miércoles, 13 de septiembre de 2017

Se responsabiliza en forma concurrente al vehículo embistente y al carro traccionado por un caballo embestido por aquel en una autopista, toda vez que la Ley de tránsito proscribe la circulación de vehículos de tracción a sangre en autopistas

Se responsabiliza en forma concurrente al vehículo embistente y al carro traccionado por un caballo embestido por aquel en una autopista, toda vez que la Ley de tránsito proscribe la circulación de vehículos de tracción a sangre en autopistas

Partes: Rodríguez Esteban Adrián c/ Monzón Juan Carlos y otros s/ daños y perjuicios
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: J
Fecha: 2-may-2017
Cita: MJ-JU-M-105384-AR | MJJ105384 | MJJ105384
Se responsabiliza en forma concurrente al vehículo embistente y al carro traccionado por un caballo embestido por aquel en una autopista, toda vez que la Ley de tránsito proscribe la circulación de vehículos de tracción a sangre en autopistas. Cuadro de rubros indemnizatorios.
Sumario:
1.-Corresponde responsabilizar en forma concurrente a la víctima del accidente y al embistente, toda vez que la Ley de tránsito -N° 24.449 en su art. 46 – proscribe la circulación de vehículos de tracción a sangre en autopistas y vías multicarriles, y si bien dicho vehículo fue embestido, la conducta del accionante implicó sin dudas invadir un ámbito exclusivo para el tránsito vehicular y de potencial peligro, emprendiendo la circulación por una vía de intenso caudal vehicular y exponiéndose a una situación de extrema peligrosidad.
2.-Debe entenderse que el accidente se produjo por culpa concurrente de las partes en tanto se ha configurado un riesgo concreto por parte de la víctima por la circulación indebida con un carro traccionado por un caballo en una autopista, cerca de vehículos de masa muy superior y cuyos conductores no pueden suponer su presencia en esa vía, lo que impide establecer la exclusiva responsabilidad en cabeza del conductor que lo embistió.
3.-Debe ser confirmado el importe acordado en relación al rubro tratamiento psicológico, ya que la pericia recomienda la necesidad de tratamiento psicológico individual, con el propósito de propender a elaborar la vivencia traumática sufrida y las consecuencias sobrevinientes a los fines de su posible agravamiento, de por lo menos un año con frecuencia semanal.
4.-Corresponde confirmar el importe reconocido como gastos de traslado, farmacia y asistencia médica por considerarse adecuado en razón de que este rubro debe ser valorado con criterio amplio, sin que sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente.
5.-A los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, desde la fecha del perjuicio objeto de reparación hasta la fecha de la sentencia de primera instancia se devengará la tasa pasiva, y recién a partir de allí sobre la totalidad de los rubros resarcitorios y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general -préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Fallo:
Buenos Aires, a los dos días del mes de mayo de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Rodríguez Esteban Adrián c/ Monzón Juan Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios ” La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:
I. La sentencia de primera instancia obrante a fs. 311/318 admitió parcialmente la demanda incoada por Esteban Adrián Rodríguez, condenado en consecuencia Juan Carlos Monzón, David Antonio Rodríguez y su aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. a pagar la suma de $ 44.700 con mas sus intereses y costas del proceso. Del decisorio apela la parte demandada y la citada en garantía expresando agravios a fs 359/363 y la parte actora cuya quejas lucen a fs 365/370. Corridos los pertinentes traslados de ley obra a fs 372/375 el responde de las accionadas a su contraria. A fs.377 se dictó el llamamiento de autos, providencia que se encuentra firme, quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.
II. Agravios La parte demandada cuestiona la responsabilidad endilgada en la instancia de grado, señalando en breves líneas que el sentenciante de grado no valoró la conducta de la víctima quien perdió el dominio del carro que conducía violando la normativa vigente, asimismo cuestiona la admisión y cuantía del rubro daño psicológico tratamiento, gastos de asistencia médica farmacia y traslado, daño moral y los intereses establecidos en el fallo apelado. Por su parte actora cuestiona el monto fijado en concepto de incapacidad psicológica y tratamiento, como el establecido por daño moral como la tasa de interés fijada en la sentencia en crisis.
