sábado, 15 de julio de 2017

Derecho a comprender. El resultado de la sentencia en lenguaje llano

Derecho a comprender. El resultado de la sentencia en lenguaje llano

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Autor: Neuman, Ariel Alberto
Publicado en: LA LEY 14/07/2017, 14/07/2017, 3
Fallo comentado: CTrab., Córdoba ~ 2017-04-20 ~ R., C. J. R. c. V., C. d. C. y otro s/ ordinario – despido
Sumario: I. Introducción.— II. Justificación.— III. Sentencia.— IV. Lenguaje llano.— V. Más que las sentencias.— Incentivos. — VII. Derecho a comprender.
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Derecho a comprender
I. Introducción
El 20 de abril, en autos caratulados “Rosales, Claudio Jerónimo Rubén c. Vázquez, Clara del Carmen y Otro — Ordinario — Despido” (expte. 3078290), el juez Ángel Rodolfo Zunino, integrante de la Sala IV de la Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba, hizo mucho más que lugar a la demanda contra los ex empleadores de un conductor de taxi (auto de alquiler con reloj taxímetro, para ser “preciso”).
No importa analizar aquí el contenido de su decisión, sino la forma, toda vez que el magistrado introdujo un apartado intitulado “el resultado de la sentencia en lenguaje llano”, destinado a que las partes puedan comprender el alcance de lo resuelto sin necesidad de la interpretación de sus abogados (1).
El lenguaje llano, accesible, tiene un expediente en franco crecimiento. Siguiendo a Estrella Montolío Durán, encuentra sus orígenes en la década de los 70 en el Reino Unido y en Estados Unidos, y de allí se extiende a otros países anglosajones (Canadá y Australia). El movimiento por un lenguaje llano se desarrolló también en países de habla no inglesa, especialmente francófonos, como Francia, Bélgica y Quebec (Canadá), y acciones modernizadoras se pusieron en marcha en otros como Italia, Holanda y Suecia y, más recientemente, a nivel de la Unión Europea con el proyecto fight the fog, que tiene como objetivo disipar la niebla (fog) que caracteriza al lenguaje burocrático complejo y artificial.
En países de habla hispana, España tiene mucho trabajado sobre el punto (2). Le siguen México y Chile.
En la Argentina, en tanto, existen apenas estertores aislados en este sentido, de allí que sentencias como la que se refiere en estas páginas llamen tanto la atención.
II. La justificación
En el caso el magistrado parte de “la idea de que los fallos judiciales se elaboran —y así debe ser—, con un lenguaje técnico, propio de la ciencia jurídica, pero muchas veces ininteligible para el común de los ciudadanos y en particular para las partes” (3).
Sólo cabe cuestionar el “y así debe ser”, pues así es, pero no porque deba (4). Los derechos, obligaciones y garantías puestas en discusión en cualquier proceso son de las partes, y ellas deberían ocupar el lugar central. Que no suceda, que se maneje un lenguaje que, en general, los excluye, es otra cuestión.
Los defensores del “y así debe ser” presentan distintos argumentos. El más extendido pasa por la precisión del lenguaje técnico y la economía en la escritura por lo innecesario de la reminiscencia a definiciones reiteradas.
“La extensa tradición sueca en la modernización del lenguaje jurídico ha hecho caducar el argumento de su divorcio con la precisión jurídica; de hecho, ha logrado invertir los términos de la ecuación, haciendo notar que la claridad expositiva favorece —y en modo alguno menoscaba— la precisión técnica de los juristas”, marca Montolío Durán.
Zunino continúa argumentando que “desde una perspectiva democrática y de comprensión del Poder Judicial como servicio público, es evidente que tales pronunciamientos deben ser cabalmente comprendidos en su sentido, alcance, y fundamentos por aquellas —más allá de la explicación o “traducción” que puedan hacer sus letrados—”.
Aquí cabe destacar la conceptualización del Poder como servicio que hace su señoría, algo que no sucede habitualmente (5).
Pocas veces la administración de justicia y la función judicial son conceptualizadas desde la academia, la doctrina y el pensamiento jurídico como servicio público.
No en vano su comportamiento es distante con sus usuarios. No los visualiza como tales, no se visualiza como servicio, sino que más allá de los contrapesos republicanos, también para con ellos se erige y se muestra desde una posición de poder.
Demuestra poder. Simboliza poder. Marca distancia con los administrados.
