lunes, 28 de agosto de 2017

Medidas autosatisfactivas ¿Proceso líquido? Javiela Liliana Fabani Gabriela Dominici

Medidas autosatisfactivas

¿Proceso líquido?

Javiela Liliana Fabani
Gabriela Dominici


Se pretende justificar las llamadas medidas autosatisfactivas en una supuesta necesidad de adecuar institutos jurídicos ya regulados para obtener decisiones justas y además oportunas.

Así se impulsa la difusión y admisión de nuevas estructuras procesales, en un intento para resolver urgentes pretensiones que se adapten a las cambiantes realidades sociales y jurídicas “en el contexto del pasaje de la rigidez propia del derecho liberal clásico a una configuración elástica del proceso”[1].

Tal afirmación nos recuerda a lo que Rodrigo Tena Aguirre[2] -siguiendo al sociólogo Zygmunt Bauman- dio en llamar el tránsito del Derecho Sólido al Derecho Líquido.

Señala el autor que asistimos a un fenómeno a partir del cual de un derecho sólido, esto es un derecho científico, técnico, que constituye un obstáculo para el poder y por ello una garantía de la libertad, se intenta pasar a otro derecho amorfo, denominado líquido, como respuesta a la necesitad de satisfacción inmediata de estos tiempos, adaptable pasivamente a todas las circunstancias y que, fundamentalmente, es el que menos freno supone para el poder.

Advertimos entonces que la pretensión de quienes propugnan implementar las medidas autosatisfactivas, no es otra que propiciar el tránsito hacia un proceso líquido, amorfo, con contornos absolutamente laxos e indefinidos, que implica la negación de la esencia misma del proceso como garantía de la libertad y, por qué no, de la civilidad.

Frente a ello no podemos menos que repudiarlas, lo cual no equivale a negar la necesidad de adaptar las normas para golpear las nuevas formas de abuso y violencia que puedan surgir, regulando lo necesario para resolver las situaciones extremas que requieren de inmediata respuesta y tutela, pero de modo compatible y armónico, sin alterar los principios del proceso, es decir, modificar lo necesario para que el Derecho siga siendo Derecho.


La tutela judicial cautelar fue evolucionando a lo largo del tiempo. En sus comienzos, su carácter era sólo asegurativo y conservatorio, inmovilizando el estado de cosas o situaciones mientras se sustanciara el pleito, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una eventual condena.

Así las encontramos reguladas en la mayoría de los ordenamientos procesales, los que en general supeditan su dictado, a la verificación de los siguientes recaudos o presupuestos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y el otorgamiento de contracautela suficiente.

Se proveen generalmente inaudita parte, a fin de que no se frustre la posibilidad de su ejecución; son provisionales, pudiendo ser modificadas o dejadas sin efecto si varían las circunstancias tenidas en cuenta para su dictado; resultan accesorias a un proceso principal y a su suerte, y si bien pueden intentarse en forma previa al inicio del mismo, cuentan con un plazo de caducidad a tal efecto.

Con el devenir de los tiempos, por el carril de la medida cautelar genérica o innominada, prevista en la mayoría de los códigos procesal vigentes[3], surge como creación pretoriana -no sin resistencias- la medida innovativa, habilitando al actor por este excepcional medio, a la obtención de una modificación del “estado de cosas” con la sola promoción de la demanda.

Se advierte aquí el primer germen de las que luego se darían en llamar “tutelas anticipadas”, cuya finalidad no es ya la de asegurar un resultado, sino la de evitar la privación o frustración del derecho reclamado durante el tiempo que dure el proceso. Su objeto no es otro que el otorgamiento adelantado de lo pretendido en la demanda principal. Su admisión quedó reservada para casos específicos, donde exista una fuerte probabilidad del derecho y, no ya un mero peligro, sino un daño inminente e irreparable[4].

A diferencia de las medidas cautelares, estos anticipos pretensionales necesariamente deben ser bilateralizados, por razones constitucionales, dado que por sus características no existe riesgo de frustración de la medida.

Este tipo de tutela, o anticipo jurisdiccional, mereció fundadas críticas en punto a la afectación de la garantía del debido proceso y al adelantamiento de opinión que implica por parte del magistrado[5], exigiendo un alto grado de prudencia su aplicación por parte de aquellos jueces, debido a los efectos negativos y de difícil reparación que su admisión importa[6], y resaltando siempre el rigor en las notas de excepcionalidad y de urgencia.

Lo cierto es, que a pesar de los embates en contra de los llamados “anticipos jurisdiccionales”, vistos como medidas de excepción, accesorias a un proceso, precedidas de un mínimo contradictorio y sujetas a los recaudos generales de las medidas cautelares pero apreciados con mayor estrictez, resultaron un remedio relativamente eficaz para la tutela de ciertos derechos que, de otro modo, resultarían definitivamente frustrados (derecho a la salud, DESC, educación, tutela ambiental, etc.), contando con recepción normativa expresa en numerosos países[7].

Pero como todo fenómeno fundado en la necesidad y no en el derecho, llegado su punto límite de tensión constitucional, la presión en pos de su expansión, sustentada en la técnica de la demonización[8] tanto del proceso como de los demandados –cual si fueran una etnia que hay que evitar- dio a luz un fruto tentador, pero originado ya en la infracción de las normas fundamentales.


Con fundamento en la mera urgencia, y a partir de una visión monolítica y negadora del proceso, surgen las llamadas medidas autosatisfactivas. Se dispensa al peticionante de promover un proceso principal, en tanto consumen la litis con el pronunciamiento sobre el mérito de la petición, la que se despacha sin sustanciación, y su admisión, sin más, causa ejecutoria.

Acertadamente, se las define como el “otorgamiento inmediato por un juez del derecho pretendido por un actor civil, a su solo pedido y sobre la exclusiva base de la aceptación unilateral y sin más que la autoridad hace respecto de la existencia de ese derecho”[9].

No obstante, como si los caracteres que se desprenden de tan clara definición no fueran negativos, ni suficientes para dar cuenta de su manifiesta inconstitucionalidad, sus precursores hacen gala de ellos y justifican su existencia, precisamente en los textos constitucionales y Pactos Internacionales de Derechos Humanos, con una peculiar concepción del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva[10].

Las consideran procedimientos urgentes, no cautelares, y a partir de esa mera “cualidad” pretenden construir un instituto que, si bien participa de la naturaleza tutelar de las cautelares y de los anticipos jurisdiccionales, su diseño excede de tal finalidad, desbordando la de mera protección de derechos.

