lunes, 28 de agosto de 2017

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

C., L. D. c/M., F. S. s/Cumplimiento de Contrato
País:
Argentina
Tribunal:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala E
Fecha:27-06-2017
Cita:IJ-CCCLXXXVII-942
Sumario
  1. Corresponde confirmar la sentencia, que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el actor, en virtud del incumplimiento contractual realizado por un arquitecto, en tanto que la tarea encomendada mediante el contrato de construcción de vivienda, no fue ejecutada en su totalidad, por lo que debe responder por el incumplimiento del contrato.

  2. Debe entenderse por daño moral a cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala E
Buenos Aires, 27 de Junio de 2017.-
 
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara Dres. Racimo, Dupuis y Calatayud:
 
A la cuestión planteada, el Dr. Racimo dijo:
 
I.- El juez de primera instancia hizo lugar en la sentencia de fs. 705/710 a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovida por L. D. C. contra el arquitecto F. S. M. quien fue condenado a pagar la suma de $ 193.200 que se desglosa en los rubros correspondientes a daños materiales ($ 60.000), pago de alquileres de vivienda ($ 19.200), daño moral ($ 40.000), incapacidad psicológica ($ 50.000) y tratamiento psicológico ($ 24.000) Contra dicho pronunciamiento el demandado interpuso recurso de apelación a fs. 713 que fundó con la expresión de agravios de fs. 742/750 que no fue respondida por el actor quien a su vez apeló a fs. 711 y presentó su memorial a fs. 737 que fue contestado por la contraria a fs. 754/756.
 
Se encuentra reconocido en la causa que el actor encomendó al demandado la realización de tareas profesionales mediante un contrato relacionado con la construcción de una vivienda ubicada en la calle Espora sin número esquina El Robledal de la localidad de La Lonja, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. El a quo entendió configurada, a partir de esta admisión del demandado, una locación de obra cuyas características vinculadas a su ejecución podían ser acreditadas por cualquier medio con las licitaciones previstas en los arts. 1191 a 1193 del Cód. Civ.. Señaló que en este tipo de contratación el locador es el único responsable de los resultados de la obra y quien dirija las tareas con un poder de contrato final.
 
El juez se atuvo al dictamen presentado por el ingeniero civil a fs. 614/615 considerando que la obra fue mal ejecutada y aún no ejecutada puesto que no se tuvieron en cuenta las reglas del arte a lo que se suma que presentan defectos graves con lo cual estimó que M. se encontraba obligado a responder frente al actor.
 
Sostiene el demandado que se incurre en error en la sentencia toda vez que la ejecución de la obra material no se encontraba a su cargo sino que tenía que ser realizada por un tercero tal cual fue reconocido por el propio actor en la demanda como surge también de las declaraciones de los testigos ofrecidos por dicha parte. Asevera que pese a su falta de contestación de la demanda se hallan acreditados en autos elementos de juicio que contradicen el alcance de la encomienda. Admite que existían trabajos profesionales a su cargo, pero que la labor ejercida por su parte se circunscribía a las labores o una locación de obra intelectual consistente en el Proyecto y la Dirección de la Obra.
 
El demandado no contestó la demanda con lo cual le son plenamente aplicables las consecuencias del art. 356 inc. 1° del Código Procesal. La prueba que habría permitido descartar la versión del actor no ha sido aportada por el demandado, lo que torna incuestionable otorgarle absoluta fuerza de convicción, máxime cuando la falta de contestación de la demanda en lo que atañe a la apreciación de los hechos pertinentes y lícitos, constituye fundamento de una presunción simple o judicial acerca de la verdad de ellos (conf. Palacio, Derecho Procesal Civil t., t. IV pág. 202 y t. VI pág. 170; Fassi y Yáñez, "C.P.C.C. comentado, anotado y concordado", 3a. ed., t. 1 pág. 392). Por consiguiente, no existiendo elementos que contradigan la susodicha presunción, cabe tenerlos por ciertos (ver votos del Dr. Calatayud en causa 370.108 del 23-4-03 y 404.206 del 2-8-05, LL 2005-F, 304).
 
Sobre este tema ha de tenerse en cuenta que en el texto de la demanda se informó el modo en que se pactó la certificación del avance de obras, los retrasos en su dirección ejecutiva atribuida a M. y particularmente los defectos en la construcción que impidieron concluir con la prestación prometida.
 
El demandado indica en el memorial que en el escrito de inicio se dijo que el constructor le había hecho reclamos directamente al actor con lo cual se revelaría la realización de una encomienda distinta a la que corresponde a la labor del arquitecto. La lectura íntegra del párrafo revela que fue precisamente la demora en la construcción y la ausencia del arquitecto a la obra como director ejecutivo de la misma la que motivó el reclamo directo del constructor al actor.
 
