miércoles, 14 de junio de 2017

Inmueble heredado por un niño

NMUEBLE HEREDADO POR UN NIÑO: Único heredero. Acción de desalojo promovida por su madre en su representación(Extractos de fallo emanado por SCBA sobre Derecho de Familia y Desalojo)
F., M. P. contra S., E. N. Desalojo A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 23 de mayo
A N T E C E D E N T E S
La Cámara de Apelación en lo Civil y
Comercial del Departamento Judicial de Dolores revocó la
sentencia de primera instancia que había desestimado la
demanda de desalojo (fs. 183/187 vta.).
Se interpuso, por la demandada, recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 194/198
vta.).
En virtud de la entrada en vigencia del
Código Civil y Comercial se corrió traslado a las partes
(fs. 243), el que no fue respondido por ninguna de ellas.
Dictada la providencia de autos y
encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia,
la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I Ó N
de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el
siguiente orden de votación: doctores de Lázzari,
Pettigiani, Negri, Soria, se reúnen los señores jueces de
la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para
pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 119.770,
"F., M. P. contra S., E. N.
Desalojo".
¿Es fundado el recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez
Corrido el traslado de ley, se presenta
la demandada interponiendo excepción de falta de
legitimación pasiva basada en su condición de poseedora y
contesta demanda repeliendo la acción (fs. 42/44 vta.).
Se abrió el juicio a prueba y se dictó
sentencia rechazando la demanda. Se impusieron las costas a
la actora (fs. 142/144 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por la
perdidosa (fs. 145) presentando su correspondiente memorial
de agravios (fs. 163/168 vta.), que mereció la réplica de
doctor de Lázzari dijo:
I. 1. La señora M. P. F-,
en representación de su hijo menor de edad V. B., promovió
demanda de desalojo contra la señora E. N. S.,
atribuyéndole la calidad de intrusa en el inmueble sito
en la calle S. n° ... de la localidad de Valeria del Mar,
Partido de Pinamar. Funda su legitimación en que el
titular registral de la vivienda es J. F. B. y que por
su fallecimiento lo ha sucedido su hijo, a quien
representa, como único y legítimo heredero. Ofrece prueba
(fs. 24/27).
la contraria (fs. 170/171).
2. Elevados los autos a la Cámara, ésta
revocó la sentencia, haciendo lugar a la demanda. Impuso
las costas de ambas instancias a la accionada.
Para decidir de esa manera, partió de
analizar la legitimación procesal del sujeto pasivo de la
litis teniendo en cuenta que resultaba presupuesto
ineludible que la acción fuera dirigida contra aquél que
careciera de título para oponerse a la pretensión y que,
además, se encontrara obligado a restituirla, ya sea porque
los actos que le posibilitaron acceder al bien no podía
considerarse existentes o vigentes, como disponía el art.
647 del Código Civil, o porque tuviera el mero carácter de
tenedor precario o intruso (fs. 184 vta./185).
Sobre tal plataforma ingresó a tratar
los agravios de la actora de la siguiente manera:
a) consideró que los argumentos de la
demandada en torno a su calidad de concubina del fallecido
J. F. B. no resultaban suficientes para fundar su defensa
de falta de legitimación pasiva en razón de que el
concubino para repelar la pretensión del heredero debía
probar su condición de condómino, no bastándole la
acreditación de la relación concubinaria pues la afectio
maritatis que había existido desaparecía con la muerte del
otro concubino y con ella los derechos que emanaban de modo
exclusivo, por lo que no podía encontrarse en mejor
situación que el actor como heredero forzoso (fs. 185 y
vta.);
b) poco aportaban las declaraciones
testimoniales obrantes en la causa tendientes a que quedara
probada la relación concubinaria pues ésta no establecía
vínculo jurídico del que se desprendiera la sucesión del
derecho de uso a favor del otro concubino, ya que este
último no adquiría derechos respecto de la titularidad del
inmueble, como tampoco lo lograba con la invocación de una
sociedad de hecho o de la disolución de ésta (fs. 186 y
vta.);
c) la demandada era tenedora precaria
por comodato gratuito de quien había sido el titular
dominial del inmueble con la consecuente obligación de
restituir al legitimado activo, pues no existía en la
especie conflicto de posesiones que ameritara el rechazo de
la acción, debiendo tener favorable acogida la acción
personal que se había ejercido para obtener la restitución
puesto que la ley de fondo le confería al propietario,
entre otros derechos, el de uso y goce de la cosa,
repeliendo a terceros, ello sin perjuicio de los reclamos
que la demandada pudiera efectuar en virtud de las mejoras
que hubiera introducido en el inmueble (fs. 186 vta./187).
