sábado, 8 de julio de 2017

Daño moral ocasionado a una persona mayor por cortes reiterados de energía electrica

Partes: Cintrani Rosario c/ Edesur S.A. s/ sumarísimo
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
Sala/Juzgado: III
Fecha: 2-feb-2017
Cita: MJ-JU-M-104402-AR | MJJ104402 | MJJ104402
Sumario:
1.-La indemnización por el daño moral ocasionado a una persona a la cual se le interrumpió el servicio de energía eléctrica en forma reiterada debe elevarse, a los fines de resarcir las molestias y trastornos que este tipo de situación generó a la usuaria, que contaba a la fecha de los hechos con 82 años de edad y habitaba un departamento ubicado en un tercer piso.
2.-La aplicación de una multa a una empresa de energía eléctrica en concepto de daño punitivo por la interrupción del servicio en reiteradas ocasiones es improcedente, dado que la duración de los cortes y el lapso verificado entre cada uno de ellos no son demostrativos per se de una conducta descalificable por parte de la demandada, que se haga merecedora de este tipo de sanción excepcional.
Fallo:
Buenos Aires, 2 de febrero de 2017.
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 253, concedido a fs. 254, fundado a fs. 255/259 y contestado a fs. 261/264vta., contra la resolución de fs. 246/252vta.;
Y CONSIDERANDO:
I. El señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Rosario Cintrani y condenó a Edesur S.A. al pago de $ 6.475, con más sus intereses y costas. Ello, en concepto del corte de suministro de energía eléctrica que sufrió la actora durante diversos meses de los años 2010, 2012 y 2013 (fs. 232/237).
Surge de las constancias de autos que la actora se domicilia en el inmueble sito en la calle Colombres 118, 3° piso, siendo usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica que prestaba Edesur S.A. También se encuentra acreditado que en los meses de diciembre de 2010, noviembre de 2012 y julio de 2013 el servicio de energía eléctrica que la demandada presta en su domicilio fue interrumpido en forma reiterada (ver informativa de fs. 146 y 152).
En este contexto, la actora cuestiona la sentencia en punto al monto concedido en concepto de daño moral (fs. 255/vta., punto II) y al rechazo del daño punitivo (fs. 255vta./259, punto III).
II. De manera previa a resolver los agravios de la actora y en virtud de lo planteado por la demandada a fs. 261/vta., debe recordarse que la ley 26.536 (B.O. del 27/00/09) modificó el antiguo art. 242 del Código Procesal (art. 243 según ley 26.939 – DJA), elevando el monto mínimo para apelar a la suma de $ 20.000, el cual fue elevado a $ 50.000 mediante la Acordada 16/14 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las presentes actuaciones fueron iniciadas con posterioridad a la publicación de la referida Acordada en el Boletín Oficial (ver cargo de fs.13vta.), por lo que es a ese monto al que cabe atenerse.
Pues bien, en el sub lite, el agravio de la actora está dado por la diferencia entre los $ 4.625 reconocido por el juez de primera instancia por la reparación del daño moral (fs. 252) y los $ 60.000 demandados inicialmente en concepto de daño moral y daños punitivos (fs. 11vta. y 15). Esa diferencia es superior a los $ 50.000 ya referidos.
De esta manera, es claro que la entidad económica del agravio de la actora supera el monto mínimo apuntado, lo que torna inaplicable la críptica prescripción del art. 243 relativa a la condena que no supere el 20% de lo pretendido (conf. esta Sala, causa 8.252/09 del 16/08/11).
III. Respecto del daño moral, valuado por el a quo en $ 4.625 (fs. 249vta., considerando V del decisorio en crisis), debe recordarse que las características particulares de este incumplimiento contractual han hecho que el Tribunal indemnice -en todos los casos en los que resultó afectada una vivienda familiar- este tipo de perjuicio extrapatrimonial padecido por quienes soportaron el suceso.
En el caso, estimo que la suma reconocida en la instancia de grado debe ser elevada a $ 7.000 a los fines de resarcir las molestias y trastornos que este tipo de situación generó a la usuaria del servicio interrumpido, que contaba a la fecha de los hechos con 82 años de edad y habitaba un departamento ubicado en un tercer piso.
Debe aclararse que la demanda se dirige a cuestionar los cortes sufridos por la actora durante los diez años previos al inicio de las presentes actuaciones. Sin embargo, aquélla hace hincapié en los cortes registrados en los meses de diciembre de 2010, noviembre de 2012 y julio de 2013 (fs. 6/vta.). Y es a ese período al que cabe atenerse principalmente, ya que es en el cual se registraron los cortes más duraderos.No puede pretenderse sumar los minutos de los cortes de luz durante diez años, porque la suma resultante lógicamente arrojará un guarismo alto, que nada tiene que ver con los daños realmente experimentados. Ocurre que durante ese período se registran cortes esporádicos de unas pocas horas o incluso minutos, respecto de los cuales no se advierte cuál es el daño que pudieron haber provocado, o al menos ello no fue demostrado en un escrito que invoca daños genéricos durante un lapso tan prolongado (en punto al cual, valga aclararlo, nada puede decirse de la prescripción, toda vez que dicha defensa no ha sido articulada por la demandada, quien se atuvo al período en el cual la actora puso el énfasis).
