sábado, 15 de julio de 2017

Un consorcio de propietarios debe responder por el daño moral ocasionado a una propietaria que padece artritis y no puede salir libremente del edificio al contar su puerta con un brazo tensor

Un consorcio de propietarios debe responder por el daño moral ocasionado a una propietaria que padece artritis y no puede salir libremente del edificio al contar su puerta con un brazo tensor

Partes: F. M. M. c/ Consorcio de Propietarios S. de B. 2369 s/ daños y perjuicios
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: J
Fecha: 4-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104575-AR | MJJ104575 | MJJ104575
Sumario:

1.-La indemnización por el daño moral padecido por una persona que no podía abrir las puertas de su edificio por la existencia de un brazo tensor debe disminuirse en virtud de la artrosis reumatoidea que padecía la actora, dado que, según los informes del perito experto, sus padecimientos psicológicos son anteriores a la demora en realizar las reformas solicitadas y por ello la reparación debe estar limitada exclusivamente por la demora en que se incurrió para llevar a cabo las reformas dispuestas oportunamente.
2.-El consorcio de copropietarios está legitimado para ser demandado por discriminación, pues la asamblea nada decidió frente al pedido concreto formulado por la actora, así como al administrador tampoco adoptó medidas tendientes a resolver el conflicto, lo que muestra la desaprensión frente a una situación como la planteada.
Fallo:
Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “F., M. M. c/ Consorcio de Prop. S. de B. 2369 S/ daños y perjuicios ” La Dra. Zulema Wilde dijo:
I.- La sentencia de fs. 376/382 rechaza la excepción de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada, con costas. Hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por M.M.F. contra el C. de P. S. de B. 2396 y consecuentemente condena a pagar a la actora la suma de sesenta mil pesos en el término de diez días con más sus intereses, los que se liquidarán a la tasa activa conforme las pautas que fija, imponiéndose las costas a la vencida.
II.- El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior.
Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el incumplimiento imputado.Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente.
III.- La demandada entiende que no existió discriminación, ni daño moral imputable a su parte.
A pesar que la perito de oficio tomó en consideración las normas vigentes para los edificios nuevos, es decir aquellos que se construyeron a partir de su vigencia y evaluó las posibilidades físicas del inmueble, así como las exigencias que eran practicables en la forma que fueran factibles, las reformas fueron realizadas. Todo ello en la medida de las posibilidades económicas del consorcio. Se agrega que se dejaron de lado por esas mismas dificultades económicas, otras reparaciones de riesgo como fueron los arreglos en la sala de gas.
Asimismo refiere que la insistencia con el retiro de un elemento de seguridad como es el brazo tensor que cierra la puerta de entrada es anteponer el interés personal por sobre el común, que es la seguridad de todos los habitantes del edificio.
A ello se suma que por estar afectada por la dolencia que la aqueja necesitaría de un acompañante permanente. Esta es una circunstancia que no por ser desgraciada y lamentable, deja de ser un dato de la realidad (ver fs. 408/412vta.) Esta observación se ve corroborada por el informe del perito psicólogo, que consignó que la actora “tiene mucha dificultad para abrir, por ejemplo, la puerta de su casa .” (ver fs. 254) que se supone no tiene cierra puertas.
En conclusión, entiende que debe diferenciarse claramente dos circunstancias, la proveniente de los padecimientos y limitaciones físicas que padece la actora y otra, que esos padecimientos sean responsabilidad del consorcio.
Además señala que no hubo discriminación de parte del ente consorcial y que la ley se refiere a personas físicas que incurran en actos discriminatorios y no a personas jurídicas.
IV.- Al contestar los agravios la actora, afirma que “el no haber realizado las adecuaciones solicitadas, me causó daño moral y psicológico probado” (cfr fs.427vta.) Insiste en el tema de su libertad de desplazamiento, indicando que fueron esas obras las que se lo impedían e impiden aún.
En cuanto al tema de la discriminación se remite al informe confeccionado por Inadi.
V.- El viraje en cuanto a la problemática de la responsabilidad civil haya comenzado en la reformulación del año 1968, estudiándose el fenómeno desde la perspectiva del dañado y el daño (v. Zannoni E. El daño en la responsabilidad civil, Ed. Astrea, Bs. As., pág. 4, Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, pág. 9, Goldemberg Isidoro, Indemnización por daños y perjuicios, págs. 64 y sigtes.)
