lunes, 16 de octubre de 2017

Compraventa inmobiliaria. Nulidad. Vicio de lesión. Precio equivalente a un cuarto del valor de tasación.

Actualidad

16/10/2017


Compraventa inmobiliaria. Nulidad. Vicio de lesión. Precio equivalente a un cuarto del valor de tasación.

Se revoca la sentencia impugnada y se hace lugar a la acción de nulidad de compraventa, por cuanto ha quedado acreditada la existencia del vicio de lesión (art. 954, Código Civil) en perjuicio de la actora-vendedora, atento a que sólo recibió un cuarto del precio del inmueble, configurándose el elemento objetivo de la lesión (ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación) y los dos elementos subjetivos, es decir, la situación de necesidad, ligereza o inexperiencia y el aprovechamiento, al tratarse el acto impugnado de un autocontrato, en tanto la actora otorgó un poder al demandado para celebrar la compraventa, es decir que, la accionante no estuvo presente en el celebración del acto jurídico, lo que evidencia la falta de libertad al momento de ser expresada su voluntad por parte del accionado, quien se estaba aprovechando de la situación para beneficio propio.
Lucero, Alejandra Marcela vs. Marveggio, Alejandro Amadeo s. Acción de nulidad /// Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, Mendoza, Mendoza; 22-08-2017, RC J 7562/17


Texto

En Mendoza, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Acuerdo, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 52.264 220.884 caratulados "Lucero, Alejandra Marcela c/ Marveggio, Alejandro Amadeo p/ acción de nulidad", originarios del Vigésimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 686 por la actora en contra de la sentencia de fs. 676/683.
Llegados los autos al Tribunal, se ordenó expresar agravios a la apelante, lo que se llevó a cabo a fs. 713/724, los que fueron respondidos a fs. 726/729.
A fs. 735/736 el Sr. Fiscal de Cámaras dictamina por la inexistencia de prejudicialidad penal.
Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. MÁRQUEZ LAMENÁ, MASTRASCUSA y COLOTTO.
En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.
PRIMERA CUESTIÓN:
¿Es justa la sentencia apelada?
SEGUNDA CUESTIÓN:
Costas.
SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MÁRQUEZ LAMENÁ DIJO:
I. La sentencia de primera instancia rechazó la acción de nulidad de acto jurídico que la actora había planteado por vicio de lesión. La demandante apela y se agravia en los siguientes términos:
Plantea que la jueza resuelve partiendo de premisas falsas y de prueba adulterada, con lo que el fallo es erróneo. Realiza una valoración apresurada y superficial de la prueba, en especial la prueba documentológica.
Su parte reconoció que la firma inserta en los recibos obrantes a fs. 193/194 era del esposo de la actora, pero advirtió al Tribunal que el contenido de los mismos había sido adulterado groseramente en su cuerpo. Lo más grave es que la jueza les otorgue valor probatorio aun cuando no son originales. La actora consintió el decreto de fs. 472/473 con el que se emplaza al demandado a acompañar el original de la documentación ofrecida, nunca aceptó que una fotocopia tuviese valor probatorio.
El abogado de la demandada dijo acompañar el original, pero presentó una fotocopia color, en contradicción con lo dispuesto por el artículo 22 del código procesal civil. El perito documentólogo realizó su labor y concluyó que se trata de una simple fotocopia, que lo fotocopiado había sido a su vez adulterado o modificado.
La juzgadora no debió haber valorado ese documento como si estuviese frente a un documento original. Menos aún reconocerle valor probatorio parcial para concluir que la demandada entregó al actor 248.000 euros.
El perito determinó que la firma del señor Guillot fue también fotocopiada. Esto en sí mismo anula la eficacia probatoria de dicho documento.
Manifiesta que la jueza hizo una lectura parcial de las conclusiones periciales.
El perito concluyó que el instrumento 2 es una fotocopia láser color, con líneas tapadas y/o disimuladas con corrector. Que existe una descripción manuscrita con tinta pastosa sobre lo fotocopiado, agregando un cero. Que existe además un renglón completo que fue cubierto con corrector. En cuanto a las letras y números contenidas en el documento, señaló que existen distintas adulteraciones y agregados.
Cuestiona la recurrente la operación matemática que realiza la jueza, quien tomó como valor de inmueble el de 325.950..., cuando el demandado indicó un valor de mercado de 361.222 euros. A esa suma le restó como monto percibido el de 248.000 euros, basándose en esa prueba adulterada, llegando a una diferencia de 77.950 los que justifica señalando que faltaban trabajos en la obra.
La testigo Barroso declaró que la casa estaba terminada. La testigo Román dijo que estaba prácticamente completa, faltaban unos detalles, estaba casi todo completo. La testigo Rivero señaló que se encontraba la vivienda en sus terminaciones, al tiempo en que le encomendaron la venta. De esto resulta que es ilógica esa deducción del precio que la jueza hace en su análisis.
También se equivoca la jueza al valorar los elementos subjetivos que exige el artículo 954 del código civil. Se encuentra probado en autos el aprovechamiento que realizó el demandado, valiéndose de la situación de inferioridad circunstancial en que se encontraba la actora. El estado de necesidad no se mide exclusivamente por el hecho de la necesidad económica o problemas financieros, sino por una sumatoria de circunstancias adversas que colocaron a la actora en un estado de inferioridad: su ausencia de la Argentina y la confianza puesta en su apoderado. Se debió valorar la situación de vulnerabilidad e indefensión en qué se encontraba la actora desde que otorgó el poder hasta que advirtió que Marveggio había inscrito el inmueble a su nombre.
Cuando se está en presencia del elemento objetivo de la lesión, se invierte la carga probatoria, porque se presume el aprovechamiento. No obstante tal inversión de carga probatoria, la actora logró probar ese aprovechamiento mediante las declaraciones testimoniales.
No pudo ignorar la sentencia las manifestaciones de la testigo Rivero, de la inmobiliaria contratada por el señor Guillot para la venta, que participó en el año 2009 de la celebración del contrato de alquiler con opción a compra que se realizó en favor del señor Fabián Davin, también testigo en la causa. Manifestó la testigo la situación sospechosa en que se celebró el contrato al cual no pudo tener acceso, a pesar de haber concertado el mismo. Esa testigo en sede penal dijo que el demandado no le permitió en ningún momento acceder a la información de la operación, a pesar de que ella la había concertado.