III.Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994 contempla de manera expresa lo relativo a la “temporalidad” de la ley. Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derecho que reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende atento que en los presentes obrados la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, corresponde analizar la cuestión a la luz de la misma, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.
IV. Responsabilidad Cuestiona la quejosa la responsabilidad endilgada en la instancia de grado. La presente acción de daños tiene su origen en el accidente padecido el día 16 de Julio de 2011, cuando el actor circulaba con su carro a caballo por el ingreso a la Av. General Paz, colectora en dirección al Río de la Plata, luego de la intersección con la Av. 27 de Febrero. Señala el accionante que cuando ingresaba en el primer acceso hacia colectora de Av General Paz, fue embestido en la parte trasera del carro, por el micro escolar que conducía el demandado, quien intentaba ingresar a la colectora en dirección Río de la Plata.Consigna que el micro embistió con su ángulo delantero derecho la parte trasera izquierda del carro, que se encontraba más avanzado en la circulación y cuya presencia debió ser advertida por el conductor accionado, que a raíz del siniestro cayó a la cinta asfáltica, sufriendo los daños por los cuales acciona. Resulta de aplicación al caso lo normado por el entonces vigente artículo 1113, 2ª párrafo, 2ª parte , del Código Civil, de modo que se produce la correlativa inversión de la carga de la prueba en razón de la presunción legal adversa que compromete la responsabilidad del propietario o guardián del automotor, quien para eximirse de tal atribución debía demostrar que el evento acaeció por culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debía responder, o el caso fortuito que fractura el nexo de causalidad, mediante la demostración cabal de los hechos que alegue con tal finalidad (conf. Trigo Represas, “La Responsabilidad por los daños causados por automotores”, ed. 1997, pág. 6, “Código Civil Anotado” Tomo I, pág. 611, comentario al artículo 1113; Llambías, “Tratado de Derecho CivilObligaciones”, Tomo IVA, pág. 598, nº 2626 ; C.N.Civ., esta Sala, 15/4/2010, expte. Nº 114.354/2003, “Rendón, Juan Carlos c/Mazzoconi, Laura Edith”; Id. Id., 20/05/2010, expte. Nº 28.891/2001, “Techera, Héctor Daniel c/Olivares, Claudio Guillermo y otro”; Id., Id., 24/06/2010, expte. Nº 34.099/2001, “Ruiz Díaz, Secundino y otro c/ Guanco, Víctor Manuel y otros”; Id., Id., 27/8/2010, Expte. Nº 116281/1998, “Ayala, Daniel A.c/ Veraye Ómnibus s/ daños y perjuicios”; Id., Id., 5/10/2010 “Agüero Carlos Leandro c/ Paradela Maximino s/daños y perjuicios”) entre muchos otros.En principio es dable destacar que la convicción del juzgador debe formarse tendiendo a un grado sumo de probabilidad acerca del modo de producirse el evento, aunque no se tenga certeza absoluta, porque admitida la existencia del siniestro y ante versiones contrapuestas, debe realizarse un proceso de selección que forzosamente conduzca a tener como realmente sucedidas algunas circunstancias en las que se apoyan dichas manifestaciones (conf. CNCiv., esta Sala, 17/2//2010 expte. Nº 48.931/07, “Vargas, Patricio Daniel c/ Domínguez, Marcelo Nicanor y otros s/ daños y perjuicios” 17/2//2010, idem, id; 23/6/2010, expte 26720/2002 “Pages Mariano José c/ Laudanno Andrés Fabián y otros s/ daños y perjuicios” entre otros muchos. Por otra parte, en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado (Conf.CNCiv, esta Sala, 11/03/2010, expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto daños y perjuicios”, Ídem, expte 34.290/2006 27/8/2010 “Fridman, Hernando c/ Escalada, Héctor Daniel y otro