sábado, 13 de mayo de 2017

Obligaciones de cotitulares de vehículo

Obligación de los cotitulares del vehículo de responder por los perjuicios causados ante la falta de licencia de conducir de quien manejaba el automotor y atropelló a una persona

Partes: Coronel María Teresa c/ Zarate Jorge E. y/o Corti Emma y/o Asencio Lilian y/o Corti Hugo s/ daños y perjuicios
Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto
Fecha: 17-feb-2017
Cita: MJ-JU-M-103123-AR | MJJ103123 | MJJ103123
Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y en consecuencia, revocar la sentencia de baja instancia de manera parcial, sólo en cuanto se debe hacer extensiva la condena a los codemandados en tanto ambos revisten la calidad de cotitulares del vehículo con el que se causaron los daños.
2.-Toda vez que era obligación del asegurado controlar que quien condujera la camioneta cumpliera con el requisito legal de la licencia correspondiente, al no hacerlo, y tratándose de un requisito legal ineludible para poder circular con el bien asegurado, su incumplimiento se constituye en una falta grave de una de las partes contratantes el asegurado, que autoriza a la otra aseguradora a oponer la declinación de la citación en garantía.
Fallo:
En la Ciudad de Venado Tuerto, a los17 días del mes de FEBRERO del año 2017 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López y Juan Ignacio Prola de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral y el Dr. Mario Chaumet, de la Cámara deApelación en lo Civil, Comercial de Rosario, para resolver en los autos: “CORONEL María Teresa c/ ZARATE, Jorge E. y/o CORTI, Emma y/o ASENCIO, Lilian y/o CORTI, Hugo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 301/2015),venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Melincué. Realizado el estudio del juicio,se procedió a plantear las siguientes cuestiones: .
1.¿Es nulo el fallo recurrido? 2.¿Es justa la sentencia apelada? 3.¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden:Dres. Prola, López y Chaumet.
Por sentencia Nº 2.511, del 14/10/2014, la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Melincué decide: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda contra los demandados Lilian Asencio y Jorge E. Zárate, condenándolos a pagar a la actora las sumas de $ 500.000 por rubro valor vida – lucro cesante – pérdida de chance, $ 150.000 por daño moral ­todo ello con intereses­; 2) Rechazar la demanda contra los codemandados Emma G. de Asencio y Hugo Corti; 3) Hacer lugar a la exclusión de garantía de la aseguradora, con costas a la vencida; 4) Rechazando el rubro daño moral de la concubina. Y termina imponiéndole las costas a la demandada vencida y difiriendo la regulación de los honorarios profesionales. Este decisorio es aclarado a fs. 500, por un error meramente numérico, y a fs. 503, respecto de las costas por exclusión de garantía.
Contra este pronunciamiento se alzan los actores (fs. 494) y los demandados Lilian Asencio y Jorge Zárate (fs. 501). A fs.504 los actores se notifican de la resolución aclaratoria de fs. 503 y también se alzan contra ella. En todos los casos la instancia es franqueada por la señora jueza de grado.
Ya en la Alzada expresan agravios los actores (fs. 529), mientras que los demandados tienen oportunidad de contestar y expresar los sus reparos a fs. 540. Los actores responden los agravios de los demandados a fs. 549. Por su lado, la aseguradora tiene oportunidad de responder agravios de los actores y de los demandados a fs. 557. Dado el retiro de uno de los miembros de la Sala, ésta se integra a fs. 571, integración que es notificada y consentida por todas las partes. A fs. 577 se llaman autos y se notifica el llamamiento, dejando la cuestión en estado de ser tratada por la Sala.
A la primera cuestión el Dr. Prola, dijo:.
No habiéndose sostenido el recurso de nulidad ante esta Sala, y no advirtiéndose vicios que ameriten su declaración de oficio, voto por declarar desierto y desestimar el recurso de nulidad.
A la misma cuestión el Dr. López, dijo: Adhiero al voto precedente.
A la misma cuestión el Dr. Chaumet, dijo:
Habiendo efectuado el estudio del juicio y advirtiéndose la existencia de dos votos concordantes, invoco la aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el art. 26 LOPJ, sin emitir pronunciamiento.
A la segunda cuestión el Dr. Prola, dijo:.
Al tiempo de dar sustento a su recurso de apelación, los recurrentes expresan los siguientes agravios contra la sentencia de primera instancia:
I.­ LA ACTORA.
