sábado, 19 de agosto de 2017

ENCARGADOS DE EDIFICIOS Y VIVIENDA. Rechazan medida cautelar que buscaba evitar el desalojo de un encargado y de su familia, ante la existencia de indicios que demuestran la extinción del vínculo laboral y, también, que el reclamante sería peligroso para las personas del edificio.

ENCARGADOS DE EDIFICIOS Y VIVIENDA. Rechazan medida cautelar que buscaba evitar el desalojo de un encargado y de su familia, ante la existencia de indicios que demuestran la extinción del vínculo laboral y, también, que el reclamante sería peligroso para las personas del edificio.
Causa n° 95544/2016/CA1 – “S. R., R. c/ Consorcio de Propietarios del Edificio C. s/ medida cautelar” – CNTRAB – SALA III – 31/05/2017
ENCARGADOS DE CASAS DE RENTA Y PROPIEDAD HORIZONTAL. Ley 12981..
SENTENCIA INTERLOCUTORIA- CAUSA Nro. 95544/2016/CA1. “S .
R., R. C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO
CHARCAS 3335/7 S/ MEDIDA CAUTELAR “JUZGADO Nro. 77
Buenos Aires, 31/05/2017
La Doctora Diana Regina Cañal dijo:
Contra la sentencia de primera instancia (fs. 49), que desestimó la
medida cautelar de no innovar, se alza la parte actora a tenor del
memorial obrante a fs. 50/59.
Previo a resolver, cabe recordar que S. se queja, porque según
entiende, se efectuó una incorrecta interpretación y evaluación de los
hechos denunciados. Refiere que se intenta transformar la forma de
disolución del vínculo, como si hubiera existido un “despido sin causa”,
sin que nunca se expresara formalmente dicha situación.
Luego, destaca que se encuentra cuestionada la extinción de la
relación laboral, dado que el acto jurídico “acuerdo del art. 241 de la
LCT” resulta nulo, por lo que no corresponde hacer lugar a la medida
del desalojo.
Ahora bien, en este caso, el Sr. S. inició la presente acción,
solicitando “la reincorporación inmediata al puesto de trabajo, salarios
caídos, daños y perjuicios morales y psicológicos. Todo ello, desde el
momento de la quita de tareas por parte de la administración del
consorcio, con sus respectivos aumentos salariales e intereses”.
Asimismo, mencionó la conexidad de causa con el proceso que tramita
ante el juzgado de primera instancia Nro. 77, expediente Nro.
26976/2016 “Consorcio de Propietarios Charcas 3335/7 c/ S. R., R. s/
desalojo”.
Asimismo, solicitó que se imponga la medida de no innovar (art. 230
del CPCCN), con la consiguiente suspensión de las actuaciones que
tramitan en el Juzgado de 1era Instancia del Trabajo Nro. 77 (desalojo),
hasta que se resuelva lo cuestionado en el presente litigio.
De las constancias de autos, se advierte que el actor ingreso a
trabajar el 1.05.06, en el Consorcio de Propietarios de Charcas 3335
como encargado de edificio permanente, conforme el CCT 589/10,
hasta que el 8.11.15, recibió una comunicación telefónica del Sr. S. H.
R., administrador del consorcio, quien hizo saber que debía
presentarse al día siguiente en el estudio del Dr. S., letrado de dicha
administración, porque “el consorcio no superó tu conflicto familiar y
debes retirarte de tu trabajo”.
Luego, de acuerdo al relato inicial, el consorcio no pretendía
continuar con la relación laboral y le dijeron al actor que debía retirarse
de la unidad. El Sr. S. agregó que le hicieron firmar un supuesto
documento sin cumplir los requisitos de un acuerdo. Hizo hincapié en
que no se tuvo en cuenta que en el departamento vivía con su esposa,
Sra. P. M. M. P., el hijo de ambos M. R. S. M., de ocho años, y el
hermano de su esposa, el Sr. C. M., quien se encuentra a su cargo
puesto que sufre de discapacidad mental.
De la prueba documental adjuntada en el expediente Nro.
26976/2016, tenemos el acuerdo celebrado el 9.11.15, por medio del
cual el trabajador habría manifestado su voluntad de cesar como
encargado del edificio a partir de la fecha, y el consorcio a
recompensarlo con la suma de $100.000 más el sueldo completo de
noviembre del 2015. Luego, se observan dos recibos de haberes, en
concepto de la liquidación final, con la firma del trabajador (reconocido
por el mismo, con el acompañamiento de la copia entregada), y una
constancia del Banco Galicia, con la transferencia del pago de haberes,
por la suma de $25.038, de fecha del 10.12.15.
