martes, 25 de julio de 2017

Procedencia del daño moral reclamado por el letrado denunciado por una ex cliente ante el Colegio de Abogados

Procedencia del daño moral reclamado por el letrado denunciado por una ex cliente ante el Colegio de Abogados

Partes: A. C. J. c/ P. H. M. s/ daños y perjuicios del./cuasidel. (exc. uso aut. y estado)
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro
Sala/Juzgado: Segunda
Fecha: 3-abr-2017
Cita: MJ-JU-M-104605-AR | MJJ104605 | MJJ104605
Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto acogió el daño moral reclamado por el letrado denunciado por una ex cliente ante el Colegio de Abogados, pues la demandada no probó la verdad de la grave imputación efectuada ni demostró el abuso de confianza o la adulteración de los términos del convenio de honorarios, habiendo desplegado un manto de duda y cuestionamiento sobre la corrección del abogado, con suficiente entidad para que vea afectado el prestigio que como tal le corresponde.
2.-La persona defraudada en su confianza debe demostrar dos hechos: que el instrumento contiene un texto que no pertenece a su grafía y que fue llenado por el tenedor con un contenido distinto al indicado; ambas circunstancias pueden comprobarse por cualquier medio de prueba a excepción de la testimonial.
Fallo:
En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los3 días del mes de Abril de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores MARIA FERNANDA NUEVO y JORGE LUIS ZUNINO, para dictar sentencia en el juicio: “A. C. J. C/ P. H. M. S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)” causa nº SI-33077-2013; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Zunino y Nuevo, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
CUESTION
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
VOTACION
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ZUNINO DIJO:
1.- La sentencia de fs. 469 hizo lugar a la demanda iniciada por C. J. A. contra H. M. P., condenando a la accionada a abonar al actor la suma de $100.000, más intereses, para resarcirlo por el daño moral sufrido con motivo de las denuncias efectuadas ante el Colegio de Abogados de San Isidro y la fiscalía, por quien fuera clienta del Dr. A.; ambas desestimadas por notoriamente infundada. Impuso las costas a la demandada vencida, quien apeló el pronunciamiento.
2.- Los agravios
A fs. 489 fundó el recurso la Sra. P., con contestación del actor a fs. 498.
Cuestiona la atribución de responsabilidad. Cita los presupuestos que se requieren para la procedencia de la pretensión resarcitoria basada en una acusación calumniosa. Se refiere a los términos de la actuación del Colegio de Abogados y las deficiencias que presentó la investigación penal, que concluyó con el archivo de la causa, sin que quedara cerrado definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado, con entidad de cosa juzgada.
Concluye que en función de lo normado por el art.285 del CPPBA., se vio con total derecho a formular las denuncias que efectuó, por lo que su comportamiento no podría ser interpretado como culposo o doloso.
Pide, en consecuencia, el rechazo de la acción, con costas. En subsidio, impugna la admisión del resarcimiento por daño moral o eventualmente su tasación, argumentando que no fue debidamente probado un perjuicio espiritual derivado de la situación planteada en autos.
3.- La normativa aplicable
De acuerdo con lo dispuesto por el actual art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y la fecha en la que ocurrieron los hechos que motivaron este proceso, corresponde que la materia sea juzgada a la luz del Código Civil vigente en aquel momento, dado que la ley nueva, en principio, carece de efecto retroactivo (arts. 3 Código Civil derogado, 7 Código Civil y Comercial; cf. SCBA C. 107.423 del 2.3.2011; C. 104.168 del 11.5.2011); sin perjuicio de la referencia subsidiaria a las nuevas disposiciones legales, en cuanto han receptado los precedentes de doctrina y jurisprudencia.
4.- Lesiones al honor
El art. 1089 del Código Civil que rige el proceso, informa que la víctima del delito de calumnia o injuria de cualquier especie, tiene derecho a que se lo resarza por el daño efectivo o cesación de ganancia derivado de esa imputación, siempre que no se probare su veracidad.
La norma contempla dos figuras que constituyen una lesión al honor personal: la injuria, que es una figura genérica que consiste en deshonrar o desacreditar a una persona; y la calumnia, que es imputar falsamente un delito doloso o una conducta criminal dolosa, aunque fuera indeterminada (Vázquez Ferreyra, “Responsabilidad civil por lesión a los derechos de la personalidad” en Derecho de daños, segunda parte, 1993, p. 161). En realidad, ambas figuras contemplan una misma situación, en donde la única diferencia pasa por la naturaleza del hecho imputado.En la calumnia, la mayor gravedad está dada por la imputación de una figura penal dolosa (Bueres, Alberto- Highton, Elena, “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, tomo 3ª, edit. Hammurabi, Bs. As., 1999, págs.280 y ss.).
Sea cual fuere la forma de injuria, ésta debe consistir en la exteriorización de un pensamiento lesivo para el honor de otro. La expresión injuria de cualquier especie utilizada en el precepto, permite contemplar las imputaciones que ataquen al honor, aunque no encuadren en el tipo penal.
