martes, 25 de julio de 2017

Responsabilidad del Estado. Error registral. Registro de la Propiedad Automotor.

Responsabilidad del Estado. Error registral. Registro de la Propiedad Automotor.

Se condena al Estado Nacional a resarcir los daños y perjuicios sufridos por el actor con motivo de un error cometido por el Registro de la Propiedad Automotor, en la numeración del chasis consignado en el título de la motocicleta de su propiedad, toda vez que, la sentencia recaída en la causa penal, iniciada en su contra por un delito contra la fe pública, en la que resultó sobreseído, después de ponderar que la motocicleta se encontraba a nombre del accionante y que la documentación es genuina, concluyó que las divergencias existentes entre la documentación y la moto secuestrada se debieron a un error material cometido por el registro actuante al momento de transcribir los números de cuadro, afirmación corroborada por el propio escrito de inicio de la interventora del registro en cuestión, en el cual admitió la irregularidad cometida.
Romero, Gonzalo Martín vs. Estado Nacional y otro s. Daños y perjuicios /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala III, 25-04-2017; RC J 4830/17 

Texto

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "Romero Gonzalo Martín c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia y otro s/ daños y perjuicios", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Ricardo Gustavo Recondo dijo:
I. El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Romero y, en consecuencia, condenó a la provincia de Rio Negro a pagarle, en el plazo de diez días, la suma de 25.000 pesos, con más sus intereses y las costas del juicio. Asimismo desestimó el reclamo dirigido contra el Estado Nacional Ministerio de Justicia, Registro Nacional de la Propiedad de Automotor (RNPA) y Marcela Piña encargada del registro, imponiendo las costas por su orden (fs. 643/649 vta.).
Para así decidir, primeramente tuvo por acreditado que el 31 de agosto de 2002 personal del departamento de tránsito de la policía de la provincia de Rio Negro secuestró una motocicleta (Honda, Rebel 450, chapa patente ASA 487) que era conducida por su titular señor Gonzalo Romero como así también que el número de chasis consignado en el título era erróneo. En consecuencia, juzgó que la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los demandados Estado Nacional y Marcela Piña no podía prosperar.
Seguidamente, analizó la responsabilidad del Estado Nacional, Registro de Propiedad Automotor y Marcela Piña. En ese sentido, señaló que la prueba colectada es precisa en punto a que el secuestro de la moto del actor no se produjo como consecuencia del error en la numeración del chasis sino por la falta de diligencia de su titular ya que no circulaba con la documentación necesaria y la placa identificatoria no contaba con los requisitos exigidos. En tales condiciones, rechazó el reclamo formulado.
Respecto de la Policía de la Provincia de Rio Negro, después de reconocer que pese a que fue citado como tercero por la demandada no existía obstáculo legal alguno para que sea considerado vencido, entendió que de la sentencia dictada en sede penal no se puede deducir que tal resolución haya importado reconocer arbitrariedad del auto que dispuso el secuestro del rodado. Sin perjuicio de ello, arribó a la conclusión que los daños que sufrió el vehículo fueron producto de la falta de cuidado durante el tiempo que duró el secuestro (31-08-02 al 20-3-03) y custodia, lo que justifica la obligación de reparar.
Por último, analizó cada uno de los rubros resarcitorios reclamados, arribando en concepto de daño material (incluye gastos de reparación y tiempo estimado para ello) y daño moral a la suma de 25.000 pesos, con más intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días desde el 31 de agosto de 2002.
II. Apelaron la parte actora, Marcela Piña por su propio derecho y en representación del RNPA y el apoderado de la Provincia de Rio Negro a fojas 650, 652 y 664, recursos que fueron concedidos libremente a fojas 651, 653 y 665, en ese orden. Elevados los autos a la Sala, la condenada expresó agravios a fs. 683/684 vta. mientras que el actor hizo lo propio a fojas 686/695, los que fueron contestados a fs. 697/698, 700/702 vta. 703, 704/711 y 712/720. Marcela Piña por su propio derecho y en representación del Registro Nacional del Automotor fundó su recurso a fojas 685 y vta. enderezado a cuestionar la imposición de las costas. Median, asimismo, recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado, los que serán tratados por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.
