lunes, 3 de julio de 2017

Acción subrogatoria en el Código Civil y Comercial de la Nación Ana Victoria Psaropoulos Savickas

Acción subrogatoria en el Código Civil y Comercial de la Nación

Ana Victoria Psaropoulos Savickas


El Código Civil y Comercial opto por dilucidar e incluir los elementos inherentes de la acción subrogatoria. En su mérito, se apartó de la definición art. 1196 de Vélez Sarsfield, ocasionando en su metamorfosis los arts. 739/742 impidiendo acudir a los Códigos adjetivos a los efectos de interpretar su proceder.

Asimismo el art. 739, confiere las primeras pautas de esta acción de naturaleza conservatoria que tiene por objeto resguardar el patrimonio del deudor, en su status de “garantía común de los acreedores”.

En respuesta a los reclamos de la doctrina mayoritaria, la ley 26.994 transformó la metodología del Código a los efectos de hacer oídos los reclamos constantes dirigidos a a Vélez. En consecuencia, le fue otorgada la nueva “ubicación” a la acción subrogatoria dentro de las disposiciones generales de las obligaciones.

En definitiva esta acción es viable tanto sobre los derechos derivados de la órbita contractual como de los ilícitos cometidos contra el deudor.


La acción subrogatoria mantiene su esencia. La palabra subrogar, en boca de la Real Academia Española, se define como sustituir o poner a alguien en lugar de otra persona. Entonces la acción en estudio consiste en la facultad del acreedor en subsumirse en los derechos de su deudor, el que como consecuencia de su inactividad, pretende incorporar derechos a fin de ensanchar el patrimonio del segundo. Es interesante indicar que la “facultad” mencionada resulta operativa a posteriori de la citación regulada en el art. 740 Código Civil y Comercial de la Nación.

Ahora bien, lo obtenido como consecuencia del ejercicio de la subrogación por parte del acreedor, ingresa en el patrimonio del deudor subrogado. Y entonces, el acreedor subrogante no cuenta con privilegio sobre lo obtenido en su accionar. En consecuencia, se interpreta que la acción subrogatoria no convoca a una pretensión autónoma.

El Código Civil y Comercial de la Nación marca dos diferencias relevantes con relación a la vieja normativa instaurada por Vélez. Por un lado, se elimina la disposición que implica que el crédito que da origen a la acción sea exigible; y por el otro, se hace mención que es viable la subrogación frente a derechos patrimoniales de su deudor, mientras que anteriormente se hacía hincapié en acciones y derechos.

En línea a lo planteado por la doctrina y por la norma de Vélez, el Código exige por un lado, la calidad de acreedor del subrogante. Se le otorga la legitimidad a cualquier acreedor –por ello que el art. 739 menciona al crédito cierto-.

El ordenamiento hace hincapié en el crédito exigible o no. Ello, dando lugar a lo que la doctrina instauro pero Vélez Sarsfield no previno en su normativa. Se supo entender que todo acreedor a término o bajo condición suspensiva, podía instaurar la acción; por lo que el Código Civil y Comercial amparo estos principios –art 347- y los hizo parte.

Asimismo, es inherente a esta acción que medie la inacción del deudor. Si bien resulta evidente esta cuestión, atento a que el raigambre de esta acción converge en la negligencia del deudor; indispensable resulta su mención en la norma sustantiva.

Entonces, si el deudor acciona en forma diligente con respecto a los acreedores propios, injustificada sería la intromisión de ellos en la vida “económica” del deudor.

Desde este punto de vista, no resulta necesario resaltar el factor subjetivo por el cual el deudor no acciona contra sus propios deudores para el cobro de sus acreencias. Atento a que nos encontramos frente a un hecho objetivo (acción o inacción concreta del deudor subrogado).

Es el acreedor –con intenciones de subrogarse- quien debe demostrar los basamentos para su accionar en nombre de su deudor. Sin perjuicio de ello, luego de la citación pertinente –art. 740 Código Civil y Comercial de la Nación- se revierte la carga de la prueba y será el deudor subrogado quien demostrará su actividad.

El pilar de esta acción es la consecuencia directa de la inacción del deudor. Atento a que como corolario de su desidia se encuentra afectado el cobro de la acreencia del acreedor subrogante. Asimismo, debe demostrarse el interés legítimo para actuar; donde es el acreedor quien debe demostrar la apatía de su deudor a la hora de cobrarle a sus propios deudores. Mas, cabe mencionar, que siempre que el interés del acreedor pueda ser satisfecho mediante la solvencia del deudor, no debería hacérsele lugar a la subrogación procesal.

El Código Civil y Comercial no exige que el acreedor tenga en su poder título ejecutivo ni demostrar la insolvencia del deudor subrogado. Tampoco es necesario el intento fallido del acreedor en ejecutar cualquier otro bien de su deudor ni la fecha del crédito que se exija.

La normativa no hace distinción entre los acreedores con la expedita facultad para ejercer esta acción, ni siquiera se tiene en cuenta la fecha del crédito (en sentido, si se encuentra constituido en mora el deudor o la condición del mismo). Sin embargo, el código solo marca como pauta que el crédito exigido sea cierto.

Ahora bien, el acreedor subrogante no puede evadir los límites en los que se ciñe sus derechos y en la forma en el que puede desempeñarlos. En este sentido, el acreedor subrogante actúa en nombre del deudor subrogado, y no en el propio; más el interés legítimo para hacer acrecentar el patrimonio de su deudor. Debe entenderse que el derecho de propiedad que se encuentra en juego es del derecho del deudor y no así el del acreedor subrogante.