Si piensa en quien ingresa por primera vez al Palacio de Tribunales sobre la calle Talcahuano, lo primero que le debiera aparecer en la mente es un vallado en la vereda, luego un cartel blanco con letras rojas que invita a “no pasar”, luego un detector de metales y, más luego, en lugar de la clásica esfinge de la Justicia con espada, balanza y ojos vendados (la diosa Dice) una estatua negra, con los brazos extendidos (conocida como “la sonámbula”).
En respuesta a todo esto emerge con fuerza creciente la cuestión de la reputación del poder judicial en la sociedad.
En términos generales, la reputación del sistema jurídico no suele ser digna de envidia. Los chistes que hay sobre las profesiones vinculadas al derecho tampoco son halagüeños.
Las burlas encuentran antecedentes en el dramaturgo griego Esquilo (525 a.C. – 456 a.C.), para quien “la palabra de la verdad es siempre sencilla”.
Todo lo contrario hace el sistema judicial.
En O Advogado, Robert (6) realiza un recorrido sobre la forma en que los abogados son y han sido representados a lo largo de la historia y del arte. La tendencia, señalada por Robert como excesiva, ha sido la de representar al abogado como “un charlatán insoportable, un listillo, astuto, perturbador, capaz de defender cualquier causa, alegando inocencia incluso cuando está convencido de la culpa de su cliente”.
Con estas características la abogacía aparece reflejada en obras teatrales de los años 1400 y 1500 como en La Farsa del Abogado Pathelin, en Pantagruel (de Rabelais), en La connue de Rémy Belleau y en Los litigantes, de Racine. También en La Fontaine y en Beaumarchais.
Weber señalaba que el abogado “puede hacer triunfar un asunto apoyado en argumentos lógicos débiles y en este sentido malo, convirtiéndolo así en asunto técnicamente bueno” (7), algo intolerable para la mayoría de las sociedades civilizadas. (8)
Y más allá de los abogados, la comunidad interactúa permanentemente con el sistema no sólo cuando litiga, sino también cuando cree o descree de la decisión de un juez.
Esa credibilidad queda indisolublemente ligada al conocimiento. Pero a diferencia de lo que ha pasado con prácticamente todo otro conocimiento social, “el razonamiento jurídico y su práctica se encuentran todavía en el mismo grado de evolución donde los dejó Justiniano en el siglo VI; es decir, como herederos de la teología especulativa y de la exégesis de los textos sagrados”, dice Guibourg (9).
Eso deriva en que “buena parte de la opinión pública parece dar por sentado que los únicos jueces que importan son los encargados de aplicar penas. Y, para peor, concibe esa actividad judicial como ficticiamente se la muestran las series norteamericanas: casi siempre se apresa al culpable (el espectador sabe quién es), se lo juzga en un periquete (con jurado, claro) y, si sale libre, será porque el juez no hizo lo suyo o el acusado abusó de sus garantías”.
III. La sentencia
La sentencia bajo análisis consta de 59 fojas (hojas, para el común de los mortales).
La parte que podría llamarse “apta para todo público” arranca en la página 56 in fine (o al final, para no aparentar un conocimiento del latín que no es tal y seguir con esta lógica del lenguaje inclusivo).
La primera media página es la justificación del apartado, con lo cual la “traducción” real de la sentencia se extiende desde mitad de la página 57 hasta mitad de la 58. Luego vienen algunas citas.
En esa página que queda, Zunino explica qué decidió, con qué alcances y por qué, sin recurrir prácticamente a ningún tecnicismo. Con ello, desmantela una serie de mitos bien arraigados en la práctica jurídica.
En primer lugar, el mencionado de que los tecnicismos sirven para abreviar, pues evitan la necesidad de recurrir a definiciones una y otra vez.
El juez pone en unas pocas líneas lo mismo que, legalismos mediante, le demanda otras 57 páginas.
Concedamos que el magistrado se limita a hacer accesible la parte resolutiva que, por cierto, también le demanda sólo una página, pues las anteriores pasan por el relato de los hechos y las motivaciones que hacen que decida como lo hizo.
Dicho de otro modo: lo que se resuelve en una página con remisiones legales, latinazgos y palabras técnicas, también puede resolverse en una página sin nada de aquello.
En segundo lugar, aparece la economía procesal. Se puede decir lo mismo en una página o en 57.