II. Se agravia la recurrente,
denunciando la violación de los arts. 163, inc. 5 y 384 del
Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal.
Alega absurdo.
Despliega sus argumentos de la
siguiente manera:
a) su único agravio lo configura la
falta de análisis del juicio traído ad effectum videndi,
pues el fallo resuelve la cuestión considerando como único
argumento la relación concubinaria, cuando en realidad se
invocó y acreditó ser poseedora del inmueble por haber
contribuido significativamente a la compra del lote y a la
edificación del inmueble, siendo que surge de este
expediente judicial y el acollarado un debate amplio con su
correspondiente prueba que lo posiciona de distinto modo
(fs. 194 vta./195);
b) no se valoró la prueba testimonial
rendida a fs. 92/98, que es reveladora de la relación y de
la participación de la suscripta en la compra del lote y el
esfuerzo y aportes realizados para edificar la vivienda
(fs. 195 vta.);
c) el material de prueba más valioso
está en el expediente 62.076 caratulado "S., E. N. c/
Sucesores de B., J. F. s/ Disolución y
liquidación de sociedad de hecho", por esa razón el mayor
error del fallo, configurativo del absurdo en la selección
y valoración de las pruebas, es el que lo lleva a sostener
que la recurrente pretende derechos sobre el inmueble por
su sola condición de conviviente (fs. 196 y vta.);
d) en aquellas actuaciones esgrimió,
desde el comienzo, su condición de poseedora y ha
demostrado, por medio de prueba testimonial, pericia e
informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la
venta de un automóvil de su propiedad, representativo de
dólares estadounidenses veinticuatro mil (U$S 24.000), y
por ello haber tenido los ingresos y la capacidad que
hicieron posibles los aportes denunciados que se utilizaron
para la edificación, los que cuadruplicaron el precio de
U$S 5.500 por el que se había comprado el lote de acuerdo
al boleto de compraventa agregado en esos autos (fs. 196
vta./197);
III. El recurso prospera.
1. En principio es necesario poner de
relieve que las normas del Código Civil y Comercial de la
nación no son aplicables al caso porque la cuestión
planteada acaeció durante la vigencia del Código Civil
e) ninguna prueba indica la existencia
de aporte alguno del señor B. para la compra y
construcción de la casa. Cita doctrina legal sobre la
valoración de la prueba en apoyo de su postura (fs.
197/198).
(art. 7, C.C. y C.N.).
Por otro lado, es necesario destacar
2. Ingresando al tratamiento de los
agravios planteados, puntualizo que en los contextos
eminentemente fácticos como el presente, donde se inserta
esta concreta impugnación casatoria, resulta necesario
evidenciar con certeza la configuración del absurdo.
El concepto de absurdo hace referencia
a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío
notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o
una interpretación groseramente errada de la prueba
producida. No cualquier error -como tampoco la apreciación
opinable o la posibilidad de otras interpretacionesalcanza
para configurarlo.