Tampoco merecen mayor relevancia los argumentos que se pretenden elaborar a partir del dictamen del perito ingeniero civil en relación a la mala ejecución de la construcción puesto que la encomienda profesional surge claramente de la presentación efectuada ante el CAPBA de fs. 23 y los planos registrados obrantes a fs. 116/134. El apelante alude a estos importantes elementos de prueba aportados a la causa como “meros cumplimientos formales de la encomienda profesional” lo cual revela, sin percatarse de ello, que admite que ese cometido había sido asumido por él mismo bajo condiciones tales que le imponían la construcción y el control de la obra.
 
Adviértase que lo que manifiesta el apelante en definitiva es lisa y llanamente que pese a que se había obligado formalmente a cumplir esa obligación la realidad es que fue efectuada por otra persona sin que haya acreditado que tal constructor no hubiera estado bajo su dependencia o control en el caso. Viene a decir que a pesar de haber asumido ese trabajo frente al actor la habría realizado un tercero constructor que asegura era un tercero ajeno en una afirmación que jamás ha sido comprobada en la causa.
 
Más allá de las incumbencias profesionales de la labor del arquitecto lo cierto es que esas afirmaciones del actor quedaron corroboradas por la declaración testifical del sedicente Constructor E. F. L. que el apelante pretende usar en su beneficio y quien reveló haberse desempeñado bajo las órdenes del demandado. En efecto, manifestó el testigo al responder las generales de la ley que tiene interés económico en el pleito porque el arquitecto no pagaba, no le daba plata para él y para la gente que trabajaba con el testigo. Ante la pregunta formulada por la parte actora respecto a que dijera quién lo contrató para la obra respondió que “el arquitecto F.” aclarando a continuación que trabajó en otras obras con el demandado citando construcciones en Caballito e Ituzaingó (ver resp. a preg. 1ª, 2ª y 3ª del acta de fs. 445).
 
Se pasa también por alto en la expresión de agravios lo expuesto en la demanda en cuanto a que se había convenido un pago de honorarios por la construcción de la obra y que para ello habría de tenerse en cuenta las certificaciones de avance de las obras. La prueba documental acompañada por el actor -que debe tenerse también por reconocida en virtud de lo dispuesto por la mencionada norma procesal- evidencia que F. S. M. fue contratado por el actor con fecha 21 de mayo de 2013 para la dirección de obra y dirección ejecutiva de la vivienda unifamiliar sita en la mencionada localidad de Pilar (ver fs. 23). Y de la planilla del Plan PRO.CRE.AR. del 30 de octubre de 2012 surgen las prestaciones prometidas y el eventual costo de cada una de ellas (ver fs. 25). La ejecución concreta de la obra -no solo en lo formal como se aduce en la expresión de agravios- resulta de la planilla de gastos elaborada por M. para la obra de L. C. con desembolsos relacionados, entre otros, con seña para materiales de construcción y materiales para la finalización de bases y columnas (ver fs. 37/39).
 
Como se advierte la cuestión se resuelve teniendo en cuenta el camino seguido por el arquitecto en cuanto asumió las tareas de la construcción del inmueble con la participación de una persona que trabajaba bajo su encomienda en esta obra. Tales elementos surgen de los instrumentos acompañados por el actor con el escrito de demanda sumado a prueba que, a contrario de lo afirmado por M. en su lectura incompleta de la declaración testifical, confirman la versión dada por el actor en cuanto al rol realmente desempeñado por el demandado en la obra encomendada dentro del mencionado plan.
 
Ante la falta de real cuestionamiento de los fundamentos de la sentencia en este punto y frente a las deficiencias comprobadas por el perito ingeniero civil que el mismo recurrente admite en su expresión de agravios (ver fs. 745/ vta.) estimo que corresponde seguir el criterio reiteradamente expuesto por esta Sala en el sentido al interpretar lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, en cuanto a que la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento. En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravios que atender en la alzada (conf. CN Civil, esta Sala, c. 131.297 del 4-8-93; c. 134.671 del 18-8-93; c. 134.110 del 4-8-93; c. 147.425 del 26-8-94; c. 161.621 del 5-12-94; c. 165.639 del 6-3-95, entre muchas otras).
 
Por ello propongo que se declare desierto este planteo del demandado y se tenga por firme la condena decidida en su contra en la sentencia recurrida.
 
II.-Desestimados los agravios del demandado corresponde examinar las quejas de ambas partes respecto a la procedencia y a la cuantía de los daños determinados en la sentencia de primera instancia.
 
