sábado, 8 de julio de 2017

Validez de la representación convencional en juicio por mandatario no inscripto en la matrícula de abogados, que actúa con patrocinio letrado. Moriconi, Damián A.

Autor: Moriconi, Damián A. –
Fecha: 10-abr-2017
Cita: MJ-DOC-10680-AR | MJD10680
Doctrina:
Por Damián A. Moriconi
Este tema presenta un inusitado interés, pues si bien no siempre genera un conflicto entre las partes que deba ser resuelto por el juez, ocurre frecuentemente en los tribunales de todo el país.
Nos referimos al supuesto, tan frecuente, de la parte que comparece en juicio a través de un mandatario (representante convencional) que no se encuentra inscripto en la matrícula de abogados de la jurisdicción donde se radica el juicio, y se suple tal omisión, con la asistencia letrada de un profesional habilitado del lugar.
Sobran ejemplos, pero vale citar aquel que se presenta cuando un abogado de extraña jurisdicción -no matriculado en la provincia- comparece en juicio con poder con facultades judiciales, con el patrocinio letrado de un abogado matriculado en la provincia.
A simple vista, la cuestión no plantea dificultades; sin embargo, el art. 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que: «La representación en juicio ante los tribunales de la Provincia podrá solamente ser ejercida por los procuradores, por los escribanos que optaren por el ejercicio de la profesión de procurador, y por los abogados, sin más requisitos que el de su respectiva inscripción en la matrícula, residencia de tres años en la Provincia y constituir fianza real o personal por el monto de seis mil pesos y en la forma que determinare el estatuto del colegio de procuradores, salvo si se tratase de los casos siguientes: 1. de funcionarios o empleados de la Nación, de la Provincia, de las municipalidades y comunas cuando obraren exclusivamente en ejercicio de la función asignada en tal carácter; 2. de representantes legales, albaceas testamentarios y personas que litiguen por derecho propio.En los casos de este inciso, la asistencia letrada será obligatoria, excepto si se tratare de abogados o procuradores, cuando estos últimos actuasen en causa propia».
Hacemos un paréntesis para resaltar que varias provincias del país, como así también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la justicia federal, presentan una norma similar a la transcripta en el párrafo anterior, y por tal motivo, la jurisprudencia de sus respectivas jurisdicciones nos será de utilidad para analizar la cuestión (1).
Comenzaremos al análisis definiendo conceptos que nos ayudarán a una mejor comprensión del tema.
Alvarado Velloso menciona como requisito intrínseco de carácter general de la demanda, entre otros, el de adecuada representación del actor. Y distingue dos supuestos:
a) Representación legal o necesaria. Toda persona puede ser parte en un proceso, aunque no todas pueden actuar por sí en el juicio.
a. En el caso de las personas físicas, por ejemplo, ante los supuestos de incapacidad de ejercicio contemplados en el art. 24 del Código Civil y Comercial de la Nación, resulta necesario suplir tal incapacidad mediante un representante legal (padres, tutores, curadores, etc.), quien actuará en el proceso en nombre del incapaz.
b. Respecto de la persona jurídica, tal como establece el art. 358 del Código Civil y Comercial de la Nación, la representación se ejerce a través de sus órganos naturales que exteriorizan la voluntad de la sociedad (ej: el presidente del directorio en la sociedad anónima, el gerente en la sociedad de responsabilidad limitada, etc.).
b) Representación convencional. Refiere al supuesto en que la persona es capaz para actuar por sí en el juicio, pero decide no hacerlo personalmente sino a través de un representante convencional (mandatario judicial o procurador), resultando aplicables las reglas del mandato (art. 1319 y ss. del CCC) y de la representación voluntaria (art. 362 y ss.CCC).(2)
Este último supuesto, genera el conflicto que motiva el modesto análisis realizado en este trabajo, pues si bien las normas del derecho común no disponen ninguna limitación al otorgamiento del poder, por el contrario, la norma procesal local (art. 318 LOPJ) exige que la representación convencional ante los tribunales provinciales sea ejercida únicamente por escribanos, procuradores y abogados de la matrícula.
