sábado, 8 de julio de 2017

Responsabilidad civil del abogado. Daño moral. Omisión de iniciar la gestión encomendada

08/07/2017


Responsabilidad civil del abogado. Daño moral. Omisión de iniciar la gestión encomendada.

Se admite el recurso de apelación interpuesto por la actora y se eleva la indemnización por daño moral a la suma de 30.000 pesos, toda vez que, la falta de actuación del abogado demandado, que no comenzó siquiera el reclamo pertinente en los términos acordados en el convenio que data de fines de 2000, ha frustrado la legítima expectativa de la reclamante -de 67 años de edad al momento del encargo- de ver reajustados sus haberes jubilatorios dentro de un plazo razonable, con una innegable proyección en el plano espiritual. La tranquilidad del cliente reposa en la confianza que le genera su abogado y dicha confianza merece tutela, por lo que si resulta defraudada se producen consecuencias lesivas en este terreno que deben ser indemnizadas.
V., R. G. vs. S., C. A. s. Daños y perjuicios /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala J, 02-05-2017; RC J 3713/17


Texto

Buenos Aires, a los 02 días del mes de mayo de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala "J" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: "V., R. G. c/ S., C. A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP.PROF. ABOGADOS"
La Dra. Beatriz A. Verón dijo:
1. Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 195/197 vta. se alza la accionante y expresa los agravios agregados a fs. 207/209 que no merecieron respuesta.
Critica el punto de partida temporal tomado para el cálculo de las diferencias reclamadas, así como las sumas estipuladas en concepto de indemnización por "pérdida de chance" y "daño moral" por considerarlas bajas en función de las pruebas producidas.
2. Por lo pronto diré que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por Ley 26994, contempla de manera expresa lo tocante a la "temporalidad" de la ley.
Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.
3. Adelanto que seguiré a la recurrente en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.
En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei ("La génesis lógica de la sentencia civil", en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).
4.1. En lo concerniente al inicio del cómputo tomado por el juez de grado para fijar indemnización por "pérdida de chance", la apelante rechaza que deba fincar recién a partir del año 2009, así como también impugna el quantum establecido.
Aduce que en Agosto del año 2013 el demandado aún contaba en su poder con documentación que debía devolverle, por lo que interpreta recién allí habría terminado la relación contractual con su abogado.
4.2. Recuerdo que aquí nos adentramos en la interesante y compleja temática de la "causalidad" en cuanto determinación del límite entre lo "cierto" y lo meramente "hipotético" o "eventual" respecto a una consecuencia, tarea que -como bien observa Jorge Mayo- puede tornarse sombría o borrosa ("La pérdida de chance como daño patrimonial. La frustración como daño cierto", en "Chances", "Revista de Derecho de Daños", 2008 - 1, pág. 168; cfr. esta Sala in re "Dolce, Gianpaolo c/ Grinberg, Matías y otro s/ Ds. y Ps.", Expte. N° 32.113/2.008, del 17/3/2.011; ídem, "Rossi, Horacio c/ Luzuriaga Gamon, Juan Pablo s/ Ds. y Ps.", Expte. N° 32.174/2.000, del 04/3/2.010, entre otros).
No obstante, en función de las características particulares del caso sub examine, a tenor de la elevada probabilidad de progreso de la trunca demanda judicial y de la sentencia finalmente dictada ya con la asistencia de otro letrado (ver fs. 191/193), adoptaré a los fines del justiprecio los valores que fueran informados por el perito contador a través de la experticia que luce agregada a fs. 145/152 vta., la que -según observo- no ha merecido impugnación de las partes, extremo que torna aplicables los arts. 386 y 477 del rito.
4.3. Arribo a dicha conclusión pues cabe poner de resalto que ante la falta de respuestas del letrado, de la prolongada desavenencia y los múltiples pedidos insolutos, ya en el mes de Junio del año 2009 la aquí apelante pudo haber adoptado otro temperamento y no lo hizo, existiendo ya elementos que autorizaban el cambio.
Para dicha época la Sra. V. había sido cabalmente informada por parte del organismo respectivo -la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)- acerca de la falta de formulación de la pretensión encomendada (cfr. fs. 75 vta.), pudiendo así arbitrar los medios conducentes para formular su formulación con la asistencia de otro letrado.
4.4. En lo tocante a la fecha de inicio para el cómputo de este capital, mantendré lo decidido en la instancia de grado.
La génesis de la relación contractual se remonta al año 2000 (reconocimientos de demanda a fs. 75 y de la contestación a fs. 87), por lo que el reclamo resultaba viable a partir de la fecha indicada en los términos del art. 82 de la Ley 18037 que disciplina el instituto de la prescripción en materia de obligaciones previsionales.
Al respecto, considero acertado el razonamiento del juez de grado pues según el convenio glosado a fs. 2 que data del 30/11/2.000, sin perjuicio de la fecha computada por el perito en su dictamen no cuestionado de fs. 145/152 (ver planilla a fs. 147), la preparación del trabajo del letrado podía razonablemente insumir el mes de Diciembre del referido año, para formularse inmediatamente la pretensión en el mes de Febrero del año 1999.