s/ daños y perjuicios” entre otros idem 25/2/2016 Expte N° 50455/2009 “Citcioglu Lucila y otro c/ Vernet Nicolás y otros s/ daños y perjuicios”).El dictamen efectuado por el perito en accidentología vial obrante en la causa penal N° 71.126, instruida con motivo del presente siniestro, consigna que el colectivo escolar, presenta impacto en la parte frontal angular derecha y que el carro presenta impacto trasero izquierdo, estimando el experto que el colisionante seria el Colectivo Escolar con la zona frontal derecha y el colisionado, el carro de tiro en su parte trasera izquierda (ver fs 34vta).El dictamen pericial obrante en los presentes ( ver fs 194/200) adjunta croquis del lugar del hecho y constancias fotográficas del mismo. Señala como la reconstrucción más verosímil del hecho de autos, que el colectivo escolar circulaba por colectora de la Av. Gral. Paz, en dirección puente La Noria a Río de la Plata y al llegar al lugar donde se incorpora a la misma, el tránsito que viene de la Av.27 de Febrero con el mismo rumbo, se produce la colisión. Señala el experto que por alguna razón, mala maniobra de alguno de las dos unidades hace que el colectivo impacte al carro, no hay evidencias ni en la causa penal ni en la civil, que permitan establecer cuál de los dos efectuó la desviación que terminó con el hecho, otorgando el carácter de embistente al colectivo y de embestido al carro. Asimismo el experto señala que no es posible la mecánica expuesta en la contestación de demanda, pues son se ha precisado correctamente el lugar del hecho y además por los deterioros padecidos por ambas unidades y precisados en la causa penal a fs.34 no se condicen con la mecánica descripta en los hechos por la demandada (Ver fs 199in fine) conclusión que ratifica en el responde de fs. 215/216.Es sabido que en el caso de la responsabilidad cuasidelictual es donde con mayor frecuencia la sentencia de condena se funda en simples presunciones de culpabilidad, no desvirtuadas por prueba en contrario y una de las típicas y menos controvertidas es la que pone sobre el conductor que embiste, con la parte delantera de su vehículo, la parte posterior de otro que marcha en su mismo sentido.
El hecho de ser el vehículo embistente origina una presunción de culpa de su conductor que sólo cede ante la prueba en contrario. Además esa presunción se afirma cuando se embiste al otro automotor en la parte posterior o en uno de sus costados (CNCiv, esta sala, 29/12/2011, Expte. N° 76.799/07 “Martos, Adrián Alberto c/ Cámara, Jorge y otros s/ daños y perjuicios” ídem 15/3/2012, Expte. N° 77.162/06. “Martínez, Sandra Beatriz c/ Alacala, Ana María y otros s/ daños y perjuicios”) ídem id 12/6/2012 Expte. 48851/2010 “Bentivegna Oscar Eduardo c/ Tiburzio Mauro Adrián y otros s/ daños y perjuicios entre muchos otros).Sin perjuicio de ello sabido es que la ley de tránsito ( N° 2449 en su Art 46) proscribe la circulación de vehículos de tracción a sangre en autopistas y vías multicarriles, estableciendo “En las autopistas, además de lo establecido para las vías multicarril, rigen las siguientes reglas:b) No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial”).Toda vez que se trata de una norma vial que se encarga de regular el buen y seguro orden vehicular, la conducta del accionante implicó sin dudas insertarse y/o invadir un ámbito exclusivo para el tránsito vehicular y de potencial peligro, emprendiendo la circulación por una vía de intenso caudal vehicular y exponiéndose a una situación de extrema peligrosidad. En virtud de ello parece innegable que en el caso se ha configurado un riesgo concreto, cual es la circulación indebida del actor con un carro traccionado por un caballo en una autopista, expuesto y a mayor abudamiento a vehículos de masa muy superior