A renglón seguido, analizaremos cómo resuelve esta cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales provinciales.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que «El derecho de representar en juicio, como en general el de trabajar o ejercer industrias lícitas, está sujeto a leyes que reglamentan su ejercicio. El Congreso ha podido establecer determinados requisitos para el desempeño de los mandatos judiciales en virtud del poder reglamentario del que se halla investido y por la facultad de dictar leyes de procedimiento para la justicia nacional» (CSJN: Fallos, 299-428). Y por tanto, «La representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la Capital de la República y territorios nacionales, así como ante la justicia federal de las provincias solo puede ser ejercida por los abogados, los procuradores, los escribanos -que no ejerzan la profesión de tales- y por los que desempeñan una representación legal» (art. 1º , ley 10.996) (CSJN, Fallos 317-1587).
A su vez, el mismo Tribunal -haciendo una distinción entre la representación judicial y la asistencia letrada-, consideró que el recaudo exigido al representante judicial voluntario no se suple por el hecho de que el mandatario procesal actúe con patrocinio letrado: «El patrocinio letrado exigido por el art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no suple las exigencias de la Ley 10.996 a los fines de la actuación en juicio en carácter de apoderado o de representante legal» (CSJN: 17/11/1974, «in re»: Ecomad Construcciones Portuarias S. A.c/ Provincia de Chubut y otro, Fallos, 317-1587).
El mismo criterio es seguido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba al afirmar que «la asistencia letrada no es una excepción a la regla de quién puede ser mandatario. Al tratarse de dos instituciones distintas, no puede pretenderse que la asistencia técnica de un abogado cubra la exigencia legal de la representación voluntaria en un letrado matriculado» (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Civil y Comercial, 18/2/2009, in re: «Tarjeta Naranja S. A. c/ Lescano, Olga Graciela y otro», en Microjuris.com).
En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza dijo que «para representar voluntariamente a otro en juicio, es necesario ser abogado o procurador matriculado» (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, «in re», «Raffa de Dorca Nancy c/ Raffa Norberto y otros», 26/10/1998).
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy afirmó que «… debemos distinguir el mandatario -apoderado procesal- de la persona que suple la incapacidad de hecho o bien del órgano de la persona jurídica. En el primer caso, la delegación en tercero de la postulación no solo debe recaer en persona capaz, sino además, en determinados profesionales especializados, o sea abogados, procuradores inscriptos en la matrícula correspondiente» (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, «in re» «Ruiz Héctor David y otros c/ Ordóñez Carlos Eduardo y otros», 22/5/2008, LLNOA2008, 761, AR JUR 4798/2008).
Ahora bien, el criterio recién señalado no es compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, pues sostiene que:«En relación al vicio que el recurrente denuncia relativo a que la Alzada no aplicó el derecho vigente, esto es, los artículos 31 , 125 y 128 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, y 318 de la Ley 10.160 por cuanto considera que omitió declarar la nulidad de orden público dado que la demandada fue representada a lo largo del proceso por un mandatario convencional no inscripto en la matrícula de abogados ni procuradores y que la mera existencia de patrocinio letrado no convalida tal nulidad, es de advertir que no logra el impugnante desvirtuar las afirmaciones sostenidas por el Tribunal en la denegatoria del recurso en cuanto a que el orden público solo se encuentra comprometido en el supuesto de representación inexistente o defectuosa porque se corre el riesgo de una sentencia «inutiliter data», lo que no acontece en el «sub lite» desde que además de que el quejoso imputó representación inadecuada, en todo momento el representante interviniente por la accionada contó con patrocinio letrado, (.)lo que aleja el peligro de un caos procedimental» (CSJ: Santa Fe, «El Piave S. A. c/ Neumáticos Verona S. R. L. s/ Demanda Ordinaria», Expte.N.º 503/2004, publicado en http://www.legaldoc.com.ar).