De la declaración de la testigo Rivero se aprecia que la actora seguía actuando con el convencimiento de que era la propietaria del inmueble. Seguía dando instrucciones a la inmobiliaria, a la vez que el demandado cuidó todos los detalles para que la corredora inmobiliaria de confianza de Guillot no advirtiera que seguramente él ya no figuraba como propietario en el contrato de locación que se celebró.
De dicha declaración testimonial se advierte que los testigos ofrecidos por el demandado colaboraron en forma activa en el engaño.
La jueza se equivoca cuando dice que no existió explotación por parte del demandado, ni estado de ligereza por parte de la actora. Marveggio elaboró una maniobra engañosa. Utilizó un poder en su favor a los 60 días de que le había sido otorgado, sin entregar suma de dinero.
El hecho de que la actora haya tenido otras propiedades no impide que haya sido víctima de un aprovechamiento y abuso de confianza.
Cuestiona también el rechazo de las tachas que formulara a los testigos Mirábile y Rojas. De la lectura de la declaración de Mirábile se advierte la falsedad y lo tendencioso de sus dichos. Además el testimonio de la escribana no es coherente con el resto de la prueba rendida en la causa. Ella declaró que el demandado la visitó una sola vez, olvidando que bloqueó la propiedad en tres oportunidades, la última vez en su nombre. Desconoce entonces la testigo actos en los que ella misma participó y constan en la matrícula del inmueble en cuestión.
La testigo Rivero relató que en todo momento la escribana Mirábile evitó que tomara contacto directo y pudiese leer el contrato de locación con opción de compra.
En cuanto al testimonio de Rojas, debió tener presente la jueza que éste declaró que no quedó tan cordial en su relación con los actores cuando se volvió de España. Su relato es inverosímil en cuanto a que, como cocinero del restaurante de la actora, haya escuchado todos los diálogos habidos en una mesa donde supuestamente se encontraban el esposo de la actora y el demandado. Cuando fue preguntado por cuánto tiempo permaneció en la mesa, expresó que sólo se acercó en dos oportunidades, una para servir gaseosa y la otra para levantar la mesa. Reconoció que su tarea estaba en la cocina, con lo que no puede entenderse cómo pudo conocer todos los detalles de una negociación supuestamente privada de sus jefes. Este testigo inventó situaciones que ni siquiera el demandado invocó, como entrega en pago de 3 vehículos.
En definitiva, pide se acoja la demanda.
II. El accionado responde al memorial, pidiendo el rechazo del recurso, por las razones que expresa y a las que me remito.
III. El Sr. Fiscal de Cámaras señala que, dado que el expediente penal se ha quedado estancado desde el año 2.011, ha dejado de operar la prejudicialidad penal en función de lo dispuesto por el inciso b) del art. 1.775 del Código Civil y Comercial. Adhiero a tal pronunciamiento del Ministerio Público, con lo que podemos seguir adelante con el análisis de la apelación sin arriesgar la nulidad del decisorio.
IV. En forma preliminar, debo destacar que la apelación no supone una reedición del juicio habido, sino que constituye un procedimiento cuyo objeto consiste en verificar, sobre la base de la resolución recurrida, el acierto o el error con el que se han valorado los actos desarrollados durante la primera instancia (ver: Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Tomo V, 2º edición actualizada, Bs. As., AbeledoPerrot, 2001, p. 73). En esta segunda instancia se revisa el decisorio recurrido, no se renueva el debate. Es decir, se realiza una actividad indirecta y mediata sobre el mismo material trabajado en la instancia precedente (Prieto Castro, Leonardo, Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Madrid, Reus, 1950, p. 587; Morón Palomino, Manuel, Derecho Procesal Civil (Cuestiones fundamentales), Madrid, Marcial Pons, 1993, p. 359).
Con lo evocado queda claro que no es posible aquí atender cuestiones que no fueron alegadas oportunamente ante el Juez de Primera Instancia (compulsar: Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, 2° ed., La Plata, LEP, 2004 p. 388). Si alguna circunstancia fáctica no fue alegada en la instancia precedente, no puede ser tratada por la Cámara, sin violentar el principio de congruencia en la alzada, que sufre una doble limitación: los agravios vertidos por el recurrente y el modo en que quedó trabada la litis con la demanda y la contestación respectiva (cfme: Cuarta Cámara Civil de Mendoza, "Pérez Casana", 07/septiembre/2012, LS 241206).
Otro aspecto a considerar es que los límites de la revisión están dados por el alcance que el apelante haya impuesto a su recurso (tantum devolutum quantum apellatum). De tal modo, este Tribunal no podrá decidir cuestiones expresa o implícitamente relegadas por el recurrente (véase: Azpelicueta, Juan José - Tessone, Alberto, La alzada. Poderes y deberes, Bs. As., Editora Platense, 1993, p. 165).
Efectuadas las aclaraciones teóricas, veamos cómo quedó trabada la litis.
Se presenta Alejandra Lucero y demanda la nulidad, en los términos del artículo 954 del Código Civil, del acto jurídico "compraventa" pasado por escritura número 168 del protocolo de la notaria Jure Ramos. El acto tuvo lugar en la Ciudad de Córdoba con fecha 13 de noviembre de 2.008.
Relata que en el año 2008, ella y su esposo pasaban por una difícil situación económica. Ambos estaban radicados en Madrid y tenían una relación de estrecha amistad con el demandado Alejandro Marveggio. Incluso tenían negocios en común.
La actora y su esposo delegaron en Marveggio la gestión de venta de un inmueble ubicado en un barrio cerrado de Chacras de Coria, en nuestra provincia. El demandado le propuso que le otorgara un poder especial a su favor, extendido ante un notario madrileño.
Ese poder facultaba la enajenación del inmueble y la realización de todas las operaciones necesarias para ello. Se había estipulado que incluso podía comprar para sí. El demandado se aprovechó de tal circunstancia para adquirir el inmueble a un precio vil.
Había instruido al apoderado para que vendiese el inmueble en un precio de 355.000 euros. A principios del año 2.009 el demandado dijo que existía un comprador y comenzó a hacer entrega de dinero a la actora, en un total de 71.000 euros.
Luego de eso, en el demandado comenzó a tener conductas evasivas por lo que la actora hizo contacto con las inmobiliarias que anteriormente habían estado encargadas de la venta del inmueble. El esposo de la actora, Edgardo Guillot, comenzó a sospechar y viajó a Mendoza. Aquí descubrió que el demandado había adquirido el inmueble en noviembre de 2008 por la suma de $ 190.000 mediante la escritura traslativa de dominio que con esta acción impugna.