y cuyos conductores no pueden suponer su presencia en esa vía. Por las consideraciones expuestas considero que su conducta no se puede juzgar indiferente en términos causales, siendo que su presencia en la referida vía destinado exclusivamente a la circulación de automóviles, constituyó un factor de riesgo relevante. En el caso la propia conducta de la víctima, impide establecer la exclusiva responsabilidad en cabeza del conductor demandado y si bien comprendo que la cuestión no es de fácil juzgamiento y que, en definitiva, gira sobre las apreciaciones de hecho que no son ordenables bajo pautas rígidas, lo que obliga a afinar el criterio de análisis a fin de poder alcanzar la interpretación más valiosa posible en la búsqueda del mejor equilibrio entre los legítimos intereses en juego (Conf CNCiv, esta sala, 25/4/2007, “Uvoycich Degni, Carlos c/ Transportes Sargento Cabral S.C. Línea 102 y otros s/daños y perjuicios” ; ídem, 12/4/2013, Expte Nº 61673/2006 “Marino Marina Enriqueta c/ Barraza Roberto Andrés y otros s/daños y perjuicios” y Expte 51595/2008 “Castro Paula Mónica c/ Barraza Roberto Andrés y otros s/ daños y perjuicios” idem id, 18/11/2014, Expte.Nº 12.780/2007 “Eguez Hilda Beatriz y otros c/ Mejias Fernando Marcelo y otros).El juicio de las conductas de ambos en el siniestro debe ser elaborado a través de la confrontación dialéctica de las respectivas posiciones objetivas asumidas en el hecho, el juez debe valorar la contribución causal que puede haber hecho el infortunado a su propio infortunio a los efectos de dividir la responsabilidad emergente, por lo que para graduar la responsabilidad consiguiente y no constando fehacientemente la incidencia causal de la conducta de los responsables ni la medida del daño atribuible a cada uno, la asignación debe hacerse por partes iguales (Conf CNCiv, Sala E, 11/7/2012, “Marfurt González Juan Carlos y otros c Santoro Logistica SRL y otros s/ daños y perjuicios” ídem esta sala, 31/5/2013, Expte N° 19.555/2005 ” Sánchez Ricardo Ismael c/ Díaz Carlos Dante y otros s/ daños y perjuicios” idem 17/7/2015 Expte. N°41.431/2011 “Valera Hugo Oscar c/ Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. otros s/ daños y perjuicios). En virtud de ello, propondré que se modifique este medular aspecto del debate y se impute en un 20% a la culpa de la víctima la responsabilidad en el evento de marras.
IV. Rubros indemnizatorios Atento como ha sido resuelta la cuestión en torno a la responsabilidad en el siniestro, he de abocarme al tratamiento de las partidas indemnizatorias cuestionadas por la quejosa.
A. Incapacidad Sobreviniente
I. La protección a la integridad de las personas y el derecho a la reparación integral se encuentra respaldada en tratados internacionales que integran el sistema constitucional en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, entre las cuales podemos citar al art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al expresar que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa.
Asimismo, el art.5 del mismo cuerpo normativo, de jerarquía constitucional, ampara el derecho a la integridad personal al expresar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, física, psíquica y moral (Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada” t° II, pág. 110, Ed. Ediar) puede que el derecho al resarcimiento y a la reparación del daño se encuentra incluido entre los derechos implícitos (art. 33 CN) especialmente si se tiene en cuenta que otras normas como el art. 17 y el 41 CN refieren casos específicos (C. N. Civ., Sala L, 15/10/2009, “L., S. y otro c. Hospital Británico y otro s/daños y perjuicios”, E. D. 09/02/2010, Nº 12.439, Id, esta Sala, 10/8/2010 expte. Nº 69.941/2005 “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”.