En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe consideró válida la actuación de un mandatario convencional no inscripto en la matrícula de abogados de esta provincia, que actuó con el patrocinio letrado de un profesional habilitado.
En igual sentido, un fallo de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Córdoba, Sala 9, que adopta una postura distinta a la fijada por el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia, asevera que la normativa procesal cordobesa -que como dijimos resulta similar a la local- « no niega validez, como resulta del decreto atacado, a los poderes generales de administración y disposición que se pueden otorgar a favor de cualquier persona que ostente la capacidad necesaria para tales actos, en ejercicio de una representación que pretende no ya directamente el ejercicio del “ius postulandi” en el pleito, sino la sustitución del representado en su calidad de parte». Y «admite que el así instituido representante se haga patrocinar por letrado de la matrícula a fin de cumplir con el mandato de actuar ante los tribunales con asistencia técnica letrada (art. 80 C.P.C.C.)”. Finalmente, concluye diciendo que «Lo prohibido por la ley es que personas no abogadas ejerzan por sí misma s la representación de otras en un pleito, puesto que lo que instituye la normativa es la dirección técnica obligatoria. Ahora bien, esta necesidad de actuar bajo patrocinio letrado de la matrícula de la jurisdicción, no significa que el representante deba ser letrado, si se hace patrocinar por uno, como es del caso». (CApel. Civil y Comercial de Córdoba, Sala 9, Cajiao Aldo Héctor c/ López Juan José | acciones posesorias / reales – reivindicación, 20/12/2010, MJ-JU-M-65954-AR | MJJ65954 ).
Adherimos al criterio recién indicado, que pese a ser el minoritario, es el que resuelve con mayor justicia la controversia planteada.Seguidamente, expondremos los fundamentos por los cuales consideramos que resulta válida la actuación en juicio de un representante convencional no inscripto en la matrícula que actúa con patrocinio letrado.
En primer lugar, analizaremos las normas de derecho común que regulan la representación convencional o voluntaria. Así, el Código Civil y Comercial de la Nación entiende que existe contrato de mandato «cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra» (art. 1319 del CCivCom), y el art. 362 del CCivCom establece que «la representación voluntaria comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo», y así, el representante que actúa dentro del marco de su poder, obliga directamente al representado y a los terceros (art. 366 del CCivCom).
Por tanto, de la conjunción de estas normas, se advierte que una persona puede otorgar a otra poder para que ejecute en su nombre e interés actos jurídicos que el representado podría otorgar por sí mismos -léase facultades judiciales-, quedando el mandante obligado frente a terceros como si los realizara personalmente.
Ahora bien, no existe ninguna norma en el Código Civil y Comercial que disponga que en caso de otorgamiento de mandato judicial, el mandatario debe reunir la calidad de escribano, procurador o abogado matriculado en la jurisdicción donde deberá ejecutar los actos contenidos en el poder.
Este es el primer argumento que convalida nuestro criterio, pues el Código Civil y Comercial no prohíbe el otorgamiento de poder judicial a persona que no reúne la calidad de escribana, procuradora o abogada matriculada, y por tanto, «todo lo que no está prohibido, está permitido».
En segundo lugar, ante la diversidad de criterios jurisprudenciales sobre el alcance de la norma del art.318 LOPJ, se impone la necesidad de desentrañar la finalidad perseguida por el legislador al plasmar esta norma, para evitar el vaciamiento de su contenido.
El fin de la norma no es otro que el de asegurar el derecho de defensa en juicio de la parte, al imponer que la representación en juicio ante los tribunales provinciales únicamente pueda ser ejercida por abogado matriculado, procurador y escribano respetando ciertos requisitos.
En otras palabras, el art. 318 LOPJ procura evitar que la parte procesal sea representada en juicio por quien carece de conocimientos técnicos – jurídicos, colocando a esta en un estado total de indefensión.
Ahora bien, opinamos que se satisface el fin de la norma, si quien se presenta en juicio es un mandatario convencional no inscripto en la matrícula, pero que actúa con la asistencia técnica (patrocinio letrado) de un profesional habilitado durante todo el proceso.