Son elementos básicos de toda reparación: el hecho humano “representado por la interferencia en la conducta” (Ghersi, Carlos, Teoría General de la Reparación de los Daños, pág. 25), el resultado dañoso o más vulgarmente llamado daño, y la relación de causalidad adecuada entre ambos.
El enfoque desde el dañado es la reprochabilidad por la conducta antijurídica y el daño ocasionado por ella.
El daño está en el vértice del sistema, lo ampliemos o lo limitemos según el enfoque político, filosófico y/o económico que esgrimamos, pero aquél es uno de los presupuestos esenciales de la obligación de resarcir, no hay responsabilidad jurídica sino hay daño.
Aunque la categoría de daño resarcible formalmente consiga ampliar sus fronteras, siempre antes de analizar la culpabilidad, ha de evaluarse la existencia de la relación causal adecuada entre el supuesto hecho y el daño.
Ocioso sería destacar su imprescindibilidad.
Como ya se refirió la actora muestra que esa relación se habría dado entre el no haber realizado el consorcio las adecuaciones solicitadas considerando que ello ha sido la causa del daño moral y psicológico.
En cuanto a éste último, el apelante entiende que algunas de las afecciones cuya existencia surge del informe pericial, el experto no se las atribuye directamente al tema de autos.A fin de clarificar la cuestión traída a tratamiento, es preciso hacer alusión a la forma como fuera decidida la controversia en la instancia anterior.
Se consideró que la ley sólo trae dos categorías de daños, consecuentemente conforme ese criterio, lo peticionado por daño psicológico se enjugó en el moral (ver apartado V de la sentencia y fs. 381vta./382 de ella).
Más luego, cuando se llegó al análisis del daño moral no se hizo referencia alguna a aquel, pero no por ello debe dejarse de entender que la suma concedida de cuarenta mil pesos, involucra ambos conceptos (fs. 381vta./382).
De la atenta lectura del informe psicológico se concluye que la examinada presenta un cuadro clínico compatible con una neurosis de angustia, con rasgos fóbicos y paranoides.
Se asevera la existencia de daño psíquico en la actora y además se aconseja a fin de “atenuar las consecuencias psicológicas causadas por estos eventos que relata y que llevan años” (ver fs. 296), la realización de un tratamiento psicológico.
Se ha dicho que en el caso de que se probare la existencia de daño psíquico, será necesario distinguir entre el que se ha producido como consecuencia directa del acaecimiento del siniestro y aquél que se ha derivado de la situación personal anterior del damnificado.
La distinción es útil porque el causante del hecho ilícito sólo debe cargar con las consecuencias derivadas de aquél y paliar esas secuelas exclusivamente, porque las restantes que aparezcan teniendo como etiología una estructura de personalidad proclive a la descompensación y la derivada ampliación del perjuicio no deben ser receptadas.- En el relato que hace la actora, -transcripto a fs. 252- hace mención a una relación conflictiva con su padre, a que estuvo casada con un profesional que la maltrataba, del cual se divorciara.Muestra su felicidad con su segunda pareja hasta que falleció. Entiende que “todo fue bien hasta el año 1995 que le diagnosticaron una artritis reumatoidea, enfermedad que la tiene impedida de movimientos y que le ha imposibilitado llevar a cabo una vida social y laboral normal” “comenta . que esta enfermedad se agravó pues sufrió un “atentado” (ver fs. 253).
“Este suceso ocurrió después de la muerte de su pareja y le causó gran sufrimiento moral y agravó su situación” (idem).
Es necesario obviar por el momento lo relacionado con el cambio de puertas y “de ascenso” que eran de hierro calificadas como imposibles de abrir, lo que se modificó el 7/3/2012.
“Se siente humillada”, tema para ser tratado “in extenso” más adelante.
Así siente que pasa sus días como “durando” alejada de su trabajo, sus seres queridos que por razones lógicas de acontecer diario de cada individuo, cada vez ve menos.
Cuenta con mucha melancolía que extraña a su gato, es un animal que fue de gran compañía en su vida. También refiere que la muerte de su pareja la dejó en una profunda tristeza. “Tristeza que se ha agravado por el maltrato diario al que se siente sometida” (ver fs. 253) Se ha realizado una transcripción tan amplia a fin de mostrar que las conclusiones a las que arriba el experto respecto de la existencia de daño psicológico están referidas a todos éstos eventos y no solamente al episodio de autos, más expresamente indica que estos eventos llevan años. Lo que permite deducir que son anteriores a la demora incurrida, en cuanto al cambio en las instalaciones del edificio. A ello se suma que la propia actora afirma que su tristeza se vió agravada por el invocado maltrato.