Marcelo Gobbi, uno de los cuestionadores del (mal) uso del lenguaje en el sistema legal en nuestras pampas, lo plantea así: “Que vengo por el presente en tiempo y forma a interponer formal recurso de apelación contra… por causarme gravamen irreparable (20 palabras) o apelo (una)”.
En Brasil el tema toma tal dimensión que se habla directamente de juridiqués, un idioma propio del sistema judicial que fusiona portugués y lenguaje jurídico. Para iniciar demanda, por ejemplo, el juridiqués recepta más de 23 términos (10), la mayoría de los cuales son absolutamente ajenos al común de la gente.
IV. Lenguaje claro
La oscuridad del lenguaje jurídico forma parte de un estilo de comunicación igual de cerrado para la comunidad.
Según la justificación, análisis o crítica que se haga del fenómeno, se recurrirá a la historia jurídica (tradición, cultura, composición socioeconómica del sistema judicial), o a una mirada más crítica de sociología jurídica (11), área en la que se imbrica la comunicación jurídica (12).
El problema es que el desacople comunicacional entre el sistema judicial y la comunidad nunca fue tan evidente y nocivo como hoy. No es que los magistrados se pronuncien de forma muy diferente a cómo lo hicieron quienes los precedieron en sus cargos. La cuestión es que la sociedad cambió radicalmente. La ciudadanía se ha vuelto activa, la información de todo tipo llega a cada instante masticada para una digestión sin inconvenientes, y la abogacía se mantiene firme en un habla endogámica.
El fenómeno se evidencia con los ejemplos lingüísticos parodiados con frecuencia (latinazgos, tecnicismos y afines), pero los excede en el uso de oraciones interminables, con derivadas de derivadas (aquí, sí, sólo aptas para aquellos que hayan hecho un sesudo trabajo de análisis sintáctico) y un uso al menos deficitario de los verbos en subjuntivo, de los gerundios y adjetivaciones, sin olvidarnos, otrosí, de la frecuente utilización de palabras inexistentes (tanto para la Real Academia Española como para el plexo normativo en vigencia).
Pero el tema, se insiste, no es sólo lingüístico.
La oscuridad comunicativa se amplía a la casi nula señalética en los estrados judiciales (13), mesas de informes y orientación. Ni hablar de sillas para esperar a ser llamado en la fila de espera a la consulta de un expediente. Una demostración de poder, más que de servicio, que no se registra siquiera en agencias fiscales o de seguridad social.
Los colores de la abogacía, prioritariamente oscuros, se alinean con esta lejanía de la sociedad. Lo mismo que la indumentaria (14) (no en vano cada vez hay menos locales de venta de trajes y se concentran, principalmente, en los alrededores de los tribunales) y la arquitectura judicial (15).
V. Más que las sentencias
A su vez, el problema de la oscuridad comunicativa no es sólo del sistema o poder judicial.
Para acceder a él hay que recurrir a un abogado, y los abogados adolecemos, en la mayoría de los casos, del mismo sesgo idiomático y cultural que los magistrados. Estudiamos en las mismas facultades, leyendo los mismos textos, supuestamente “bien escritos”, pues existe el mito de que los abogados escribimos bien.
Leímos doctrina (distinto a lo que se da en otras ciencias sociales, en las que se estudian teorías —científicas—), consumimos sentencias a raudales (y no con apartados como el de Zunino —o, para estar a la altura, como el del sub examine—) y recorrimos normas de distinto alcance escritas con una técnica legislativa al menos cuestionable, que no respeta manuales y desconoce la existencia de oficinas especializadas en el propio Congreso de la Nación.
Las normas, que se presumen conocidas por todos, no están escritas para que sean entendidas por todos los que las tienen que entender.
Porque aunque la conformación de los poderes legislativos, parlamentos, congresos, cámaras y concejos deliberantes se abran a la sociedad e ingresen personas con las más diversas formaciones (o sin ellas), las normas terminan siendo redactadas por abogados, con parámetros jurídicos.
La cuestión, entonces, no es del sistema judicial, sino del sistema jurídico, conformado por normas, abogados y poder judicial, y su interacción no entre ellos, sino con la población, los clientes y los que llamamos justiciables.
VI. Incentivos
La pregunta es por qué cambiar.
