sábado, 8 de julio de 2017

Se condena a la empresa de aguas a conectar el agua potable a la totalidad de los vecinos afectados y representados por los amparistas residentes y a residir en el futuro en el loteo en cuestión

Partes: Zurbriggen Gabriel Román y Chamas Mariana c/ Aguas Santafesinas S.A. s/ amparo
Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela
Fecha: 2-mar-2017
Cita: MJ-JU-M-104247-AR | MJJ104247 | MJJ104247Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 74 de la Ley 11.220 en cuanto omite conferir derecho a los usuarios potenciales para exigir la prestación de agua potable en el área de concesión, e hizo lugar a la demanda y condenó a la empresa de aguas a conectar el agua potable a la totalidad de los vecinos afectados y representados por los amparistas residentes y a residir en el futuro en el loteo en cuestión.
2.-No resulta razonable que transcurridos más de diez años desde que la empresa de aguas fue creada y se rescindió el contrato de concesión con su antecesora, once propietarios que adquirieron su terreno en loteos autorizados por las autoridades competentes, en un marco normativo que exigía el previo aseguramiento de los servicios de agua potable, no puedan conectarse a las redes aprobadas por el ente demandado, por cuanto, según éste lo comunicó, el sector se encuentra fuera del Radio de Servicio de Agua Potable y la ejecución del empalme al servicio quedó condicionada a la habilitación de un acueducto a construir.
3.-En el caso existe la necesidad de una tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo tiempo existe una demora de la demandada en la solución definitiva de esta situación.
Fallo:
En la ciudad de Rafaela, a los 2 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Alejandro A. Román y Beatriz A. Abele, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 326 – Año 2016 –
ZURBRIGGEN, Gabriel Román y CHAMAS, Mariana c/ “AGUAS SANTAFESINAS S.A.” s/ AMPARO”.
Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercera, Dra. Beatriz A. Abele.
Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1era.: ¿Es nula la sentencia apelada?
2da.: En caso contrario ¿es ella justa?
3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
A la primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:
El recurso de nulidad interpuesto por el demandado (fs. 314) no fue sostenido en la Alzada y no hallo motivos que hagan procedente la declaración de nulidad de oficio. A esta cuestión voto por la negativa.
A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que por idénticos fundamentos votó asimismo por la negativa a esta primera cuestión.
A esta primera cuestión, el Dra. Beatriz A. Abele dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).
A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:
La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad del art.74 de la ley 11.220 en cuanto omite conferir derecho a los usuarios potenciales para exigir la prestación de agua potable en el área de concesión (apartado I); e hizo lugar a la demanda y condenó a “Aguas Santafesinas S.A.” a conectar el agua potable a la totalidad de los vecinos afectados y representados por los amparistas residentes y a residir en el futuro en el loteo Rincón del Norte en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la sentencia (apartado II). Subsidiariamente, en el caso de que la accionada acreditara en la etapa de cumplimiento de la sentencia la absoluta imposibilidad fáctica de cumplir con la prestación tal como es ordenada en autos, condenó a la demandada a arbitrar los medios necesarios para proveer a los vecinos de una cantidad mínima de agua potable por persona que se determinará por vía incidental previa intervención de los organismos especializados propuestos por las partes, fijándosela provisoriamente en los cincuenta (50) litros por día por persona, a igual costo que los usuarios reales (apartado III). Ratificó asimismo la cautelar dispuesta oportunamente (IV), impuso el astreintes para el caso de incumplimiento en una suma equivalente a 80 litros diarios por persona afectada por día de demora (V) y las costas a la parte demandada (VI) (sentencia de primera instancia, 03/08/2016, fs. 285/313).
