sábado, 12 de agosto de 2017

Simulación del acto de compraventa de un automóvil por parte de la demandada y el cónyuge difunto de la parte actora

Simulación del acto de compraventa de un automóvil por parte de la demandada y el cónyuge difunto de la parte actora

Partes: Gonzalez Mónica Rosa y otros c/ Prez Miriam Gladis s/ j. ordinario
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista
Sala/Juzgado: 4ta circ.
Fecha: 30-mar-2017
Cita: MJ-JU-M-105097-AR | MJJ105097 | MJJ105097
Simulación del acto de compraventa de un automóvil por parte de la demandada y el cónyuge difunto de la parte actora, debiendo restituir el rodado y reparar los perjuicios ocasionados por la demora en el cumplimiento al actor y sus herederos.
Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y admitir la demanda de simulación tendiente a que se determine que el cónyuge difunto, -hermano de la demandada- era el verdadero titular del automóvil tal como indica la actora en su demanda, obligándose a la demandada a restituir el vehículo al actor y herederos toda vez que del conjunto de indicios así como la causa o motivación que llevó al difunto y a su hermana apelada a efectuar la compra a nombre de ésta, confirman la existencia de un mandato oculto.
2.-Toda vez que se acreditó la existencia de un mandato oculto, está obligada la demandada a abonar al accionante la diferencia de precio existente entre el rodado en cuestión y uno equivalente de un modelo 4 años anterior a la fecha de entrega del vehículo, para que la actora no soporte la desvalorización de la unidad que sufrió y debe ser abonada por la incumplidora.
Fallo:
En la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, a los 30 días de Marzo de 2017, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. María Eugenia Chapero, Santiago Andres Dalla Fontana y Alejandro Alberto Roman, para resolver los recursos interpuestos contra la resolución dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, en los
autos: GONZALEZ, MÓNICA ROSA Y OTROS C/ PREZ, MIRIAM GLADIS S/ J.ORDINARIO, EXPTE. Nº 41, AÑO 2014. Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Dalla Fontana, Chapero y Roman, y se plantean para resolver las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Es nula la sentencia?
Segunda: Caso contrario, ¿Es justa?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Dr. Dalla Fontana dijo: el recurso de nulidad no es sostenido por la recurrente en esta instancia. Tampoco advierto vicios de entidad suficiente que aconsejen su tratamiento de oficio. Voto pues por la negativa.
A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Roman luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.
A la segunda cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: Mónica Rosa Gonzalez, Maira Janina Prez y Marcelo Javier Prez, esposa e hijos -respectivamente- del fallecido Jorge Alberto Prez, iniciaron juicio de simulación contra la hermana de éste, Miriam Gladis Prez, aduciendo que era el difunto y no esta última la verdadera titular del automóvil Toyota Corolla año 2004, dominio EJH837. Pretendían así los actores que, una vez establecida la verdadera titularidad, se les entregue el vehículo en su carácter de cónyuges y herederos de Jorge A. Prez, con más reparaciones por daño moral y material. La sentencia de Primera Instancia (fs.148/149) rechazó la tacha deducida por la demandada contra el testigo Pablo José Gonzalez por no haber advertido el Magistrado circunstancias que lo hayan llevado a beneficiar a la actora, no siendo la amistad óbice a la objetividad; y rechazó también la demanda en todas sus partes, con costas a la actora. Consideró el a-quo que obraban factura e inscripción registral del automotor a nombre de Miriam Prez; que el acto impugnado no es ilegítimo; que aún si la unidad hubiere sido pagada por Jorge Prez, estaba habilitado para realizar una liberalidad en virtud de lo dispuesto por los arts. 1276 y 1277 C.C.; que la Sra. Gonzalez otorgó el asentimiento conyugal para la venta de la unidad que a la postre habría sido entregada como parte de pago del automóvil adquirido a nombre de la demandada, por lo que aquélla dejó de pertenecer a la sociedad conyugal; y que Jorge Prez no necesitaba simular ni acudir al fraude para disponer del primer Toyota Corolla y del dinero proveniente de su trabajo, dándole así un destino legítimo a sus bienes. Por otra parte estimó el anterior que no se demostró que la accionada hubiera sido puesta como testaferro. Argumentó que los testigos únicamente sabían quién usaba el automóvil, pero no quién lo había comprado, por lo que sus dichos resultan insuficientes, no habiéndose acreditado tampoco incapacidad económica de Gonzalez.