Estos principios fueron receptados en el nuevo ordenamiento, sobre la base de la doctrina y jurisprudencia ya elaboradas y teniendo en mira, precisamente, la incorporación de las normas de rango constitucional y convencional. Así, el art. 1737 da una definición genérica y abarcativa del concepto de daño: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva. En particular, el art. 1738 determina que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Específicamente en relación con el principio de resarcimiento integral, el art. 1740 Cod. Civ. y Com.establece que la reparación del daño debe ser plena, restituyendo la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. En concreto, el art. 1746 del nuevo texto legal establece pautas para la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, total o parcial, admitiendo la presunción de la existencia de los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resulten razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. Como se señalara, aún cuando esta normativa no se aplique al caso de autos, que será analizado conforme a la ley vigente al momento del hecho dañoso, condensa los criterios ya aceptados en la materia. Sentado ello cabe señalar que la incapacidad sobreviniente está representada por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento; produciéndose entonces para la misma un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y al establecerse su imposibilidad total o parcial de asumirlas y cumplirlas adecuadamente. La incapacidad económica o laborativa sobreviniente se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suele desempeñar o en otras, es decir, una chance frustrada de percepción de ganancias .” (Trigo Represas, Félix A. López Mesa, Marcelo J.; “Tratado de la responsabilidad civil”, La Ley, Bs. As., 2006, vol. “Cuantificación del Daño”, p. 231 y ss.).A ello debe adicionarse que el monto indemnizatorio por incapacidad sobreviniente debe fijarse de acuerdo al prudente arbitrio judicial, que compute no sólo la entidad y trascendencia de las lesiones sufridas, sino también las condiciones personales del damnificado, como edad, sexo y actividad, etcétera, y la gravedad de las secuelas que pueden extenderse no sólo al ámbito del trabajo, sino a su vida de relación, incidiendo en las relaciones sociales, deportivas, culturales, etcétera.Se deben brindar las razones y argumentos que expliciten y funden el ejercicio de la prudencia judicial, ya que el juez no está obligado por el estricto seguimiento de criterios matemáticos, ni por la aplicación de los porcentajes laborales de incapacidad, que si bien son de utilidad, constituyen una pauta genérica de referencia.” (Galdós, Jorge M.; “Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires” en “Revista de Derecho de Daños”, Rubinzal Culzoni, nro. 3 del 2004 “Determinación Judicial del Daño I”, Santa Fe, p. 65).Tal el criterio de nuestra Corte Suprema, que ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (C. S. J. N. Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715(re:MJJ17079); Idem., 08/04/2008, “Arostegui Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía” , L. L. 2008C, 247). En relación al daño psíquico no constituye un daño autónomo, sino un aspecto a considerar dentro del rubro incapacidad sobreviniente, pues configura una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del damnificado (Conf. C.N.Civ. esta sala, 17/11/09 expte. Nº 95.419/05, “Abeigón, Carlos Alberto c/ Amarilla, Jorge Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios”; Idem., id., 11/3/2010, Expte. Nº 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto daños y perjuicios”; Id., id., 06/07/2010, Expte.93261/2007 “Godoy Muñoz, Pedro c/ Villegas, Víctor Hugo y otros s/ daños y perjuicios”, Id., id., 21/9/2010 Expte. Nº 23679/2006 “Orellana, Pablo Eduardo Alfredo y otro c/ Vargas Galarraga, Jorge Eduardo y otros s/ daños y perjuicios”, entre otros).Los sufrimientos psíquicos normales, detectados e informados por el perito, que no han dejado incapacidad psíquica residual, pero que verosímilmente han sido padecidos, también pueden resarcirse, aunque no sea a título de “daño psíquico”. Por eso, cuando el perito los detecta debe señalarlos al juez para que los tenga en cuenta como uno de los elementos a valorar en el momento de regular el daño moral. Será una indemnización no sujeta a tabulaciones, porcentajes ni baremos, sino sujeta a las reglas de la sana crítica y la razonable prudencia.
Dentro de este tipo de sufrimientos psíquicos se incluyen los dolores intensos, los temores prol ongados a la invalidez, los padecimientos propios de la rehabilitación, los sufrimientos por el desamparo familiar, la pérdida de autoestima por la transitoria deserción del rol paterno, etc.”. (Conf. Risso, Ricardo Ernesto, “Daño Psíquico. Delimitación y diagnóstico. Fundamento teórico y clínico del dictamen pericial” Cuadernos de Medicina Forense. Año 1, Nº 2, Pág.6775.
Mayo 2003; E. D. 188985).
