primera parte.
Con tal suerte que las atenciones por consultas profesionales y las confección de los telegramas deberán ser apreciados de acuerdo a lo que aprehende el art. 6 del sistema legal mencionado, en tanto que las labores desarrollados en el marco del S.E.C.L.O serán valorados bajo la óptica del art. 59 de la misma ley, con la salvedad que infra desarrollaré.
De esta forma admitiré parcialmente el agravio del actor en este considerando sopesado.
Pasaré a examinar sin más las quejas referidas a las pautas mensurativas exhibidas por las partes en sus respectivos escritos recursivos.
III.- DEL PEDIDO DE REDUCCIÓN DEL MONTO ESTIMADO EN FUNCIÓN DE EXTREMOS COMPROBADOS Y DE LA SOLICITUD DE SU AUMENTO EN RAZÓN DE LAS PAUTAS DE LOS ART. 57 Y 59 DE LA LEY DE ARANCELES PROFESIONALES.
i.El accionado se agravia entendiendo que la resolución recurrida había omitido efectuar un examen integral de la actividad desplegada por el Dr. Macedo y su oficiosidad a la luz de los puntos c. (“el resultado que se hubiere obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido”) y d. (“el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo”) del art. 6° de la ley de aranceles profesionales.
En rigor, expresa que el monto de la condena se vio reducido de la suma de $655.888,33 al monto de $373.555,33, en razón de las incongruencias en el intercambio epistolar; actividad ésta desarrollada por el actor.
Ahora bien, en función de la pretensa declaración de extemporaneidad planteada por el demandante en su escrito de respuesta al memorial del accionado, diré que el argumento arrimado por la parte accionada tiene vinculación con el pronunciamiento adoptado el 30 de septiembre del 2015 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es decir de fecha posterior a la contestación de la demanda.
En este contexto de ideas, observaré que lo establecido por el art. 163, inc. 6 in fine, me autoriza -sin afectar el principio de congruencia- al mérito de lo planteado, por resultar la circunstancia señalada un hecho producido durante la sustanciación del juicio, debidamente probada.
Veamos. Repara el accionado en que en el considerando IV. de la sentencia que resolvió la cuestión planteada en sede laboral se determinó que “Asimismo, cabe poner de resalto que la postura sobre el tema que adoptó el actor al demandar tampoco resultó unívoco como para permitir una interpretación diferente, pues su ambigüedad choca con las directrices del art. 65 LO.Nótese que según misivas, recibió un despido verbal el 06/09/11 pero solicita que le regularicen la relación y le aclaren su situación laboral y ante negativa patronal, se consideró nuevamente despedido con los telegramas cursados el 30/09/11 (ver fs. 9 vta.). Sumado a ello y ya expresando una tercera fecha de finalización del vínculo, al momento en el que cursó las primeras misivas intimatorios que – ciertamente- no comunicaban el fin del vínculo laboral. De este modo, las misivas del 08/09/11 fueron colacionadas una vez culminada la relación laboral y, en ese entendimiento, las multas de la Ley 24.013 no pueden proceder por no hallarse cumplido el requisito formal dispuesto en el art. 11 de la mencionada ley (conforme decreto reglamentario 2725/91). Por lo expuesto, corresponde modificar el esquema indemnizatorio y dejar sin efecto las multas de los arts. 8° y 15 de la LNE. Lo hasta aquí expuesto, disminuye el total de la condena a un capital nominal de $373.555,33” (fs. 634 vta. de la causa “Kim Yong Hoon c/ Excelcom S.A. y otros s/ despido” que en copias certificadas obra ante mi vista).
La cuestión exhibida por el demandado redunda en la eficacia de la tarea concretada por el letrado actor en etapa prejudicial por el resultado global de las misivas cuya intelectualidad se arrogó.