Por el contrario, es necesario que se
demuestre un importante desarreglo en la base del
pensamiento, una anomalía extrema, una falla en los
procesos mentales y que de esta manera se evidencie la
irracionalidad de las conclusiones a las que se ha
arribado. Al recurrente no le alcanza con argumentar que la
que el menor V. B., cuya representación había
asumido su madre M. P. F., ha devenido mayor de edad y se
ha presentado a continuar el trámite de estas
actuaciones, ratificando todo lo hasta aquí actuado (fs.
269 y vta.).
valoración de los hechos o de la prueba de los mismos pudo
ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable. Le
es indispensable justificar que de la manera en que se
efectuó en la sentencia, tal valoración no pudo ser hecha,
porque así no puede ser de ninguna manera (conf. mi voto en
causa C. 109.983, sent. del 6-V-2015).
También debe tenerse presente que esta
Corte tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola
determinados preceptos del derecho vigente o denuncia
absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego
llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la
insuficiencia del intento revisor (conf. doct. C. 119.303,
sent. del 21-X-2015; C. 120.250, sent. del 2-III-2016).
Partiendo de esa plataforma encuentro
que le asiste razón a la recurrente.
El tribunal de alzada para decidir como
Despliega sus argumentos basándolos en
que la Cámara sólo tuvo en cuenta para rechazar la demanda
que esa condición de conviviente no la habilitaba para
pretender derechos sobre la titularidad del inmueble,
cuando en realidad ha perseguido el reconocimiento de la
calidad de poseedora, tal como surge del expediente "S., E.
N. c/ Sucesores de B., J. F. s/
Disolución y liquidación de sociedad de hecho" (v. fs.
195).
lo hizo sostuvo que "El concubino que es sujeto pasivo de
una acción de desalojo debe, para resistir la pretensión
del heredero -como ocurre aquí- probar su condición de
condómino (...) La accionada en su condición de concubina
no pudo obtener un derecho respecto de la titularidad del
bien, por lo que no puede encontrarse en mejor situación
que el dueño, en su caso el actor como heredero forzoso..."
(v. fs. 185, in fine/186, 1er. párr.).
Agregó además el tribunal que "... ello
también es así [que no adquiere derecho sobre la
titularidad del inmueble] aunque se invoque una sociedad de
hecho con la pareja como hace la demandada o aunque se
promueva judicialmente su disolución" (v. fs. 186, 3er.
párr.).
Concluyó en que "... no existe en la
especie conflicto de posesiones que amerite el rechazo de
la acción, debiendo tener favorable acogida la acción
personal que ejerció [el heredero forzoso] para obtener la
restitución puesto que la ley de fondo le confiere al
propietario, entre otros derechos, el del uso y goce de la
cosa, repeliendo a terceros (arts. 577, 2506, 2508, 2516
del CC, 676 del CPCC)" (v. fs. 186 vta., in fine) y agregó
"Ello sin perjuicio de los reclamos que la demandada
pudiera a todo evento efectuar en virtud de las mejoras que
hubiera introducido en el inmueble" (v. fs. 187, 1er.
párr.).
Encuentro que en el pronunciamiento de
la Cámara se ha configurado el absurdo y no responde a la
tutela judicial efectiva de asegurar la eficacia de la
prestación jurisdiccional entre la frustración del derecho
que se pretende tutelar (arts. 8.1 y 25 de la Convención
Americana; 15 Const. de la Pcia. de Buenos Aires; principio
pro accione; Fallos 325:2929, C.S.J.N., sent. del 5-XI-
2002, "Portilla Elena c/ Cuevas, Hugo Nicolás s/ División
de condominio"; Lamm, Eleonora y Molina de Juan, Mariel F.,
"Efectos patrimoniales del cese de las uniones
convivenciales", Rev. de Derecho Privado y Comunitario,
"Uniones Convivenciales", N° 2014-3, Bs. As., p. 300).
