sábado, 15 de julio de 2017

Responsabilidad concurrentes por veredas en mal estado

Voces:
BIEN DEL DOMINIO PUBLICO ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ INMUEBLE ~ LOCATARIO ~
PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ~ PROPIETARIO ~
RESPONSABILIDAD CIVIL ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ~ VEREDA
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D(CNCiv)(SalaD)
Fecha: 22/02/2017
Partes: Saulino, Mercedes Juana c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios
Publicado en: LA LEY 14/07/2017, 14/07/2017, 5
Cita Online: AR/JUR/3018/2017
Hechos:
Tras tropezar en la vía pública por el estado defectuoso de la acera, una mujer demandó al Gobierno de la
Ciudad, al consorcio de propietarios, al frentista y a su aseguradora. El juez hizo lugar parcialmente a la
demanda, condenando a los primeros codemandados. La Cámara revocó parcialmente el decisorio.
Sumarios:
1. La responsabilidad primaria por los daños causados por el vicio o mal estado de las aceras compete al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandado, en su carácter de titular del dominio público de tales
bienes, por aplicación de la responsabilidad objetiva que establece el art. 1113, apart. 2, párr. 2 del Código Civil
derogado.
2. El locatario o propietario frentista y su asegurador son responsables por los daños causados por el vicio o mal
estado de las aceras, aun cuando se tratara de reparaciones que debía realizar el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, porque esto no lo exime de la obligación de dar cuenta de la presencia de imperfecciones para
que procediera a su reparación.
Texto Completo:
2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 22 de 2017.
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
La doctora Brilla de Serrat dijo:
I. Contra la sentencia obrante a fs. 711/723, se alza el Consorcio de Copropietarios de la calle Lavalle ... y
..., quien expresa agravios a fs. 747/752, la parte actora que hace lo suyo a fs. 754/755 y por último, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esboza sus quejas a fs. 759/771. Corridos los traslados de ley
pertinentes, los mismos fueron contestados a fs. 773/774, 776/781, 782/786, 787/789 y fs. 790/791. A fs.
794/796 obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara. Con el consentimiento del auto de fs. 797 quedaron los
presentes en estado de resolver.
El decisorio de la anterior instancia: a) Rechazó la demanda instaurada por la accionante Mercedes Juana
Saulino contra Lonckel S.A., Luis Rúben Stilman y Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., con costas;
b) Hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios entablada por la accionante contra el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consorcio de Copropietarios de la calle ... y ... esquina ... N° ... de
la Capital Federal y los condenó a abonarle —en forma concurrente— la suma de $81.1 dentro del plazo de diez
días, con más los intereses y costas del proceso y c) Difirió la regulación de honorarios de los profesionales
intervinientes para el momento procesal oportuno.
II. Preliminarmente es dable destacar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos
los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo
deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la
resolución de la litis. (C.S.J.N. Fallos: 258: 304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 y otros más).
III. Excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Lonckel S.A. y Luis Rubén Stilman /
Responsabilidad:
a) La Sra. Saulino vierte sus quejas a fs. 754/755 por hallarse discordante con que se haya hecho lugar a la
excepción planteada por los co-demandados Lonckel y Stilman.
Establece que en los presentes actuados se trata de un consorcio formado por unidades funcionales que
tienen todas acceso individual, y están compuestas por un sótano, el local y el primer piso.
Agrega que no existe una entrada en común y por lo tanto cada unidad funcional posee un frente sobre la
acera, tal como surge del informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.
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Por todo ello, sostiene la responsabilidad del frentista, el Consorcio y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
En subsidio, y para el hipotético caso de que no se haga lugar al planteo efectuado, requiere se impongan las
costas por el rechazo de dichas excepciones por su orden atento a que asevera haberse creído con derecho a
reclamar como lo hizo.
b) El consorcio de propietarios demandado esgrime sus quejas a fs. 747/748 por encontrarse disconforme
con la condena establecida en su contra por ante la anterior instancia.
Esgrime que el Sr. Juez de grado tuvo por acreditada la ocurrencia del hecho dañoso sin ninguna prueba que
así lo avale.
Añade que la accionante no abonó la existencia de una baldosa rota en la esquina donde dijo haber
tropezado, habiendo —por otro lado— la accionada desconocido las fotografías acompañadas en el escrito
inicial.