¿Cómo respondió el demandado?
Al contestar demanda, Alejandro Marveggio reconoce que todos vivieron en España, que fueron amigos y que hicieron negocios juntos. Negó que la actora estuviese en estado de necesidad económica. Lucero y su esposo, quienes tenían varios inmuebles en la Argentina y en España, decidieron desprenderse de esa vivienda ubicada en Chacras de Coria, ofreciéndola en venta al demandado. Marveggio aceptó la oferta y el ser apoderado para instrumentar la venta. Aclara que el precio de venta fue de 360.000 euros.
Aduce que por insistencia de la actora y especialmente de su esposo, adquirió un inmueble en la suma de 361,222 euros, la que fue pagada en sucesivas oportunidades.
Señala que 67.000 euros, que habían sido entregados en miras de un negocio gastronómico, se imputaron a cuenta de precio. Destaca que dada la relación de confianza todos los pagos se hicieron sin recibos. A mediados del 2009 las partes comenzaron a distanciarse y a su pedido se formalizó un resumen de los pagos efectuados, documento que acompaña. Los demás pagos efectuados son los que reconoce la actora en su demanda es decir la suma de 71.000...
Expone que el precio de 361.222 euros se fijó porque a la vivienda le faltaban varias terminaciones para poder ser habitada, pues se encontraba en obra gruesa avanzada.
Describe las distintas entregas de dinero señalando que el 5 de septiembre de 2009 canceló el precio de venta con el pago de la suma de 10.000...
V. Me dedicaré ahora a analizar la prueba.
Es muy relevante la prueba documental invocada por el demandado, la que hallamos a fs. 193/194. Se trata de dos documentos en donde la actora señaló que la firma corresponde a la de su marido, pero que tiene el contenido adulterado (ver fs. 230). Ese material fue peritado por un documentólogo, un licenciado en criminalística.
Este perito a fojas 471 expresó al Juzgado que la documentación era una reproducción a color, por lo que solicitó se proporcione la documentación original. A fojas 473 el tribunal decretó: "póngase en conocimiento de la parte demandada que a fin de realizar la pericia documentológica deberá acompañarse el original de la misma".
A fs. 585 se emplazó al perito documentólogo a que realice la tarea encomendada, decreto que quedó firme luego de un recurso de reposición planteado por la actora. Ese mismo decreto proveyó la presentación del demandado que señalaba acompañar los documentos originales oportunamente solicitados (ver fs. 584). A fs. 603/628 tenemos la pericia entregada.
Esos documentos que entregó el demandado los tenemos aquí a la vista. El documento 1 identificado por el perito es el que tenemos a fojas 193. El documento 2 es de fs. 194. Señala el experto que el documento 1 es una fotocopia con firma original. El documento 2 es una fotocopia láser color. En el documento 2 hay cobertura de una línea con corrector y agregado un cero con tinta pastosa negra. Las letras mayúsculas que el perito denomina erguidas no son todas iguales en el texto, ni en su morfología ni tamaño. Las letras mayúsculas en bastardilla son similares entre sí en morfología, pero no en tamaño. Las letras minúsculas erguidas no son todas similares entre sí, pero lo son las bastardillas. En cuanto a los números, los caracteres erguidos no son similares entre sí mientras que sí lo son los números en bastardilla.
El perito también informa las diferencias entre caracteres con bordes regulares y bordes irregulares, trayendo un cuadro comparativo a fs. 619.
El perito señaló que el examen químico de tintas mediante cromatografía es el más recomendado para diferenciar con mayor certeza la cantidad de tintas existentes en un mismo documento, pero la técnica no es viable en reproducciones, ya que se analizaría la sustancia pigmentaria del equipo copiador. Nos dice que en los escritos tipeados en computadora que utilizan procesadores de texto es posible modificar parcial o totalmente el escrito. Precisa que un documento impreso en un solo momento o acto necesariamente debe guardar regularidad en los aspectos mecánicos de su impresión.
Concluyó el experto en que el documento 1 aparenta ser realizado en un solo momento, mientras que el documento 2 no fue realizado en un solo momento de impresión. En este documento, los dos últimos renglones del cuarto párrafo, entre otros, pueden considerarse agregados. La tipografía difiere en distintas partes. Termina expresando que la verificación de irregularidades o anomalías en los originales confirmará la existencia de adulteración.
La pericia observada por el demandado, proveyó a fs. 645, pero nunca se completó el trámite impugnativo. En esta Cámara, la Dra. Mastrascusa ha señalado que cuando no se completa el procedimiento de la impugnación establecido en el Código Procesal Civil, la misma no debe ser tenida en cuenta pues no se agotó el contradictorio requerido para que el experto respondiera. La falta de trámite perjudica a quien hizo la impugnación. Comparto plenamente ese criterio por estar sustentado en la ley procesal (art. 179 del CPC).
En mi opinión, es claro que ese documento 2 es una composición defraudatoria. Naturalmente que en tiempos de Vélez Sársfield no se podía contemplar la tecnología actual. Ni computadora, ni fotocopiadoras eran imaginables. La normativa civil en materia de instrumentos privados quedó anclada en el siglo XIX. Recordemos que el Título 5 de la Sección Segunda del Libro Segundo del Código Civil llamado "De los instrumentos privados" no fue modificado en toda la vida del Código.
Destaquemos por ejemplo que la doctrina del siglo pasado ya se preguntaba qué sucedía si el instrumento tenía enmiendas o raspaduras, pues el Código nada decía al respecto. Enmendar o raspar era la manera de alterar el soporte documental en aquellas épocas. Se señalaba que la existencia de irregularidades suscita una sospecha contra la exactitud de las menciones, por lo que el interesado es quien debía demostrar en juicio que tales alteraciones respondieron a lo que se había convenido. Se trata de una cuestión de hecho, pero en la duda se ha de estar contra la validez de lo cuestionado (ver: Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo II, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1986, pp. 414415).
Ese tipo de maniobras estaba y está prevista por el Código Penal como delitos contra la fe pública, estableciendo: "El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado" (art. 292).
Ya la ley civil vigente prevé la existencia de enmiendas, entrelíneas y raspaduras, señalando que deben estar salvadas (art. 316, Código Civil y Comercial). Justamente el hecho de salvar tales correcciones es por la ejecución en distintos tiempos entre lo inicial y lo enmendado. Pero claro, la falsificación de documentos sigue siendo materia del Derecho Penal, por eso es que corresponde que como jueces hagamos la correspondiente denuncia mediante compulsa a la Justicia del Crimen (art. 329, Código Procesal Penal).