A tal efecto ensayan diversos y atractivos conceptos, mostrándolas como: “herramienta que traspasa la órbita de las medidas preliminares, de nota esencialmente autónoma, que se agota en sí misma, con el dictado de una sentencia con fuerza vinculante, lo cual torna inoperante un ulterior proceso contencioso, en tanto la satisfacción preventiva se agota con lo actuado dentro de ese tipo de proceso” [11].

O, como una “solución urgente no cautelar, despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial. Posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal”[12].

Como requisitos que autorizarían a diferenciarlas de las cautelares clásicas, y que las tornarían procedentes, se afirman los siguientes:

a. Alta probabilidad de daño irreparable o de difícil reparación. Sostienen que la medida autosatisfactiva procede, fundándose en el temor de sufrir un daño grave, irreparable o de difícil reparación ulterior o, en la necesidad de que su tutela sea imprescindible, produciéndose en caso contrario su frustración[13], juicio de ponderación que queda al sólo criterio del juez, con los hechos y elementos probatorios arrimados por el actor, y en la mayoría de los casos, sin audiencia de la otra parte.

b. Urgencia “intrínseca”. Conforme lo señalan sus precursores “la urgencia intrínseca presenta una relación inmediata entre la pretensión satisfactiva y el daño, toda vez que tiene como fin en sí mismo la evitación del daño. No busca asegurarse el cumplimiento de la sentencia, ni cautelar su ulterior desenlace, sino que se endereza a cumplir de inmediato, en el presente, con su cometido lo ejecuta[14]”, argumento que aparece como muy relevante, pero que no resulta definitorio al fin, dado que el menor tiempo no necesariamente se logra mayor eficacia[15].

c. Aplicación excepcional. La excepcionalidad de las circunstancias justifica per sela medida ante la excepcionalidad de la protección solicitada. Sin embargo, ni doctrinaria, ni legislativamente se determinan cuales son los casos concretos en que procede el dictado de esta medida; por el contrario, campea la indeterminación[16]. Si bien el ámbito de actuación aparece reducido, esa indeterminación hace pasible su aplicación en infinidad de supuestos “urgentes”, con lo que fácilmente se puede pasar de la excepción a la regla, a la sola ponderación del juzgador.

d. Contracautela facultativa. Este requisito no se exige de modo irreductible, sino que es dispuesta discrecionalmente por el Juez, mediante una necesaria ponderación de los restantes recaudos[17].

Se afirman que, en la Argentina, la tutela satisfactiva asume perfiles “diferenciados” a la registrada en otros países, en tanto presupone el recaudo de la urgencia en relación con un “derecho líquido”, y probado en un grado de cuasi certeza, que justifica el despacho de una medida de trámite mínimo, con un régimen contradictorio acotado, si no excepcionalmente diferido y de impugnación compleja[18]. 

Seguidamente analizaremos las premisas que tal definición contiene, lo cual nos conduce a afirmar no sólo su falacia, sino en la inconstitucionalidad de este tipo de medidas -por demás desmedidas-, así como de las normas que las receptan, abonando a nuestra conclusión final.


En primer término las medidas en cuestión, si bien han tenido cabida en la legislación procesal de algunas provincias argentinas, afortunadamente -hasta donde pudimos indagar- ha fracasado el intento de exportarlas[19].

De la compulsa de las legislación vigente en otros países, no se observa que haya sido receptada la “tutela satisfactiva” en los términos que se propugna, y menos aún que las divergencias con la regulación existente en las provincias argentinas, se vincule a simples presunciones o grados de certeza exigibles.

Lejos de ello, si bien muchos países admiten en su normativa la tutela anticipada, siempre con carácter cautelar vinculada a situaciones excepcionales, extremas y urgentes, conexas en todos los casos a “procesos pendientes”, nunca con carácter autónomo, ni definitivo, y menos aún se exime sin más, de la oportuna instancia del contradictorio.

Tanto en relación al derecho anglosajón, cuando refieren a las “injuctions”[20] como el Código Procesal Civil de Perú[21], el Código del Proceso Uruguayo[22], el Código Procesal Civil Brasileño[23], por señalar algunos de los invocados por la Doctrina, ninguno de ellos contienen una figura semejante a la medida autosatisfactiva, y mucho menos la Ley de Enjuiciamiento Civil Española.

Descartado entonces que exista recepción de las medidas autosatisfactivas a nivel internacional, resta indagar las provincias argentinas que las han incorporado en sus códigos Procesales Civiles, y en qué consiste la pregonada diferente modalidad con que regulan la “tutela anticipada”.

Ya en el año 1999 la provincia del Chaco incorpora las medidas autosatisfactivas en su régimen ritual[24]. En el año 2000, son receptadas por la provincia de La Pampa, con un precepto de similar contenido pero ampliando su procedencia, a todos los supuestos en que resulte admisible la ley de amparo[25].

En el mismo año, hace lo propio la provincia de Corrientes, y agrega en su Código Procesal Civil el Libro Octavo de Procesos Urgentes con un Título Unico: De las medidas autosatisfactivas[26]. Continúa en el año 2002 la provincia de Formosa, con similar texto al ordenamiento chaqueño[27].

Luego, en el año 2008, la provincia de Santiago del Estero reforma su Código Procesal Civil, las incorpora al Capítulo relativo a “los deberes y facultades de los jueces”[28]. Por último, en el año 2009 fueron incorporadas al Código Procesal Civil de la Provincia de San Juan[29].

Todas las legislaciones mencionadas tienen en común la directriz expresa de excepcionalidad, lo que supone que se descarte judicialmente la existencia de una vía más idónea para la resolución de la petición, y extreman los recaudos en el análisis de su procedencia.

Para su despacho, se exige la existencia de un derecho debidamente comprobado cuya necesidad de tutela inmediata resulte acreditada prima facie ante la existencia de un peligro de daño inminente, o el agravamiento de un daño ya producido (plus de atendibilidad en relación con la verosimilitud del derecho).

La contracautela será dispuesta discrecionalmente por el juez, ponderando el grado de cumplimiento de los recaudos de admisibilidad.

El objeto del pedido se circunscribe a la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes, aspecto en que superpone claramente con el proceso urgente típico que es el amparo, no obstante aclaran que no constituye una pretensión declarativa de derechos porque el interés se satisface al obtener la solución de urgencia requerida, sin extenderse a la declaración de derechos conexos o afines[30].