La sentencia fue apelada por la parte actora y el recurso le fue concedido. Lo funda en esta sede.
Principia su expresión de agravios exponiendo acerca de la carga dinámica de la prueba que caracteriza a los juicios de simulación, donde las partes deben colaborar en su ofrecimiento y producción, y a partir de ello critica el rol ceñido a “una negativa cerrada, total y a una probanza acotada” (fs. 175 vta.) asumido por su contraparte. Destaca el rol que cumplen las presunciones frente a la imposibilidad de una prueba directa o determinada en la materia; y que el extinto Sr.Prez debió actuar como un buen padre de familia. Se agravia luego porque el juzgador valoró que el Toyota Corolla dominio EJH837 fue adquirido por Gonzalez y esgrime que, en cambio, fue adquirido por Jorge Alberto Prez mediante la entrega de un vehículo más viejo y el pago de la diferencia en efectivo. Efectúa un raconto de la secuencia cronológica de los hechos en apoyo a su postura. Entiende la recurrente que tras la firma del formulario 08 por parte de Gonzalez se esperaba que el nuevo vehículo se inscriba a nombre del Sr. Prez -separado de hecho- formando parte así -como el anterior- de la sociedad conyugal. Esgrime que el Juez de grado hizo caso omiso a todos los indicios demostrativos de que el auto fue adquirido por el causante, permitiéndose una violación al derecho hereditario de los hijos y a la parte ganancial de su esposa. Invoca que el sentenciante hizo uso de cuestiones semánticas pero que aquí no se trata de ello sino de reparar un perjuicio ocasionado en violación a la ley, pudiendo los jueces aplicar el derecho que corresponda, independientemente de su invocación por las partes. Se queja asimismo porque el fallo sostiene que el acto impugnado no fue ilegítimo, aún cuando se tratase de una liberalidad a favor de la apelada, desatendiéndose así el rol de ésta como prestanombre y los efectos de ello. Insiste en que Gonzalez fue sorprendida en su buena fe. Precisa que el acto simulado fue la compra propia para el esposo y que el acto disimulado fue la compra a nombre de Miriam Prez, con el fin de perjudicar a los recurrentes. Achaca al Magistrado haber evaluado acotadamente a los testigos, los que sirven para demostrar que Jorge Prez aparentaba ser el dueño del auto en cuestión, llegando a engañar a sus hijos y cónyuge.Se agravia además porque no se tuvo por demostrada la incapacidad económica de la demandada, siendo que el único elemento que acredita que trabajó tiene que ver con 24 meses de labor para una empresa de venta de ropa por catálogo. Pide la revocación de la sentencia y que se haga lugar a la demanda.
Corrido el traslado de ley, Miriam Prez contesta los agravios, abogando por su rechazo. Dice que la compraventa del automotor a su nombre cumplimenta todos y cada uno de los requisitos legales, habiéndose inscripto en el Registro respectivo; que los argumentos de la apelante carecen de fundamentos; que no ha habido acto desleal de parte de la apelada, luego de que Gonzalez firmara el formulario 08, habilitándose así la entrega a Amiún S.A. como parte de pago; que la actora se basó en elucubraciones sin fundamentación seria; que no hay pruebas de acto fraudulento alguno; que la demandada trabaja y se encuentra en pareja, por lo que tiene capacidad económica; que no tienen que ver la muerte de Jorge Prez ni la compra del segundo automóvil abonado conforme factura, con lo sucedido o acordado entre los esposos en relación al primer automotor; y que no ha habido error de interpretación en la sentencia en crisis.