Respecto a la posibilidad de conocer
sobre la posesión en un juicio de desalojo, en casos
análogos esta Corte no sólo ha admitido su planteo, sino
que además ha resuelto que no es suficiente que el
demandado manifieste que es poseedor para que, por esa sola
circunstancia, quede relevado de la carga de probar la
verosimilitud de su afirmación, obligando al actor a
recurrir a las acciones reales o posesorias para recuperar
el inmueble (cfr. causas Ac. 56.967, sent. del 7-III-1995;
Ac. 83.492, sent. del 29-X-2003; C. 102.403, sent. del 25-
II-2009).
En cuanto a la acreditación de las
circunstancias fácticas esgrimidas por la accionada, este
Tribunal tiene dicho que determinar si el demandado
acreditó prima facie su condición de poseedor, constituye
una cuestión de hecho (Ac. 42.645, sent. del 12-IX-1989;
Ac. 83.492, sent. del 29-X-2003; C. 102.403, cit.) que,
como tal, únicamente es revisable en esta sede si se
acredita la configuración del absurdo.
Ello es así porque constituye facultad
de los tribunales de las instancias de mérito seleccionar
el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas
respecto de otras, y dicho ejercicio, por sí solo, no
constituye un supuesto de absurdo.
A diferencia de lo que sostiene el
fallo en crisis, la demandada, en todo el trámite del
expediente, ha articulado su condición de poseedora del
inmueble y ha arrimado los elementos de convicción
necesarios para repeler la acción intentada.
Esta Corte ha considerado que procede
el desalojo solamente cuando el demandado está obligado a
restituir el inmueble en virtud de una obligación nacida en
un contrato, como la locación de cosa, del comodato, del
otorgamiento de la tenencia precaria o cuando quien lo
detenta resulta un intruso (conf. Ac. 50.546, sent. del 22-
II-1994; Ac. 75.700, sent. del 30-IV-2003), pero que
corresponde desestimar la acción por desalojo intentada si
los demandados han acreditado prima facie el carácter de
poseedores que invocaron, lo que impide que pueda
considerárselos como deudores de una obligación exigible de
restituir, como lo exige el art. 676 del Código Procesal
Civil y Comercial (conf. doct. C. 97.416, sent. del 13-II-
2008; C. 107.959, sent. del 5-X-2011).
De allí que la posesión invocada se
sustenta como consecuencia del acceso y control de los
recursos económicos para poseer el bien dentro de los
efectos patrimoniales de la relación concubinaria que
existió entre E. y el señor B. y la necesaria
garantía hacia la primera para determinar el impacto en la
distribución de ese bien al momento de disolución de la
pareja en condiciones de igualdad (arts. 2 inc. c] y 13
inc. b] de la CEDAW; 75 incs. 22 y 23 de la Const. nac.).
Como surge de las constancias del
expediente, la accionada contestó demanda en el carácter de
poseedora, haciendo saber la existencia del expediente
"S., E. N. contra sucesores de B., J.
F. s/ Disolución y Liquidación de Sociedad de Hecho" que
había iniciado por ante el mismo juzgado que el de
estas actuaciones, procurando el reconocimiento de su
derecho sobre el cincuenta por ciento (50%) de la vivienda
que ocupaba en calidad de propietaria junto con su
concubino fallecido.
Señala Carlos H. Vidal Taquini, al
comentar un fallo de la Provincia de Mendoza ("Ni el
concubinato ni la unión convivencial del proyecto originan
una sociedad de hecho", Publicado DF y P 2013-julio-
19/07/2013,57 Cita Online: AE/DOC/2207/2013) haciendo
referencia al art. 223 del Código velezano que establece,
como consecuencia de la anulación del matrimonio celebrado
con mala fe, que "... en relación a los bienes se procederá
como en el caso de una sociedad de hecho, si se probaren
aportes de los cónyuges...", lo que, a su entender, debía
interpretarse como que la mera existencia del concubinato
no era suficiente para considerar acreditada la sociedad de
hecho, elaborándose el principio general por el cual el
concubinato, por prolongado que fuera no significaba ni
probaba por si solo la existencia de una sociedad de hecho
entre los concubinos pues equivalía a ponerlo en un plano
de igualdad con el matrimonio. Agregó que si la sociedad
existía debía ser probada y señaló los arts. 1648, 1649,
1663 1662, 1665 y 1778 como directrices respecto de la
prueba de la sociedad, los aportes y su liquidación.