En mi opinión, concurren los presupuestos necesarios para mantener la condena por el resarcimiento de los daños al honor que le causó al Dr. A. la denuncia formulaba por su ex clienta ante el Colegio de Abogados de San Isidro (fs. 43), desestimada a fs. 46 (ver copia certificada del expediente tramitado con motivo de dicha denuncia, fs. 215/251; art. 384 y 401 del CPCC.).
Estimo que aquí se dan los requisitos que exige el art. 1089 del Código Civil. Surge de los propios términos de la denuncia formulada por la Sra. P. a fs. 228 y 229, que una acusación de ese tipo ante el Colegio de Abogados en el que se hallaba matriculado el imputado, verosímilmente le causó una lesión en su fuero íntimo (doct. arts. 901 y ss., 1077 y ccs. del CPCC.).
En estas circunstancias y no habiendo sido probada la verdad de la grave imputación de fs. 228 ni demostrado el abuso de confianza o la adulteración de los términos del convenio de honorarios, cuya firma pertenece al puño y letra de la requerida (fs. 407; arts. 388, 457 y ss., 462, 474 y ccs. del CPCC.; doct. arts.1012, 1016, 1017, 1028 del Código Civil que rige el juicio), corresponde que la denunciante indemnice al actor por los daños que le causó con su acusación.
Por aplicación del principio de libertad de formas, no está prohibido que un instrumento se firme en blanco o incompleto, y luego se llene o complete el texto, pues en principio, para su validez basta la autenticidad de la suscripción, que, reitero, fue puesta por la Sra. Haydeé P. (fs. 407 vta.; art. 1016 del mismo ordenamiento; Rivera, J. César-Medina, Graciela, “Código Civil Comentado. Hechos y actos jurídicos”, edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, págs. 651 y ss.).
Normalmente, la persona a la que se entrega un documento firmado en blanco o con claros, para que previo a su utilización llene o complete el texto, lo hace siguiendo la voluntad manifestada por el otorgante, en el marco de la celebración tácita de un contrato de mandato (art. 1873 del anterior código civil). Para la hipótesis en que el llenado se realice desvirtuando las instrucciones dadas por el firmante o la realidad del negocio, se prevé la posibilidad de impugnar su contenido.
La persona defraudada en su confianza debe demostrar dos hechos: que el instrumento contiene un texto que no pertenece a su grafía y que fue llenado por el tenedor con un contenido distinto al indicado. Ambas circunstancias pueden comprobarse por cualquier medio de prueba a excepción de la testimonial (en concordancia con la nota al art. 992 del Código Civil anterior).
En el caso que aquí se presenta, nada de esto ha sido probado. El perito calígrafo sólo dictaminó que no surgían elementos que permitieran determinar si el texto del convenio de honorarios ha sido redactado con posterioridad a su suscripción, pero en modo alguno esa apreciación técnica podría llevar a asegurar una supuesta adulteración de los términos del negocio (doct. arts. 388 y 457 y ss. del CPCC.; 1012, 1016, 1017, 1028, citados). Más aún cuando la buena fe se presume (arg.art. 4008 del mismo código), por lo que la prueba de la mala fe incumbe a quien la invoca (art. 375 del CPCC.; CCC de Azul, sala II, 10-6-2004, LLBA 2004-852 -septiembre-).
Tampoco prosperó la denuncia que formuló la Sra P. ante la Fiscalía del Área de investigaciones de delitos económicos del distrito de San Isidro, y que motivó la tramitación de la causa n°14-00-003264-12, que tengo a la vista.
Aun cuando se ha discutido la necesidad de que exista un requisito subjetivo, el factor de atribución o dolo en el obrar por el pleno conocimiento que el acusador tenía de la inocencia del acusado, existe coincidencia en el ámbito civil en que ello no enerva el principio general establecido en el art. 1.109 del Código Civil, según el cual todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, se encuentra obligado a reparar el perjuicio ocasionado. En esta relación de ideas, la acción indemnizatoria podría resultar procedente incluso cuando el denunciante ha actuado con culpa (Aguiar, Henoch D.: “Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley”, T°V, vol. 2, pág. 115; Cazeaux y Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, 2a. ed., T° 4, pág. 297; Borda, Guillermo: “Tratado de Derecho Civil Obligaciones”, 8a. ed., t. II, pág. 231, n°1354, ap. 2; Pecach, Roberto: “Responsabilidad civil por denuncia o querella precipitada o imprudente”, en J.A., 65 117, n°5; Parellada, C.: “Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente”, en J.A., 1969 III 694, ap. IX).