A fs. 140/144, del expediente de desalojo, se observa que el
Consorcio de Propietarios, ante “la imperiosa necesidad…de recobrar
la unidad vivienda portería en el día 16.11.16, se envió carta
documento a fin de que S. R. restituya el inmueble de autos,
informándosele que…sin reconocer hechos ni derechos, pone a
disposición en la sede de la administración del consorcio la suma de
$122.910,03, en concepto del pago de las diferencias por las sumas
que le hubiesen correspondido en un despido sin causa (arts. 245 y
242 de la LCT), a cambio de la devolución inmediata del inmueble…”.
En la primera instancia, a fs. 49, se resolvió que “más allá del
debate que se pretende introducir en este proceso con relación a la
validez y/o legitimidad del acto jurídico mediante el cual se habría
extinguido el vínculo laboral, lo cierto es que actualmente la
empleadora considera disuelto el contrato de trabajo. Prueba de ello es
que el consorcio inició la acción de desalojo y puso a disposición del
trabajador la suma de $122.911,31 en concepto de “pago de las
diferencias por las sumas que le hubiesen correspondido en un despido
sin causa (art. 245 y 242 de la LCT), a cambio de la devolución
inmediata del inmueble”. Así, resolvió que “podría inferirse sin que ello
implique un juicio definitivo que el vínculo se encontraría extinguido.
Por ello, no corresponde cautelar el derecho que se invoca”.
Luego, una vez remitido el expediente a esta alzada, se dictó la
resolución de fs. 63/68, ordenando la suspensión del tratamiento del
recurso de apelación en cuestión, hasta que tuviera lugar la audiencia
fijada en los términos del art. 80 de la ley 18345.
En dicha audiencia, celebrada el 21 de abril de 2017, se interrogó a
la parte actora: “si se inició el despido y CONTESTÓ: a su criterio NO”.
Cedida la palabra a la parte demandada manifiesta… “que la relación
laboral hasta el 9.4.15, transcurrió con normalidad, sin sanciones. El
mismo día se genera una pelea muy seria familiar, cuya consecuencia
es el cerco perimetral que recibe el actor y cuya constancia dan cuenta
las fotocopias que se adjuntan en este acto, exhibiendo los originales.
A partir de ese momento, el consorcio comienza a observar al actor en
su conducta diaria, en ese tiempo, llega a la Administración una
denuncia de una vecina imputándole al actor el acoso a una menor de
13 años. El consorcio ignora qué trámite se realizó. Toma conocimiento
asimismo, a través de un proveedor del acoso de su hija. Asimismo, la
hija de la esposa del accionante, se presenta en la Administración,
después de la golpiza que le propuso a la madre, y manifiesta que
siendo adolescente, le decía obscenidades y propuestas indecentes,
también empleadas domésticas que trabajan en el consorcio,
manifestaron el acoso sufrido por parte del actor y que están
dispuestas a declarar, también existen otras mujeres que también
sufrieron acoso. Todo esto generó preocupación a los habitantes del
edificio, y se generó una sensación de inseguridad. El consorcio no
entró a ser juez en estos asuntos, pero el 9.11.15, lo invitó al actor a
conversar para buscar una solución. El actor manifestó que no quería
más lio con su señora y prefería renunciar e irse. El letrado
patrocinante de la demandada le manifiesta que no era justo que
renunciara, sino que iba a tratar de lograr una suma de dinero para que
pueda comenzar una nueva vida, se firmó un acuerdo por el cual el
consorcio se obligaba a abonarle la suma de $ 100.000, previa
audiencia en el SERACARH, órgano de resolución de conflictos del
sindicato. Se solicitó la audiencia pero el actor no concurrió. Ante el
estado de inseguridad el consorcio, por medio de asamblea, le dio
instrucciones que se le abone el 100 % de la indemnización del art. 245
de la LCT, poniendo a disposición la suma de $ 122.910,31, que con lo
depositado en el desalojo, hace al total de la indemnización. Esto se
notificó en el expediente del desalojo y se le mandó carta documento
poniendo a disposición el dinero, lo que fue rechazado. Ese dinero
sigue a disposición del actor. No se depositó esa cifra por cuanto se
acercaba fin de año y era más fácil retirar el dinero de la administración
y no del Tribunal. Por último, el consorcio, ante el clima de inseguridad,
no está en condiciones de reintegrarlo al trabajo y lo que desea y
necesita es que deje la vivienda por cuanto el nuevo encargado la
necesita.” Luego, la parte actora impugnó dichas manifestaciones,
porque según entiende, “no se refieren al objeto del caso de trato,
vertidas en este acto. Manifiesta que la extinción del vínculo se basa en
Fecha de firma: 31/05/2017
Alta en sistema: 22/06/2017
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SILVIA SUSANA SANTOS, SECRETARIA
#29127550#180217637#20170531123332695
Poder Judicial de la Nación
un acuerdo que está tachado de nulidad absoluta por las razones
expuestas en ambas causas, a las que se remite en razón de
economía procesal. …Consta en autos, el acuerdo incorporado por el
actor, donde figura solo la firma del mismo y la del administrador.