La falta de precisión en las conclusiones arribadas por el perito es lo que ha dado lugar a ambas impugnaciones.
Las explicaciones de fs.296 muestran que no puede establecer una proporción, ni tampoco atribuir a una condición preexistente la gravedad o no del hecho producido.
Nótese que además cuando a la actora el perito le requiere contestar respecto a si tiene antecedentes psiquiátricos o neurológicos, refiere no poseerlos (fs. 252).
Al tiempo de la elaboración de la pericia y de las explicaciones vertidas a fs. 286, no se hallaba agregada a autos la historia clínica del Hospital Fernández, por lo que el perito sólo se basó en las dos entrevistas que llevó a cabo y en el test desiderativo que aplicó, sin embargo ya al 6/9/11 la actora se encontraba en tratamiento psicológico (ver fs. 317) y no quería continuar con su tratamiento en el Hospital Fernández, lo que está expresamente marcado en la HC “paciente que se niega a recibir tra tamiento”.
Fue derivada a psiquiatría a la Dra. L. H. (ver fs. 319vta.) Se deja constancia el 26/6/12 que se trata de una paciente conflictiva, refiere que está atrapada en su casa por que no puede abrir puertas.
“Murió su gato que la mantenía viva”. (ver fs. 320) Del reverso de la citada foja surge el abandono del tratamiento psiquiátrico, además que “maneja la medicación a su criterio”. “Recibe como sostén psiquiátrico -Bromozepan 6 mg por día- Depresiva- ideas de suicidio. Más uno de los medicamentos no lo compró (ver fs. 320vta.).
Consecuentemente lo referido por la actora a mayo y junio de 2014 no responde a la realidad de lo que debió conocer el perito y omitió referir que si tenía antecedentes psiquiátricos.
Sus trastornos son anteriores y provienen de distintas causas, los que se han sumado a las consecuencias de una dolorosa enfermedad que la va imposibilitando física y psicológicamente.
Respecto a la agregación de la H.C. que fue acompañada por su abogado (cfr. fs.325), cabe referir que “por virtud del denominado principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de la afirmación y de la prueba. En tal forma, las pruebas constituyen elementos de convicción comunes a todas las partes intervinientes en el proceso, por manera que el juez en el decisorio puede hacer mérito indistintamente de ellas, con prescindencia de cuál haya sido la que le hubiere aportado. Los actos son para el proceso y benefician o perjudican indistintamente a las partes, inclusive a aquélla que los solicitó u ofreció. Lo cual relativiza, por lo demás, las reglas de distribución del onus probandi.
A ello se suma que al extenderse el certificado de discapacidad en julio de 2012 se dejaba constancia conforme el art. 1 de la ley 23.876 que en los casos en que el tipo de discapacidad lo requiera, el pase indicará también que se cubrirá al acompañante. En éste caso se marca que sí por ser lo que corresponde (ver fs. 8).
El extremo señalado por la apelante respecto a la necesidad de alguien que la ayude, se encuentra también abonado por lo referido por el perito psicólogo, él que consignó que la actora “tiene mucha dificultad para abrir, por ejemplo, la puerta de su casa”. (ver fs. 254), la que se supone no tiene cierrapuertas.
La accionada como consecuencia de su enfermedad, necesita asistencia ya que su dolencia es incapacitante. Es necesario que se la ayude, aunque la afirmación suene dolorosa, para llevar a cabo determinadas tareas.
Nótese la evolución habida en las hojas especificadas de la historia clínica, en relación a las actividades que puede llevar a cabo sin dificultad, con alguna dificultad o con mucha dificultad.Aunque éstas son parciales por que no están acompañadas las constancias desde el año 1995, la evolución de la enfermedad se ve reflejada en esos años que están documentados, llegando al año 2012 (cuestionarios de evolución de salud).
En consecuencia, al consorcio podría imputársele la demora en la modificación de las instalaciones, pero mal puede asignársele las consecuencias de la discapacidad que provienen de las enfermedades que padece la actora.
Prueba de ello, el certificado acompañado a fs. 442 que muestra que la enfermedad que padece es de “gran repercusión e invalidez física, así como una importante erosión psíquica” (ver fs. 442).