En todos los casos se prevé su despacho inaudita parte, y sólo excepcionalmente el trámite podrá ser “brevemente sustanciado”[31], lo que queda a la discrecionalidad del juez.

Algunos ordenamientos (v.g. San Juan) prevén la posibilidad de solicitar la suspensión de la medida ordenada, si se prueba que ocasiona daños mayores que los que pretenden evitar, previa prestación de contracautela suficiente.

Si bien se establece un doble sistema impugnativo, -salvo el caso de Santiago del Estero y San Juan- es excluyente: interposición de apelación con efecto devolutivo, o bien un proceso sumario de oposición que no suspende el cumplimiento de la decisión impugnada. Elegida una vía, no podrá optarse por la otra.

El régimen de La Pampa difiere en que permite, además, la interposición de revocatoria (que puede ser con apelación subsidiaria -siempre con efecto devolutivo-), dando si quiera una oportunidad para introducir defensas y pruebas, en el breve plazo para ejercer dicha impugnación, pero su interposición seguida de apelación importa el desplazamiento de la restante opción.

En cuanto a la vigencia de la medida, todos los ordenamientos prevén que no se encuentran sujetas a caducidad, propias del proceso cautelar. Sin que obste a ello que algunos dispongan que pueden ser limitadas en el tiempo o modificadas según las circunstancias, tal como los hace el CPCC de La Pampa.

De la síntesis normativa expuesta, que recoge los presupuestos esbozados por la doctrina que las propulsa, estamos en condiciones de extraer las notas que caracterizan a este tipo de medidas.


Es un “proceso”[32] autónomo en el sentido que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo[33].

Para su despacho, al igual que la tutela anticipatoria, requiere una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente sea atendible, acarreando una satisfacción definitiva de los requerimientos del postulante. Es decir se descarta entonces la nota de provisionalidad típica de los anticipos jurisdiccionales otorgados mediante petición cautelar, en lo cual se sustenta a su vez, lo innecesario de un proceso de conocimiento o principal al que accedan, y que permita actuar los principios procesales[34].

Es decir que de este encorsetado trámite resultará una resolución judicial sobre el derecho sustancial o de fondo, obteniendo el actor la inmediata satisfacción de su petición, sin sustanciación a la otra parte, pero ejecutable en lo inmediato sobre sus derechos y bienes.

Como consecuencia lógica de esto, deriva otra de sus notas, consistente en la eliminación de la posibilidad de caducidad de la medida adoptada, característica típica de toda tutela -cautelar o anticipatoria- ordenada antes de la demanda, con claro efecto moralizador, que soluciona graves conflictos judiciales, perdiendo así toda posibilidad de aventar el mal uso de la actividad judicial para presionar abusivamente con sólo mantener sine die la vigencia de una cautela, y sin poder ponerle fin por ausencia de demanda[35].

Tramitan inaudita parte[36], siendo la regla que el procedimiento se agota antes de que aparezca el proceso en resguardo de las garantías de los litigantes y el derecho de defensa[37].

Se afirma que la bilateralización se cumple, en tanto sólo se encuentra “postergada” al recurso de apelación contra la medida, o a partir de la promoción de un juicio de impugnación posterior.

Se señala que la bilateralidad simplemente se difiere para un momento posterior, entendiendo que ello garantiza en su justa medida la defensa del demandado, suponen que no desaparece, sino que se encuentra debidamente resguardado, el contradictorio.

Tal solución no supera el testo de constitucionalidad en punto a los derechos y garantías que asisten al demandado, principalmente, que la negación del debate importa privarlo derechamente de su propiedad o sus bienes, sin proceso previo.

Como lúcidamente lo afirma Tristán García Montaño, el diferimiento del contradictorio a las resultas de un recurso de apelación que -en relación y sin efecto suspensivo- deberá intentar el demandado, o bien a la promoción de un proceso de cognición posterior, en modo alguno resultan suficientes para paliar la indefensión, resultando en todos los casos un sistema inconstitucional[38].

En efecto, no se puede comparar la amplitud de la defensa que tiene una contestación de demanda con la limitada que se puede ejercer en el recurso de apelación[39], en tanto se restringe definitivamente no sólo la posibilidad de ofrecer pruebas -vedadas en la instancia recursiva que se concede- sino de introducir elementos de análisis fácticos o jurídicos constructivos del debate, debiendo limitarse a discutir la fundabilidad de la pretensión del demandante, y vedándole de modo definitivo e indefectible la posibilidad de acreditar la procedencia de su pedido de revisión, con la amplitud que nuestra Constitución Nacional y los Pactos Internacionales le reconocen[40].

A idéntica conclusión se arriba, en el supuesto que el accionado tenga la opción -siempre excluyente- de acudir a un proceso de conocimiento posterior, para intentar allí su “oposición”.

Como señala García Montaño, siendo excluyentes ambas opciones, deberá optar el demandado, entre cuestionar la fundabilidad de la pretensión mediante el proceso de conocimiento posterior –ya quedó demostrada la insuficiencia del recurso a tal efecto-, o bien, rebatir la configuración de los presupuestos de procedencia de la autosatisfactiva -vgr la urgencia- por vía de la apelación.

Es decir que nunca podrá discutir ambas cuestiones -presupuestos de procedencia y los de fundabilidad de la pretensión-, dado que la opción de la vía comporta también la del contenido de la discusión[41].

Aún prescindiendo de lo alternativo de la opción, de todos modos no resulta una solución feliz el diferimiento del contradictorio a un proceso diverso, en los casos que, sin prosperar la posterior demanda, se logra poner en duda la autenticidad de los hechos en que se fundó la medida en revisión.

Se produce entonces una situación siempre injusta, pues el rechazo de la pretensión de oposición, importa el mantenimiento de una medida que sin duda no reúne los presupuestos esenciales de procedencia -certeza-, pero si frente al probado debilitamiento de la certeza en el derecho del pretensor de la medida, se admite la oposición, y se la revoca, condenando al pago de los daños ocasionados, estará dictando una resolución que desde la óptica del proceso posterior infringe la carga de la prueba[42].

A ello adicionamos que someter al demandado a la promoción de un proceso de oposición importa nada menos que un cambio de roles, en tanto de resistente debe pasar a pretensor, invirtiendo claramente la dinámica de las afirmaciones y con ello la carga de la prueba. Ergo, no hay manera de afirmar que el diferimiento del contradictorio resulte instancia suficiente para el ejercicio del derecho de defensa en juicio del demandado, ni para la actuación debida de la garantía del proceso. 