Para decidirlo así consideró que los actores habitan la zona urbana de la ciudad de Rafaela, en el loteo denominado “Rincón del Norte” o “Aires del Norte” comprendido entre las calles Padre Normando Corti al Norte, C. Perussia y Ciudad de Esperanza al Este, Pbro. Zurbriggen al Sur y C. Woodgate (vías de FFCC) al Oeste (plano de fs. 154). Dicho loteo fue aprobado por la Municipalidad de Rafaela (fs. 110) y objeto de edificación siendo habitadas por unas 39 personas en once (11) inmuebles (constatación de fs.73/74) entre las que se encuentran niñas, niños y adolescentes, cuatro de ellos menores de dos años a la fecha de la constatación. Tampoco se discute que esas personas no cuentan con el servicio de agua potable, y el agua de napas que deben utilizar no reúne las condiciones que exige el Código Alimentario por exceder el nivel de arsénico tolerable (informe de la Universidad Tecnológica Nacional, fs. 209/243, en conclusiones no refutadas). Fue así como los amparistas solicitaron que se ordene a la empresa demandada el cese de la conducta que califican de arbitraria e ilegal consistente en denegar la conexión del servicio de agua potable, entendiendo la sentencia que ante el riesgo inminente para la salud y la vida de los peticionantes, la vía del amparo se presenta como la única idónea para tutelar esos derechos, con mención de los tratados internacionales integrantes del bloque constitucional que garantiza el derecho a la salud y a la vida con prioridad a los demás derechos, conforme con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente que cita (apartado I de los considerandos, fs.298/300).
Puntualizó que el bien que constituye el objeto de la pretensión (agua potable) ha sido calificado como un bien de incidencia colectiva en tanto incide sobre la vida en la salud de las personas afectadas y de la salud pública en general; y encuadró el caso bajo estudio como un proceso colectivo cuyo objeto es la tutela de derechos de incidencia colectiva referente a un bien colectivo como lo es el agua potable, comprendido en la normativa de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 (apartado II). Formuló extensas apreciaciones acerca del acceso al agua potable como derecho humano fundamental, elemento imprescindible para la subsistencia de la persona, destacando la doctrina de la Corte Nacional al definir el derecho a la vida como el primer derecho respecto del cual el resto tienen carácter instrumental, con cita de los tratados internacionales acerca del derecho a la salud, condiciones de existencia y suministro de agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. Señaló que en la causa sub examine el derecho en juego es el derecho al agua potable concluyendo que el acceso al agua ha sido reconocido como indisolublemente vinculado al derecho a la vida y la salud, cuya protección es obligación del Estado según los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y recae sobre todos los poderes del estado -incluso el Poder Judicial- el deber de hacerlo cumplir, en la medida de lo constitucionalmente posible, a fin de evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Ello exige por parte del Estado un rol activo que asegure la accesibilidad física, aunque sea básica, a todos los habitantes sin discriminación alguna.O sea que todos los habitantes de la ciudad en inmuebles edificados en legal forma y en loteos habilitados por el Municipio local están en idéntica posición, con cita de normas provincial y municipal relacionadas con el desarrollo urbano y la exigencia de provisión de agua potable para la extensión del núcleo urbano, verificándose que en el presente caso el loteo fue aprobado por el Municipio local sin que se hubiere asegurado el acceso al agua potable, no obstante que el art. 3, inc. g) de la Ordenanza Nº 2855 exige la presentación de un certificado de factibilidad de extensión de las redes y provisión expedido por los entes respectivos. Tal circunstancia no aparece cumplida en el expediente administrativo acompañado, ya que en el informe obrante a fs. 112 la empresa condicionó la prestación del servicio -del que tiene la concesión monopólica- a la habilitación del Acueducto Norte 1, con lo que no se cumplió con la norma. Concluyó que la omisión de la provisión de agua en condiciones de ser consumida sin riesgo para la vida de los usuarios compromete la responsabilidad del Estado por lo que es deber del Poder Judicial prevenir dicha situación reconociendo el derecho de los amparistas -y el colectivo subjetivamente alcanzado por la acción-, al acceso al agua potable y ordenar las medidas en orden a su efectivización, sin perjuicio de quien sea el responsable último (considerandos, apartado III, fs. 302/307).