Del informe pericial obrante a fs. 161/167 consentido por las partes cabe señalar que el accionante no presentó secuelas físicas postraumáticas al momento del examen pericial. Desde el punto de vista psíquico el informe pericial obrante a fs. 224/229 determina la existencia de un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, presentando un porcentaje de incapacidad de un 10 a 25% y recomendando tratamiento psicológico, para propender a la elaboración psíquica del trauma.En el responde a la impugnación efectuada, el experto manifestó que no se niega la precariedad de la personalidad de base en el actor, pero los sucesos que promueven las actuaciones, han tenido para su subjetividad la suficiente entidad como para agravar estos rasgos, desarmar sus defensas y acarrear un daño emocional importante, ratificando entonces la graduación oportunamente otorgada (ver fs. 249)En virtud de ello acreditada la incapacidad en este caso de orden psíquico parcial y permanente, con características de daño cierto y perdurable estimo adecuado el importe otorgado en la instancia de grado, por lo que propicio al acuerdo su confirmación ( Art 165 del CPCC) B) Tratamiento Psicológico En este aspecto hemos sostenido reiteradamente que cuando el perito determina que el trastorno mental que presenta su examinado amerita un tratamiento por especialistas, indicándolo al juez, el damnificado puede percibir ese monto, como un rubro más del resarcimiento, incluso en el caso de que decida no hacer ningún tratamiento, y cargar con el peso de su malestar. Así lo sostiene nuestra Corte Suprema: “en cuanto al tratamiento psicológico aconsejado, a razón de una sesión semanal durante un año, se trata de un gasto que debe ser indemnizado, por cuanto supone erogaciones futuras que constituyen un daño cierto indemnizable (art. 1067 del Código Civil)” (C.S.J.N., 28/05/2002, “Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otro” , Fallos 325:1277).La frecuencia y duración siempre serán estimativas, y también tendrán el sentido de una orientación para el juez. Está claro que nadie puede predecir con certeza cuándo se curará una persona, o cuándo la mejoría que ha obtenido ya es suficiente. Por ende, es imprescindible la prudente estimación del juez para cuantificar este rubro, destinado a afrontar un tratamiento que ayude a la damnificada a sobrellevar las secuelas del accidente y su incidencia en los distintos ámbitos de su vida, personal, laboral, familiar y social. (Conf esta Sala Expte.Nº 76.151/94 “Taboada, Carlos David c/ Lizarraga, Luis Martín s/ daños y perjuicios” del 10/12/09).En el caso la pericia recomienda la necesidad de tratamiento psicológico individual, con el propósito de propender a elaborar la vivencia traumática sufrida y las consecuencias sobrevinientes a los fines de su posible agravamiento, de por lo menos un año con frecuencia semanal a un costo de $ 200 la sesión, en virtud de las consideraciones estimando ajustado y razonable el importe fijado en la instancia de grado propiciaré al acuerdo su confirmación ( Art 165 del CPCC).C.
Gastos de traslado, farmacia y asistencia médica. Se ha sostenido reiteradamente que en materia de atención médica, traslado y gastos de medicamentos, el aspecto probatorio debe ser valorado con criterio amplio, sin que sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente. Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas (C.N.Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004 “Valdez José Marcelino c/ Miño Luis Alberto”; Ídem., id., 23/03/2010, Expte 89.107/2006 “Ivanoff, Doris Verónica c/ Campos, Walter Alfredo”; Id., id., 15/04/2010, Expte.114.354/2003 “Rendón, Juan Carlos c/Mazzoconi, Laura Edith”, Id., id., 9/9/2010 Expte 24068/2006 “Agüero Fernán Gonzalo y otro c/ Arriola Fernando Luis y otros s/ daños y perjuicios” entre otros).En relación a ello, también se expidió nuestro Máximo Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor “(C. S. J. N. Fallos 288:139).En virtud de las consideraciones precedentes y ponderando el informe médico obrante en la causa penal antes referida ( ver fs 28) considero adecuado el importe fijado en la instancia de grado, por lo que desestimaré los agravios en este sentido (art. 165 del CPCC).D.