Firme el llamamiento de autos, se encuentra la presente en condición de obtener pronunciamiento definitivo.
Luego de analizar las constancias de la causa, me inclino por hacer lugar a la demanda, aunque no con fundamento en la simulación propiamente dicha, según paso a exponer:
1) La cuestión fáctica:
Se encuentra acreditado que la concesionaria Amium S.A. facturó a Miriam Gladis Prez el 17/07/07 el rodado marca Toyota Corolla, año 2004, dominio EJH-837, en la suma de $ 40.000 (fs. 42), el que se inscribió a su nombre en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Seccional Reconquista – 1, el 02/08/07 (fs. 46).
También está probado que la empleadora de Jorge Prez, F.R.I.A.R.S.A., le había hecho un préstamo de $ 22.000 el 26/06/07, monto que se acreditó en la cuenta del prestatario en el Banco de Galicia, extrayéndose de la misma el día 17/07/07 (mismo día en que se facturó el Toyota), la cantidad de $ 17.000. Esta extracción tuvo lugar en la sucursal bancaria 079, la que de acuerdo a la página web de la entidad financiera citada corresponde a la ciudad de Santa Fe. Los hechos expuestos emanan indiciariamente de los movimientos de cuenta agregados a fs. 3 y 9 del Expte. N° 19/08, obrante por cuerda, de la copia del recibo de fs. 33 de los mismos autos, y del extracto de fs. 4 de estos autos, reconocido por el encargado de la sucursal Reconquista de Amiun S.A. a fs. 109. Si bien los documentos bancarios y de F.R.I.A.R. S.A. no han sido reconocidos, tanto el préstamo de la patronal como el retiro del dinero hecho en Santa Fe fueron invocados en el punto 7) del libelo introductorio -con una pequeña variación en torno al monto extraído de la cuenta y al día de la extracción- (fs. 9) y no sólo no han sido negados por la demandada, sino que aparecen reconocidos. En efecto, al responder Prez que no es cierto “que la simple extracción de una suma de dinero acredite lo invocado por la actora” (fs. 27 vta.) reconoció tácitamente que el préstamo y la extracción bancaria existieron, pues no cumplió con su carga de negarlo categóricamente (art. 142 inc. 2) del C.P.C.C.).
No está controvertido que Mónica Gonzalez prestó el asentimiento conyugal previsto en el art. 1277 del Código Civil para la venta del Toyota Corolla año 2001, dominio DUB822, y que éste fue entregado en parte de pago del Corolla año 2004 inscripto a nombre de Miriam Prez. Aparte de la copia de la constancia del “subsistema de ventas” de fs. 4 y del reconocimiento de fs.2 del Expte. N° 19/08, la demandada en la contestación de agravios expresó: “la Sra. González firmó la correspondiente transferencia del automóvil entregado a la Empresa vendedora, como parte de pago, del cual exime de total responsabilidad a la Sra. Prez de los actos que haya realizado la Sra. Gonzalez” (fs. 191). Es decir que no está cuestionada a esta altura la mecánica de la operación en lo que respecta a la entrega del automotor modelo 2001 gracias al asentimiento conyugal y como parte de pago del automotor modelo 2004 que se inscribió a nombre de la accionada. Sólo se controvierte por la apelada los efectos de dicha operatoria.
Por último, podemos presumir (art. 22 6 del C.P.C.C.) que el dinero extraído en la Sucursal Santa Fe de la cuenta del Sr. Prez en el Banco de Galicia el 17/07/07 se utilizó para abonar el saldo del precio del vehículo Totoya Corolla dominio EJH-837. Los indicios que abonan tal conclusión lo constituyen que la fecha de la extracción coincide con la de la facturación, que el lugar de la misma coincide con la sede la la concesionaria Amiun S.A. y no con el lugar de residencia del Sr. Prez, y que el monto que se habría pagado coincidiría con la diferencia entre el valor de cotización del automotor recibido en parte de pago y el precio final de la facturación.