Concebido el proceso como un método pacífico de debate dialéctico para la solución de conflictos intersubjetivos de intereses, entre dos antagonistas en pie de perfecta igualdad, ante un tercero -autoridad- que debe ser imparcial, impartial e independiente[43], concluimos sin hesitaciones, que las medidas autosatisfactivas no son proceso, como para autorizar válidamente el ejercicio del poder jurisdiccional y los efectos que se pretenden sobre el demandado[44].

Su reconocimiento importa tanto como negar el debido proceso, en tanto impiden claramente que actúen los indiscutidos principios que lo sustentan.

Se transgrede el principio de igualdad de las partes, en tanto al dictado del pronunciamiento definitivo no lo precede un contradictorio, y quedó demostrado que el posterior diseñado resulta insuficiente para paliar tal desigualdad.

Otro tanto acontece con la imparcialidad e impartilidad que debe primar en el sentenciante, la que queda puesta en juego en todos los casos, aún cuando decida no admitir la medida, en tanto para ello debe imaginar el Juez, situándose en el lugar de la afectada por la medida, la configuración de los agravios que la misma reportará al afectado.

De mayor evidencia resulta el embate que importan en punto a los principios de transitoriedad del proceso y a la eficacia de la serie procedimental, no sólo por cuanto su dictado presupone la posibilidad cierta de reedición del conflicto -con el proceso de oposición posterior-, sino en tanto resultan claramente alterados los pasos elementales de todo proceso, invirtiendo las etapas de evaluación y la de negación.

Este déficit de procesamiento y el debilitamiento defensivo que provocan, no ha pasado inadvertido para sus defensores, quienes se enrolan en las filas del activismo judicial[45].

No obstante, se insiste machaconamente en que resulta la única salida válida y admisible frente a una realidad que consideran insuperable de otro modo, por fundamentos que si bien se vinculan con situaciones de urgencia o emergencia, no son objetivos ni válidos.

Esto último se aprecia cuando intentamos hallar alguna explicación que respalde la afirmada insuficiencia de los anticipos jurisdiccionales, otorgados dentro del contexto de las medidas cautelares, para dar respuesta a las mentadas situaciones de excepcional urgencia,

Para ello es menester indagar el real fundamento que sustenta o justifica[46] tanto la nota de autonomía de las autosatisfactivas, así como el desplazamiento del contradictorio a una instancia diversa de la tutelar.

Es que son precisamente estos dos aspectos, los que distinguen a las medidas autosatisfactivas de las tutelas anticipadas, despachadas por los carriles y con los recaudos clásicos –pero agravados- previstos en los ordenamientos procesales, las que por acceder o conectar con un proceso principal, permiten allí la instancia de cognición suficiente para que el demandado pueda hacer valer oportunamente, y con amplitud, sus derechos defensivos, tanto de audiencia como de prueba, en pos de revertir la suerte provisoria o definitiva de la medida.

Al contrastar ambas medidas, cae el argumento fundado en la “urgencia” o en la “sorpresa”, pues basta con el otorgamiento de aquellas cautelas, eventualmente dentro del proceso urgente y expedito del amparo, con una mínima previa sustanciación -aún descartada para casos excepcionales y extremos-, pero sin que resulte menester desplazar a otras instancias el contradictorio, ni vedarles la nota de provisionalidad.

Depurando los mitos, hallamos como todo sustento de la proclamada autonomía, que se reconoce una supuesta “inutilidad” al proceso principal, en tanto mediante la autosatisfactiva logró el actor saciar su sed, es claro que sin importar los costos para el demandado, al vedarle de obtener un pronunciamiento, aún adverso, pero precedido de un auténtico contradictorio.

Así afirman: “Cuántas veces el abogado práctico experimenta una sensación de disgusto y hasta de aprehensión al tener que, obligatoriamente, promover un proceso principal (que no le interesa ni le sirve) en miras a lograr que un Tribunal le conceda (lo que sí le interesa y le sirve), que es el despacho de una diligencia cautelar. Después el letrado se las arreglará para dar largas al litgio que se ha visto compelido a iniciar a despecho de la voluntad de su comitente”[47].

El enfoque se centra en lo utilitario, desentendiéndose de que el debido proceso y la obtención de un pronunciamiento justo, no sólo persiguen dar a cada uno lo suyo, sino que también hacen al reconocimiento de la dignidad de la persona humana.

No se observa que tengan registro del derecho de defensa en juicio, o de la tutela judicial efectiva, como conceptos bifrontes, sino que sólo importan desde la monocular visión del actor, pues se considera estadísticamente malo al demandado.

Señalan los defensores de éstas medidas, que “Estadísticamente es dable constatar que en el 90 por ciento de los casos el actor tiene razón, que en el 90 por ciento de los litigios el demandado se defiende sin argumentos, que el Código Procesal resulta más aprovechable por el accionado que quiere dilatar, abusando así del proceso, que por el accionante para lograr su meta que es el dictado de una sentencia rápida y eficaz. En un sistema en que los juicios duran años y los demandados se encuentran gozando de derechos -que en un 90% no les corresponden-... el redimensionamiento del concepto del derecho a ser oído es un imperativo de justicia”[48].

Quedan al descubierto como todo sustento, argumentos efectistas, que no sólo resultan meramente dogmáticos y subjetivos, sin ningún rigor científico, sino que indudablemente nos remontan a épocas de la Santa Inquisición.

Advertimos entonces, sobre la pregonada liquefacción del derecho que se pretende, a partir de ideas y conceptos que, a esta altura de la civilización, no pueden tener recepción normativa, y en los que abrevaron los ordenamientos procesales de las Provincias Argentinas que receptan estas medidas.

Otros, con mejor tino, cargan las tintas en la morosidad de las causas, en el atosigamiento de los Tribunales, en la ineficiencia del sistema para dar respuestas a necesidades impostergables, y consideran entonces que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional[49].

Es claro que a mal puerto vamos si pretendemos que el mal funcionamiento de los tribunales o la falta de moralidad en el proceso, deben resolverse mediante la vulneración de los derechos constitucionales del accionado.