Sobre el término “eficacia” contenido en la propuesta del art. 6 se ha dicho que tiene íntima relación con las cuestiones suscitadas en torno a la oficiosidad de la labor profesional, ya que los principios contenidos en la norma mencionada excluyen la posibilidad de retribuir las tareas cuando la actuación cumplida carece de toda utilidad para lograr el efecto perseguido con su presentación (CSJN, 7/7/93, Fallos,316:1671 en Passarón Julio Federico y Pasaresi Guillermo Mario, “Honorarios Judiciales”, Ed. Astrea, T. 1, p.153).
En el supuesto no cabe acometer contra las tareas encomendadas al abogado en instancia prejudicial so pretexto de un temperamento firme adoptado en juicio que desestima la aplicación de multas laborales (establecidas para los casos de falta de registración de la relación laboral) en base a ciertos telegramas enviados bajo el asesoramiento del demandante, cuando el fundamento tenido en vistas por el juzgador radica en la falta de notificación de la situación prevista en el art. 11 durante la vigencia de la vinculación laboral, omisión que no le sería imputable al letrado aquí reclamante cuyos servicios fueran contratados en el contexto en que el accionado fuera despedido verbalmente.
Así carece de todo valor la invocación de la inoficiosidad si a través de las misivas se constituyó en mora a la empleadora, lo que le permitió continuar con el avance de la resolución de la situación laboral en la que se encontraba. Ello aunque no haya surtido sus efectos propios el pedido de regularizar su situación y de registrar en forma correcta el vínculo laboral en los términos de la ley 24.013, desde que -como fuera antedicho- ya había acontecido el distracto laboral.
En función del desarrollo argumental expuesto, habré de rechazar la queja de la parte accionada. ii. El Dr. Macedo se queja de las pautas utilizadas por el anterior sentenciante para fijar su honorario, solicitando la elevación del emolumento acordado.
En rigor, sostiene que tiene que aplicarse el parámetro entre el 11% y 20% del monto del proceso, refiriendo que la liquidación actual superaba holgadamente el millón de pesos y que su labor por ante el S.E.C.L.O. había dejado expedita la vía judicial.
Aunque la regla a la que reenvía el art.59 establezca que los honorarios deben oscilar entre un 11% y 20% del monto del asunto, se ha dicho -con criterio que comparto- que por ser las labores de muy distinta naturaleza, se podría arribar al absurdo de fijar igual honorario a quien se limitó a presentar una solicitud ante cualquier órgano administrativo que al que tramitó todas las etapas de un juicio ordinario, por lo que no era razonable la aplicación mecánica o automática de esas alícuotas (en este sentido CFedCap, Sala ContAdm, 6/10/58, JA 19559-V 113).
En análogo sentido se ha entendido que en el esquema del arancel el monto es relevante (Novellino, “Aranceles y cobro de honorarios, p. 330), pero no decisivo (Serantes Peña, Palma, Serantes Peña, “Aranceles de honorarios”, p. 226 en Passaaron y Pasaresi, ob. Cit. p. 481).
Entiendo entonces que el monto comprometido en la gestión no puede ser la única referencia a considerar, sino que para la justipreciación del emolumento debido es necesario recurrir armónicamente a otras pautas, tales como: naturaleza y complejidad del tema que se somete a la conciliación, la extensión de la tarea y el resultado obtenido (art. 6 del arancel).
Lo concreto es que aunque en el horizonte aparezca la pauta establecida en el art. 7 -la que como viéramos debe ser razonablemente aplicada en las distintas labores en sede administrativa-, el monto acordado en instancia de grado no resulta excesivo valorando el despliegue técnico del actor y valores en juego; esto es, que se trataron de dos audiencias ante el S.E.C.L.O. con causa en indemnización por despido (comprensivo también de las actividades periféricas tendientes a la celebración de las mismas), actividad desarrollada en ellas, que la última únicamente dejó expedita la vía judicial (fs.63), condena firme en sede laboral en la suma de $373.555,33 y demás datos de interés que obran en la causa.