Agrega que del único testimonio recabado no se puede dar fe de la intervención de la cosa en la secuencia de
hechos, ya que la deponente se encontraba a más de cincuenta metros de distancia de la actora cuando
supuestamente tropezó.
Por todo ello, requiere se revoque el pronunciamiento recurrido, con costas de ambas instancias a cargo de
la demandante vencida, o en subsidio, se decreta la decrete la concurrencia de culpas por el acaecimiento del
hecho denunciado.
c) El co-accionado, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se alza a fs. 759vta./764 por
encontrarse disconforme con que se haya hecho lugar a la acción entablada.
Aduce que si bien el Gobierno local es el ejerce el poder de policía urbano sobre el estado de las calles y de
las aceras, lo cierto es que el mismo no puede alcanzar al control específico de cada cuadra de la ciudad.
Agrega que el anterior “iudicante” se basó solamente en presunciones para tener por probado el hecho a raíz
de unas “baldosas rotas”; ello así, ya que no existe verificación efectuada por perito ingeniero sobre el estado de
la calle al momento del supuesto hecho.
Destaca la exposición efectuada por el personal policial que socorrió a la siniestrada y la imparcialidad de la
única testigo propuesta por la parte actora para luego asegurar que el evento se produjo por la exclusiva
responsabilidad de la víctima de autos.
Requiere, en definitiva, se rechace la acción intentada contra la comuna local, con costas.
d) En cuanto al encuadre jurídico, diré que coincido con el primer juzgador en cuanto a la norma aplicable
para decidir el caso, rigiendo la ley vigente al momento de la producción del hecho ilícito. Cabe señalar que el
artículo 1113 del Cód. Civil regulaba en su segundo apartado, la cuestión relativa a la responsabilidad derivada
de los daños causados “con las cosas” y “por el riesgo o vicio de las mismas”.
El daño se considera causado por el riesgo o vicio de la cosa cuando ha sido producido mediante el empleo
de una cosa que, por su naturaleza, estado o modo de utilización, engendra riesgos a terceros. Por tal razón
quedan incluidos dentro de la última parte del artículo 1113, párrafo segundo, los daños causados mediante el
empleo de cosas peligrosas.
En suma, sólo se exime total o parcialmente de responsabilidad el demandado acreditando la culpa de la
víctima o de un tercero por quien no deba responder.
Ahora bien: la responsabilidad primaria por los daños causados por el vicio o mal estado de las aceras —tal
es el caso que nos ocupa— compete al gobierno de la ciudad, en su carácter de titular del dominio público de
tales bienes (conf. arts. 2339 y 2340 Cód. Civil), por aplicación de la responsabilidad objetiva que establece el
art. 1113, apartado 2, párrafo. 2 del Cód. Civil.
“El deber de conservación de la acera que tiene el propietario frentista, no puede obviar la obligación que
tiene la Municipalidad, en cumplimiento de sus fines específicos, de vigilar el estado de las calles y aceras de la
ciudad; responsabilidad sí ésta de carácter primario y fundamental, que debe traducirse ante todo en
advertencias y/o requerimientos a los propietarios para que procedan a efectuar las reparaciones del caso”
(Brebbia, Roberto, Responsabilidad por el daño sufrido por un peatón a consecuencia del mal estado de la acera,
LA LEY, 1988-E, pág. 509).
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La obligación primaria del Gobierno de la Ciudad en este aspecto se evidencia en el artículo 16 de la
Ordenanza 33.721, que establece que el incumplimiento por parte del propietario frentista de la obligación de
conservación de la vereda dará lugar a que los trabajos los realice la Municipalidad con cargo al propietario y a
la aplicación de sanciones. Asimismo, el decreto municipal N° 526/977 dispone que la Dirección General de
Fiscalización Obras de Terceros procederá a practicar inspecciones mensuales a fin de determinar el
cumplimiento por parte de los propietarios de las disposiciones referentes a cercas y aceras.