En definitiva, estamos en presencia de fotocopias color que el demandado quiso hacer pasar como originales, lo que revela su deslealtad (art. 22, CPC). Con el agravante de que el documento 2 es copia de una composición, que contiene diferencias entre tipos de letras. Considero que tales documentos no sirven más que para probar que hubo de parte de Marveggio la intención de perjudicar a la actora. Ningún pago pueden acreditar, solo la existencia de un timo.
VI. Dejemos por un momento el análisis probatorio y avoquémonos a los hechos.
Hubo un poder otorgado ante un notario español, por la actora y su marido, en favor del demandado. Ese instrumento lo hallamos a fs. 42/48. Es el instrumento habilitante que la notaria relaciona en la escritura continente del acto jurídico atacado. Aprovecho para distinguir entre nulidad de acto jurídico y nulidad de escritura para señalar que está bien que no se haya demandado a la notaria autorizante del acto, pues lo que se ataca es éste (sobre esto, véase: Suprema Corte de Mendoza, "Hugalde de Sánchez", 27/diciembre/2007, LS 385043).
Mediante esa compraventa, Marveggio compareció como parte "vendedora", en su calidad de representante de la actora, y como "comprador", por su derecho. Adquirió así el dominio de un inmueble situado en Chacras de Coria, pues declaró allí que ya estaba desde antes en posesión del inmueble. Así es que, aunque salvo derechos de terceros, todo ello tuvo efecto entre partes. También utilizó el poder para otorgar -en nombre del esposo de la actora el asentimiento conyugal para la venta.
Buceando en bibliotecas físicas y virtuales, me reencontré con una de esas joyas de la jurisprudencia. La carátula me resultó conocida. Hace años había visto ese fallo, pero no le había prestado mayor atención. Es del año 1.964. Fue dictado por Guillermo Borda y Jorge Llambías quienes, junto a Rodolfo de Abelleyra, eran los jueces de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por aquellos tiempos (caso "Peralta, Josefa del Carmen c. Trepat, Lorenzo S.", 18/diciembre/1964, L. L. Online AR/JUR/18/1964). El juez preopinante fue Borda. Los otros magistrados adhirieron a su voto. Llambías haciendo una mínima salvedad.
Lo interesante del caso es que, no solo se trata de una nulidad de una compraventa que se había realizado entre dos personas que estaban relacionadas por un mandato preexistente, sino que la actora alegó nulidad por lesión, algo que -como podemos darnos cuenta no tenía a esa fecha consagración legislativa, sino autoral y jurisprudencial. El instituto de la lesión recién se incorporaría unos pocos años después, en 1.968, con la reforma de Ley 17711, obra del mismísimo Borda. Como vamos advirtiendo, alguna similitud tiene aquel caso con este que hoy nos toca decidir.
Borda ya se había ocupado tiempo antes de la denominada lesión enorme. Desde su mismo puesto de juez, en 1958 en un caso caratulado "Orlando c/ Orlando" (L. L. 93543). Ese fue el caso que motivó la tesis doctoral de Luis Moisset de Espanés, como él mismo lo cuenta en lo que después se publicó como libro (Moisset de Espanés, Luis, La lesión en los actos jurídicos, Córdoba, UNC - Dirección General de Publicaciones, 1979, p. 13).
En aquel fallo "Peralta c/ Trepat" incluso se aludió a la figura del autocontrato, que es un fenómeno que tenemos aquí, pues eso es el acto jurídico atacado. El denominado autocontrato consiste en el supuesto en que una misma persona celebra y concreta un contrato o un negocio jurídico en general, ya bien actuando en nombre y representación de dos sujetos distintos, o en nombre e interés propio con el de su representado (Compagnucci de Caso, Rubén H., "El autocontrato", L. L. 2016F, 863).
Yo participo de la tesitura contractual de la figura. No es en mi opinión un acto unilateral. Según Compagnucci de Caso, Alberto Spota lo explicaba así: "Los contratantes a quienes el ordenamiento jurídico imputa estas declaraciones son distintos, aun cuando tales declaraciones de voluntad recíprocas reconozcan, como soporte psicológico, a la misma persona" (op. cit.). Ni más, ni menos.
Esa compraventa pasada ante la notaria Jure Ramos constituyó entonces un autocontrato. Expondré cómo es que encuentro que la demanda debe proceder. Además de lesión, hubo abuso del poder otorgado. Esta figura es distinta de la hipótesis de exceso de poder. El demandado actuó dentro de los límites de sus facultades, pero en perjuicio de su representada (véase: Fontanarrosa, Rodolfo O., "Apuntes para una teoría general de la representación con especial referencia a la materia comercial", Derecho Comercial Doctrinas Esenciales, Tomo I, 487).
El art. 1918 del Código Civil prohibía al mandatario comprar lo que se le había encomendado vender, salvo que fuese con su aprobación expresa. Similar prohibición expresaba el art. 1361, inc. 4º, del mismo Código. La regla parece ser la veda al autocontrato. Digo parece, porque el Código también señalaba que el mandatario que estuviese encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo -y aclaraba al interés corriente (art. 1.919). Ahí está el quid del problema: el conflicto de interés y el perjuicio al mandante.
En principio, el autocontrato es válido. Constituyen excepciones a la regla general el supuesto de representación legal y la existencia de perjuicio para el representado. Aun mediando conflicto de intereses o perjuicio para el representado el acto podrá ser subsanado mediando aprobación posterior del representado (XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil - Mar del Plata 1995).
El Código Civil y Comercial de la Nación, en el Capítulo referido a la "Representación", ordena hoy: "Acto consigo mismo. Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco puede el representante, sin la conformidad del representado, aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la representación a sus propios negocios, o a los ajenos confiados a su gestión".
Es decir, siempre el legislador ha mirado la figura con cautela. Veamos qué pasa en Europa. No está de más caer en la cuenta que el contrato de mandato entre Lucero y Marveggio se celebró en España.
El artículo 1459 del Código Civil español preceptúa: "No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:... 2. Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados".