Atento a ello, considera esta parte que el acuerdo carece de los
requerimientos formales para tener validez. En función de lo obrado,
consta la puesta a disposición de una supuesta liquidación final que
tampoco reúne los requerimientos formales y obra como causa de
variación del despido, lo cual considera esta parte que es
improcedente. Atento a ello, y remitiéndose en cuanto a todo lo vertido
por esta parte en ambas causas, considera que para arribar a un buen
puerto, se pueda considerar el despido indirecto al momento de la
puesta a disposición de la liquidación efectuada por esta parte con más
el pago de los salarios caídos desde el momento de la quita de tareas,
todo ello, con la debida actualización por depreciación monetaria. En
este estado, cedida la palabra a la parte demandada manifiesta que
ante la preocupación de las señoras del consorcio pudieron obtener
antecedentes del actor a través del buscador Google y encontraron que
siendo suboficial de la Policía Paraguaya, por resolución de la Justicia
Policial, Nº 317 del 16.6.97, fue suspendido por treinta días por la
causal de abusos y torturas. Cedida la palabra a la parte actora
manifiesta que vuelve a impugnar lo agregado por la demandada por
extemporáneo, improcedente, malicioso y mendaz, apercibiendo en
este acto, por los daños y perjuicios emergentes por las
manifestaciones vertidas ut supra por la incoada, atento sobre todo a la
condición psicológica del actor y por su evolución a partir del presente
suceso, sin perjuicio de incorporar a la causa, las conclusiones
respecto de las denuncias formuladas en este acto.”
Nótese que en el inicio, a fs. 16, el actor sostuvo que no recibió la
notificación de audiencia en el SERACARH. Refirió que el supuesto
acuerdo celebrado no tiene firmas de letrados, ni de la autoridad oficial
destinada al efecto.
Luego, en el expediente de desalojo, agregado por cuerda, el
accionante acompañó el acuerdo original suscripto con el Sr. S. H. D.
R., del 9.11.15.
A fs. 88/91, la parte actora impugnó las declaraciones efectuadas
en la audiencia por la demandada, en cuanto a la supuesta denuncia
de una vecina, imputándole acoso de una menor, del conocimiento del
consorcio respecto de otro acoso a la hija del proveedor, así como a la
hija de la esposa de S., que le decía obscenidades y propuestas
indecentes, y en relación a otras denuncias de empleadas domésticas
que trabajaban allí que dijeron haber sufrido acoso de su parte.
Acto seguido, manifestó que objeta la declaración de que ante la
preocupación de las señoras del consorcio, buscaron antecedentes en
Google y encontraron que siendo suboficial de la policía paraguaya fue
suspendido por 30 días por abusos y torturas. Al respecto, indica que
recién ingresó a prestar labores en el año 2006, se desempeñó durante
13 años al servicio del consorcio. Destacó que se cita como fecha del
supuesto documento encontrado de 1997. Por último, agregó que
renunció a la Policía de la República del Paraguay, y adjunta fotocopia
del hecho.
Ante estas circunstancias, a modo informativo, de acuerdo a lo
ordenado a fs. 93, se navegó en el buscador de Google, poniendo el
nombre completo del actor, y se encontró que “La Justicia Policial, por
resolución 317 del 16 de junio de 1997, sancionó con 30 días de
arresto al Suboficial R. S. R. -quien había disparado- calificando su
conducta como falta grave a los deberes policiales y sobreseyó al Crio.
Principal S. V. y al Suboficial 2o. V. A. O. -de la C.-, por no tener
responsabilidad en la vigilancia del detenido que quedó a cargo de la
Jefatura de Paraguarí.” Artículo de Soledad Villagra, “Abusos y torturas
por Agentes Públicos”, extraído de la página web
www.derechos.org/nizkor/paraguay.
Concretamente, el bien en cuestión que se intenta proteger es el
derecho a mantener las prestaciones del trabajo, en este caso como el
actor se desempeñaba como encargado de edificio, estamos hablando
además, de la vivienda, que se vería en peligro, si se considera
extinguida la relación laboral, y se hiciera lugar al juicio por desalojo.
Al respecto, esta Sala ha sostenido que la viabilidad de las medidas
cautelares se halla supeditada a la demostración, tanto de la
verosimilitud del derecho invocado por el solicitante, como del peligro
que se cause un daño grave e irreparable.