Existen herramientas claramente olvidadas en la totalidad de los ordenamientos rituales, para combatir ambos males, a las que cabe desempolvar y echar mano para evitar el abuso del proceso tanto por parte tanto de los justiciables[50], como por parte de los magistrados y funcionarios[51], en lugar de distorsionar al proceso para hacerlo funcional a determinados intereses.


La necesidad de homogeneizar la cultura mediante la construcción de un marco de referencia -simbólico y normativo- en cuanto a las pautas de regulación social, se encuentra en la base de cualquier sistema normativo con aspiraciones de alcance general, que permita resolver los conflictos a partir de una pauta común que sea reconocida por los miembros de las comunidades involucradas[52].

La realidad social de nuestros tiempos es compleja, y necesitamos reciclar y adaptar los mecanismos de heterocomposición de los conflictos sociales, mediante pautas que sean aceptadas e incorporadas normativamente por todos los integrantes de nuestra sociedad. La desintegración social se produce por la falta de normas que plasmen costumbres y valores compartidos.

No se puede negar el incremento de las garantías constitucionales y convencionales dirigidas a hacer operativos los derechos humanos fundamentales que por vía de Pactos y Tratados Internacionales se incorporan. El derecho procesal es la herramienta para hacer efectivos esos derechos, cuando son desconocidos. Tampoco podemos ignorar que existen situaciones de urgencia que exigen respuestas inmediatas.

Por eso impulsamos la recepción de la tutela cautelar anticipada o anticipativa, justamente para estas situaciones excepcionales, que permitan un anticipo jurisdiccional pero siempre dentro del marco de un proceso.

Porque dentro de esos derechos fundamentales también se encuentran las garantías inclaudicables del proceso, que no pueden ser negadas ni limitadas[53], que se plasman en sus principios[54], inmutables e invariables, que conforman el núcleo del ser del proceso.

Las corrientes que niegan o deciden cambiar los principios enunciados, consideran al proceso como algo malo en sí mismo, y que por tanto, hay que evitar. De este modo surgen “instrumentos” procesales como los que venimos abordando, que parten de la hipótesis del proceso como algo malo, donde los demandados nunca tienen razón, que litigan abusando de las formas procesales, para dilatar el reconocimiento del derecho del actor[55].

Si aceptamos las pretendidas mutaciones y negaciones de los principios procesales estamos negando la idea misma de proceso como concepto ontológico. Y la idea de proceso se vincula histórica y lógicamente con la necesidad de organizar un método de debate dialéctico, porque la razón de ser del proceso es la erradicación de la fuerza en el grupo social, para asegurar el mantenimiento de la paz y de las normas adecuadas de convivencia[56]. Al negar el proceso, volvemos a la ley del más fuerte, a la justicia por mano propia, a la desintegración social, demostrando la incapacidad como sociedad de resolver los conflictos pacíficamente con un método heterocompositivo.

Por otra parte, si comenzamos por aceptar que el juez pueda hacer distinciones frente a las partes en el proceso, aún cuando las razones nos parezcan -en principio- indiscutibles (por ejemplo cuando estamos frente a integrantes de grupos sociales vulnerables, o frente a conflictos sumamente trágicos en la vida de las personas), y con ello justificáramos la negación o supresión de los derechos de la otra parte en función de de un fin superior, debemos tener muy presente que abrimos una peligrosa puerta que puede dar paso, una vez más, al poder autoritario.

Resulta peligroso modificar o dejar de lado los principios que conforman la esencia del proceso judicial, con la finalidad de obtener un proceso líquido, amorfo, adaptable a las cambiantes circunstancias del mundo posmoderno, en la que la celeridad de las respuestas justifica soluciones que afectan otros derechos fundamentales. El fin en ningún caso justifica los medios, máxime cuando existen remedios procesales aptos, para resolver las trágicas urgencias que nos presentan para justificar la resolución adoptada.

El derecho líquido, adaptable, moldeable a las necesidades de los tiempos, tal como lo enunciaron con las mejores intenciones los representantes de la Escuela de Derecho Libre en Alemania, y que pasaran a la historia por ser los postulados que llevaron al extremo los representantes del nacionalsocialismo para justificar el horror y la locura aplicando conceptos como los “intereses superiores del pueblo” o “los postulados de la nación”, es un camino que la humanidad ya transitó y que debemos considerar superado.

Dentro de un sistema democrático y pluralista, con pleno reconocimiento de los derechos humanos, es menester brindar una respuesta para dar curso a la tutela urgente, respetuosa de las garantías que comporta el proceso y que permita su compatibilidad con la urgencia que requiere la protección de los derechos del accionante.

Consideramos entonces que si bien el amparo es el remedio urgente, adecuado para estos casos, en situaciones excepcionales y de extrema premura, es dable prever normativamente el otorgamiento de una tutela cautelar anticipada, evitar las arbitrariedades, desigualdades, inseguridades y abusos de su falta de previsión. Que el principio de moralidad en el proceso sea fundamento y fin de todos los operadores jurídicos, por tanto que se sancionen ejemplarmente las conductas que se aparten de ese estándar. Solo así podremos alcanzar la meta de construir una sociedad más libre y más justa,


Reseñadas las distintas variables que articulan el contexto de las medidas autosatisfactivas, justificamos nuestra posición desfavorable a su admisión, explayándonos sobre su inconstitucionalidad, y señalamos la necesidad de regular de modo suficiente la tutela cautelar anticipada, para contener situaciones carentes de actual respuesta.

Nos queda ahora la difícil tarea para la que nos han convocado, consistente en formular una crítica el Proyecto CPG, en relación a las medidas autosatisfactivas.

Decimos difícil en tanto, estas medidas en un sistema procesal garantista definitivamente no tienen -ni pueden tener- cabida. De hecho no han sido contempladas, y existen preceptos prolijamente diseñados que descartan la posibilidad de su admisión.

Desde el art. 1º que regula el derecho a la tutela judicial efectiva, que en su inc. 3º recepta la amplitud en paridad de condiciones del derecho de defensa, en su inc. 6º exige al sentenciante en todo momento el trato igualitario; el art. 2º al regular en qué consiste la actividad jurisdiccional la vincula de modo inescindible a los principios que deben ser respetados; el art. 7º que establece claramente los principios que rigen el proceso civil y que lo definen, destacando la igualdad y la eficacia y eficiencia de la serie procedimental; el art. 88º que exige de dos partes para la existencia del proceso, todos ellos resultan desde ya obstáculos claros y definitivos para que pueda prosperar una medida del tenor de las autosatisfactivas.