Los Principios de Derecho Europeo de los Contratos nos dicen: "Artículo 3:205: Conflicto de intereses. (1) Si el contrato celebrado por un representante coloca a éste ante un conflicto de intereses que el tercero conocía o no podía ignorar, el representado puede anular el contrato conforme a las disposiciones de los artículos 4:112 a 4:116. (2) Se presume que hay conflicto de intereses:... (b) Cuando el representante hubiera celebrado el contrato consigo mismo y en su propio nombre. (3) Sin embargo el representado no puede anular el contrato: (a) Si hubiera consentido o no pudiera ignorar tal actuación del representante, o (b) Si el representante le hubiera comunicado la existencia de un conflicto de intereses y el representado no se hubiera opuesto al mismo en un plazo razonable".
Esos artículos 4:112 a 116 están, como su prefijo lo indica, en el capítulo 4 intitulado "Validez". En ese sistema, la anulación funciona mediante comunicación de una parte a la otra.
En España también se mira la autocontratación con cautela. El Tribunal Supremo de ese país caracterizó la figura como "la modalidad más genuina (y tachada de más peligrosa por el mayor riesgo de parcialidad) que se da cuando existe una sola voluntad que hace dos manifestaciones jurídicas conjugadas y económicamente contrapuestas..., es decir, cuando una persona cierra consigo misma un contrato actuando a la vez como interesada y como representante de otra" (STS 9341/2001, de 29 de noviembre).
¿Y por qué insisto con el Derecho español? Porque -como bien señala esa sentencia hispana la cuestión jurídica que se plantea tiene como punto de partida el poder de representación y como punto de llegada el contrato de compraventa. Para la ley argentina, la validez o nulidad, naturaleza y obligaciones que produzcan los contratos se juzgan por las leyes del lugar de su celebración (art. 1.205, Código de Vélez Sársfield), pero aunque el contrato se hubiera celebrado fuera de la Argentina, si debiera ser ejecutado aquí, es regido por nuestra ley (art. 1.209 del mismo Código). Los problemas generados a partir de esas normas de Derecho Internacional Privado están hoy reflejados en el art. 2.652 del Código Civil y Comercial.
Al tiempo de celebración del mandato la actora y el demandado estaban domiciliados en España. El poder que utilizó Marveggio para celebrar el acto impugnado lo consigna como residente en ese país. No quiero tomar posición respecto de la cuestión de la ley aplicable, pues soy consciente que las partes no la han abordado. Lo que quiero es demostrar, más allá del interés propio que suscita el estudio del Derecho Comparado, cómo es que ambas legislaciones son armónicas.
La compraventa, como contrato de cambio que es, resulta ser campo fértil para generación de conflictos de intereses cuando hablamos de autocontrato. La colisión puede darse especialmente por el precio y aquí tenemos el problema. Bien se señala que ese escollo se supera preestableciendo el precio entre representado (vendedor) y representante (comprador) o dejándolo a la fijación de terceros (ver: Estruch Estruch, Jesús, "Eficacia e ineficacia del autocontrato", Anuario de Derecho Civil del Boletín Oficial del estado, Madrid - 2013, Tomo LXVI, Fascículo III, p. 1.018).
Estamos hablando de personas que hacen negocios. También la actora es de operar en el mundo del comercio, pero aquí importa poner la lupa en el demandado, en el mandatario. La rendición de cuentas es propia de toda gestión por cuenta ajena. La regulación del mandato mencionaba la institución en el art. 1.898 del Código Civil. Es claro que en tal caso hay una obligación del mandatario hacia el mandante. Debe rendir cuenta especialmente en cuanto al precio de la venta encomendada, algo que Marveggio mantuvo en absoluta opacidad.
Rendir cuentas de una gestión es informar al dueño del negocio o interesado en él, por cuya cuenta actúa el gestor, de todo lo que ha hecho en su interés. Es presentar la descripción gráfica de lo realizado (Fontanarrosa, Rodolfo O., Derecho Comercial Argentino - Parte General, Tomo 1, Buenos Aires, 9° edición, Buenos Aires, Zavalía, 1997, p. 384). Nada de esto puede verse en la conducta del demandado. ¿Por qué? Justamente, pues porque había cerrado un negocio ruinoso para su mandante y en mero beneficio propio.
Hay que recordar ese texto legal en donde se subsume los hechos de esta causa: "Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda" (art 954, Código Civil).
VI. Retomemos la evaluación de la prueba.
La testigo Román, arquitecta a cargo de la construcción de la vivienda, declaró que el inmueble tenía un valor de cerca de 400.000 dólares, porque el terreno es caro y la casa es importante: cuatro dormitorios, estar comedor principal amplio, cocina, lavadero, quincho cochera, dependencia de servicio, un estudio y cuatro baños (fs. 263 y vta.).
Alejandro Dabin es quien habitaba la casa al tiempo de su declaración testimonial. Dijo que se la alquiló a Marveggio, a quien identifica como el propietario. Indicó que en la operación de alquiler intervino una inmobiliaria y que firmó el contrato en una escribanía. Señaló que el propietario le indicó que fuese a escribanía. Cree que el nombre de la escribana era Mirábile (fs. 270 y vta.).
La escribana Mirábile declaró a fs. 287 y vta. Expresó que gestionó los certificados registrales del inmueble por pedido de la escribana cordobesa Jure Ramos. El abogado de la actora formuló lo que es una evidente tacha relativa del testimonio, pues reclamó que se valore debidamente esta prueba, no que se excluya.
Héctor Rojas -otro testigo fue empleado de Lucero en España. Era cocinero en su restaurante. En ese local conoció a Marveggio. Declaró que la vivienda la compró Marveggio y que él sabe que éste estaba pagando por esa propiedad, que entregó tres automotores (una Toyota, un Mercedes y un Audi). Dijo que en su presencia Marveggio le entregó a Guillot diez mil euros. Apreció una buena relación entre las partes, hasta que no volvieron a juntarse más. Expresó que su relación con la actora no quedó tan cordial luego de que está vendiera el restaurante. Él se tuvo que volver de España porque le denegaron el permiso de trabajo debido a que su empleadora no tenía al día los pagos de la seguridad social. Indicó que las partes tuvieron dos reuniones.
Todo este análisis probatorio me lleva a concluir que el único pago de precio acreditado es el señalado por la actora en su demanda: 71.000 euros.
El demandado reconoció no tener recibos de otros pagos que dijo hacer. Ese documento de fs. 194 está gravemente adulterado. Lucero reconoció que la firma se correspondía con la de su esposo, pero advirtió que el contenido estaba fraguado. La pericia termina señalando que ese documento, no solo es una copia, sino que contiene multiplicidad de agregados, de adulteraciones.