Por otra parte, el artículo 1° de la mencionada Ordenanza 33.721 dispone que la responsabilidad primaria y
principal de la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas compete al propietario frentista. Y en
su artículo 2° establece en forma enunciativa los casos que quedan comprendidos dentro de los conceptos de
reconstrucción y reparación, entre los que enumera el desgaste por el uso normal originado por la circulación
peatonal o vehicular en los accesos a tal fin, deterioros que se originan como consecuencia del uso específico de
la acera determinado por la actividad desarrollada por los ocupantes del inmueble, arreglos dispuestos por el
propietario u ocupantes de instalaciones no correspondientes a servicios públicos, incorporación de
instalaciones privadas de cualquier índole o por modificaciones a la conformación original de la acera, etc.
En su artículo 9° aclara que “La Municipalidad tomará únicamente a su cargo el arreglo de las aceras que
resulten deterioradas por las obras de pavimentación, repavimentación y recapado de calles y avenidas o por
trabajos relacionados con el alumbrado público, señalización luminosa y corte de raíces de árboles instalados
por la Comuna”.
Reiteradamente la jurisprudencia ha decidido que cabe atribuir responsabilidad —en forma solidaria con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires— al propietario frentista por los daños ocasionados al transeúnte que
tropezó y cayó sobre la acera debido a una rotura de la misma, por aplicación de la ordenanza 33.721 (Ciudad
de Buenos Aires) (Adla, XXXVIII-B, 1721), cuyos artículos 1° y 2° consagran la delegación por parte de la
comuna, en el propietario frentista, de la responsabilidad primaria y principal respecto del construcción,
mantenimiento y edificación de las veredas, a menos que éstas se encuentren afectadas a obras de servicios
públicos (CNCiv., sala K, 28/04/2005, “González, Gloria E. c. Basilio Larbeigt, Jorge A.”, LA LEY, 2005-C,
367).
Si bien la ley 11.545 y las ordenanzas municipales 33.721 y 33.930 (Adla, 1920-1940, 229; XXXVIII-B,
1711; XXXVIII-A, 825) ponen en cabeza del propietario frentista la responsabilidad primaria y principal de la
construcción, mantenimiento y conservación de las aceras y veredas, de ello no se deriva necesariamente una
presunción de responsabilidad ni de culpa, por cualquier accidente que se derive del estado de las aceras. En
efecto, el frentista no debe responder por los daños que sufran los peatones si la rotura de la acera obedece a
causas justificadas ajenas a su control (CNCiv., Sala I, 17/10/1996, “De Fortuny, Nuria E. c. Kohal S.R.L. y
otro”, LA LEY 1997-C, 750 - DJ 1997-2, 39).
A continuación analizaremos las pruebas obrantes en autos, a los fines de determinar si la demandada y/o los
terceros citados han cumplido con aquella carga procesal.
En primer lugar diré que hay un hecho indiscutido y es que la vereda al momento del accidente sufrido por
la accionante se encontraba deteriorada, —ver declaración testimonial de fs. 283/284— y exposición del
ayudante M. B. obrante a fs. 405 de estos actuados y que fuera efectuada a pocos días del hecho denunciado
(17/11/2009).
Adviértase, asimismo, que las constancias obrantes a fs. 354 (contestación del SAME donde se ratificó que
el 12 de noviembre del año señalado siendo las 18:33 hs. el móvil comisionado al lugar atendió a la aquí actora
por caída en la vía pública) y 403 (exposición del personal policial que asistió a la Sra. Saulino a pocos minutos
del siniestro acaecido) ratifican la versión de los hechos denunciados en el escrito inaugural, existiendo una
seria presunción que el accidente ocurrido se debió al mal estado de la vereda en cuestión.
Acreditada, entonces, la relación causal entre el daño denunciado por la demandante y la rotura de la calle,
corresponde analizar la responsabilidad que le cupo, o no, a cada uno de los co-demandados.
Como señalara precedentemente el frentista es responsable por las lesiones que sufriera la reclamante en la
vereda que tiene bajo su guarda y no sÓlo reviste dicho carácter el locatario de dicho inmueble —Sr. Stilman, y
en consecuencia, su aseguradora “Allianz Argentina Compañía de Seguros—, sino también el consorcio sito en
... y ... esquina ... N° ... de esta Capital Federal.