2) La administración de los bienes de la sociedad conyugal y el derecho de los herederos forzosos:
Al haber dado la esposa su asentimiento para la enajenación de un bien registrable que formaba parte de la sociedad conyugal no puede afirmarse que su esposo, al enajenarlo, haya obrado en violación al régimen patrimonial matrimonial de orden público. De acuerdo a lo visto anteriormente está claro que, contando con dicho asentimiento, el Sr.Prez entregó el automóvil en parte de pago de otro de mayor valor a la concesionaria Amiun S.A., beneficiándose de ello en apariencia su hermana (la demandada) en su carácter de titular del segundo automotor. Pero -reitero- no se advierte aquí conculcamiento al régimen legal conyugal.
Es cierto que la Sra. Gonzalez demostró que -como contrapartida de su asentimiento-su ex marido se obligó a pagarle $ 13.500 por reflejar ello el 50% del precio del Toyota Corolla dominio DUB822 en julio de 2007 (v. documento de fs. 2 del Expte. N° 19/08), no constando que el Sr. Prez hubiera dado cumplimiento a tal obligación. Sin embargo, tal acuerdo puede catalogarse como un contrato de mutuo entre esposos, el que en el régimen anterior era admitido generalmente por la doctrina (conf. Belluscio, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, Depalma, 5° ed. actualiz., T. II, pág. 40). De tal manera lo que podría haber es un incumplimiento contractual y no una violación al régimen de bienes en el matrimonio.
En cuanto a los valores aportados por Jorge Alberto Prez para la compra del último Toyota, ya sea en dinero o en especie, que según hemos analizado equivalieron al precio total del vehículo adquirido en Amiun S.A., al no haber recibido ningún tipo de contraprestación podríamos encuadrarlos como una donación a favor de su hermana (art. 1789 del Código Civil). Tales aportes no fueron hechos conculcando los arts. 1276, 1277 y concordantes del Código Civil por entonces vigente, y así lo entendió correctamente el a-quo, y tampoco determinarían per se la invalidez de la liberalidad.
En tal hipótesis, en cambio, los herederos forzosos bien podrían haber intentado una acción tendiente a la protección de su legítima, como lo es la acción de reducción (arts. 1830 ss. y cc. del Código Civil), estando a su cargo la demostración de que su legítima fue violada.”En el juicio habrá que tasar todos esos bienes con intervención de todos los interesados: herederos, donatarios, legatarios. Una vez que estén valuados los bienes, el juez tendrá que determinar, en la sentencia, el monto de la legítima individual de los reclamantes para verificar si ésta ha sido violada. Si es así, ordenará la reducción de las donaciones en las proporciones necesarias para dejar a salvo la legítima de los reclamantes” (Pérez Lasala, José Luis, Acciones Judiciales en el Proceso Sucesorio, 2° ed. ampl. y actualiz., Rubinzal-Culzoni, pág. 95). No es lo acontecido en el caso que nos ocupa y su resultado hubiera sido incierto vista la cantidad de bienes denunciados en el juicio sucesorio agregado por cuerda (Expte. N° 20/08).
De lo dicho hasta aquí podemos concluir en que el reclamo de restitución del automóvil y/o por daños y perjuicios carece de fundamento en las normas que rigen la sociedad conyugal (y en ésto coincido con la sentencia apelada) y, no habiéndose demostrado afectación de la legítima, tampoco podría tener andamiento como una acción de protección de la misma.
3) ¿Hubo simulación u otra figura?