Tiene dicho la S.C.J.B.A. que la reparación de los perjuicios derivados de una denuncia procede cuando quien la efectuó ha obrado con malicia, temeridad o, por lo menos, con ligereza culpable (Ac. 41.227, sent. del 21-XI-1989 en “Acuerdos y Sentencias”, 1989-IV-214; Ac. 46.241, sent. del 2-VI-1992 en “Acuerdos y Sentencias”, 1992-II-251; Ac. 48.447, sent.del 8-VI-1993 en “D.J.B.A.”, t. 146, pág.18; Ac. 51.345, sent. del 23-VIII-1994 en “Acuerdos y Sentencias”, 1994-III-435; Ac. 59.900, sent. del 26-VIII-1997 en “Acuerdos y Sentencias”, 1997-IV-424; Ac. 77.047, sent. del 27-XII-2000).
En este caso específico, se trata de una denuncia en la cual se imputa una falta grave al débito profesional que hasta su rechazo, siembra un manto de duda y cuestionamiento sobre la corrección del abogado, con suficiente entidad para que vea afectado el prestigio que como tal le corresponde, confiriéndole derecho para sentirse agraviado en los términos del citado art. 1089. De todos los antecedentes expuestos, analizados en forma conjunta, se advierte un obrar reprochable por parte de la demandada, quie n formuló denuncias inconsistentes en contra del aquí actor (conf. Bueres, Alberto y Highton, Elena: Código Civil.Tº 3A, Hammurai-José Luis Depalma. Editor, Bs. As., 1999, pág. 282; Belluscio, Augusto y Zannoni, Eduardo: “Código Civil.” Tº5, Astrea, Bs. As.,1990, pág. 259).
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, las normas legales citadas y la ausencia de prueba que logre refutar los argumentos que llevaron al Sr. Juez de Primera Instancia a admitir el reclamo, propongo confirmar la atribución de responsabilidad determinada en la sentencia.
5. El daño moral
El daño moral es aquél que supone una injusta privación o disminución de los bienes que tienen valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (S.C.B.A., Ac. Nº 63.364, 10-11-1998, D.J.B.A. 156-17).
Se trata de una afectación íntima que sufre la persona con motivo del actuar de terceros, es decir, son consecuencias derivadas de la acción de alguien por quién no se debe responder. Implica ser ajeno a la causalidad de los eventos que lo originaron (art.1.078, 1.111 Código Civil).
Su indemnización debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos del demandante, que constituyen aquello que se pretende reparar. La suma que se fije a tal efecto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (S.C.B.A., Ac. 51.179, 2/11/93).
Encuentra su fundamento en procurar una satisfacción compensatoria del dolor íntimo experimentado. A través de ella se tiende a la obtención de gratificaciones sustitutivas de los bienes perdidos, en cuanto fuente de gozo, alegría, u otros de la esfera psicofísica (Iribarne, H.: “De los daños a personas”, pág. 162, Ediar, Bs. As., 1993).
Para ello corresponde tener en cuenta que esta indemnización tiene carácter resarcitorio (C.S.J.N., 5/8/86, E.D. 120-649; C.N.Civ., Sala D, 8/4/86, E.D. 119-139), que debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante (C.Civ.Com. Junín, 27/3/85, E.D. 116-618), valorándose la gravedad del hecho cometido (C.N.Especial Civ. y Com., Sala I, 16/2/84), sin que sea preciso que guarde relación con el daño material (C.N.Civ. y Com. Fed., Sala II, 18/3/86, E.D. 118-407), ni con otros que se reclamen (C.N.Esp. Civ. y Com., Sala I, 26/3/86, E.D. 118-407), pues no es accesorio a los mismos (C.S.J.N., 6/5/86, R.E.D. a-499). En definitiva, queda librado al prudente arbitrio judicial (C.Civ.Com., Mercedes, Sala II, 20/9/84, R.E.D. 20-A-497).
En virtud de todo lo expresado y los elementos de juicio reunidos, entiendo que el importe indemnizatorio establecido en la sentencia es excesivo en su relación con la verosímil entidad del daño que se intenta reparar (doct. arts.499, 901, 1071, 1077, 1078, 1089 y ccs. del Código Civil anterior; 163, 165, 384 y ccs. del CPCC.). Atendiendo a la realidad del caso, propongo reducir el monto de la condena a la suma de setenta y cinco mil pesos ($75.000), que en mi entender, guarda razonable proporción con el daño.
6.- Las costas de Alzada
Atento a la solución que planteo, propongo que las costas del recurso de la demandada corran en un 50% a cargo de la apelante y en la mitad restante, a costa del actor (arts. 68 y ss. del CPCC.).
Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos argumentos, la Señora jueza Doctora Nuevo votó también por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
SENTENCIA
Por los fundamentos vertidos en el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada, reduciendo el monto de la indemnización por daño moral a la suma de setenta y cinco mil pesos ($75.000). Se la confirma en todo lo demás que fuera objeto de agravio.
Las costas de Alzada serán soportadas en un 50% por la apelante y en la mitad restante, por el actor. Se difiere la regulación de los honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
María Fernanda Nuevo Jorge Luis Zunino
Juez Juez
Guillermo Daniel Ottaviano
Secretario
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/07/18/procedencia-del-dano-moral-reclamado-por-el-letrado-denunciado-por-una-ex-cliente-ante-el-colegio-de-abogados/

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