Así lo ha resuelto la Sala F de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el 17/02/2009, en los autos
“Peiteado, Carmen Alicia c. Lloyds TSB Bank y otro s/ daños y perjuicios”: “ (...) ello no impide considerar la
responsabilidad del frentista, sea éste propietario o locatario. Ello, toda vez que si bien la Ordenanza 33721 al
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referirse al frentista menciona únicamente al propietario, lo hace teniendo en cuenta su calidad de custodio de la
vereda, imponiéndole la obligación de mantenerla y conservarla en buen estado por el locatario. (...) En el caso
una entidad bancaria, locatario del inmueble frente al que aconteció la caída, sin perjuicio de la responsabilidad
del propietario puede ser considerada guardiana en los términos del art. 1113 del Cód. Civil en la medida en
que, al momento del hecho, se sirva de la cosa o la tenga en su cuidado”.
Aun cuando se tratara de reparaciones que debiera realizar el Gobierno de la Ciudad, ello no exime al
frentista de la obligación de, por lo menos, dar cuenta de la presencia de tales imperfecciones para que
procediera a su reparación.
En concordancia con ello, se ha resuelto: “el consorcio de propietarios frentista resulta responsable por los
daños ocasionados a un peatón como consecuencia de los deterioros de la vereda —en el caso, caída a raíz de
trozos sueltos de vereda— si no fue acreditado por éste que la acera se viera afectada por obras de empresas de
servicios públicos o que hubiera efectuado la correspondiente denuncia ante autoridad de aplicación” (conf.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, “in re” “Pescio, Lucía M. c. M.C.B.A. del 30/04/2001,
Cita Online: AR/JUR/4762/2001).
También responde —reitero— el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños causados por el
vicio o mal estado de las aceras —tal es el caso que nos ocupa—, en su carácter de titular del dominio público
de tales bienes (conf. arts. 2339 y 2340 Cód. Civil), por aplicación de la responsabilidad objetiva que establece
el art. 1113, apartado 2, párrafo 2 del Cód. Civil.
En virtud de todo lo antedicho propongo al acuerdo admitir parcialmente las quejas vertidas por la parte
actora, y en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de grado, condenando en forma concurrente no
solo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Consorcio de Propietarios sito en ... y ... esquina ... N° .... de
esta Capital Federal sino también al locatario Luis Rubén Stilman y su aseguradora “Allianz Argentina
Compañía de Seguros”.
En atención al modo en que se propone resolver, las costas generadas por la excepción de falta de
legitimación pasiva interpuesta por el co-demandado Stilman serán soportadas en ambas instancias por su parte
por haber resultado vencido (conf. art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), mientras que las devengadas
por la participación de Lonckel S.A en la totalidad del proceso serán a cargo de la actora.
IV. Incapacidad sobreviniente:
a) El consorcio de copropietarios co-demandado expresa sus quejas a fs. 749/749 al establecer que la perito
médico se expidió sobre puntos del área de odontología que no sólo no son de su especialidad, sino que
expresamente fueron dejados sin efecto en la audiencia prevista por el art. 360 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la
Nación, por lo que no puede ser tenido en cuenta a la hora la cuantificar los daños padecidos.
b) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se alza a fs. 764vta./765 por entender que la indemnización
otorgada resulta exagerada atento la prueba producida por ante la anterior instancia.
c) Como he resuelto reiteradamente la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las
limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el
desarrollo normal de la vida de relación.
En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en
estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las
potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de
valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la
integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de
beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con
lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el
artículo 1068 del Cód. Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo
de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas
vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc.,
y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial”
(“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).
Finalmente, debe recordarse en este punto, lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que
la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre
la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado
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padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo,
condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual,
etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no
matemáticamente determinante del monto a reconocer.
e) Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.
A fs. 598/602 obra la pericia médica efectuada por el perito designado de oficio, Dra. R. R. M. E.
El conocedor adujo que la actora presentó traumatismo facial por caída desde su propia altura por la
presencia de algunas baldosas flojas en la calle por la que transitaba. Agregó que según las constancias médicas
adjuntadas, sufrió: a) Traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento con Tac normal; b) Herida cortante
de 3 cm de longitud en la región nasal, que curó con una cicatriz de características normales; c) Desviación
traumática del Septem con fractura triple del hueso propio de la nariz, con insuficiencia respiratoria, con
indicación quirúrgica que no ha sido resulta y que se manifiesta actualmente por una desviación septal e
insuficiencia nasal derecha y d) Movilidad de piezas dentarias con desplazamiento de pernos y movilidad de las
coronas, con los costos que fueron abonados oportunamente y los costos actualizados.