III. Por su índole, resulta prioritario considerar los agravios que el actor vierte en torno a la falta de imputación de responsabilidad al Estado Nacional, Registro de Propiedad Automotor y Marcela Piña.
El señor Gonzalo Romero promovió demanda contra el Estado Nacional, el Registro de la Propiedad Automotor Seccional Motovehículo de la Capital Federal "C" y Marcela Inés Piña en su carácter de titular del registro, a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos con motivo de un error en la numeración del chasis cometido por el RNPA al momento de la expedición del título de la motocicleta marca Honda.
El día 31 de agosto de 2002 en un control de rutina realizado por la policía de la Provincia de Rio Negro, verificada la irregularidad, le fue secuestrado su vehículo, originándose la causa penal "Romero Gonzalo s/ delito contra la fe pública", que tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche. Verificados los hechos en sede penal y constatado el error cometido, el señor Gonzalo Romero fue sobreseído por sentencia del 7-3-03, disponiéndose la entrega de la moto, cosa que ocurrió el 20-3-03.
IV. Del escrito de inicio se extrae que el actor no ha puesto en tela de juicio la decisión del señor Juez de Bariloche de secuestrarle la moto, sino que lo que le imputa al Registro y, por ende, en definitiva al Estado Nacional es el resarcimiento de los daños ocasionados por la falta de servicio en la anotación de los datos del título de propiedad, los cuales valuó en la suma de 11.904 pesos por daño patrimonial (gastos y disminución del valor de reventa), 5.600 pesos por privación de uso de la moto y 3.000 pesos por daño moral, con más los intereses y las costas del litigio (fs. 2/11).
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia en el caso "Vadell" (Fallos 306:2030), refiriéndose en concreto a las funciones de un Registro de la Propiedad Inmueble, sostuvo que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución. Esta idea objetiva de falta de servicio encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (doctrina de Fallos 315:1892, 316:2136 y otros).
V. En la especie, la sentencia recaída en la causa penal, después de ponderar que la moto en cuestión se encontraba registrada a nombre de Romero y que la documentación es genuina, concluyó que las divergencias existentes entre la documentación y la moto secuestrada se debió a un error material cometido por el Registro Seccional de la Propiedad Automotor de la Capital Federal Letra "C", al momento de transcribir los números de cuadro. Corrobora esta afirmación, el propio escrito de inicio de la interventora del Registro antedicho, señora Marcela Piña, en el cual admitió la irregularidad y manifestó "que es cierto que se consignó en forma parcialmente errónea en número de chasis del vehículo 847 AA" (...), ya que "el número de chasis de la motocicleta es JH2PC1708GM011923 y en lugar de dicho número, en oportunidad de inscribir la transferencia del rodado a favor del actor, se consignó involuntariamente JH2PC1708611011923" (fs. 178 vta./179).
Siendo así las circunstancias, no encontrándose discutido que hubo un desempeño irregular por parte de la entidad competente, no cabe duda que el Estado Nacional es responsable por el irregular cumplimiento de las obligaciones a cargo de la funcionaria registral, que desató parte de los perjuicios sufridos por señor Romero en ocasión del operativo del 31 de agosto de 2002. Es verdad, que el secuestro de la moto no se produjo únicamente por el error en la numeración del chasis sino también porque la cédula con la que circulaba el actor era una copia; sin embargo, no cabe duda que lo decisivo a los fines del ilícito investigado en sede penal fue el defecto que adolecía el título automotor; cuya autoría era imputable a la funcionarla encargada del registro donde había sido emitido éste. Prueba de ello, es que en ninguna parte de la sentencia penal se hace referencia como causa justificante del secuestro al hecho de que el actor circulaba con una copia de las placas ni con una fotocopia de la cédula verde.
VI. La provincia de Rio Negro invoca la aplicación de la Ley 26944 y que la condena al tercero citado debe ser analizada con criterio restringido.