No puede pasar por alto una realidad que bien destaca la recurrente: cuando el Juzgado, a pedido del perito, instó al accionado a presentar los originales, entregó fotocopias. A simple vista, parecen originales. Solo con la pericia pudimos saber que se trata de fotocopias. Por ello fue que para el Juzgado, cuando a fs. 584 el letrado del accionado presentó esos documentos como originales, creyó que eran originales y así lo consignó en el cargo.
Marveggio, a través de su representante en este juicio, violó su deber de lealtad y probidad procesal (art. 22, CPC). Quiso hacer pasar por auténtico algo que es falso. No reprocho a su abogado porque no tengo elementos para saber si éste sabía tal falsedad. Quien sin dudas lo sabía era Alejandro Marveggio.
Esa inconducta procesal unida al resultado de la pericia me lleva al convencimiento de que no hay prueba que acredite esa artificiosa cantidad de 270.222 euros que consigna ese documento fraguado. Es una presunción humana o judicial (praesumptio hominis) fácil de compartir que si un litigante presenta primero simples fotocopias con su contestación de demanda y, emplazado a aportar los originales, acompaña fotocopias construidas a base de adulteraciones como si fueran los originales, es porque no hay original que le convenga o, simplemente, no hay original. Lo concreto es que falta autenticidad documental, que es lo que la actora ha denunciado desde el comienzo.
Hay más elementos de lo que considero una burda maniobra. Me pregunto, ¿por qué no están en ese documento n° 2 las cantidades que suman los 71.000 euros reconocidos en la demanda? ¿Por qué -si el documento n° 2 era un resumen de todo lo entregado tampoco están esos 20.000 del documento n° 1?
Otros datos me conducen a reafirmar lo que al principio fue una sospecha. Si como dice el accionado en su responde la actora le ofreció el inmueble en 360.000 euros (fs. 207), ¿por qué lo terminó adquiriendo según él en 361.222 de esa moneda? ¿Pagó más de lo que le pedía el vendedor? Nótese que Marveggio sostiene que la obra estaba inconclusa, "en obra gruesa avanzada" dijo (fs. 208). Es decir, ¿pagó de más voluntariamente? ¿Estaremos frente a una liberalidad de su parte? Lo dudo y mucho.
La única coincidencia entre lo postulado por el accionado y lo declarado por el testigo Rojas sería la entrega de la camioneta Toyota Hilux. Tiene razón la apelante: ese testigo trajo hechos -daciones de dos vehículos en pago, un Mercedes Benz y un Audi que ni Marveggio dijo haber entregado. Encuentro que este testimonio no cabe ser descartado, pero debe restarse valor probatorio más que nada por falta de rigor en el conocimiento de la operación. Una persona que solo atendió a los comensales en una mesa y los vio reunidos dos veces, dudoso resulta que pueda saber detalles de lo que se estaba tratando allí.
La testigo Esther Rivero convence acerca de lo solapada de toda la maniobra de Marveggio. Ella, quien tenía como corredora el inmueble a la venta, terminó alquilándolo al Sr. Dabín. Era quien se comunicaba con Guillot (como el esposo de la dueña) y con Marveggio (como el apoderado de ellos). Cuando hubo que cristalizar documentalmente el alquiler, se hizo todo lo posible como para ocultar que Marveggio era ya el titular del bien raíz.
El acto jurídico atacado señala el precio de la operación ($ 190.000). Marveggio, en nombre de Lucero, lo declara bajo fe de juramento, tenerlo recibido con anterioridad a esa escritura y a su entera satisfacción. Ya tenemos una mentira. Hizo declarar en la escritura un precio que no es el que él dijo pagar. ¿Algo que se hace en la práctica notarial? Sí, desgraciadamente es verdad, en fraude a las leyes (impositivas, por lo general) o en perjuicio de terceros. De cualquier modo, la costumbre contraria a la ley -por más extendida que esté no es justificación ni constituye amparo jurídico, ni antes (art. 17, Código Civil) ni ahora (art. 1, Código Civil y Comercial).
Lo concreto es que quien figura como comprador en una operación inmobiliaria pagó 71.000 euros por un inmueble valuado a noviembre de 2.008 en casi 410.000 dólares (ver pericia de fs. 576).
Tenemos testigos propuestos por la actora que señalaron que la vivienda estaba prácticamente terminada cuando la actora se fue a España. Los testigos presentados por la demandada señalan que hicieron trabajos de terminación. De cualquier modo, ni aun considerando los pagos por trabajos de construcción que Marveggio aduce en su contestación de demanda puede acercarse al valor de la vivienda.
Sumando los dos presupuestos acompañados por el demandado llegamos a la suma de $ 134.510. Esa cantidad traducida a euros al 30 de noviembre de 2008 ($ 4,27 por euro) serían 31.499,53 de la moneda europea. Así, sumando los 71.000 a esa cantidad, es algo así como la cuarta parte de la valuación por aquellos años.
Conforme surge del art. 954 del Código Civil, los elementos de la lesión subjetiva son tres, uno de naturaleza objetiva (ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación) y dos de carácter subjetivo, el primero relacionado con la víctima (situación de necesidad, ligereza o inexperiencia) y el segundo con la actitud lesiva (aprovechamiento). Hay un muy buen artículo de doctrina que describe la institución (Stiglitz, Rubén S. Pizarro, Ramón D., "Lesión subjetiva. Aspectos sustanciales y procesales", RCyS 2010V,45).
El elemento objetivo está presente. En el mejor caso para el demandado, lo desembolsado es un cuarto del precio del inmueble. La desproporción impresiona. El contrato no es conmutativo, claramente. Y eso que tomo el valor informado por la pericia realizada por el martillero. Si consideramos el precio acordado según el propio demandado (361.222 euros), lo efectivamente pagado (71.000 euros), resulta ser que pagó sólo el 19,65 % del precio. Acá ya no considero los gastos constructivos que el demandado invoca porque se trata del precio de lo comprado. Es decir, hablando de precios y sobre la base de los argumentos de hecho traídos por el propio accionado, el resultado le es más desfavorable todavía.
Dispone el art. 954 del Código Civil que "... los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda...". El martillero señaló a octubre de 2.011 (momento de la demanda) una valuación de 471.076,45 dólares con un dólar a $ 4,235, que traducidos a euros arroja unos 330.000 euros. Tomé la cotización del euro al mismo día indicado por el martillero (20 de octubre de 2.011) que tenía un valor de $ 6,052. Llegué así a la cantidad de 329.644,54 euros traduciendo los $ 1.995.008,78 de la valuación pericial a aquella época (ver fs. 576/577).