Claramente, Zunino hace un esfuerzo extra en su sentencia. Es más fácil escribir, hablar y pensar como lo venimos haciendo desde hace un par de milenios. Nos es más fácil escribir 59 páginas y no una. Cabe aquí la alegoría de Churchill y sus discursos.
¿Qué gana este juez escribiendo para las partes? ¿Qué gana el legislador redactando textos normativos aptos para todo público? ¿Qué ganan los abogados hablando para que se les entienda? (16)
Para el último caso, la respuesta es relativamente sencilla: mercado. El cliente prefiere contratar y pagar por algo que entiende, antes que hacerlo por algo que le es absolutamente oscuro y ajeno.
Los tiempos del (o)cultismo, del reconocimiento del conocimiento encumbrado, terminaron con la masificación de Internet y empezaron a sucumbir con el crecimiento de la oferta de servicios jurídicos.
El motivo está más del lado del marketing que de la comunicación.
En el caso de los legisladores, podría argumentarse que se gana en legitimación, reputación y, por ende, en votos, cuando se hace un (buen) trabajo que todos puedan ver.
Es cierto que, a juzgar por cómo se arman las listas de candidatos en la Argentina, este argumento podría ser desechado, o bien (seamos optimistas) tomado como principio para el cambio de la política. Nuevamente hay una cuestión de comunicación, pero también de marketing, en este caso político.
En cuanto a los magistrados, la cuestión de los incentivos es más compleja, pues no corren ni los propios de un mercado de competencia, como con los abogados, ni los relativos a la incidencia en la opinión pública, como con los legisladores.
Será, en última instancia, como sucede con Zunino, la visión individual que tengan de sus funciones en tanto servidores públicos o actores de un poder estatal, o bien la implementación de una política de Estado que trascienda mandatos y poderes, y ponga a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial al servicio de la población.
VII. Derecho a comprender
La sociedad está exigiendo cada vez más claridad y transparencia de sus funcionarios. El uso de un lenguaje accesible es una parte sustancial de ese reclamo.
El monopolio de la administración de justicia que caracterizó a los magistrados durante siglos se pone hoy en cuestión no sólo a través de formas alternativas de resolución de conflictos (legales, como el arbitraje; ilegales, como la vendetta, o simplemente tristes, como la resignación y la inacción), sino también con sistemas de tecnología e inteligencia artificial que amenazan con desbancar a los humanos en la resolución de diferendos.
En el mientras tanto, el reclamo de justicia frente a la sede del Poder Ejecutivo o, incluso, en la sala de audiencias luego de dictada una sentencia son ejemplos del nivel de desconocimiento que la comunidad tiene sobre el rol del Poder Judicial.
Un acercamiento del sistema jurídico (normas, abogados y tribunales) con la sociedad es cada vez más necesario, no sólo para recuperar una confianza que se fue perdiendo progresivamente desde mediados de los años ’80, sino también para garantizarse un respaldo y fortaleza de la que hoy carece y, por ende, que lo pone a merced de los otros poderes estatales, económicos y sociales.
(1) “Para que nadie quede como un “tonto”, tituló un conocido portal de noticias judiciales.
(2) Ver, entre otros: MONTOLÍO DURÁN, Estrella, “La modernización del discurso jurídico español impulsada por el Ministerio de Justicia. Presentación y principales aportaciones del informe sobre el lenguaje escrito”, Revista de Llengua i Dret (2012), 95-121. Del mismo autor: “Democracia y justicia comprensible. Propuesta de clarificación del discurso jurídico en España”, Linha d’Água [n. 26 (2)] (2013), 51-69. Ídem: “Hacia la modernización del discurso jurídico”, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, E. Montolío Durán, ed., 2012.
(3) Meses antes, Alberto Domenech, juez Civil de Villa María, Córdoba, dictó un fallo con el formato de lectura fácil en el que explica a una persona a la que le restringieron la capacidad los alcances de la sentencia. “De los papeles tuyos, y de tus cosas más importantes, se va a encargar tu papá, A. S. P., pero siempre te va a preguntar primero qué es lo que vos querés”, le detalló.
(4) Sobre el particular, cuyo desarrollo excede estas líneas, puede consultarse la frondosa obra de Michael Foucault, en particular, en lo relativo al desarrollo de la cuestión jurídica y su alejamiento de la sociedad.