En igual sentido opina Gustavo A.
Bossert en su obra "Régimen jurídico del concubinato" (4ta.
edic., Edit. Astrea, año 1997, págs. 59 a 66) en cuanto a
la exigencia de prueba de los aportes a la sociedad de
hecho.
De este modo, cobra relevancia para la
resolución de esta causa la existencia del expediente antes
mencionado, en el cual la aquí demandada persigue el
reconocimiento de sus derechos patrimoniales originados en
la relación convivencial que esgrime en esta causa para
repeler la acción de desalojo, así como efectivizar la
garantía de no discriminación entre los convivientes de una
unión de hecho en la administración de los bienes y en la
propiedad de ellos y su protección ante la disolución de la
pareja.
En este sentido, uno de los informes de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
"Todo el sistema interamericano como el sistema
internacional de derechos humanos han identificado una
serie de obligaciones pertinentes al derecho a la no
discriminación y a la igualdad ante la ley de las mujeres
en su acceso y control de los recursos económicos: Estos
pronunciamientos siendo examinados en su conjunto
establecen: a) un vínculo estrecho entre la eliminación de
la pobreza, y la protección y el ejercicio de todos los
derechos de las mujeres; b) obligaciones de los Estados de
garantía de la no discriminación entre los cónyuges en un
matrimonio, y en uniones de hecho en la administración de
bienes y propiedades, y su protección asimismo en la
disolución de la pareja; c) obligaciones de los Estados
hacia las mujeres de garantía en el acceso a la propiedad,
tierras, vivienda, créditos, y otros bienes bancarios,
tanto dentro como fuera del matrimonio; y d) obligaciones
de los estados de garantizar el acceso al trabajo por parte
de las mujeres, como una fuente vital de recursos y medio
para preservar la autonomía económica, y sus derechos
económicos en otros ámbitos relacionados como la seguridad
social" (ver informe "El trabajo, la educación y los
recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la
garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales", OEA/Ser. L/V/II. 143. Doc. 59 de fecha 3 de
noviembre de 2011, párrafos 26 y 27).
Encuentro atinado el señalamiento que
la accionada hace respecto al errado entendimiento que guió
a la Cámara para resolver (v. fs. 186; 194 vta./195), pues
su defensa no se había basado en que por la sola relación
concubinaria tuviera el efecto de ganancialidad en el bien
sino en los efectos patrimoniales que esa unión había
producido en vista a los aportes realizados en común y que
esa realidad no puede ser desconocida para el derecho.
Es dable destacar que la recurrente con
anterioridad al inicio del expediente en el que persigue la
disolución y liquidación de la sociedad de hecho que formó
con su conviviente, había contestado el requerimiento
postal de la actora con la carta documento glosada a fs.
23, en la que había puesto de manifiesto su animus domini
respecto del inmueble del que se intenta desalojarla.
También advierto que ese expediente aún
no se encuentra finalizado, pues las actuaciones se
encuentran aún en la etapa de prueba, con lo que mal puede
sostenerse que no tiene derecho sobre el inmueble ya que
allí se afinca la controversia sobre la propiedad de éste.
Encuentro entonces que se presenta
verosímil la defensa de posesión animus domini esgrimida
por la señora Sosa frente a la petición de desalojo, pues
de las concretas constancias de la causa surge, sin
Ahora bien, como se ha dicho, se
encuentra acollarado el expediente "S., E. N.
contra sucesores de B., J. F. s/ Disolución y Liquidación
de Sociedad de Hecho" cuya finalidad consiste en que le
sea reconocida a la incoante su derecho al 50% de la
vivienda, la que -sostiene- construyó junto con su
concubino, ahora fallecido, el señor J. F. B..