Como vemos la evidente desproporción era originaria y subsistente, con lo que el elemento objetivo está configurado.
Tratándose el impugnado de un autocontrato, es más complejo el análisis de la inferioridad de la actora y el aprovechamiento del demandado. Las dos voluntades negociales fueron expresadas por la misma persona, quien termina siendo el beneficiado al fin de cuentas.
Esto se resuelve desentrañando la naturaleza jurídica de la institución. Me valdré de ese artículo de Stiglitz y Pizarro.
Hay quienes -como Rubén Stiglitz aprecian la lesión como dolo. Así, la falta de libertad suprime la voluntad y ésta constituye un elemento esencial del acto por lo que es inválido el acuerdo. Si el apoderado de la vendedora termina siendo el comprador, la doble voluntad es ilusoria, es una ficción de la ley. De allí toda esa elaboración de los Principios Europeos del Derecho de los Contratos en materia de invalidez del negocio cuando hay conflicto de intereses. La vendedora, Alejandra Lucero, directamente no estaba en el acto jurídico. ¡Qué más falta de libertad que esa cuando su voluntad estaba siendo expresada por el sujeto mismo que la estaba timando!
Además, está la falta de buena fe lealtad en la conducta del aprovechador. Por definición, la lesión importa un "sometimiento" al esquema implementado por quien, amparado en una realidad fáctica caracterizada por una situación de inferioridad de la víctima, aprovecha esa situación y cercena al sometido la posibilidad de "elegir" en libertad. De allí que la voluntad del lesionado se halla viciada por condicionamientos ligados a su situación de necesidad, ligereza o inexperiencia, que lo compelen a optar por una solución que puede no ser querida o que, valorada en su justa dimensión, sería rechazada. Todo esto es explicado por los autores precitados con abundante jurisprudencia, a la que remito.
Otro modelo es el que aprecia directamente a la lesión como acto ilícito y de allí que se anule el negocio. Esta es la visión de Ramón Pizarro. Cabe señalar que ambas posturas son compatibles.
No puede ser calificado sino como ilícito el acto de quien se aprovecha de modo deliberado, explotando la situación de inferioridad de la víctima, para obtener un beneficio sin justificación para sí o para un tercero. Tenemos aquí una conducta formal y materialmente antijurídica, imputable subjetivamente al agente, que arroja un resultado perjudicial para la víctima y que guarda relación causal adecuada con este último. Quien lesiona obra con aviesa intención. En esta tesitura se enrola también Moisset de Espanés (op. cit., pp. 239241).
Marveggio se aprovechó de Lucero, del poder que ésta le había extendido. Adquirió así la propiedad de un inmueble pagando solo la cuarta parte de su valor. La antijuridicidad del acto me resulta patente, con lo cual voto por la nulidad del acto jurídico impugnado.
La mala fe del demandado ha proseguido en este pleito, presentando documentos adulterados con el fin de sostener una falacia urdida con el objetivo de conservar lo obtenido con su fraude.
La incorporación del segundo párrafo del art. 954 del Código Civil fue una de las grandes virtudes de la Ley 17711. Si Marveggio hubiese recapacitado, a pesar de su obrar histórico doloso, podría haber conservado el acto jurídico echando mano a la opción que el mismo art. 954 le daba: hubiera podido evitar la nulidad ofreciendo un reajuste. Él eligió lo que hoy es la consecuencia de lo acontecido.
Algo queda por acotar. A fs. 648 la demandada solicitó se tengan por absueltas las posiciones que debía confesar la actora, a lo que el Juzgado proveyó que se tuviera presente para su oportunidad. En la sentencia recurrida nada se dijo, pero es bueno señalar que la petición de confesión ficta no puede admitirse. A fs. 646 solo obra constancia de notificación de la audiencia respectiva a los domicilios legales. Nunca se notificó al domicilio real de la actora, lo que era procesalmente necesario (art. 188I, CPC). En lugar de tal notificación, el Juzgado había dispuesto que se le notificara a la actora en los estrados del Tribunal (ver decreto de fs. 645), lo que tampoco tuvo lugar.
La notificación en los estrados del Tribunal es procedente cuando se comparece al pleito pero no se denuncia domicilio real (art 21, CPC). Es un acto de comunicación procesal que dista en mucho de la denominada notificación ficta o por ministerio de la ley. Se practica, como toda notificación a domicilio, por cédula diligenciada conforme el art. 70 del CPC. Queda usualmente fijada en la puerta del Juzgado, junto a la lista diaria y a la nómina de presentaciones por Secretaría Nocturna. Dicha notificación jamás existió.
Debo decir que -de cualquier modo de haber sido eficaz la petición de confesión ficta de fs. 648, la situación no hubiese cambiado en nada. El pliego inserto a fs. 228 solo contiene una posición relevante en cuanto al caso que dice "para que jure como es verdad que recibió de conformidad el precio de la vivienda referida", pero ni siquiera habla de qué precio sería aquél. Hay suficientes elementos como para concluir que sólo recibió la actora la cantidad de 71.000 euros y esto es lo decisivo.
Por todo lo analizado y en definitiva, acerca de la primera cuestión propuesta, mi voto es por la negativa.
Los Dres. Mastrascusa y Colotto adhieren al voto que antecede por idénticos fundamentos.
SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MÁRQUEZ LAMENÁ DIJO:
Las costas de alzada deben ser a cargo de la recurrida por resultar vencida (art. 36I, CPC), al igual que los honorarios de primera instancia por la misma razón. En cuanto a las incidencias de tachas de testigo, pude ver que ni en la sentencia apelada ni en su auto aclaratorio hay decisión respecto de las costas. Tampoco en el memorial la apelante se agravia de tal omisión, por lo que entiendo que esta Cámara no puede pronunciarse sobre el particular. Este es mi voto.
Sobre la misma cuestión los Dres. Mastrascusa y Colotto adhieren al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:
SENTENCIA:
Y VISTO:
El acuerdo que antecede, el Tribunal
RESUELVE:
1°) Admitir el recurso de apelación de fs. 686. En consecuencia, revocar la sentencia de fs. 676/683 y su auto aclaratorio de fs. 691/692, la que queda redactada en su parte resolutiva del siguiente modo:
"I. Hacer lugar a la demanda presentada por la Sra. Alejandra Marcela Lucero en contra del Sr. Alejandro Amadeo Marveggio. En consecuencia, declárase la nulidad del acto jurídico pasado por escritura n° 168 del protocolo de la notaria María Solange Jure Ramos, que tuviera lugar en fecha 13 de noviembre de 2.008.