La sentencia consideró legitimada pasivamente a “Aguas Santafesinas S.A.” por cuanto si bien el loteo “Rincón del Norte” se encuentra en “área no servida” (informe de ENRESS, fs. 93; art. 31, ley 11.220), se trata de un loteo que lleva al menos cuatro años desde la iniciación del trámite para su aprobación y que fue aprobado sin que se hubiese asegurado la provisión del servicio ni presentado proyecto que previera el modo y plazo de su prestación. Declaró la inconstitucionalidad del art.74 de la ley 11.220 en cuanto omite reconocer el derecho del usuario potencial a reclamar el servicio de agua potable en el área de la concesión, puso de relieve que ASSA es una empresa concesionaria que presta el servicio por delegación del Estado -prestación de un servicio esencial para la vida de las personas- y se encuentra conformada en su parte mayoritaria por el Estado provincial y el Municipio. De allí el rol social derivado de la función social asumida por la empresa (art. 19, Const. Provincial), que se beneficia con la exclusividad de tal prestación, a punto tal que en las áreas no servidas, para que sea posible la realización de obras por terceros tendientes a la ampliación del servicio, ellas deben ser autorizadas por la empresa concesionaria (contrato, fs. 191 y sig.). Ese poder conferido por la legislación provincial para autorizar o no la realización de una obra a cargo de terceros, tiene la particularidad de que luego la empresa se beneficia con la explotación recibiendo en propiedad la obra según el contrato aportado (cláusula VI). De allí que no pueda eludir su rol como responsable primario de la prestación del servicio, teniendo en cuenta la afectación del derecho a la vida y la salud de los amparistas y el colectivo representado por ellos, ya que es la que se encuentra en condiciones efectivas de cumplir con la prestación reclamada, sin perjuicio de que traslade, oportunamente, la responsabilidad contra otros obligados, si correspondiere. Los amparistas tienen un derecho humano al agua potable sin indagar quién es el obligado máxime cuando el Estado y la empresa prácticamente se confunden. Destacó que ASSA no demostró cuál fue el mejoramiento del servicio desde que se le otorgó la concesión ni los criterios que utilizó para definir áreas servidas y no servidas y no probó la imposibilidad de extender el servicio al colectivo representado por los amparistas, integrado por sujetos especialmente protegidos como son los niños, por lo que declaró procedente la acción entablada (considerando, apartado IV, fs.307 vta./311).
Contra ella el vencido interpuso los recursos de nulidad y apelación pero sostuvo solo este último en su expresión de agravios de fs. 314/319. De su lectura se desprende la reiteración de los argumentos expuestos al contestar la demanda en torno a la existencia de otras vías alternativas a la utilizada por los demandantes, al encuadramiento de “Aguas Santafesinas S.A.” a lo establecido en las normas que regulan su actuación (ley provincial 11.220; Decreto provincial Nº 193/06, del 20/01/06, que dispuso la constitución de “Aguas Santafesinas S.A.” en el marco de la habilitación otorgada por la ley 12.516; Decreto Nº 243 del 31/01/06 que rescindió el contrato de concesión celebrado con “Aguas Provinciales de Santa Fe S.A.”; Decreto N° 1358/07 del 11/07/2007 que aprobó el Contrato de Vinculación y Régimen para el Proceso de Transición según el Anexo I y sus prórrogas), carencia de facultades del juez para decidir en el ámbito de competencia exclusiva de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para alterar los términos y el alcance del servicio en la ciudad de Rafaela, inexistencia de los recaudos exigidos por el art. 43 de la C.N. para la admisibilidad del amparo, privación a otros sectores de la ciudad de tener acceso al agua potable o sistemas cloacales que implicaría la conexión indiscriminada de usuarios no contemplados técnicamente; y concluye que de las constancias incorporadas a la causa quedó acreditada la inexistencia de responsabilidad de ASSA por los hechos de la demanda por lo que corresponde la revocación de la sentencia en todos sus términos (expresión de agravios, fs. 314/319). Los actores respondieron a sus agravios en el memorial de fs. 332/334.Por su parte, ASSA informó el 07/11/16 que en cumplimiento del punto II de la parte resolutiva de la sentencia -el recurso fue concedido con efecto devolutivo-, “la totalidad de las conexiones de los usuarios peticionantes ya fueron ejecutadas dentro del plazo establecido en la sentencia” (fs. 360).
De la confrontación de los agravios con los fundamentos de la sentencia -que el suscripto comparte y hace suyos- surge clara la omisión del recurrente de formular una crítica razonada y concreta de estos últimos, con lo que no dio cumplimiento a la exigencia del art. 365 del C.P.C. franqueando el apercibimiento allí contemplado.