Cuestiona el demandado que se haya otorgado la suma de $ 60.000 en concepto de daño material calculado al momento de la pericial sin advertirse que según resulta del dictamen mismo se trata de una obra totalmente abandonada por su dueño a la fecha de la inspección respectiva.
 
La queja expuesta en estos términos resulta inaceptable en tanto quedó claro con la presunción simple emanada de la falta de respuesta a la demanda sumada a la declaración de E. F. L. que quien dejó abandonada la obra y a los obreros que participaban en su construcción fue M. quien optó por no pagarles los salarios a personas que él mismo había contratado.
 
Resultaba absolutamente natural que personas que no recibían los ingresos que le había prometido el demandado dejaran de concurrir a la obra de Pilar en una conducta que tiene relación causal con la del arquitecto y no con la del actor respecto de quien no se acreditó que en momento alguno incumpliera alguna de las obligaciones que había asumido en el contrato de locación de obra obrante a fs. 23.
 
Por ello y al no haberse demostrado vínculo alguno entre el daño material demostrado y la conducta imputada al actor no cabe más que confirmar lo decidido sobre el punto por el juez de la causa.
 
Critica el demandado que se hayan aceptado los reclamos por incapacidad psicológica y tratamiento psicológico cuando el fallo presenta una serie de deficiencias argumentales con una equivocada ponderación de la prueba producida en autos ya que el actor tendría incapacidad psíquica con el agregado de que la experta manifestó la imposibilidad de establecer con exactitud qué porcentaje corresponde atribuir al llamado evento dañoso y cuánto a la personalidad previa del actor.
 
El perito ingeniero civil ha presentado fotos a fs. 610/613 que dan cuenta del estado de abandono de las obras y ha manifestado que la construcción se encuentra en “estado calamitoso” aclarando que lo referente a la losa debe ser calificada como “totalmente anormal” (ver fs. 614/615). De la lectura de ese informe surge, de modo evidente, que no solo se ha incumplido sino que se lo ha hecho de un modo tal que el actor deberá escoger nuevos profesionales para llevar adelante la obra prometida.
 
Se trata de circunstancias que han afectado la órbita puramente anímica del actor -cuyo marco de reparación se da en el daño moral- y que, como ha quedado acreditado por la perita licenciada en psicología, han incidido concausalmente para la aparición de daño psíquico (ver fs. 596, pto. 6). También ha precisado que tiene una Neurosis de angustia de grado moderado (20 % Baremo Castex) y que de acuerdo a lo evaluado se estima en un 30 % responder a la personalidad de base del actor y en un 70 % al evento de autos. De lo expuesto surge en definitiva que la frustrada construcción de la vivienda unifamiliar prometida redunda en una cuota de incapacidad psíquica que, según estimo, alcanza al 14 % de la total.
 
La necesidad de la terapia para superar esta dificultad ha sido también acreditada en la causa mediante lo expuesto por la mencionada experta quien ha considerado la existencia de secuelas graves que pueden aminorarse con un tratamiento psicoanalítico ubicándose la existencia de “síntomas graves” (ver fs. 588/601) A la luz de lo expuesto y de la falta de otras precisiones en el memorial de agravio que evidencien la alegada exorbitancia de los resarcimientos establecidos en la sentencia es que propongo que se la confirme en cuanto a la admisión y cuantía de estos rubros indemnizatorios.
 
Se agravia también M. de la admisión del resarcimiento por el daño moral cuando solo proceden por excepción dentro del régimen previsto por el art. 522 del Cód. Civ. con carácter facultativo requiriéndose, además, que el perjuicio haya sido cierto y debidamente probado.
 
En un caso similar al presente -ver c. 342.049 caratulada “S., M. G. c. B. de R., S. s/locación de obra” del 3-5-02- el Dr. Calatayud tuvo oportunidad de señalar en su voto que en lo que concierne al daño moral, preciso se hace recordar que nos encontramos en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual, en donde, como es sabido, esta Sala ha decidido reiteradamente que prima en doctrina y jurisprudencia un criterio restrictivo (conf., entre muchas otras, causas 2799 del 28-12-83 y 68.364 del 13-6-90 y sus citas: Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. I pág. 353; Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, 2a. ed., t. I pág. 382; Cichero, “La reparación del daño moral en la reforma de 1968", en E.D. 66-157; Borda, op. cit., “Obligaciones”, 7a. ed., t. I pág. 195 nº 175; Mayo en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 733 nº 4; CNCiv. Sala “F” en L.L. 1978-B-521; íd., en E.D. 88-628; Sala “G” causas 264.600 del 21- 11-80 y 283.173 del 25-10-82). Ello es así, por cuanto la interpretación que se ha dado al verbo “podrá” empleado por el legislador de 1968 en la redacción del nuevo art. 522 del Cód. Civil, ha permitido entenderlo en el sentido de que la imposición de un resarcimiento por el concepto indicado producido por el incumplimiento de una obligación contractual ha quedado librada al prudente arbitrio judicial, a cuyo fin el juzgador se encuentra facultado para apreciar libremente el hecho generador y sus circunstancias, a efectos de imponer o liberar al deudor de una reparación y sin que pueda inferirse de cualquier molestia que ocasione el aludido incumplimiento (conf. CNCiv. Sala “C” en E.D. 60-226; esta Sala, causas 19.986 del 2-4- 86, 25.033 del 17-11-86 y 25.465 del 24-2-87).
 