Para finalizar estimó en un 15 % la incapacidad parcial y permanente que sufre la actora de autos.
Si bien a fs. 622/624, 631/632, 635 y 637 las demandadas impugnaron el informe de referencia, a fs.
644,646, 648, 650/651 la especialista ratificó en todo el informe de referencia, con la sola salvedad de que la
incapacidad a asignar es la máxima dentro de la opción que brinda el Baremo y si se utiliza el método de la
capacidad restante, el detrimento alcanza un 14, 46 %, por lo que entiendo que ninguno de los reproches
efectuados ha logrado desvirtuar las conclusiones a las que arribará el experto de autos.
Debe decirse que el valor probatorio de un peritaje se mide por su apoyo gnoseológico y científico, es decir,
por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino seguido por el experto para arribar a sus conclusiones.
Dado que el juez es entonces un sujeto cognoscente de segundo grado —conoce a través del perito y con el
auxilio técnico que éste le brinda—, la estimación de la fuerza de convicción del dictamen se subordina a un
análisis crítico de las razones y fundamentos que han conducido al experto a la formulación de sus juicios.
Cabe recordar, asimismo, que el porcentaje de menoscabo a la víctima establecido en la pericia medica sirve
como argumento simplemente aparente para la determinación del “quantum” de la indemnización, pero es el
juez el que, a partir de aquélla, debe comprender qué posibilidades de actividad restan al damnificado y cuáles
ha perdido como consecuencia del hecho.
Todo ello, sin perjuicio de asistirle razón al Consorcio demandado en el sentido de que no serán tenidos en
cuenta los puntos contestados por el perito en relación al detrimento odontológico, ya que como bien lo recordó
el ente consorcial, los puntos solicitados por la parte actora fueron desestimados a fs. 269 vta por el Sr. Juez de
grado.
Ahora bien, teniendo en consideración el porcentaje de incapacidad decretado por el especialista —con la
salvedad efectuada “ut supra”—; la edad de accidentada a la fecha del hecho —61 años de edad—; y demás
constancias personales que surgen de estas actuaciones, como del BLSG N° 74.174/11, considero que la
cantidad acordada resulta reducida, pero ante la inexistencia de quejas que me permitan elevar el “quantum”
indemnizatorio, no puedo más que proponer al acuerdo su confirmación.
V. Gastos derivados del accidente:
a) El Gobierno local se alza por entender que la suma reconocida bajo el presente concepto resulta elevada
($1.000). Aduce que la actora no logró acreditar en autos, que haya tenido gasto alguno derivado del accidente,
por cuanto según surge de la documentación acompañada, la misma se encontraba afiliada a OSDE, razón por la
cual esa obra social se hizo cargo de la totalidad de la supuesta atención médico.
b) Se ha sostenido reiteradamente que el aspecto probatorio debe ser valorado con criterio amplio, sin que
sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de
farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por
la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside
en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente.
Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que
cuente con cobertura social —como en el caso de autos—, toda vez que siempre existen erogaciones que no son
completamente reconocidas.
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En relación a ello, también se expidió nuestro Máximo Tribunal, "Atento a la necesidad de salvaguardar el
principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido
materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las
lesiones sufrida por el actor" (C. S. J. N. Fallos: 288:139).
En consecuencia, siempre que se haya probado la existencia del daño, tal como acontece en la especie,
donde se demostró la necesidad de la asistencia médica, aun cuando no se haya probado específicamente el
desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de
los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio
moderado y sensato (art. 165 del Código Procesal).
A partir de la experiencia adquirida a través de los múltiples casos que llegan a juzgamiento, estimo ajustado
a derecho el monto reconocido por el anterior magistrado (conf. art. 165 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación)
motivo por lo cual propongo al acuerdo su confirmatoria.
VI. Daño moral/daño psicológico:
a) Incluyen las quejas de los condenados por ante la anterior instancia el monto por el cual progresará el
presente ítem ($35.000).
El consorcio demandado aduce que erróneamente se otorgó un monto superior al requerido en el escrito
inicial, por lo que correspondería reducirlo a sus justos límites.