(5) Canales Aliende señala que “el poder judicial y la justicia no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, ya que en última instancia su justificación y finalidad, como la de cualquier otro servicio público, es la satisfacción de las demandas de los ciudadanos. (…) El servicio público de la justicia y el poder judicial como exponente máximo de la misma, ha pasado de ser una institución esencialmente burocrática de proyección casi exclusivamente jurídica formal, a integrarse en un espacio más abierto en el que por imperativos de legalidad, debe interaccionar de forma políticamente relevante con agentes de otros poderes y muy intensamente, con la opinión pública” [CANALES ALIENDE, J.-M., “El servicio público de la justicia: actualidad y perspectivas. Política y Sociedad”, (1995), 63-70]. En particular, no hay que perder de vista que “la legitimación del servicio público de la justicia viene dada fundamentalmente por el grado de opinión y de satisfacción existente en los usuarios de la misma” [Ibáñez, P. A., “El poder judicial en momentos difíciles. Claves de razón práctica”, (1995), 2-13].
(6) ROBERT, H., “O Advogado”, Martins Fontes, São Paulo, 2002.
(7) WEBER, Max, “El político y el científico”, Alianza Ed., 2012.
(8) Consecuencia de este punto de vista (más otras ideas de tinte ideológico) fue la inicial abolición de la abogacía luego de la Revolución Rusa (y, previamente, de la Francesa), que luego derivaron en sendas marchas atrás. “Durante la Revolución Rusa el planteo similar proviene de un error: la supresión de la propiedad privada no suprimía las relaciones jurídicas (muchas de ellas transformadas ahora en públicas) ni las privaba de tutela. Su suponía también erróneamente que las leyes se simplificarían y serían accesibles a todos, lo que manifiestamente no ocurrió. De allí que el decreto de octubre de 1918 por el cual los abogados de la Unión Soviética fueron declarados “sin profesión determinada”, relegados a tareas no calificadas, con mínimas raciones, estableciendo que cualquiera podía asumir, luego de cumplir 18 años, la defensa en juicio, no duró en vigencia ni dos meses. En noviembre de ese año hubo de dictarse otro que creaba “Colegios de defensores” retribuidos por el Estado, para la defensa civil y penal, sin derecho a retribución más que el salario oficial, y con una tasa a favor del erario, que debía abonar el que acudía a tal prestación” (FUCITO, F., “Sociología del Derecho”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1999).
(9) Guibourg, R., “La función judicial. Pensar en Derecho”, (2015), 33-65.
(10) Así, son válidas: peça atrial, peça autoral, peça de arranque, peça de ingresso, peça de intróito, peça dilucular, peça exordial, peça gênese, peça inaugural, peça incoativa, peça introdutória, peça ovo, peça preambular, peça prefacial, peça preludial, peça primeva, peça primígena, peça prodrômica, peça proemial, peça prologal, peça pórtico, peça umbilical, peça vestibular.
(11) “El poder asentado en el conocimiento del modo de operar del derecho se ejerce, parcialmente, a través del desconocimiento generalizado de esos modos de operar. La preservación de ese poder resulta, así, fatalmente enlazada con la reproducción del efecto de desconocimiento. De ello se sigue que la opacidad del derecho, su intransparencia, la circunstancia de que no sea cabalmente comprendido, etc., al menos en el marco de las formaciones sociales contemporáneas, lejos de ser un accidente o, acaso, un problema instrumental susceptible de resolverse mediante oportunas reformas, se perfila como una demanda objetiva de funcionamiento del sistema. Como un requisito, tendiente a escamotear —como la ideología en general— el sentido de las relaciones estructurales establecidas entre los sujetos, con la finalidad de legitimar/reproducir las formas dadas de la dominación social” (CÁRCOVA, C., “La opacidad del derecho”, Trotta, Madrid, 2006). En este sentido, Michel Foucault sostiene que el éxito del poder está directamente relacionado con lo que esconde de sus mecanismos. Similar es la posición de Poulantzas (1978), para quien: “La ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, es la máxima fundamental de un sistema jurídico (…) Ese conocimiento que se requiere de todo ciudadano ni siquiera es objeto de una disciplina particular en la escuela, como si al mismo tiempo que se le exige conocer la ley, se hiciese todo lo necesario para que la ignorara. Esa máxima expresa, también, la dependencia-subordinación respecto de los hacedores, guardianes y aplicadores de la ley de las masas populares, cuya ignorancia (el secreto) de la ley es un rasgo de esa ley y del propio lenguaje jurídico. La ley moderna es un secreto de Estado, fundadora de un saber acaparado por la razón de estado” (FOUCAULT, Michel, “Vigilar y castigar”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002).