Desde este lugar ponderamos gratamente que sus redactores hayan logrado un vallado tan precioso a los desbordes del poder.

Por otra parte, se advierten otros artículos que consideramos un claro avance para combatir males que padecen nuestros sistemas judiciales latinoamericanos, claramente colapsados.

Así observamos el art. 60º que establece el deber del Juez de actuar con diligencia y de modo eficiente en el cumplimiento de su tarea, el art. 62º que señala los deberes de resolución de los jueces, sancionando clara y seriamente la reiterada demora en resolver, haciendo peligrar su permanencia en el cargo. Estos, entre otros que hacen a la moralidad de los litigantes, serán herramientas útiles con el fin de brindar respuestas oportunas a los justiciables.

Sin embargo, en punto a la problemática que ha generado el surgimiento de las medidas autosatisfactivas, vinculada a situaciones de urgencia extrema que, excepcionalmente, imponen anticipar la tutela ínterin se sustancia el proceso principal, no advertimos que el Proyecto CPG brinde solución.

No obstante el deber cautelar genérico previsto en el art. 63 del Proyecto CPG, que aparece como una norma amplia en pos de la adopción de cautelas adecuadas, a la luz del sistema configurado en el resto del articulado, la regulación contenida en el Libro 5 Título 3, “De la Solución urgente y anticipada de una pretensión”, concretamente en los arts. 690 y 691, se muestra insuficiente en relación a las tutelas anticipadas para los casos que venimos tratando, dado lo taxativo de los supuestos allí contemplados.

Principalmente la objeción se endereza, no ya en punto los recaudos previstos en la segunda de las normas señaladas, los cuales resultan acordes tratándose de un anticipo jurisdiccional, sino en tanto el primero de ellos, remite taxativamente y sin más, a los específicos casos previstos en la normativa de fondo y a los allí señalados.

Entendemos que tal solución se sustenta en la necesidad de que este tipo de medidas estén expresamente previstas en la legislación sustancial, dotando de la seguridad jurídica y de la aplicación obligatoria para todos los casos que tal solución importa, y también en que la norma procesal sólo debe establecer la forma de tramitar las pretensiones[57].

No negamos a su vez que a los casos que el propio proyecto CPG enuncia (obra nueva, alimentos provisorios, y cerramiento), el nuevo ordenamiento Civil y Comercial Argentino agrega hipótesis que puedan llegar a configurar nuevos supuestos de este tipo de tutelas[58].

Pero existen situaciones no contempladas en tales ordenamientos derivados del desconocimiento de derechos humanos fundamentales –vgr. salud, educación, ambiente, violencia, entre otros- que hacen a la esencia y dignidad de la persona humana, los que en casos de excepcional urgencia, con verdadero riesgo de frustración del derecho[59] pueden requerir anticipo de tutela, principalmente atendiendo a las nuevas dinámicas y formas de la vida en sociedad, y con ello de nuevos atropellos que depara.

Los mecanismos específicos para la tutela de éstos derechos, en los supuestos de urgencia impostergable, no siempre están contenidos en la “ley de rango superior”, porque estas normas -la más de las veces- son tratados internacionales, a los que remite o en los que descansa, el propio ordenamiento interno sustancial de cada país. Los Pactos y Tratados internacionales no se inmiscuyen en la legislación de cada Estado respecto del modo en que deberán ser tutelados, resguardado su ejercicio o cautelados.

Sí establecen estos Tratados la importancia, jerarquía y necesidad de algún tipo de tutela “efectiva” en sede judicial, pudiendo sancionarse a los Estados frente a la omisión de resguardar su respeto.

Frente a ello, no es factible sostener que la falta de previsión en la normativa de fondo -o en la ley superior[60]- importe validar que no cuentan con mecanismos jurisdiccionales, en caso de ser necesaria su inmediata tutela.

A su turno el remedio urgente y expedito del amparo, si bien resulta técnicamente una respuesta adecuada, prácticamente no basta para supuestos de extrema urgencia, requiriendo su acompañamiento con un anticipo jurisdiccional.

Hasta el presente, las tutelas anticipadas fueron posibles en nuestro país por el carril de la medida cautelar genérica, la cual desaparece, lógicamente, de las previsiones del Proyecto de CPG, solución que no cuestionamos.

Precisamente por esto, consideramos que debe existir una regulación procesal adecuada y suficiente que viabilice la referida tutela, en esos supuestos de excepción, que las ponga en su justa medida, exigiendo la aplicación obligatoria en todos los casos de los recaudos contenidos en el art. 691 del Proyecto, y resguardando así las posibilidades de abusos y malas prácticas fundadas en la mera discrecionalidad judicial.

Es menester que exista el continente adecuado para un contenido que excede los parámetros habidos, pues queda de otro modo librado a la labor pretoriana, dejando mayor ámbito para la arbitrariedad y desigualdad.

A ello se agrega que seis provincias argentinas ya han regulado en sus códigos procesales las medidas autosatisfactivas, lo cual da muestra de la necesidad de proporcionar una solución desde el ordenamiento procesal, que tanto el legislador como los operadores del derecho están buscando, y por ende, silenciando, lejos de acallar la inquietud, tampoco la orienta.

Concluimos entonces, que las previsiones contenidas en el proyecto no dan cuenta ni cabida para una realidad que, mal grado nuestro, desborda, y desde este lugar resultan insuficientes.

Sostenemos la necesidad de incorporar una respuesta idónea y expresa para las situaciones excepcionales, urgentes e impostergables de afectación de Derechos Fundamentales, no previstas de modo taxativo, pero que ameritan los anticipos de tutela, con las exigencias específicas previstas en el art. 691 CPG, y si es necesario, agravando las responsabilidades por su ejercicio abusivo, estableciendo una responsabilidad objetiva[61], pero no dejemos de regularlas so pretexto de su uso expansivo, no sólo porque éste ya existe, y de hecho ya han sido reguladas en ordenamientos procesales de la peor manera, sino porque de otro modo se pierde de vista la función de la norma como reguladora y orientadora de la práctica social.

Reiteramos nuestra afirmación inicial, propiciamos introducir las modificaciones necesarias para que el Derecho siga siendo Derecho.