Se alza, asimismo, por considerar errónea la tesitura adoptada por el anterior magistrado al incluir el daño
psicológico dentro del presente concepto.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere el rechazo del presente concepto por
entender la improcedencia del mismo. En subsidio, solicita la disminución considerable de la cantidad
reconocida.
b) Cabe señalar preliminarmente que el daño psicológico no queda subsumido en el daño moral, pues ambos
poseen distinta naturaleza.
En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las
aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el
consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un
concepto integral.- Recuérdese que más allá de las impugnaciones que efectuaran las quejosas a la pericia de
autos, la conocedora adujo que la accionante padece de un trastorno adaptativo, crónico, de grado moderado, lo
que representa un porcentaje del 20 % de incapacidad psíquica y que asimismo recomendó un tratamiento en la
materia.
Siendo así las cosas, habré de señalar que la circunstancia de que se considere que el daño a la salud sea
único y se lo trate en forma global o por el contrario se indemnicen por separado es una cuestión secundaria si
ello no importa un menoscabo al resarcimiento económico fijado, ya que lo que realmente interesa es tratar de
colocar al damnificado en la misma situación en que se hallaba antes del suceso dañoso, a lo que debe apuntarse
con independencia de los términos o expresiones utilizadas y sin caer en dogmatismos estériles que impidan el
acceso a una solución justa e integral.
Ahora bien, debe entenderse por daño moral, toda modificación disvaliosa del espíritu en el
desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la
persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente
perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA, semanario del
17/09/1985).
Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se
traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se
perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito
privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño
patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala
de González, "Resarcimiento de Daños, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños", t. 4, pág. 103, 1143 y
“El concepto de daño moral”, JA, del 06/02/1985).
Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral
debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y
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la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación
no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste
(conf. C.S.J.N., 06/10/2009, A. 989; “Arisnabarreta, Rubén J. c. E. N. (Min. de Educación y Justicia de la
Nación) s/ juicios de conocimiento”; Ídem, 07/11/2006, B. 606. “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c.
Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los
animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios”, Fallos: 329:4944; Íd., 24/08/2006, F. 286, “Ferrari de
Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c. Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos: 329:
3403; Id., 06/03/2007, M. 802. "Mosca, Hugo Arnaldo c. Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y
otros s/ daños y perjuicios", Fallos: 330: 563, entre muchos otros).
Debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias
personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud
del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias
particulares acreditadas en la causa.
En consecuencia, ponderando la repercusión que en los sentimientos de la actora debió generar el hecho
objeto de la presente litis, que debió ser trasladada en ambulancia y tiempo de recuperación, considero que la
suma reconocida resulta algo reducida, pero nuevamente ante la falta de agravios que me permitan elevar la
cantidad reconocida, propongo al acuerdo su confirmatoria.
VII. Ley 23.982, art. 22:
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se alza por encontrarse disconforme con el plazo del
pago de la condena (diez días) que se fijara en la sentencia de grado. Sostiene la aplicabilidad del art. 22 de la
ley 23.982 al caso de marras.
A fs. 794/796 el Sr. Fiscal de Cámara se expidió en el mismo sentido que la recurrente.
Asiste razón a la apelante en cuanto a que dicha norma resulta de aplicación a los casos en que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fuere parte, como continuadora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
en tanto la legislación nacional o municipal, existente a la entrada en vigencia del estatuto organizativo al que se
refiere el art. 129 de la Constitución Nacional, no fuere derogada (art. 5 ley 24.588).
Sin perjuicio de ello, la legislatura local ha sancionado específicamente sobre el punto en el Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 189/1999.
La norma citada sigue los lineamientos de la ley 23.982, estableciendo en el capítulo correspondiente a la
ejecución de sentencias en causas seguidas contra las autoridades administrativas, que para el cumplimiento de
las obligaciones de dar sumas de dinero deberá cumplirse el procedimiento de previsión presupuestaria
contemplado en los artículo 399 y 400, a excepción de los créditos de naturaleza alimentaria, cuyo importe no
sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno.
Sentado ello, corresponde acoger favorablemente el agravio de la accionada, dejando sin efecto el plazo para
el cumplimiento de la condena establecido, y disponiendo que el mismo se ajustara al procedimiento previsto
por el artículo 22 de la ley 23.982.