Es así como ha quedado fuera de controversia la calificación de la acción promovida -en los términos de la causa “Halabi” (C.S.N., 24/09/2009, Fallos: 332:111)- como un proceso colectivo “pues procura la tutela de un derecho de incidencia colectiva referido a uno de los componentes del bien colectivo ambiente: el agua potable” que “por su carácter, resulta insusceptible de apropiación individual” (C.S.N., “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonarerenses S.A. y otros s/ amparo”, 02/12/14, considerando 8º; Fallos: 337:1361; La Ley Cita online: AR/JUR/58241/2014). En esta última causa el Alto Tribunal señaló que “los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas, a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales (doctrina de Fallos: 327:2127 y 2413; 332:1394, entre otros). No hay duda de que en el caso, existe la necesidad de una
tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo tiempo existe una demora de la demandada en la solución definitiva de esta situación.Tratándose de un caso ambiental los jueces tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del proceso, e incluso darle trámite ordinario a un amparo o bien dividir las pretensiones a fin de lograr una efectiva y rápida satisfacción en materia de prevención. El límite de estas facultades está dado por el respeto al debido proceso, porque los magistrados no pueden modificar el objeto de la pretensión (Fallos: 333:748; “Mendoza, Beatriz Silvia”, Fallos: 329:3445)” (C.S.N., “Kersich” cit., considerando 10), conceptos cabalmente aplicables al caso bajo estudio, que dejan sin sustento las quejas del recurrente acerca de la vía procesal seleccionado por los actores y admitida por la sentencia. Va de suyo que lo actuado a lo largo de esta causa demuestra sobradamente el respeto al debido proceso y al derecho de defensa del demandado (ver fs. constatación de fs. 72/74, totalizando once (11) inmuebles usuarios afectados y 39 personas ocupantes).
Es impensable, por lo demás, que la conexión domiciliaria a la red de agua potable -ejecutada por terceros con la anuencia de “Aguas Santafesinas S.A.” (ver fs. 317 vta., apartado 15)- a once (11) inmuebles usuarios, implique la privación de tener acceso al servicio de agua potable a “otros sectores de la ciudad”, teniendo en cuenta que Rafaela cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes (usuarios de áreas servidas).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puntualizó que “el acceso al agua
potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces. En este sentido cabe resaltar que en su reciente resolución A/HRc.RES/27/7 distribuida el 2 de octubre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas exhorta a los Estados a que “velen por que todas las personas tengan acceso sin discriminación a recursos efectivos en caso de violación de sus obligaciones respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, incluido recursos judiciales, cuasijudiciales y otros recursos apropiados (11.c)”. En el campo de los derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia. Por esta razón es que en muchos instrumentos internacionales se menciona la tutela del derecho al agua potable. En este sentido, la resolución A/RES/64/292, del 30/07/2010, de Naciones Unidas, declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humanó esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (1979), artículo 14, párr. 2 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” del 17/11/1988, predican que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y a contar con los servicios básicos; la “Convención sobre los Derechos del Niño”, artículo 24, 2° párr. (1989), exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades mediante el suministro de agua potable salubre. De otro lado, es de recordar que en el mes de septiembre de 2000 los dirigentes de todos los países se comprometieron en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que carecían de acceso al agua potable o que no podían costearla.Y que en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, celebrada en Johannesburgo, se acordó un objetivo similar para reducir a la mitad, también para el año 2015, las cifras de personas sin saneamiento básico. Asimismo, numerosos documentos de organizaciones internacionales, incluyen declaraciones en ese sentido, como la que surge de la Observación General n° 15 del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de Naciones Unidas, que el 15/11/2002, en virtud de la cual se dijo que: “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho” (C.S.N., “Kersich”, considerando 12). De estos fundamentos, traídos en su apoyo por la sentencia, no se hizo cargo el recurrente, lo que sella la suerte de su recurso.