Creo que sólo un análisis superficial de la cuestión nos puede llevar a afirmar que estamos frente a una mera liberalidad de Jorge Alberto Prez respecto de su hermana Miriam. Más bien las distintas circunstancias que rodean al caso me convencen de que nos hallamos frente a una interposición real de persona, la que recibe el nombre de testaferro, prestanombre u hombre de paja (del francés: homme de paille). El negocio consistió en una compraventa de un automóvil celebrada aparentemente entre Amiun S.A. y Miriam Prez, pero en realidad ésta actuaba ocultamente en interés de su hermano Jorge Alberto Prez.
En efecto, si ahondamos en los acontecimientos hallamos como hechos incontrovertidos que el Sr. Prez se había separado de la Sra. Gonzalez y que se encontraba viviendo en casa de su madre, donde también habitaba su hermana.Por otra parte se ha confirmado mediante la declaración coincidente de los testigos que era el Sr. Prez quien utilizaba en forma exclusiva el Toyota dominio EJH837. Así lo aseveraron Vicentin, chapista que reparó varias veces el vehículo (fs. 78 y vta.), Pablo González, amigo de la familia (fs. 80 y vta.), Mosciano (fs. 81 y vta.) y Borja (fs. 107), sin que nadie los contradiga. En este sentido también se constata que Jorge Alberto Prez contó con cédula de autorizado para conducir el auto en cuestión desde el mismo día de la inscripción a nombre de su hermana (fs. 118 vta.), y que sólo recién después de su muerte se autorizó a otra persona, Ariel Jesús Redigonda (fs. 118).
Según hemos visto previamente, tanto el vehículo entregado como parte de pago como el saldo de precio de la unidad adquirida provinieron del patrimonio del Sr. Prez, sin que su hermana haya aportado prueba alguna de haber contribuido al pago (vgr. transferencia, libramiento de cheque, retiro de fondos, etc.). Y ciertamente el esposo separado tenía motivos para evitar incluir el bien adquirido en el régimen de la sociedad conyugal, pues evidentemente no le había sido fácil lograr el asentimiento de Gonzalez para enajenar el automotor entregado en pago a Amiun S.A., tal como se extrae de la documental de fs. 2 del Expte. N° 19/08. También abona esta tesitura lo narrado por Pablo González: “él me había comentado, y como estaban separados y estaban haciendo los papeles de la separación, estaban en ese trámite, entonces es que lo puso a nombre de su hermana”.
Sobre la temática atinente a la interposición de personas prevalece la teoría de que “solamente puede hablarse de simulación si los sujetos del negocio (en autos: Amiun S.A. y los hermanos Prez) están confabulados, con la intención de hacer creer que el derechohabiente es el testaferro que aparece en el acto.Pero si éste actúa como verdadero adquirente sin acuerdo y hasta con desconocimiento de la realidad por el transmisor del
derecho, ocultándose el real accipiens. no habría simulación, sino que se trataría de un mandato oculto” (Müller, Enrique C. en Código Civil y Normas Compl., Análisis Doc. y Jurisp., Bueres – Dir., Highton – Coord., T. 2B, Hammurabi, 2° reimp., pág. 642). No puede deducirse de las constancias de autos que Amiun S.A. haya participado de un acuerdo simulatorio, por lo que -siguiendo la referida tesis prevalente- aquí nos encontramos ante un mandato oculto o acto fiduciario. No corresponde entonces la acción de simulación sino la conferida al mandante contra el mandatario oculto que se resiste a transmitirle los bienes recibidos (conf. arts. 1904, 1909, 1911 y 1929 C.C.), lo que puede ser válidamente encuadrado así por el Juez puesto que no implica una variación de la causa pretendi: “nada impide que el juez emplace la cuestión conforme a derecho, en virtud del principio “iura novit curia”, porque el encuadre normativo no altera la “causa petendi”, que es siempre la pretensión de obtener el reintegro patrimonial de los