Ahora bien, la prueba producida en el caso en examen revela que la encomienda para la construcción de la obra fue realizada dentro del marco del plan PRO.CRE.AR para vivienda unifamiliar de C. quien ha acreditado, además, que se encontraba alquilando un departamento al momento de la contratación. Por otro lado, el demandante acreditó el estado de abandono injustificado de las obras y la deficiente construcción de la vivienda prometida con lo cual estimo suficientemente acreditados los elementos necesarios para tener por configurado el daño moral en la persona de C. quien se ha visto frustrado por la conducta del demandado en la construcción de una vivienda bajo las condiciones prometidas.
 
En lo que atañe al daño moral, reiteradamente se ha decidido que debe entenderse por aquél cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala A en 559.255 del 7-10-10; Sala B en 556.980 del 7-2-11; Sala C en c. 551.918 del 26-8-10; Sala D en c. 408.571 del 19-4-2005; esta sala en c. 578.651 del 20-10-11, 593.825 del 30-5-12, 596.001 del 26-9-12 y 87.166/11 del 22-10-15, entre otras; Sala H en c. 566.748 del 18-3-11).
 
Habida cuenta de las consecuencias padecidas por el actor por la frustración de la construcción de su vivienda encuentro apropiado el cálculo efectuado en el fallo recurrido y considero, asimismo, improcedente el recurso intentado por aquél en tanto los padecimientos que alega como justificación para la elevación de la condena encuentran debida satisfacción en el cálculo de la indemnización por el daño psíquico constatado en la especie.
 
La parte actora reclama que se incremente la indemnización correspondiente al pago de alquileres que se ha visto obligado a seguir abonando ante el incumplimiento del demandado en cumplir con la tarea asignada.
 
El juez señaló que el actor había restringido su reclamo por este concepto hasta una fecha a la cual se hizo el cálculo de los alquileres que debió abonar por el incumplimiento del demandado. Por ser ello así no puede actualmente exceder el marco temporal reclamado en la demanda para la determinación de este rubro indemnizatorio, la cual además, había sido presentada varios meses después del límite que él mismo había fijado al respecto.
 
Corresponde, pues, desestimar sin más trámite este agravio del demandante.
 
El actor dice que la suma establecida en concepto de daño material debe ser elevada a $ 702.637 en tanto es la estimada por el perito para la terminación de la obra. Se pasa por alto en esta crítica que el juez de grado tuvo en cuenta en la sentencia que en la demanda se había solicitado la suma de $ 150.000 necesarios ya sea para demoler la loza y volver a realizarla o para revestir el cielorraso y realizar las reparaciones que sean necesarias en un resumen apropiado de los planteos que había sido efectuados a fs. 104 vta., pto. IV.1. del escrito de inicio.
 
Por ello el reclamo supone reemplazar una petición que había sido efectuada en la demanda en los términos del art. 330 inc.. 3° del Código Procesal por otra que no había sido introducida en la etapa oportuna. Al ser ello así la cuestión debe considerarse introducida en la expresión de agravios con lo cual de acuerdo con la limitación impuesta por el art. 277 del Cód. Procesal y en virtud del principio de congruencia, el Tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Queda así vedado a la Cámara tratar argumentos no introducidos en los escritos de demanda, contestación y reconvención, en su caso (conf. Fenochietto-Arazi, "Cód. Procesal...", t. 1, com. art. 277, n° 2p. 851/2 y citas insertas en la nota nro. 4).
 
Finalmente C. reclama que se admita el rubro por reintegro de los elementos que aduce fueron robados o destruidos con motivo de la obra.
 
El juez señaló que el actor en ningún momento perdió la posesión sobre el lote por lo cual, más allá de los incumplimientos incurridos por el demandado, debió haber extremado las medidas de seguridad para salvaguardar los bienes que le eran propios y se encontraban en el lote.
 