En tal sentido, se dijo que «Las disposiciones de las leyes de procedimiento en cuanto a la persona del representante judicial solo pueden tener como finalidad la de garantizar la debida asistencia de la parte por un profesional del derecho, debidamente habilitado. Lo expuesto debe ser el principio rector al que debe acudirse para resolver cuestiones como la planteada, donde compareció un apoderado general judicial, con patrocinio letrado, no arrogándose ni ejerciendo ninguna función que le compete solo a los profesionales del derecho» (CALab. de Rosario, Sala 3, «Acosta Beatriz Mercedes c/ Marino María s/ Juicio Laboral», Expte. N.º 231/09, publicado en http://www.Legaldoc.com.ar).
En definitiva, el patrocinio letrado de un profesional de la matrícula suple la exigencia legal de que el representante convencional de la parte procesal deba ser un abogado matriculado, pues cumple con la finalidad de la norma en cuestión, cual es, que la parte procesal se encuentre asistida durante todo el procedimiento por un profesional habilitado.
Por último, para una correcta aplicación de la norma en análisis, resulta necesario hacer una distinción entre «adecuada representación del actor» y «adecuado derecho de postulación del actor», siguiendo el criterio esbozado por Alvarado Velloso.
Respecto del primero, ya nos referimos al comienzo de este trabajo, y dijimos que refiere al supuesto en que la persona que resulta capaz para actuar por sí en el juicio, decide no hacerlo personalmente, sino a través de un representante convencional (mandatario judicial o procurador), resultando aplicables las reglas del mandato (art. 1319 y ss. del CCC) y de la representación voluntaria (art. 362 y ss. CCC).
Por su parte, la «adecuada postulación del actor» implica que, aunque la persona que insta sea civilmente capaz para ser parte procesal y procesalmente capaz para actuar por sí misma en el juicio, no siempre le reconoce la ley el derecho de postular directamente ante la autoridad, sino que en ocasiones exige la asistencia de un letrado (3).
Así, hecha esta distinción y haciendo una interpretación armónica entre las normas del Código Civil sobre representación voluntaria y contrato de mandato y la voluntad del legislador plasmada en el art.318 LOPJ, creemos que tales normas no desplazan la posibilidad de otorgar mandato a una persona capaz para que sustituya al mandante en juicio únicamente en su calidad de parte (adecuada representación), si el «ius postulandi» lo ejerce un profesional habilitado en forma exclusiva y excluyente, no como representante judicial, sino como patrocinante.
Reiteramos, lo que la norma en análisis prohíbe es que una persona no letrada asuma la representación en juicio de otra, puesto que en este caso, se afectaría el derecho de defensa en juicio de esta al carecer el representante de conocimientos jurídicos.
Sin embargo, ello no ocurre en el criterio que respaldamos. Es que el representante (mandatario judicial) reemplaza y / o sustituye al representado (mandante) en el pleito únicamente en su calidad de parte, no siendo necesario para ello (tampoco lo exige el Código Civil y Comercial) que el mandatario se encuentre inscripto en la matrícula, ya que la dirección técnica que impone el art. 318 LOPJ es ejercida en forma exclusiva por un profesional habilitado que actúa como patrocinante del mandatario.
Finalmente, antes de formular las conclusiones de este trabajo, cabe analizar el momento procesal oportuno para introducir la deficiente postulación del actor con fundamento en el art. 318 LOPJ.
Adherimos al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, que sostiene que la cuestión relativa a la representación judicial por mandatario convencional no matriculado que actúa con patrocinio letrado, no configura un supuesto de representación inexistente o defectuosa, y por tanto, no involucra el orden público (CSJ Santa Fe, «El Piave S. A. c/ Neumáticos Verona S. R. L. s/ Demanda Ordinaria», Expte. N.º 503/2004, publicado en http://www.legaldoc.com.ar).