IV.- COSTAS:
Aduce el demandado que lo agravia la imposición de costas a su parte puesto que la intervención judicial resultó absolutamente necesaria para la dilucidación del monto de regulación. Señala que tal es así que se requirió la remisión del expediente laboral en los términos del art. 36 del Cód. Procesal a los fines de esclarecer los hechos controvertidos, siempre que la sentencia dictada se encontrase firme.
Carece de asidero la postura defensiva esgrimida por la accionada, a poco que se observa que al momento de contestar el traslado de la demanda fueron planteados distintos escollos que resultaron óbice para delimitar la etapa probatoria al aspecto mensurativo de los estipendios enunciada.
Aun cuando no desconociera el derecho que le asistía al actor para obtener un pronunciamiento sobre el trabajo realizado, inició su respuesta negando que el actor efectuara “todos” las labores que indicara, refiriéndose expresamente a la confección y envío de telegramas acompañados.
Ello también en contraposición a las negativas puntuales enunciadas, puesto que con anterioridad había desconocido la totalidad de los quehaceres denunciados:”que el actor me haya asistido en seis oportunidades mediante consulta profesional”, y “que haya redactado la cantidad de dieciséis (16) telegramas laborales”.
Tampoco puede soslayarse que negó “que el suscripto deba pagar la tarea profesional realizada por el actor”, lo que en definitiva fue parangón para solicitar expresamente el dictado oportuno de una sentencia rechazando íntegramente la demanda instaurada con “costas a la actora”.
Así, la actitud obstructiva para tener por reconocida en dicha etapa procesal la obligación en el pago de los trabajos denunciados por el actor, tema éste por cierto troncal en la dilucidación de este tipo de procesos, sella la suerte de su agravio.
Por las razones exhibidas, voto por el rechazo de este agravio, lo que importa que sea el emplazado quien deba soportar todas aquellas erogaciones que con su postura ocasionó al demandante.
V.- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de agravios; y 2) Imponer las costas de esta instancia en un 70% al demandado y en un 30% a la parte actora (artículo 68 y 71 del Código Procesal).
Por razones análogas a las expuestas, el Dr. Diaz Solimine adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto.
LUIS ALVAREZ JULIÁ
OMAR LUIS DÍAZ SOLIMINE
Buenos Aires, 3 de mayo de 2017.
Y VISTOS: Por la votación que instruye el acuerdo que antecede se RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de agravios; y 2) Imponer las costas de esta instancia en un 70% al demandado y en un 30% a la parte actora (artículo 68 y 71 del Código Procesal).
Ponderando el mérito, valor y eficacia de la labor desarrollada, etapas cumplidas, monto en juego y lo prescripto por los arts. 6, 7, 14, 19, 37 y 38 del Arancel, se elevan los honorarios regulados en la sentencia de fs. 244/249 a favor del Dr.Alejandro María Macedo, apelados por altos y bajos, a la suma de $ 3.800; confirmándose los regulados a favor de la Dra. María Florencia Alonso Mangiotti, apelados sólo por altos.
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo C: Anexo III, art.1° del decreto 1467/2011 reglamentario de la ley 26.589 con la modificación establecida en el decreto 2536/2015, Anexo I, art. 2, B, debe modificarse la retribución fijada a favor de la mediadora Dra. Violeta Gloria Lafuente, apelada sólo por alta, a 6 UHOM, en tanto deriva de expresa disposición legal.
Por las actuaciones desarrolladas en la Alzada, se regulan los honorarios del Dr. Alejandro María Macedo, en la suma de $ 950 y los de la Dra. María Florencia Alonso Mangiotti, en la de $ 450, los que deberán abonarse en el plazo de diez días corridos.
Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase.
LUIS ALVAREZ JULIÁ – OMAR LUIS DÍAZ SOLIMINE.
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/10/06/se-condena-al-demandado-a-pagar-los-honorarios-del-abogado-por-las-tareas-desplegadas-en-forma-extrajudicial-y-en-sede-administrativa-aplicando-la-regla-que-establece-el-art-57-primera-parte-de-la-l/

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