II. Imponer las costas a la demandada por resultar vencida.
III. Regular los honorarios profesionales por su intervención en las actuaciones principales de los Dres. Rosa Gloria Cichinelli (mat. 5070) (4 % del 100 %) en la suma de pesos doscientos quince mil treinta y dos ($ 215.032); Claudia Pérez Santos (mat. 5059) (4 % del 100 %) en la suma de pesos doscientos quince mil treinta y dos ($ 215.032); Miriam Letard (mat. 5288) (3 % del 100 %) en la suma de pesos ciento sesenta y un mil doscientos setenta y cuatro ($ 161.274), Juan Felix Bonilla (mat. 4187) (3 % del 100 %) en la suma de pesos ciento sesenta y un mil doscientos setenta y cuatro ($ 161.274), Sergio Catania (mat. 3630)(1 % del 100 %) en la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho ($ 53.758), Leandro Molina Latino ( 1 % del 100 %) en la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho ($ 53.758), Juan Cichinelli (mat. 8593) ( 1 % del 100 %) en la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho ($ 53.758), Alejandro Sella (mat. 3598) (8 % del 70 %) en la suma de pesos trescientos un mil cuarenta y siete ($ 301.047), Juan José Emma (mat. 4042) (5 % del 70 %) en la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro ($ 188.154), Maria Cecilia Baziuk (mat. 8376) (1 % del 70 %) en la suma de pesos treinta y siete mil seiscientos treinta con 80/100 ($ 37.630,80) y Luciano Fornabai en la suma de ciento cincuenta mil quinientos veintitrés ($ 150.523), todos a la fecha de la presente resolución y sin perjuicio de complementarios e IVA de corresponder (art. 2, 3, 31 y cc. de la LA).
IV. Regular los honorarios de los peritos intervinientes en autos: a) Perito documentólogo Carlos Daniel Puiggrós en la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), b) perito tasador Juan Pablo Savoy en la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), c) perito informático Horacio Edgar Passerini en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) todos a la fecha de la presente resolución y teniendo en cuenta la envergadura de la terea realizada por cada uno de ellos, sin perjuicio de complementarios.
V. Firme por Mesa de Entradas remítanse a Origen las actuaciones venidas en calidad de A.E.V.
VI. Regular los honorarios por el incidente de nulidad resuelto a fs. 345 a los Dres. Rosa Cichinelli, Claudia E. Pérez Santos, Miriam L. Letard en la suma de pesos sesenta y cuatro mil quinientos diez ($ 64.510) (6 % del 20 %), cada uno respectivamente; Alejandro Sella en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete ($ 45.157) (6 % del 70 % del 20 %), Juan José Emma Planas en la suma de pesos noventa mil trescientos catorce ($ 90.314)(12 % del 70 % del 20 %) sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder (arts. 2, 3, 4, 14, 31 y cc. de la LA).
VII. Regular los honorarios respecto del recurso de reposición resuelto a fs. 397 a los Dres. Alejandro D. Sella en la suma de pesos sesenta y cuatro mil quinientos diez ($ 64.510)(6 % del 20 %); Mariana P. Guallana en la suma de pesos ciento veintinueve mil veinte ($ 129.020) (12 % del 20 %), Leandro H. Molina Latino en la suma de pesos treinta mil ciento cuatro ($ 30.104) (4 % del 70 % del 20 %), María X. Rodríguez en la suma de pesos treinta mil ciento cuatro ($ 30.104) (4 % del 70 % del 20 %), Juan T. Cichinelli en la suma de pesos treinta mil ciento cuatro ($ 30.104) (4 % del 70 % del 20 %) y Gloria Cichinelli en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y seis ($ 45.156) (6 % del 70 % del 20 %) sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder (arts. 2, 3, 4, 15, 31 y cc. de la LA).
VIII. Regular los honorarios profesionales por el recurso de reposición resuelto a fs. 595 a los Dres. Rosa Gloria Cichinelli en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y seis ($ 45.156) (6 % del 70 % del 20 %), Claudia E. Pérez Santos en la suma de pesos noventa mil trescientos catorce ($ 90.314) (12 % del 70 % del 20 %); Alejandro D. Sella en la suma de pesos sesenta y cuatro mil quinientos diez ($ 64.510)(6 % del 20 %) y Juan J. Emma Planas en la suma de pesos ciento veintinueve mil veinte ($ 129.020) (12 % del 20 %) sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder (arts. 2, 3, 4, 15, 31 y cc. de la LA).
IX. Regular los honorarios profesionales por la tacha de fs. 289 a los Dres. Juan F. Bonilla en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete ($ 45.157), Miriam L. Letard en la suma de pesos veintidós mil quinientos setenta y ocho ($ 22.578), Juan José Emma Planas en la suma de pesos treinta y dos mil doscientos cincuenta y cinco ($ 32.255); y por la tacha de fs. 309/313 a los Dres. Claudia Pérez Santos en la suma de pesos veintidós mil quinientos setenta y ocho ($ 22.578) y al Dr. Alejandro D. Sella en la suma de pesos treinta y dos mil doscientos cincuenta y cinco ($ 32.255) sin perjuicio de los complementarios que pudieran corresponder (arts. 2, 3, 4, 14, 31 y cc. de la L.A.). CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE".
2°) Costas de alzada a cargo del demandado apelado.
3°) Regular los honorarios por el trámite de la apelación, del siguiente modo: a los Dres. Rosa G. Cicchinelli en la suma de pesos ciento dieciséis mil ciento dieciocho ($ 116.118), Claudia Pérez Santos en la suma de pesos ciento noventa y tres mil quinientos treinta ($ 193.530), Sergio Catania en la suma de pesos ciento noventa y tres mil quinientos treinta ($ 193.530), Juan José Emma Planas en la suma de pesos ochenta y un mil doscientos ochenta y dos ($ 81.282) y Alejandro Sella en la suma de pesos doscientos setenta mil novecientos cuarenta y dos ($ 270.942), sin perjuicio de complementarios e IVA de corresponder (arts. 3, 15 y 31, Ley 3641).
NOTIFÍQUESE Y BAJEN.
DRA. GRACIELA MASTRASCUSA - DR. GUSTAVO ALEJANDRO COLOTTO - DR. SEBASTIÁN MÁRQUEZ LAMENÁ.
recuperado de:http://www.rubinzalonline.com.ar/fallo/19123/

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