Sostiene el actor que debe admitirse este rubro porque se enteró de la situación a raíz del estado de abandono de sus tareas por parte del arquitecto demandado.
 
Estimo que además de la falta de prueba del nexo causal sobre este punto ha de añadirse la dificultad de determinar cuáles eran los objetos eventualmente robados y la inexistencia de mayores precisiones al respecto más que la denuncia efectuada en sede penal según consta a fs. 604, todo lo cual me lleva a proponer que se desestime sin más este planteo del demandante.
 
Por las razones expuestas propongo que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado en lo principal y se confirme, además, la sentencia en todo lo que decide con expresa imposición de costas al demandado que resulta vencido en lo sustancial (art. 68 del Código Procesal).
 
Los señores jueces de Cámara Dres. Dupuis y Calatayud por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido.
 
En virtud a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 705/710. Con costas al demandado vencido (art. 68 del Código Procesal).
 
Se ha sostenido que los autos regulatorios resuelven únicamente el monto de la suma con que los trabajos han de ser remunerados, pero nada fijan sobre el derecho a esos honorarios ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro (esta Sala, L.L. 118- 934, S-8498). En la especie, toda vez que el apelante de fs. 714/715 solicita que se reduzcan los honorarios regulados con argumento en la limitación porcentual contenida en el art. 730 del Cód. Civ. y Comercial, resulta necesario analizar la cuestión.
 
El principio liminar en materia de honorarios profesionales es el de la onerosidad. Es que la actividad profesional se presume de carácter oneroso cuando el servicio se halla dentro de las actividades habituales de quien las prestó, excepto en los casos en que conforme excepciones legales, pudiera o debiera actuar gratuitamente.
 
A su vez, no puede olvidarse que el arancel profesional garantiza escalas de retribución (arts. 7, 8, 9, 33, etc), en cuya observancia se encuentra comprendida la exigencia de seguridad jurídica que la actividad judicial debe garantizar.
 
De allí que, cuando se admite la prestación del servicio y éste ha resultado beneficioso o era necesario, deben satisfacerse los honorarios correspondientes (conf. Belluscio. “Cód. Civ....”, t.8, pág. 51).
 
Resulta claro que la norma del Cód. Civ. y Comercial no contiene limitación alguna en lo que al monto de los honorarios a regular judicialmente se refiere. Fija, en definitiva, un límite a la responsabilidad por los costos del proceso (conf. CSJN, sent. del 12/9/96, en autos “Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/Provincia de Buenos Aires”, voto del Dr. Fayt, en “Fallos” 319:1915) En esta inteligencia, honorarios y costas no se identifican. De allí que la existencia de un límite respecto de la aludida responsabilidad no puede importar -sin más- la de un límite al monto de los honorarios. En consecuencia, conforme se ha sostenido (ver Castro, Patricia, “La Ley Nº 24.432 y los honorarios y costas judiciales”, en La Ley Nº 2001-C, pág. 1039; Anastasio, Julián E., “El art. 505 parte 2a. del Cód. Civil una norma que debe ser derogada”, en Jurisprudencia Argentina, 2005-II, pág. 1134), el juez debe regularlos atendiendo a las pautas que el respectivo arancel le fije, y su resultado -sumado al resto de los rubros que incluye la condena en costas- podrá superar el tope porcentual. No obstante, la limitación de la responsabilidad en orden al pago de las costas hará que los beneficiarios sólo puedan percibir sus honorarios del condenado a su pago hasta el tope indicado (conf. esta Sala, c. 492.093, del 3/10/07).
 
En mérito a lo expuesto y apreciando el monto de la condena, la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, las etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 19, 37 y concs.de la Ley Nº 21.839, se modifica la regulación del Dr. S. E. C., letrado patrocinante de la actora, fijándose su retribución en PESOS ($).
 
Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. C. en PESOS ($) y los del Dr. T. S., letrado patrocinante de la demandada, en PESOS ($).
 
Por la tarea de fs. 588/601 y 614/615, su mérito y extensión y la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (Ley Nº 24.432, art. 10; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se confirma la regulación del ingeniero G. J.M. por resultar ajustada a derecho y se modifica la de la sicóloga G. F., fijándose su retribución en PESOS ($).
 
En virtud de lo dispuesto por el art. 28 del Decreto Nº 1467/2011, modificado por el Decreto Nº 767/2016 (Anexo III, art. 1°, inc. f), se confirma la regulación de la mediadora J. N. por resultar ajustada a derecho.
 
Notifíquese y devuélvase.
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