(12) Para la sociología jurídica, “el discurso jurídico es un área marginal al estudio de las estructuras del poder y del control social en la sociedad contemporánea, y como tal puede ser dejada al dominio de la especulación filosófica (Sousa Santos, 1988: 4 y 5)” (Fucito, 1999:333).
(13) La señalética es una técnica de la comunicación visual, que se encarga del estudio de las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos ante ellos (COSTA, J., “Señalética corporativa”, Costapunto.com, Barcelona, 2007), en la búsqueda de una mejor y más rápida accesibilidad a distintos lugares y servicios. Es interesante el trabajo hecho por el Poder Judicial en La Plata. En el caso de los edificios judiciales, la Dirección General de Arquitectura de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha definido las prioridades señaléticas en el siguiente esquema: a) distribuir la circulación del receptor de manera armónica y fluida, organizando el desplazamiento según el destino y respetando las áreas de acuerdo al caudal de público que en ellas transita, b) materializar gráficamente un conjunto de señales elaboradas de manera efectiva y sistemática, y c) considerar una imagen decididamente institucional y de servicio público, sin caer en soluciones demasiado estéticas (como lo determina la belleza de un edificio de estilo arquitectónico), ni demasiado vistosas, cuyo impacto pueda transferir una imagen discordante.
(14) Al respecto, se lee en el artículo titulado “El último grito de la moda. Así se tienen que vestir los abogados. Secretos y consejos” (Neuman, 2013) que “si bien un estilo profundamente clásico define la forma de vestir de los abogados (y abogadas), cada vez es más frecuente encontrar profesionales que adaptan su vestuario a sus comodidades, sus necesidades o al tipo de clientes a los cuales aspiran a conquistar”.
(15) Hablando propiamente en términos arquitectónicos aplicados al SJ, es en Francia donde más se ha trabajado la cuestión. Así, por ejemplo, se lee que “Par l’architecture judiciaire, il est possible d’analyser la justice elle-même et la représentation que le pouvoir politique et la société veulent lui donner: construire l’ordre par la représentation d’un modèle unique de justice. Historiquement, il s’est d’abord élaboré une justice de majesté au détriment d’une justice de proximité, révélant le rôle que la justice doit avoir dans un système de conception de l’ordre social et de l’ordre politique. Mais, de nos jours, une vision plurielle de l’exercice de la justice est admise, ce qui nécessite tant une modernisation des bâtiments que des adaptations aux nouvelles technologies, de façon à pouvoir privilégier la proximité de la justice et une optimisation organisationnelle de la pratique judiciaire” (COMMAILLE, J., “L’architecture judiciaire. Comme analyseur du status politique de la justice dans la cité”, A. f. Justice, Histoire de la Justice (21), 2011, 272). Esta evolución arquitectónica es compartida por Jacques POUMARÈDE, profesor emérito de la Universidad de Toulouse y coordinador de una obra colectiva titulada “Territorios y lugares de justicia”, quien señala: “Le modèle le plus commun, celui que l’on rencontre dans beaucoup de villes, c’est le temple grec. A partir du milieu des années 1970, un nouveau concept est apparu: celui de cité judiciaire. Les lieux de Justice doivent être des lieux accueillants et ouverts aux citoyens”.
(16) La teoría económica y la organizacional clásica afirman que el incentivo es útil para aumentar el desempeño. La literatura moderna, en tanto, muestra más cautela e identifica situaciones aparentemente paradójicas, cuando el incentivo no es útil. “Los actores configuran el incentivo cuando, basándose en su valoración de los costos de transacción, eligen la forma de gobernanza, es decir, una combinación de la intensidad del incentivo, la intensidad de los controles y las características del contrato. Lo que motiva a los actores no es únicamente el pago por su desempeño sino la totalidad del marco institucional en que transcurre la transacción” (GORBANEFF, Y. – TORRES, S. – CARDONA, J. F., “El concepto de incentivo en administración. Una revisión de la literatura”, Revista de Economía Institucional, vol. 11 (Nº 21), segundo semestre de 2009, 73-91)
recuperado de:http://thomsonreuterslatam.com/2017/07/derecho-a-comprender-el-resultado-de-la-sentencia-en-lenguaje-llano/

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