Cabe mencionar que el acreedor no se encuentra facultado para definir el manejo del patrimonio de su deudor.

La legitimación pasiva es desempeñada por el deudor del deudor –debitor debitoris-

El art. 740 Código Civil y Comercial, posee una incorporación novedosa: La citación al deudor. De esta forma, se le pone un sello final a la disputa doctrinaria acerca de la inutilidad o no de la misma.

Al encontrarse implicados derechos constitucionales –el derecho de propiedad y el principio de libertad amparado en el art. 19 de la Constitución Nacional-, el Código impone con carácter indispensable, y como previo al traslado al demandado, citar al deudor subrogado.

La citación se celebra en miras de sanear la inactividad del deudor. Sin perjuicio del rito que imponga los diversos códigos procesales de las provincias, resulta indispensable que el acreedor enuncie los recaudos necesarios para que sea viable la sustitución procesal.

Entonces, el deudor subrogado se encuentra facultado para oponerse –de manera fundada- a la subrogación; determinar la manifiesta improcedencia; o interponer la demanda asumiendo su verdadero rol de actor.

Vale mencionar que el deudor no tiene la obligación de comparecer.

La citación prevista en este Código, implica la facultad del deudor subrogado de oponerse a la subrogación en el caso de resultar improcedente la misma; demostrando su actividad para el cobro de su crédito. Por lo tanto, la citación implica demostrar que resulta innecesaria la subrogación.

La consecuencia jurídica directa de la citación se ve plasmada en la no conformación de un litisconsorcio necesario, comparezca o no el deudor citado, y sin perjuicio de ello, será extensivo los efectos de cosa juzgada.

El deudor puede accionar de forma negativa o positiva, conforme sea su incidencia en el proceso como consecuencia de la citación prevista en el articulado de análisis.

En primera cabe mencionar que el comparecer es la base de la actitud positiva que puede tomar el demandado. Luego existen diversas ramificaciones las que tendrán consecuencias jurídicas distintas.

Entonces, por su parte, el deudor puede comparecer y oponerse a la subrogación por ser la misma expresamente improcedente –art. 741-. Asimismo, también podría comparecer, contraer el rol de actor y oportunamente hacer propia –en todo o parte- o modificar la pretensión original. En su defecto, el deudor se encuentra facultado para entablar una nueva demanda. Sin perjuicio de lo que indica el debate doctrinario con respecto a las costas del juicio anteriormente iniciado, la realidad indica que acción iniciada por el actor subrogante, resulta consecuencia directa de la inacción del deudor-acreedor y éste en quien debería pesar.

Por su parte, en el caso comparecencia, el deudor también otorgar un bien a embargo que cumpla en su totalidad con la pretensión de su acreedor subrogante a fin de sustituir acción subrogatoria.

En estos supuestos de actividad procesal por parte del deudor-acreedor, en los que el acreedor queda excluido, éste se encontrara facultado para intervenir como tercero coadyuvante. A través de este rol secundario, es accesoria y por ende, dependiente al accionar de la parte que respalde. Es por ello, que este adherente simple podrá activar las facultades que su deudor no ejercite.

Por último, el deudor subrogado puede comparecer al solo efecto de ocupar en el proceso en calidad de tercero, entendiéndose como un adherente simple. Y por lo tanto, no quedar excluido de la acción y obtener las mismas atribuciones que las partes principales.

La actitud negativa del deudor está dada por la no comparecencia del deudor. Sin perjuicio de ello, cabe mencionar, la correcta citación y la perentoriedad del plazo que dispone los Códigos provinciales para su presentación habilita que proceso continue sin la intervención del deudor. En este orden de ideas, es indispensable recordar, que la omisión de comparecer no implica la imposibilidad de la sentencia frente al deudor subrogado. Todo lo contrario. Los efectos de la cosa juzgada resuelta en la sentencia tiene alcances sobre el mismo.

En el art.741 del mismo ordenamiento sustantivo, relata los derechos excluidos. En este orden de ideas cabe indicar que el Código de Veléz al esquematizar que el acreedor se encontraba facultado para ejercitar acciones y derechos de su deudor –art. 1196 del Cód. Civil-, denotaba el libre albedrío por parte del mismo para desplegar la acción en estudio como le plazca. Es por ello, que el Código Civil y Comercial adopta limitaciones, que ya per se ha expuesto la doctrina, para acotar el ejercicio de la acción.

En este orden de ideas, son objeto de esta acción todos los derechos transmisibles por parte del deudor. La excepción se encuentra en aquellos que encuentren relación con las cosas inembargables; los que, por hallarse excluido del trámite de ejecución son de poco y nulo interés para el acreedor.

La normativa actual indica un nuevo abanico de excepciones, que si bien eran de tácito y publico conocimiento, el nuevo Código opto por redactar una nómina expresa de derechos se encuentran circunscriptos a las manos del acreedor.

Es entonces que, como regla general, y a fin de salvaguardar la garantía común de los acreedores, pueden activarse todos los derechos patrimoniales del deudor subrogado. Con la exclusión legar de, a saber, a) los derechos patrimoniales inherentes a la persona; b) los derechos con respecto a los bienes excluidos de la garantía común c) las meras facultades del deudor.
recuperado de:http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=ab05d3a8e7b25b0625a9e2379c22094f

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