Para abundamiento, se advierte que la ley 11.220 (B.O. 12/12/94) contempla a los usuarios reales (comprendidos dentro del área servida) y a los usuarios potenciales (situados en el área no servida) (art. 3, Definiciones) y al referirse a los derechos de los usuarios potenciales señala que “gozan de los derechos reconocidos a los Usuarios Reales, en los incisos b), c) y j) del artículo precedente” (art. 74), entre los que se cuenta el de recurrir ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios en los casos en que los Prestadores no den respuesta oportuna y satisfactoria a sus reclamos y peticiones, o cuando sea procedente un recurso directo ante dicho organismo según se establece en el art. 114 (art. 73, inc.b). En este último al que remite la norma, luego de reglamentarse el procedimiento de los reclamos se expresa que “los Usuarios no
deberán agotar previamente la vía recursiva para demandar judicialmente a los prestadores, cuando las circunstancias del caso revelen la existencia de una manifiesta arbitrariedad de los actos cuestionados y la presencia de peligro en la demora” (art. 114, in fine, ley 11.220). Igual disposición se reitera en el art. 52 del “Reglamento del Usuario”, Anexo 1.2.10 del Decreto 1358/07 (ver documental aportada por el demandado).
Ninguna duda cabe acerca del peligro en la demora atendiendo al derecho humano al agua potable, indispensable para la subsistencia (doctrina de la Corte Nacional citada y sus fundamento s normativos); y no resulta razonable -y por lo tanto es arbitrario- que transcurridos más de diez (10) años desde que Aguas Santafesinas S.A. fue creada y se rescindió el contrato de concesión con su antecesora, once (11) propietarios que adquirieron su terreno en loteos autorizados por las autoridades competentes, en un marco normativo que exigía el previo aseguramiento de los servicios de agua potable, no puedan conectarse a las redes aprobadas por el ente demandado, por cuanto, según éste lo comunicó, el sector se encuentra fuera del “Radio de Servicio de Agua Potable” y “la ejecución del empalme al servicio
quedó condicionada a la habilitación del Acueducto Norte I y su Acueducto a Rafaela, u otra obras alternativas” (fs. 56 vta.; nota de fs. 112; informe de la Municipalidad de Rafaela, fs.107/155 acerca de que la urbanización “se encuentra aprobada por el Municipio, y con la red de agua corriente realizada”).
Así lo puntualizó la sentencia de primera instancia cuando señaló que el demandado no demostró “cuál fue el mejoramiento a las condiciones de servicio desde la fecha del otorgamiento de la concesión y la actual, como tampoco ha demostrado cuáles son los criterios que utiliza para definir áreas servidas y no servidas”…”pues tratándose de bienes colectivos insusceptibles de apropiación, la prioridad en el tiempo no da prioridad en el derecho por lo que no satisface el principio de razonabilidad una distinción por la cual se discrimine negando el acceso al servicio a usuarios nuevos en relación a usuarios ya existentes”. Y agregó: “No encuentro probado en el caso sub examine la imposibilidad de extender el servicio al colectivo representado por los amparistas, residentes en áreas no servidas dentro de la concesión sobre la cual la demandada tiene un poder de señorío innegable, ya que si bien ha sido invocado como defensa, no ha sido respaldado con un estudio científico y técnicamente fundado que permita confirmar tal dogmática afirmación” (fs. 310 vta./311). Tales acertados fundamentos de la sentencia de primera instancia no fueron desvirtuados en la expresión de agravios (art. 365, C.P.C.).
Por estas razones propugno rechazar los recursos interpuestos y confirmar el decisorio impugnado, con costas al recurrente.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.
A esta misma cuestión, el Dra. Beatriz A. Abele dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).
A la tercera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:
Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde:
Rechazar los recursos interpuestos y confirmar el decisorio impugnado, con costas al recurrente.Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.
A la misma cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Lorenzo J. M. Macagno, y en ese sentido emitió su voto.
A esta misma cuestión, el Dra. Beatriz A. Abele dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).
Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención de la Dra. Beatriz A. Abele (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: Rechazar los recursos interpuestos y confirmar el decisorio impugnado, con costas al recurrente. Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.
Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen. Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.
Lorenzo J. M. Macagno
Juez de Cámara
Alejandro A. Román
Juez de Cámara
Beatriz A. Abele
Juez de Cámara
SE ABSTIENE.
recuperada de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/22/se-condena-a-la-empresa-de-aguas-a-conectar-el-agua-potable-a-la-totalidad-de-los-vecinos-afectados-y-representados-por-los-amparistas-residentes-y-a-residir-en-el-futuro-en-el-loteo-en-cuestion/

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