Respecto de la ley aplicable al sub lite en virtud de la sanción de la Ley de Responsabilidad Estatal n° 26.944, la Sala ya ha precisado que la ley que rige este tipo de controversias es la que estaba vigente a la fecha en que ocurrió el hecho generador del daño (esta Sala, causa n° 2121/05 del 16-9-15). En atención a ello y a que el evento reseñado en el considerando anterior tuvo lugar durante el 2002, es claro que la Ley n° 26944 -que regula la responsabilidad estatal- no es aplicable al sub lite (esta Sala, causas n° 11.095/03 del 21-10-15 y 12.504/07 del 27-10-15).
Respecto del segundo cabe señalar que el escrito no contiene una crítica concreta y razonada sobre las específicas argumentaciones sobre las que el doctor Soto edificó sus conclusiones al respecto, de modo que no cabe sino declarar desierto el recurso (arts. 265 y 266 Código Procesal).
Corolario de lo anterior, es que ambos demandados responden de distinto modo lo que se verá reflejado al tratar la cuantía del resarcimiento, dejando constancia que ambos son responsables de resarcir la suma fijada por el doctor Soto -con carácter firme- en concepto de daño moral por partes iguales.
VII. Resta tratar el último agravio de la parte actora que cuestiona la cuantía del daño material y que el sentenciante no le haya reconocido suma alguna por la privación del uso de la moto por casi siete meses.
a) Esta fuera de duda que el daño material que el actor reclama tiene su fundamento en la falta de cuidado durante el secuestro y custodia del vehículo en la sede del Departamento de Transito de la Policía de la Provincia de Rio Negro. En consecuencia, la condena sobre este ítem recaerá únicamente en la Provincia de Rio Negro ya que los daños aquí resarcidos no resultan imputables al Estado Nacional.
Ahora bien, tengo por cierto que la moto sufrió los daños enumerados por el actor a fs. 16, los cuales el perito designado de oficio consideró razonables (fs. 482/484). Sin embargo, toda vez que la parte actora no demostró que hubiera efectuado las reparaciones que reclama y que el experto no pudo comprobar su estado porque no la presentó para su inspección en la oportunidad fijada ya que informó que fue enajenada, sin dar ninguna precisión al respecto (fs. 455), no se advierte ningún motivo para modificar la suma otorgada por el a quo la cual luce razonable.
b) Respecto del segundo rubro, soy de la opinión que la privación de uso de la moto produce por sí misma un daño indemnizable pues tiende a reparar el perjuicio sufrido por la inmovilización (doctrina de Fallos 320:1564 y 323:318). En tales condiciones, teniendo en cuenta que en el caso de autos la paralización se extendió más allá que el período que presumiblemente insumiría el arreglo -según estimación del perito ingeniero data de 90 días (ver fs. 484), pues lo cierto es que al actor se le reintegro la moto el 20-3-03 y no habiendo constancia alguna que el señor Romero utilizara la moto para cumplir las tareas que denunciara en su escrito de inicio, estimo razonable atenerme a la propia valuación del daño que ha efectuado el actor en su escrito de demanda y condenar por este concepto únicamente al Estado Nacional al pago de la suma de 5.600 pesos.
VIII. Resta considerar el asunto relativo a las costas por la intervención del Registro Nacional de la Propiedad de Automotor (RNPA) y Marcela Piña encargada del registro. Al respecto, basta decir que toda vez que la responsabilidad del Estado tiene como fundamento la irregular actuación de la funcionarla, resulta acertado la decisión del señor Juez al respecto.
Por ello, se revoca la sentencia apelada respecto del Estado Nacional y se confirma respecto de la Provincia de Rio Negro. Costas de Alzada en la relación Actora - Estado Nacional y Provincia de Rio Negro, a las vencidas. En la relación de la actora con el RNPA y con Marcela Piña, por su orden dadas las particularidades de la cuestión.
El Dr. Guillermo Alberto Antelo y la Dra. Graciela Medina, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el acuerdo precedente, el Tribunal
RESUELVE:
revocar la sentencia apelada respecto del Estado Nacional y confirmarla respecto de la Provincia de Rio Negro. Costas de Alzada en la relación Actora - Estado Nacional y Provincia de Rio Negro a las vencidas. En la relación de la actora con el RNPA y con Marcela Piña, por su orden dadas las particularidades de la cuestión.
Determinados que fueren los montos por los que prospera la demanda en la etapa de liquidación, el Tribunal efectuará las regulaciones de honorarios correspondientes.
Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y, devuélvase.
Ricardo Gustavo Recondo - Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina.
recuperado de:http://www.rubinzalonline.com.ar/fallo/18477/

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