bienes adquiridos con el aporte del muerto. Dicho de otro modo, la pretensión (acción) se individualiza por el hecho y no por la norma abstracta de la ley (conf. Chiovenda, G. “Principios del derecho procesal civil”, Revista de derecho privado, Madrid 1922, t. 1, pág. 328; Morello, A. M. “Responsabilidad aquiliana o contractual”, J.A. V-122; Palacio, L. E. “La estimación provisoria de los daños y perjuicios en la demanda”, J.A. 1959-IV-163; CNCiv., esta Sala, ED. 78-422, fallo 23.095 in re “Costa de Starevich c/ MCBA”; íd., Sala C, LA LEY, 133-850)” (C.N.Civ., Sala A, 28/12/07, Martino, Gabriela C y ot. c. Braido, Ana Elena, L.L. Online AR/JUR/9745/2007)
Ahora bien, acertadamente se ha señalado:”el maestro Borda destacaba la necesidad de extender las reglas sobre la valoración de la prueba, propias de la simulación, a los contratos fiduciarios. En ese orden de ideas, aun cuando . sea de la esencia de la simulación el acuerdo de partes y ello excluya los casos de interposición real, tal circunstancia no impide reconocer que los ingredientes fácticos son casi idénticos entre la simulación y la fiducia. En efecto, el negocio fiduciario descansa en la confianza, pero si ésta falla, si el fiduciario, abusando precisamente de ese sentimiento niega la cualidad del negocio y se apodera de sus efectos, obligando al fiduciante (aquí sus herederos) a accionar judicialmente sin disponer -como generalmente sucede y ocurre en el caso- de un contradocumento, no cabe duda que su único medio de prueba deberá ser de índole presuntiva. De allí que la doctrina procesal afirma que los indicios a emplear son exactamente los mismos que se utilizarían en la prueba de la simulación, si bien se sustituye la “causa simulandi” por la “causa fiduciae” (C.N.Civ., Sala M, 07/09/07, G, MS y ot. c. G, A, L.L. 22/01/08, 4)
Bajo tales premisas, el conjunto de indicios así como la causa o motivación que llevó a Jorge Alberto Prez y a la apelada a efectuar la compra a nombre de ésta, según hemos examinado más arriba, confirman la existencia de un mandato ocult o, correspondiendo declarar que el automotor objeto de la presente ha sido adquirido por Jorge Alberto Prez. Consecuentemente, firme la presente se oficiará al Registro Nacional de la Propiedad Automotor para la adecuación registral y se dispondrá la entrega del Toyota Corolla, dominio EJH837, a los herederos de Jorge Alberto Prez, todo por medio del Juzgado de origen.
4) Daños y perjuicios:
Lo expuesto anteriormente me compele a abordar el tratamiento del reclamo indemnizatorio. La actora ha pedido ser resarcida por:a) el daño moral sufrido, estimando la suma de $ 22.500 por entender que equivaldría, al momento de promoción de la demanda (abril de 2008), a la mitad del valor del automóvil en cuestión; b) daños y perjuicios por desvalorización del vehículo no entregado y por privación de uso.
Considero que Miriam Prez, en su calidad de mandataria oculta, debió entregar a la ex esposa y herederos de Jorge Prez lo recibido en virtud del mandato (art. 1909 del Código Civil). Esta entrega debió tener lugar luego de la muerte del mandante, cuando los herederos lo exigieron, durante los primeros meses del año 2008.
El incumplimiento contractual de la Sra. Prez causó a los actores no sólo un perjuicio patrimonial sino también de índole extrapatrimonial debido a las perturbaciones ante la indisponibilidad del automóvil durante muchos años, y fundamentalmente porque el hecho generador de la responsabilidad provino de una familiar cercana, quien optó por retener para sí un bien que correspondía a los parientes reclamantes. El sentimiento de sentirse defraudados en la confianza por una tía o por una ex cuñada excede el mero malestar que podría provocar un incumplimiento contractual por un tercero, y por tanto amerita ser resarcido a tenor del art. 522 del Código Civil.