Además, corroboran sus dichos los
testimonios brindados por las personas que intervinieron en
la construcción de la vivienda (v. fs. 92 a 95 vta.),
quienes al deponer dieron cuenta de la relación que
mantenían la señora S. y el señor B., en aparente
matrimonio y que construyeron la vivienda en forma conjunta
(fs. 93 vta., 94 vta. y 95 vta.).
hesitación, que el debate pasa por el ámbito del derecho
real y no corresponde la acción elegida por la actora.
Así es que el carácter de poseedora
invocada por la demandada posee la verosimilitud que le
infunden las pruebas producidas en esta causa -testimonios
y el expediente citado-, lo que permite sostener que no se
configura la calidad de intrusa que se le endilga y por
ende, la desestimación de la pretensión de la actora.
A ello agrego, en virtud del principio
de la apelación adhesiva que impone que en la resolución
del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se
deba tener en cuenta lo alegado por la contraparte ausente
en su tramitación porque la sentencia le fue favorable
(conf. doct. C. 97.883, sent. del 2-V-2013; C. 118.105,
sent. del 4-III-2015), que lo hasta aquí dicho abastece la
respuesta a los agravios de apelación que llevó la actora
ante la Cámara, pues sus argumentos carecen de entidad para
modificar lo aquí resuelto (v. fs. 163/168 vta.)
IV. En consecuencia, corresponde
revocar la sentencia dictada y confirmar el pronunciamiento
de primera instancia de fs. 142/144 vta. Las costas de
alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a la
actora vencida (arts. 68, 274 y 289, C.P.C.C.).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez
doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del doctor de Lázzari
A partir de dicho disímil marco
postulatorio referencial, concuerdo con el ponente en que
la impugnante ha logrado demostrar que su alegada condición
de poseedora no puede ser mantenida en el terreno de las
meras afirmaciones. Tanto a partir de la existencia de las
actuaciones mencionadas -que lucen acollaradas-, como de
en cuanto halla acreditado el absurdo invocado por la
recurrente, en tanto el tribunal a quo, para hacer lugar a
la demanda de desalojo promovida, consideró solamente que
su mera condición de concubina del causante (titular
registral este último del inmueble) no habilitaba para
pretender derechos sobre la propiedad, pero sin atender a
que -en realidad- la señora S. había invocado su calidad de
poseedora y cotitular del bien a partir de imputarlo
como adquirido por la sociedad de hecho formada con el
señor B. -independientemente del miembro a cuyo nombre se
hubiera inscripto la unidad- y cuya acreditación
(existencia y magnitud), disolución y liquidación había
declarado perseguir en los autos "S., E. N. c/ sucesores
de B., F. s/ Disolución y liquidación de sociedad de
hecho" aún en trámite probatorio ante el mismo tribunal de
primera instancia (conf. arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 384
concs., C.P.C.C.).
las declaraciones testimoniales obrantes en estos autos
(fs. 92/95), es posible apreciar una verosímil y
justificada defensa de posesión animus domini con intención
de someter la cosa al ejercicio de su derecho de propiedad
que, más allá de su suerte final, resulta suficiente para
enervar la presente acción personal de desalojo al impedir
considerarla como deudora de una obligación exigible de
restituir (conf. art. 676, C.P.C.C.; C. 99.074, sent. del
30-IX-2009; C. 102.194, sent. del 4-III-2009; entre otras).
Por lo expuesto y adhesión formulada,
voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores Negri y
Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor
Pettigiani, votaron la cuestión planteada también por la
afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo,
dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que
antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia
de Cámara, confirmándose la de primera instancia de fs.
142/144. Las costas de alzada y de esta instancia
extraordinaria se imponen a la actora vencida (arts. 68,
274 y 289, C.P.C.C.).
El depósito previo deberá ser devuelto
a la recurrente.
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
CARLOS E. CAMPS
Secretario

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