VIII. Tasa de interés:
a) El Sr. Juez de grado dispuso que desde el acaecimiento del hecho y hasta el 31/07/2015 los intereses serán
liquidados mediante la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
días del Banco de la Nación Argentina. En cuanto a los devengados con posterioridad a la citada fecha, adujo
que resulta aplicable la tasa de interés más alta de las utilizadas por el Banco Central de la República Argentina
al 01/08/2015
Por no compartir el criterio establecido por el “a quo”, el consorcio demandado se queja a fs. 751 y el
GCBA a fs. 768vta/770.
b) Cabe destacar que esta Cámara ha resuelto que en el supuesto de indemnizaciones derivadas de delitos o
cuasidelitos los intereses deben liquidarse desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación
—en el caso, desde la ocurrencia del accidente 12/11/2009— y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo
establecido en la doctrina plenaria “Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transporte”, de fecha 16 de
diciembre de 1958 (CNCiv, sala H - 13/02/2006 - "Fernández, Ceferino D. c. Grubber, Gabriel" - La Ley
Online).
Ahora bien, según el criterio adoptado y mantenido por este Tribunal desde hace ya un tiempo, los intereses
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habrán de calcularse desde la fecha del hecho a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida
a treinta días del Banco de la Nación conforme la recta vigencia del plenario “Samudio”, por lo que propicio al
acuerdo la confirmación del fallo cuestionado sobre el particular.
Por todo lo expuesto, voto para que:
1) Se haga lugar a las quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia, se revoque parcialmente el
decisorio recurrido, condenando en forma concurrente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Consorcio
de Propietarios sito en ... y ... esquina ... N° ... de esta Capital Federal y al locatario de dicho inmueble, Luis
Rubén Stilman.
2) La condena se hace extensiva a la empresa aseguradora “Allianz Argentina Compañía de Seguros” en la
medida del seguro (conf. art. 118 de la ley 17.418).
3) Se impongan las costas de alzada a las codemandadas por haber resultado vencidas, con excepción a las
generadas por la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el co-demandado Stilman que serán
soportadas en ambas instancias exclusivamente por su parte por haber resultado vencido, mientras que las
devengadas por la participación de Lonckel S.A. en la totalidad del proceso serán a cargo de la actora (conf. art.
68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
4) Se haga lugar parcialmente a las quejas vertidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en consecuencia, se deje sin efecto el plazo para el cumplimiento de la condena establecido y se
disponga que el mismo se ajustará al procedimiento previsto por el artículo 22 de la ley 23.982.
5) Se confirme la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio.
6) Los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes serán regulados una vez que lo hayan sido los
de primera instancia, diferidos a fs. 723, decisión que se encuentra consentida.
7) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el
artículo 164 párrafo segundo del ritual y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Los doctores Álvarez y Barbieri, por análogas razones a las aducidas por la doctora Brilla de Serrat, votaron
en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Hacer lugar a las
quejas vertidas por la parte actora, y en consecuencia, revocar parcialmente el decisorio recurrido, condenando
en forma concurrente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Consorcio de Propietarios sito en ... y ...
esquina ... N° ... de esta Capital Federal y al locatario de dicho inmueble, Luis Rubén Stilman; 2) Hacer
extensiva la condena a la empresa aseguradora “Allianz Argentina Compañía de Seguros” en la medida del
seguro (conf. art. 118 de la ley 17.418); 3) Imponer las costas de alzada a las codemandadas por haber resultado
vencidas, con excepción a las generadas por la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el
co-demandado Stilman que serán soportadas en ambas instancias exclusivamente por su parte por haber
resultado vencido, mientras que las devengadas por la participación de Lonckel S.A. en la totalidad del proceso
serán a cargo de la actora; 4) Hacer lugar parcialmente a las quejas vertidas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en consecuencia, dejar sin efecto el plazo para el cumplimiento de la condena
establecido y se disponga que el mismo se ajustará al procedimiento previsto por el artículo 22 de la ley 23.982;
5) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 6)
Regular los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes una vez que lo hayan sido los de primera
instancia, diferidos a fs. 723, decisión que se encuentra consentida. Se deja constancia que la publicación de la
presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64
del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. — Ana M. Brilla de Serrat.
— Osvaldo O. Álvarez. — Patricia Barbieri

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