En la resolución interlocutoria dictada por este Tribunal, se ha dicho
que de acuerdo a lo dispuesto por la reglamentación específica de la
ley 12.981 —encargados de casas de renta— (decreto 11.296/49, art.
7) cuando el empleador prescindiese de los servicios prestados por el
trabajador, cualquiera fuere la causa, este último tiene un plazo de 30
días para el desalojo.
Asimismo, se ha dicho a fs. 63/66, que si el actor fue despedido por
cualquier causa, y aun cuando carezca de ella, si no se acredita algún
acuerdo de permanencia en la vivienda, corresponde ordenar el
desalojo trabajador.
En este caso, se cuestiona la validez del acto extintivo del contrato
de trabajo mediante un acuerdo del art. 241 de la LCT. Ahora bien,
como ha demostrado la demandada, para ella el vínculo ya se
encuentra extinguido. Pues, inició un juicio de desalojo, y puso a
disposición del Sr. S. R. la suma de $122.911, 31 en concepto de “pago
de las diferencias por las sumas que le hubiesen correspondido en un
despido sin causa”, a cambio de la devolución del inmueble, conforme
fs. 143 del proceso de desalojo.
Si bien es sabido que el otorgamiento de la vivienda a los
encargados y/o trabajadores de edificios, configura una de las
prestaciones contractuales cuyo uso se encuentra vinculado
específicamente con el contrato laboral, en este caso, sea cual fuere la
forma en que sucedió, hay indicios que nos demuestran que existió una
disolución del vínculo, pero es un tema que se deberá resolver
mediante prueba en la oportunidad de conocimiento.
Nótese, que en el momento de la audiencia de conciliación, se
acompañó una copia simple del oficio enviado por el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nro. 2, a la Comisaria que por zona
corresponda, con fecha 13.04.15, requiriendo que “disponga personal a
su cargo para acompañar a P. M. M. P. (esposa del actor), al domicilio
sito en Charcas 3335, piso 14 (portería), CABA, a fin de retirar de la
vivienda los efectos personales y del niño…Prohibir a R. S. R.
mantener contacto con la denunciante P. M. M. P., y acercarse a un
radio menor de doscientos metros del domicilio donde esta habita, sito
en Gallo 1475, piso 1 dto A, CABA, y a 80 metros de cualquier lugar en
que la misma se encuentre…asimismo, se ordena al presunto agresor
que cese en los actos de perturbación o intimidación, que, directa o
indirectamente realice hacia la mujer por el plazo de 60 días…”
Por otro lado, no observo que el actor haya demostrado que el
hermano discapacitado de su esposa, estuviera a su cargo, que lo
hayan declarado como curador del mismo, más allá que en la copia del
documento de M. P. C., acompañada a fs. 80, del expediente de
desalojo, figura como domicilio declarado el de la portería de Charcas
3335, con categoría de ingreso en el país temporaria (9.06.16 al
9.06.18), por ser extranjero, de nacionalidad paraguaya.
Sorpresivamente, el DNI del Sr. C., con la aclaración de ingreso
temporario al país, es sobreviniente al inicio de la demanda por
desalojo, del 29.03.16, sin que exista en la causa, información sobre la
pretendida discapacidad. Todo lo cual, será notificado a migraciones.
En estas condiciones, no se encuentran configurados los requisitos
para la procedencia de la medida cautelar de no innovar. Estimo que el
actor no demostró el peligro en la demora ni la verosimilitud del
derecho. Pues todo lo contrario, habría indicios que sería peligroso
para las personas que habitan en el edificio, que el actor continuara
viviendo allí, y más aún con el cargo de encargado, que merece que
sea de extrema confianza. Sin embargo, reitero ello se resolverá con el
fondo de la cuestión.
Hasta aquí, el actor no solo no prueba ninguna hipótesis de peligro
en la demora que ensaya, ni tampoco observa el Tribunal, que se
genera abandono de persona alguna con la presente decisión
Por lo tanto, corresponde confirmar la resolución de primera
instancia, dejando sentado que la decisión a que se arriba no implica
abrir juicio en torno a la pertinencia o no de la acción, y la viabilidad de
las defensas deducidas por ambas partes. Estos aspectos serán
resueltos en oportunidad de la sentencia definitiva.
En atención a lo resuelto, propongo diferir las regulaciones de
honorarios y el régimen de costas, para el momento que se resuelva el
fondo de la cuestión
El Doctor Víctor A Pesino dijo:
Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.
Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la resolución de
fs. 49; II.- Diferir las regulaciones de honorarios y el régimen de costas
para el momento que se dicte sentencia definitiva sobre el fondo de la
cuestión.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Víctor A. Pesino Diana R. Cañal
Juez de Cámara Juez de Cámara
Ante mí: Silvia Susana Santos
9 Secretaria

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