Daño Moral En lo que respecta al daño moral, el a quo fijó la suma de $ 15.000 lo que motivó el agravio de las partes. El Derecho desde una concepción sistémica en donde la Constitución constituye el vértice o núcleo tutela intereses trascendentes de la persona, además de los estrictamente patrimoniales. Adquiere aquí, una singular relevancia el derecho a la salud, cuya vigencia constitucional se infiere de la regla genérica del art. 33 de la Constitución Nacional (Tobías, José W, “Hacia un replanteo del concepto (o el contenido) del daño moral” L. L. 1993E, 1227 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 33).El daño moral constituye un daño autónomo cuya reparación es independiente del daño material, aun cuando éstos, en caso de existir, deban tenerse en cuenta.Son rubros que merecen tratamiento diferenciado por tener naturaleza jurídica distinta en razón de que tutelan distintos bienes jurídicos.
Reiteradamente hemos sostenido que el daño moral en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p. 287; C.N.Civ., esta Sala, 17/11/2011, Expte. Nº 111.01/2004, “Achagna, Cristian Alberto c/Telecom Argentina S.A. s/daños y perjuicios”).Para que surja el daño moral, es menester que, además de un eventual desmedro económico, concurra una “repercusión en los intereses existenciales” del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de relativa entidad (Conf. Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 259). Lo que se repara es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera, que ha sido sólo la causa eficiente de aquél (Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, Astrea, 1982, pág. 1982, pág.231).En virtud de ello teniendo en cuenta que el actor no padece secuelas de orden físico, ponderando las secuelas psíquicas que da cuenta el dictamen antes referido, la edad de la víctima a la fecha del hecho (38 años) estimo razonable y adecuado el monto fijado en la instancia de grado, por lo que propiciaré al acuerdo, su confirmación (Art 165 del CPCC).
V Tasa de interés
En cuanto a los agravios deducidos por las partes en cuanto a la tasa de interés fijada en el fallo recurrido, cabe señalar que conforme la jurisprudencia mayoritaria imperante en el fuero, la tasa que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido. Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”; entre otros). Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro” ; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte.Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro” ; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c / Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio , la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005, “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”). Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación, se ha fijado una indemnización a “valor actual”, es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado. En tal caso, se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria:una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación. Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, desde la fecha del “perjuicio objeto de reparación” hasta la fecha de la sentencia de primera instancia se devengará la tasa pasiva, y recién a partir de allí sobre la totalidad de los rubros resarcitorios y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Por las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas en el presente voto propongo al Acuerdo:
I.Modificar parcialmente la sentencia recurrida, imputando en un 50% a la culpa de la víctima la responsabilidad en el evento de marras.
II Establecer que desde la fecha del perjuicio objeto de reparación hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, se devengará la tasa pasiva, y recién a partir de allí sobre la totalidad de los rubros resarcitorios y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
III. Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que decide y que fue motivo de apelación y agravio, costas de Alzada a las accionadas vencidas (Art 68 del CPCC). –
Tal es mi voto
Las Dras. Marta del R.Mattera, Beatriz A.Verón y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.
Buenos Aires, mayo dos de 2017.
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida, imputando en un 50% a la culpa de la víctima la responsabilidad en el evento de marras. II Establecer que desde la fecha del perjuicio objeto de reparación hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, se devengará la tasa pasiva, y recién a partir de allí sobre la totalidad de los rubros resarcitorios y hasta el pago efectivo, los intereses se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
III. Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que decide y que fue motivo de apelación y agravio, costas de Alzada a las accionadas vencidas (Art 68 del CPCC). –
IV. Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad. Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.
Fdo
Marta del Rosario Mattera
Beatriz A. Veron
Zulema Wilde
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/09/11/se-responsabiliza-en-forma-concurrente-al-vehiculo-embistente-y-al-carro-traccionado-por-un-caballo-embestido-por-aquel-en-una-autopista-toda-vez-que-la-ley-de-transito-proscribe-la-circulacion-de-v-2/

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