[1] Eguren, Carolina, “Las medidas autosatisfactivas: el gran salto evolutivo del derecho procesal contemporáneo”, en Activismo y Garantismo Procesal, Academia Nacional de Derecho y Cs. Sociales de Cordoba, 2009.
[2] Tena Aguirre, Rodrigo, “Reflexiones en torno a la ley 41/2007 de Reforma Hipotecaria”, Anales de la Academia Matritense del Notariado, ISSN 0210-3249, Tomo 49, 2009 (Ejemplar dedicado a: Curso 2008/2009), págs. 363-400
[3] En Argentina, Códigos Procesales Civiles: Art. 232 CPCC Nación, al que siguen la mayoría de los CPCC provinciales.
[4] Calvinho Gustavo, “Las Medidas Cautelares, anticipo de tutela y medidas autosatisfactiva”, en http://gustavocalvinho.blogspot.com.ar/search/label/anticipo%20de%20sentencia.-
[5] Alvarado Velloso, Adolfo, “El Procedimiento Cautelar y la Solución Urgente y Anticipada de una Pretensión”, en “Escritos sobre diversos temas de Derecho Procesal”, p. 871.
[6] Corte Suprema de Justicia de la Nación, Caso Kiper, 2001, Fallos, 324: 4520
[7] Para citar algunos casos: art.. 700 del Codice di Procedura Civilede Italia, las injuctions del derecho norteamericano, art. 674 y 675 del Código Procesal Civil de Peru, Art. 273 dl Código Procesal Civil de Brasil
[8] Técnica retórica e ideológica de desinformación o alteración de hechos y descripciones (próxima a la inversa sacralización, o al victimismo). En la demonización, la influencia pública de un individuo o sector con un grado elevado de visibilidad y ethos se pone en juego para estimular una reacción de descrédito que elimine las restricciones morales o legales para actuar en detrimento del grupo demonizado. La demonización del otro transforma al demonizador en alguien tan indiscutible como Dios.
[9] Adolfo Alvarado Velloso, “El procedimiento cautelar y la solución urgente de una pretensión”, en Escritos sobre Diversos Temas de Derecho Procesal, p 873.
[10] Eguren, Carolina, op cit nota 1, pag 138, refiere la autora que con estas medidas se tiende a Afianzar la Justicia, Derecho a la Escucha y asegurar el contenido de una Tutela Judicial Efectiva, si bien aclara que estos derechos sólo asisten a la partes actora, y por cuestiones estadísticas que habría elaborado, deben ser denegados al demandado.
[11] Cfr. Morello, Augusto M.-Stiglitz, Gabriel, Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos, Ed. Platense, 1986, pág. 162, punto III, en similar sentido Peyrano, Jorge W., Régimen de las Medidas Autosatisfactivas. Nuevas Propuestas. LL 1998-A, 968.
[12] Conclusiones del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, Año 1997, Corrientes,
[13] “Cuando el derecho del postulante se presenta en grado no sólo de fuerte probabilidad sino que luce palmario, casi incontestable y, además, se ha dado noticia al destinatario de la medida; sumado a que, por su absoluta obviedad o dada la simpleza material del conflicto, circunscripta a remover el obstáculo, no se requiere de un proceso adicional, con debate pleno ni rebuscada investigación probatoria”, en Barberio, Sergio J. “La Medida Autosatisfactiva.” Editorial Jurídica Panamericana. Ed. 2006. pág. 158 y ss.
[14] Peyrano, Jorge W. Eguren, María Carolina. “Vigorosa recepción legislativa de las medidas autosatisfactivas”, en “Medidas Autosatisfactivas”, Ed. Rubinzal Culzoni, 2009, Tomo I, o. 949
[15] Cf. Alvarado Velloso, Adolfo, El procedimiento cautelar y la solución urgente de una pretensión”, en Escritos sobre Diversos Temas de Derecho Procesal”, p. 847
[16] Meroi, Andrea, Medidas autosatisfactivas: nuestra oposición a que se incluyan en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, LLLitoral 2007 (octubre), 917.
[17] Peyrano, Jorge. W, Eguren, María Carolina, ob. cit., pág. 949
[18] Eguren, Carolina, op cit nota 1, pag 128.       
[19]Calvinho, Gustavo, “Medidas Cautelares, Anticipos de Tutela y Medidas Autosatisfactivas”, en http://gustavocalvinho.blogspot.com.ar/search/label/anticipo%20de%20sentencia
[20] Vargas, Abraham, Estudios de Derecho Procesal, Ediciones Juridicas Cuyo, p. 80
[21] CPCC Perú arts 674 y 676.
[22] CPCC del Uruguay: Art. 317: Medidas provisionales y anticipadas. 317.1 Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, podrá el tribunal adoptar las medidas provisionales que juzgue adecuadas o anticipar la realización de determinadas diligencias, para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo.
[23] En Brasil, el art. 273 del Código do Procceso Civil (Según la reforma por ley 8952/94) lo designa como “Anticipación de la Tutela”. La anticipación de los efectos de la sentencia se adopta luego de oír a la otra parte, para poder luego de sopesar sus razones, concluir si está el abuso del derecho de defensa o el manifiesto propósito retardatorio del accionado.
[24] CPC Chaco art. 232 bis "Los jueces a pedido fundado de parte, respaldado por prueba que demuestre una probabilidad cierta de que lo postulado resulta atendible y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, deberán excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas. Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el juez, éste podrá exigir la prestación de cautela suficiente. Los despachos favorables de medidas autosatisfactivas presuponen la concurrencia de los siguientes recaudos y quedarán sujetas al régimen que a continuación se describe: a) que fuere necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo o procesal; b) que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines; c) los jueces podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que despacharen y disponer, a solicitud de parte, prórrogas de las mismas. No rigen en la materia los principios de instrumentalidad y caducidad propios del proceso cautelar; d) los jueces deberán despachar directamente la medida autosatisfactiva postulada o, excepcionalmente según fueran las circunstancias del caso y la materia de la medida, someterla a una previa y reducida sustanciación, que no excederá de conceder a quien correspondiere la posibilidad de ser oído; e) el legitimado para contradecir una medida autosatisfactiva ordenada, podrá optar para impugnarla entre la interposición directa del recurso de apelación que será concedido en su caso, con efecto devolutivo, o iniciar un juicio declarativo general sumario de oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento de la decisión judicial impugnada. Elegida una vía de impugnación, se perderá la posibilidad de hacer valer la otra. También podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que lo afectare, en el supuesto de que acreditare prima facie la existencia de la posibilidad de sufrir un perjuicio de difícil o imposible reparación, previo ofrecimiento y prestación de contracautela suficiente".