En cuanto al monto de la reparación por daño moral, estimo que en atención al carácter meramente estimativo de lo pretendido en la demanda, lo que se corrobora por referencia a un 50% del valor del vehículo, y al significativo proceso inflacionario habido desde el año 2008 hasta la fecha, conviene aplicar el criterio que he expuesto en los autos: Ojeda, Ramona Elena c. Bolaño (v. esta Cámara: 06/04/15, T. 16 R. 46 F.306). Ello se traduce en fijar el monto de la indemnización a valores actuales, con un interés del 8% anual desde la notificación del traslado de la demanda hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, y a partir de allí y hasta el pago, la tasa efectiva anual vencida del Banco de la Nación Argentina, la que se adecúa a las circunstancias macroeconómicas actuales. En cuanto al capital de esta partida indemnizatoria, considero justa fijarla en $ 12.000 para cada uno de los tres reclamantes, lo que totalizan $ 36.000. Ello permitirá a los actores procurarse bienes que mitigarán los padecimientos antes referidos, siguiendo para ello el criterio jurisprudencial de las satisfacciones sustitutivas, ahora contemplado en el art. 1741 del C.C.C.N.
En lo que tiene que ver con los daños materiales, resulta evidente que cuando los actores reciban el Toyota Corolla año 2004 no será lo mismo que haberlo recibido en el año 2008, cuando tenía 4 años de antigüedad. La desvalorización de la unidad debe ser soportada entonces por la incumplidora, correspondiendo que abone a la accionante la diferencia de precio existente entre un Toyota Corolla 1.8 XEI, modelo 2004, y uno equivalente de un modelo 4 años anterior a la fecha de entrega del vehículo (vgr., si el Toyota Corolla modelo 2004 se entregase a la fecha de esta sentencia, se debería abonar la diferencia de precio entre
el mismo y otro modelo 2012). A falta de acuerdo de partes dicho monto surgirá del promedio de lo que informen 3 concesionarias locales a determinar por el a-quo, a quienes se oficiará a tales fines. Desde la presentación de dichos informes o del acuerdo antes referido, la suma resultante devengará los intereses del Banco de la Nación Argentina aludidos precedentemente.
Finalmente, la mención de la privación de uso en la demanda se ha hecho sin conferir parámetro alguno para su cuantificación y/o para su diferenciación con otros rubros. Sobre el mismo se ha dicho que:”. la privación del uso del automotor constituye una lesión a un interés de la víctima que se erige en presupuesto de diversos daños, más frecuentemente patrimoniales, pero en excepcionales ocasiones también de naturaleza moral” (C.C.C. Azul, Sala I, 13/12/11, De Lorenzo, José Ernesto c. Gonzalo, Miguel Hernán y ot. s. D.P., LLBA 2012, marzo, 183). Ante este escenario, entiendo que este item ha quedado subsumido en los anteriores y que el otorgamiento de una indemnización independiente en el caso podría generar un enriquecimiento sin causa la apelante.
5) Conclusión:
En función de todo lo expuesto la demanda debe prosperar por las razones brindadas en los considerandos (iuria novit curia) y las costas merecen ser impuestas, en ambas instancias, a la demandada vencida (art. 251 del C.P.C.C.). Voto pues por la negativa.
A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Roman luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.
A la tercera cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia alzada; 3) En su lugar hacer lugar a la demanda en la forma y extensión que surge de los considerandos; 4) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación de los en la instancia de grado.
A la misma cuestión, la. Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Roman luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.
Por ello, la
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE
LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia alzada; 3) En su lugar hacer lugar a la demanda en la forma y extensión que surge de los considerandos; 4) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación de los en la instancia de grado.
Regístrese, notifíquese y bajen.
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/08/03/simulacion-del-acto-de-compraventa-de-un-automovil-por-parte-de-la-demandada-y-el-conyuge-difunto-de-la-parte-actora/

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