En igual sentido, se dijo que «Fuera de los supuestos de representación inexistente o con defecto sustancial, rigen en las cuestiones de personería las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de las actos procesales». (C. Apel. Fuero Pleno Reconquista (SF), 17/3/1999, «Sturon, L. c/ Mazza, M. s/ Juicio Escrituración», t.51, R-38 N.º 11843, Rep. Zeus, t. 8, p. 840) (4).
Por tanto, se infiere de la doctrina y jurisprudencia citadas, que la representación judicial podrá ser revisada a pedido de parte o de oficio por el juez en cualquier estado del juicio, únicamente en los supuestos de representación inexistente o defectuosa.
Sin embargo, tal como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en el precedente recién citado, esta cuestión no configura un supuesto de representación inexistente o defectuosa. Y por tanto, no habilita a que la parte o el juez -de oficio- puedan revisar la representación judicial en cualquier estado de la causa, sino que el demandado deberá introducir su planteo únicamente al momento de contestar demanda a través de la excepción de falta de personería contenida en el art. 139 CPCC, rigiendo en la materia las normas sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales.
CONCLUSIÓN.
El art. 318 LOPJ prohíbe que una persona no letrada asuma la representación en juicio de otra, con el fin de evitar la afectación del derecho de defensa en juicio de esta, reservando tal facultad únicamente a abogados, procuradores y escribanos habilitados.
Sin embargo, luego de analizar las normas del Código Civil y Comercial sobre el contrato de mandato y la representación voluntaria, y sin perder de vista la finalidad perseguida por el legislador al plasmar el art. 318 LOPJ, se impone la siguiente conclusión: resulta perfectamente válido que un representante (mandatario judicial) reemplace y/o sustituya al representado (mandante) en el pleito únicamente en su calidad de parte, no siendo necesario para ello (tampoco lo exige el Código Civil Y Comercial) que el mandatario se encuentre inscripto en la matrícula, siempre y cuando la dirección técnica que impone el art. 318 LOPJ sea ejercida en forma exclusiva por un profesional habilitado que actúe como patrocinante del mandatario.Ello respeta la finalidad de la norma, cual es, asegurar el derecho de defensa en juicio.
En otras palabras, resulta válido el poder que una persona otorga a otra -que no es abogada, procuradora ni escribana matriculada- para que la sustituya única mente en su calidad de parte procesal, y que se presenta en juicio con el patrocinio letrado de un profesional habilitado en los términos del art. 318 LOPJ. Es decir, el patrocinio letrado suple la exigencia de que el representante convencional sea un profesional de la matrícula.
Tal conclusión se impone, pues si bien nadie discute el fin loable del art. 318 LOPJ, cual es, asegurar el derecho de defensa en juicio de la parte procesal, tampoco es menos cierto que por un apego irracional a las formas -que siempre trae aparejado inequidades e injusticias- y por aplicación a rajatabla del texto de la ley, se deniegue a la parte la participación en el juicio por actuar a través de un representante convencional no matriculado, si su derecho de defensa se encuentra resguardado por la asistencia técnica de un profesional habilitado que actúa como patrocinante.
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(1) Art. 92 Ley 5177 (Buenos Aires), art. 1 Ley 10.996 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Justicia Federal), art. 80 del CPCC y art. 3 Ley 9459 (Córdoba), art. 56 del CPCC y art. 117 LOPJ (Formosa), art. 30 Ley 4976 (Mendoza), y art. 13 Ley 3412/1977 (Jujuy).
(2) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Lecciones de derecho procesal civil, compendio del libro Sistema Procesal, adaptado a la legislación procesal de la provincia de Santa Fe por Andrea Meroi, Juris, Santa Fe, 2009, p. 377.
(3) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: op. cit. p. 377.
(4) Citado por PEYRANO, Jorge W.: «Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe», Juris, Tomo 1, 188.
N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/14/validez-de-la-representacion-convencional-en-juicio-por-mandatario-no-inscripto-en-la-matricula-de-abogados-que-actua-con-patrocinio-letrado-moriconi-damian-a/

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