[25] CPC Pcia de La Pampa art. 305, que remite en cuanto a los supuestos de aplicación al art 302“Será aplicable el procedimiento sumarísimo cuando se reclamase contra un acto u omisión de autoridad pública o de particulares que encuadre en las previsiones del artículo 43 de la Constitución Nacional y las que contenga la Constitución Provincial.”
[26] Ley 5745/2000, incorpora al CPC Corrientes arts. 785 a 790.
[27] CPC Pcia de Formosa -Ley Provincial 1397- art 232 bis.
[28] CPC Pcia Santiago del Estero Libro I, Título I Capítulo IV: De los deberes y facultades de los jueces”, art 37 (t.o. Ley N 6910).
[29] CPC San Juan (t.o. Ley 7942) Art. 676.
[30] Cf. Peyrano, Jorge W. y Eguren, María Carolina, “La batalla por la entronización legal de la medida autosatisfactiva”, en Sentencia Anticipada, Revista Rubinzal Culzoni, Año 2000.-
[31] se limita a la “posibilidad de ser oído”
[32] Si no se bilateraliza previamente la instancia, no se puede hablar de proceso, sino de petición. Cf. Alvarado Velloso, Adolfo, “El Procedimiento Cautelar y la Solución Urgente y Anticipada de una Pretensión”, en “Escritos sobre diversos temas de Derecho Procesal”, p. 836
[33] Rojas, Jorge, “Sistemas Cautelares Atípicos”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 150
[34] Igualdad de las partes, Imparcialidad del Juzgador, Transitoriedad del proceso, Eficacia de la serie procedimental y moralidad procesal, Adolfo Alvarado Velloso, Debido Proceso, cademiadederecho.org, idem “Lecciones de Derecho Procesal Civil” Compendio…, Induvio Editora, Bahía Blanca, 2010
[35] Adolfo Alvarado Velloso, “El procedimiento cautelar y la solución urgente de una pretensión”, en Escritos sobre Diversos Temas de Derecho Procesal, p 843
[36] En la mayoría de los ordenamientos citados, por excepción y a criterio del Juez se permite la sustanciación previa.
[37] 7 Calvinho, Gustavo, Bordenave, Leonardo, “Medidas cautelares, tutelas anticipadas y medidas autosatisfactivas. Su diferenciación e impacto frente el derecho de defensa en juicio,” LL, 2001-B,1003.
[38] Tristán García Montaño, “Crítica a las Medidas Autosatisfactiva”, Activismo y Garantismo Procesal, Procesal, Academia Nacional de Derecho y Cs. Sociales de Córdoba, 2009, pág 141)
[39] Alvarado Velloso, Adolfo, “La Sentencia Autosatisfactiva”, LL. 2009-D-957
[40] Constitución Argentina art 17 , 18, Pacto de San José de Costa Rica, art 8 y restantes tratados ya citados.
[41] Tristán García Montaño, op cit.
[42] Tristán García Montaño, op cit
[43] Alvarado Velloso, Adolfo, Teoría General del Proceso, Academia Virtual Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios Judiciales, lección 5, p.13.-
[44] Melgarejo Allegretto, Joel, “Esfuerzos por Comprender la Tutela Jurisdiccional Efectiva y al Debido Proceso”, en Garantismo Procesal IV, señala:”Si en algún proceso se vulneran los principios, las reglas, inmediatamente se transforma en un proceso arbitrario, irrumpe su dirección, en consecuencia el final del mismo no será el correcto, la sentencia no tendrá validez por no ser producto o resultado de un proceso”.
[45] ROBERTO O. BERIZONCE, “Medidas cautelares, anticipatorias y de urgencia en el proceso de amparo”, Anales de la Facultas de Ciencias Jurídicas y Sociales , Anales, año 07 nº40, UNLP 2010, idem, Kamada Luis Ernesto, “Tutelas Diferenciadas y su tensión con el debido proceso”,p. 52, 20/11/13, www.infojus.gov.ar, id. SAIJ, DACF 130302.
[46] Resulta arduo el esfuerzo para encontrar justificación a lo injustificable.
[47] Peyrano Jorge W, Informe sobre las Medidas Autosatisfactivas, La Ley 1996- A -999.
[48] Eguren, Catalina, op cit nota 1, pág 141.
[49] ROBERTO O. BERIZONCE, “Medidas cautelares, anticipatorias y de urgencia en el proceso de amparo”, Anales de la Facultas de Ciencias Jurídicas y Sociales , Anales, año 07 nº40, UNLP 2010
[50] Vgr. arts 34, 36, 45, 208, CPCC de la Nación, entre otros.
[51] Ver el interesante desarrollo en tal sentido realizado por Sirkin, Eduardo, “Algo más sobre el abuso en el proceso”, elDial.com - DC20F5, Publicado el 05/05/2016.
[52] Lebus, Emilias, “De la comunidad al Estado”, en Garantismo Procesal IV, Junio 2012
[53] Gozaíni, O.A., Tratado de Derecho Procesal Civil, T.° II, Pág. 3 y ss
[54] 1) imparcialidad, impartialidad e independencia del juzgador, 2) igualdad de las partes, que significa paridad de oportunidades y de audiencia, 3) transitoriedad del proceso, 4) eficacia de la serie procedimental y 5) moralidad del proceso. Cf.Alvarado Velloso, Adolfo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Induvio Editora, Bahía Blanca, 2010, p.197
[55] Conferencia del Dr González Castro Manuel, “El Proy de Cód Proc Geral del IPDP.Estructura.Declaraciones. Principios”, Jorn. Prep. Del XXVIII Encuentro Panamericano de Derecho Porcesal, Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, Neuquén, 22 y 23 Junio 2017
[56] Alvarado Velloso Adolfo, op. cit. p.
[57] Alvarado Velloso, Adolfo “El procedimiento cautelar y la solución urgente de una pretensión”, en Escritos sobre Diversos Temas de Derecho Procesal, p 862
[58] Ver arts 34CCyC en discapacidad, 52 y 1711 CCyC que prevén la acción preventiva por afectación a la dignidad y por daños.
[59] Calvinho, Gustavo, “Medidas Cautelares, Anticipo de tutela y Medidas Autosatisfactivas”.
[60] Alvarado Vellos, Adolfo, “El procedimiento cautelar….” Op cit, p 837
[61] Calvinho Gustavo, ““Medidas Cautelares, Anticipo de tutela y Medidas Autosatisfactivas”. P. 3
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