Pues bien, del cuadro de fs. 146 surge que en el mes de diciembre de 2010 la actora sufrió tres cortes de luz: los días 22, 24 y 29, con una duración de cinco horas, siete minutos y poco más de tres horas, respectivamente. En el mes de noviembre de 2012, los cortes ocurrieron los días 8, 9, 12, 20 y 21, con duraciones -tres de ellos- de entre siete y nueve horas, uno de dieciséis horas y el más largo de 25 horas. Por último, en el mes de julio de 2013, el servicio fue interrumpido durante casi un día y medio.
En este contexto, deviene razonable reconocer la suma de $ 7.000 por el concepto que se examina.
IV. Resta tratar el rubro daños punitivos. Pues bien, el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor, con las modificaciones introducidas por la ley 26.361, prevé expresamente la multa civil en ese estricto ámbito, para el caso de que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.Más allá de las fuertes críticas que mereció esta parte de la norma por la doctrina autoral, lo cierto es que no se encuentra en el caso configurado uno de los principales requisitos de procedencia de los daños punitivos, esto es, el tipo particular de reproche que se exige a la conducta del agente dañador.
En este orden de ideas, debe ponerse de relieve que no cualquier conducta se hace merecedora de este tipo de sanción ejemplar. En efecto, los daños punitivos son excepcionales, toda vez que proceden únicamente frente a un grave reproche en la conducta del responsable de la causación del daño; el obrar de éste debe haber sido particularmente grave. La doctrina argentina es prácticamente unánime en aceptar la procedencia del instituto de los daños punitivos siempre y cuando se compruebe la existencia de una conducta dolosa o cercana al dolo en cabeza del responsable. Y no es necesario que medie un factor subjetivo de atribución con relación específica al hecho perjudicial, sino que basta una conducta objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa por inercia, indiferencia hacia el prójimo, desidia, abuso de una posición de privilegio.
Y si bien la norma habilitante de la multa civil sólo alude al mero incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, debe entenderse que el sub examen no encuadra en un supuesto de aplicación de la sanción.Lo contrario implicaría -sin más- que los daños punitivos deben ser automáticamente aplicados cada vez que se interprete una cláusula contractual en sentido contrario a la posición de una de las partes contratantes, lo cual iría claramente en contra de los fines propios de este instituto de excepción.
En el caso bajo análisis, la duración de los cortes a la que ya se ha hecho referencia y el lapso verificado entre cada uno de ellos no son demostrativos per se de una conducta descalificable por parte de la demandada, que se haga merecedora de este tipo de sanción excepcional, en cuya aplicación los magistrados deben poner sumo cuidado, a fin de no convertirla en un rubro resarcitorio más que olvide su verdadera función y tiente a los abogados a reclamarla ante todo incumplimiento, el cual muchas veces y de acuerdo a las circunstancias puntuales de cada caso puede no ameritar la aplicación de esta figura -reitérase- excepcional.
Lo dicho en los párrafos anteriores lleva a declarar improcedente el rubro en cuestión y confirmar -por ende- el pronunciamiento apelado en el aspecto que se examina.
Resta agregar que la reiterada cita que se vislumbra en los distintos expedientes en trámite de la causa N° 5.719/12 “Roldán”, sentenciada por esta Sala el 3 de septiembre de 2015 y erigida por los letrados en una suerte de leading case en la materia, no implica per se que los daños punitivos deban ser aplicados siempre que se verifique una interrupción del suministro de energía eléctrica, sino que debe atenderse a las circunstancias particulares de cada caso sometido a juzgamiento.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: modificar el pronunciamiento apelado, en los términos que surgen del considerando III de la presente. En consecuencia, el monto del daño moral se eleva a la suma de pesos SIETE MIL ($ 7.000). Las costas de primera instancia se imponen a la demandada, mientras que las de Alzada se distribuyen en un 75% a cargo de la actora y el 25% restante, a cargo de la demandada (arts. 70 y 73 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 – DJA).
La Dra. Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.
Ricardo Gustavo Recondo
Guillermo Alberto Antelo
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/27/dano-moral-ocasionado-a-una-persona-mayor-por-cortes-reiterados-de-energia-electrica/

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