El cómputo se extenderá hasta el mes de Junio de 2007, pues -además de lo desarrollado en el acápite N° 4.3. también aquí cabe considerar el citado plazo prescriptivo, el que fuera aplicado en el fallo dictado por la justicia federal competente (cfr. sentencia obrante a fs. 191/193), temperamento adoptado también en el fallo en crisis.
4.5. Ahora respecto al quantum fijado por este concepto, propicio revocar el pronunciamiento apelado y postergar su justiprecio, el que será determinado en la etapa de ejecución de la presente sentencia, oportunidad en la que se practicará la correspondiente liquidación con base en la información brindada por el experto contable.
En su mérito, también se posterga la regulación de los honorarios profesionales.
5.1. Por último, en materia de daño moral, la actora cuestiona el quantum estipulado ($ 12.000), que considero debe ser elevado.
5.2. En efecto, por lo pronto diré que al analizar el presente nocimiento en el plano estrictamente causal, el detrimento espiritual de la Sra. V. resulta una consecuencia "inmediata" de la inconducta profesional, por lo que el reclamo encuentra sustento en el del art. 520 del Código Civil.
Dicha norma, desde luego, la pondero en dinámica interacción con lo prescripto por el art. 522 CC que prevé un amplio marco de interpretación, en los siguientes términos: "en los casos de indemnizaciones por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso", extremos fácticos que es tarea del juez ponderar en cada caso (ver mis votos in re "Maino, Anita c/ Meza, José s/ Ds. y Ps.", Expte. N° 63.007/2.008, del 13/10/2.015; ídem, "Misrahi, Elina c/ Moure, Celia y otro s/ Cumplimiento de contrato" y "Moure, Ana C. c/ Colegio de Escribanos s/ Ds. y Ps.", Expte. N° 93.489/2.006, del 27/12/2.013; ídem, "Bovenzo, Ariel c/ Avenida Córdoba 4867 S.A. s/ Escrituración", Expte. n° 49.268/2004, del 28/6/2007; ídem, Sala D, "Scarpato, Osvaldo c/ Asbun Rojas, Salvador s/ Ds. y Ps.", libre n° 100.333/96, del 22-08-05; ídem, Sala B, "Otegui, Carlos c/ L. J. M. s/ Ds. y Ps.", del 24/11/2.010).
5.3. En derredor de esta partida del daño, la Sala que integro participa del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que a mas de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteracionees desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender: "El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general", en" Revista de Derecho Privado y Comunitario", Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, n° 1, 1992, p. 237 a 259 (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", en J.A. 1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, "El concepto de daño moral", J.A., 985-I-727 a 732).
5.4. Como desarrollara más arriba, la falta de actuación del demandado que no comenzó siquiera el reclamo pertinente en los términos acordados, ha frustrado la legítima expectativa de la actora de ver reajustados sus haberes jubilatorios dentro de un plazo razonable, con una innegable proyección en el plano espiritual.
La tranquilidad del cliente reposa en la confianza que le genera su abogado, y dicha confianza merece tutela, por lo que si resulta defraudada se producen consecuencias lesivas en este terreno que deben ser indemnizadas; y encuentra apoyo en la notable asimetría que se verifica entre el lego y el profesional que la asiste (cfr. Barbier, Eduardo, Vergara, Leandro, Responsabilidad Profesional, Astrea, págs. 18/20; esta Sala in re "Rossi, Horacio c/ Luzuriaga Gamon, Juan Pablo s/ Ds. y Ps.", Expte. N° 32.174/2.000, del 04/3/2.010).
Según la teoría general del contrato, en el "contrato de servicios profesionales" que celebra el abogado con su cliente hay siempre un elemento "fiduciario" que consecuentemente merece adecuada tutela, casos en que promedia una confianza especial en los términos del art. 909 del Código de Vélez Sársfield, y se trata tanto de la confianza objetiva incorporada a la "causa típica contractual" como a la confianza subjetiva que deriva de la autonomía de la voluntad específica en cada caso que también acostumbra verificarse (cfr. Lorenzetti, Ricardo, Contratos. Parte Especial, t. II, pág. 34).
5.5. En su mérito, considerando que la actora tenía 67 años de edad cuando formuló el encargo al demandado, así como lo analizado y decidido en el anterior acápite, con fundamento en la facultad otorgada al órgano jurisdiccional por el art. 165 del rito, estimo que la indemnización por este concepto debe alcanzar la suma de $ 30.000.
6. Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para:
a) Postergar el justiprecio de la indemnización por "pérdida de chance" para la etapa de liquidación y ejecución de sentencia (acáp. N° 4.5);
b) Elevar la indemnización por "daño moral" a la suma de $ 30.000;
c) Sin costas de Alzada por no haber mediado oposición.
d) Revocar la regulación de honorarios practicada a fs. 197 vta., que se difiere para la oportunidad de encontrarse firme la liquidación respectiva.
Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
a) Postergar el justiprecio de la indemnización por "pérdida de chance" para la etapa de liquidación y ejecución de sentencia (acáp. N° 4.5);
b) Elevar la indemnización por "daño moral" a la suma de $ 30.000;
c) Sin costas de Alzada por no haber mediado oposición.
d) Revocar la regulación de honorarios practicada a fs. 197 vta., que se difiere para la oportunidad de encontrarse firme la liquidación respectiva.
Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
recuperado de:http://www.rubinzalonline.com.ar/fallo/18146/

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