Las descripciones aportadas por el perito y las demás pruebas referidas muestran una personalidad de base de la actora que opera de modo causal y de manera predominante. Más, el psicólogo designado de oficio concretamente dice que “una situación, un conflicto o cualquier otra cuestión son tramitadas por cada persona de una manera diferente. Lo que para una persona puede ser anecdótico para otra puede ser un drama interminable (ver fs. 286).
Lo que implica que si “la queja y padecimiento que relata la actora se debe a que no fueron considerados sus reclamos”, la demora deberá ser resarcida dentro del daño moral y enjugada también por los intereses, en consonancia a la forma que fuera decidido en la instancia anterior.
Yerra el perito cuando no se dirime en éstos autos con claridad necesaria la personalidad de base de la peritada por que nadie está obligado a resarcir por esa causa.
Al respecto, es dable recordar que al responsable del infortunio sólo podrán reprochársele las consecuencias directas del hecho dañoso, más no aquellas que no guardan una relación causal adecuada con el mismo (arts. 901, 902 y sigtes.del Código Civil).
Más sin perjuicio de que se trate de facilitar al máximo de lo posible todo lo referido al entorno, a fin de simplificarle la vida a una persona impedida físicamente, no sólo respecto al acceso a su vivienda y traslado, sino buscando alivianar su situación, la triste realidad es que éste tipo de enfermedad ha ido avanzando durante éstos largos años (año 1995 es el comienzo) , por lo que ha dejado de trabajar y tiene dificultades de toda índole (cfr fs. 252 y 253), a pesar de su extensa formación universitaria y su decidida voluntad.
El resarcimiento debe estar limitado exclusivamente por la demora en que se incurrió para llevar a cabo las reformas dispuestas oportunamente, lo que insumió más de un año desde que comenzaron los requerimientos (3/12) y se concluyera con ellas (12/13 fs. 190/190vta.).
La demandada sostiene que el ente consorcial por ser una persona jurídica no es susceptible de llevar a cabo actos de discriminación.
El art. 43 del Código Civil (según ley 17.711) dispone que “las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”.
Cuando el órgano actúa dentro de los límites funcionales del estatuto y de la ley, la persona jurídica responde por los actos ilícitos obrados por aquél (cfr. Alterini, Ameal, López Cabana, Derecho de Obligaciones civiles y comerciales, Ed. Abeledo Perrot, pág.765, 766 y sigtes.).
En los presentes, la Asamblea de copropietarios nada decidió frente al pedido concreto formulado por la actora, así como al administrador tampoco adoptó medidas tendientes a resolver el conflicto, lo que muestra la desaprensión frente a una situación como la planteada.
En conclusión, en cuanto al monto otorgado por la partida de daño moral, atento las características personales de la damnificada, como ser su edad (62 años actualmente), nivel de escolarización (universitario completo), demás circunstancias ya descriptas precedentemente, deviene prudente y razonado proponer al Acuerdo disminuir la suma a $20.000 (art. 165 CPCCN).
En lo que respecta al tratamiento psicológico, atento la concausalidad detectada, la resistencia a efectuar y continuar con los tratamientos indicados tal como se ha referido “ut supra” y la necesidad de mitigar el daño causado por la tardanza incurrida, corresponde reducir la suma otorgada para ésta partida al importe de $10.000 (art. 165 CPCCN).- En merito a ello, se propone al Acuerdo:
I.-Modificar parcialmente la sentencia recurrida:
II.- Disminuir la suma reconocida por daño moral al importe de $20.000.
III.- Reducir a $10.000 el monto concedido por el tratamiento psicológico.
IV.- Costas de Alzada a la demandada atento el principio de reparación plena (art. 68 CPCCN).
Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente.
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-
Buenos Aires, abril 4 de 2017.-
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal RESUELVE:
I.-Modificar parcialmente la sentencia recurrida:
II.- Disminuir la suma reconocida por daño moral al importe de $20.000.
III.- Reducir a $10.000 el monto concedido por el tratamiento psicológico.
IV.- Costas de Alzada a la demandada atento el principio de reparación plena (art. 68 CPCCN).
V.- Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
Fdo. Dra. Zulema Wilde-
Dra. Marta del Rosario Mattera.
Dra. Beatriz Verón.-
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/07/11/un-consorcio-de-propietarios-debe-responder-por-el-dano-moral-ocasionado-a-una-propietaria-que-padece-artritis-y-no-puede-salir-libremente-del-edificio-al-contar-su-puerta-con-un-brazo-tensor/

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