1.Porque siente insuficiente la indemnización en concepto de daño moral. Plantea que debe ser elevada a la suma de $ 200.000 para la hija del causante, y que debe reconocérsele el derecho a percibir otro tanto por el mismo concepto a la concubina. Plantea en consecuencia, que ésta tiene derecho a una indemnización por daño moral.
2.Porque no condena a los co­demandados Emma Gropponi de Asencio y Hugo Corti.Señala que ambos revisten la calidad de co­titulares del vehículo con el que se causaron los daños. 3.Porque se hace lugar a la declinación de la citación en garantía de la aseguradora con fundamento en la falta de licencia de conductor de Zárate. Destaca que éste sabía conducir y que poco después del accidente le fue entregado el carné. Consecuencia de ello es tampoco está de acuerdo con que se le impongan las costas por este motivo.
II.­ LOS DEMANDADOS
Contestan los agravios de los actores señalando: 1) que la jurisprudencia rechaza la posibilidad de indemnizar el daño moral de la concubina; 2) que no hay fundamento normativo para condenar a los demandados Emma G. de Asencio y Hugo Corti, dado que ninguno de los dos es ni guardián ni dueño de la cosa riesgosa; 3) está de acuerdo con que se rechace la declinación de la citación en garantía de la aseguradora, cita jurisprudencia.
Expresa agravios:
1)Porque considera arbitraria la valoración que la a quo hace de la prueba. Entiende que no se acreditó el nexo de causalidad entre el hecho y el daño. Se apoya en la confesión de Zárate y en el informe pericial de fs. 262, según el cuál no hay señales de contacto entre los vehículos, lo que indica que el motociclista se cayó solo. Se explaya sobre el valor probatorio de la pericial.
2)Porque a su juicio no existe nexo causal. Señala que no se ha configurado la responsabilidad prevista en el art. 1113, ya que el automotor no puso la causa adecuada de los daños. Se explaya sobre la cosa riesgosa, apunta que el fallecido no llevaba colocado el casco.
3)Porque se ha violado la prejudicialidad penal establecida por el art. 1.103 del Código Civil, ya que el sobreseimiento del imputado en sede penal equivale a sentencia absolutoria. Cita jurisprudencia.
4)Porque no se le imponen las costas a la actora por el rechazo de la demanda contra Emma G.de Asencio y Hugo Corti.
III.­ OTRA VEZ LA ACTORA
Responde los agravios de los demandados: 1) Que la crítica es injusta dado que la sentencia se sostiene en la prueba rendida y particularmente en la pericia mecánica y el informe del médico forense; 2) Que si Zárate no hubiera conducido de manera imprudente no se habría provocado la muerte de González, además, que las lesiones que causaron la muerte fueron en el torax y no los golpes en la cabeza; 3) Que Zárate fue sobreseído por prescripción de la acción penal, por lo que no hay prejudicialidad; 4) Que no corresponde la imposición de costas.
IV.­ LA ASEGURADORA
A la actora responde: que Zárate no tenía licencia para conducir. Apunta que en ningún momento se dice que la licencia estaba vencida, sino que no tenía.
A la demandada responde: reitera en lo sustancial, aunque con un poco más de detalle, la cuestión sobre la distinción entre tener la licencia vencida y carecer de ella. Cita jurisprudencia.
Han tenido ocasión de expresarse y responder todas las partes de este pleito, por lo que podemos entrar en las consideraciones del caso.
Tratamiento de los agravios.
Comenzaré mi voto atendiendo a los reclamos de los demandados, ya que ellos apuntan a tópicos ­nexo de causalidad, prejudicialidad de la cuestión penal­ que, de prosperar, provocarían lisa y llanamente el rechazo de la demandada, volviendo superfluo el tratamiento del recurso del actor.
El recurso de los demandados.
El primer agravio apunta a la valoración de la prueba del nexo causal; el segundo cuestiona que exista una cadena adecuada de causas entre el hecho dañoso y el accionar del conductor Zárate; el tercero, al valor de la sentencia penal absolutoria en sede civil.Como fácilmente puede apreciarse los tres, aunque desde distinto punto de vista, refieren a un mismo tema, la desvinculación causal del conductor de la camioneta Chevrolet ­Zárate­ del hecho que causó la muerte del conductor del ciclomotor ­González­, por lo que válidamente pueden ser tratados en conjunto.
Inteligentemente la parte demandada señala que su acción no provocó la caída y muerte del señor González. Para ello se apoya en que: a) En todas sus declaraciones el señor Zárate reitera con notable precisión el modo en que sucedieron los hechos. Palabras más, palabras menos, ambos rodados venían circulando en el mismo sentido, el conductor de la camioneta con el acoplado ­para superar al ciclomotor­ se abre ampliamente hacia su izquierda, saluda a González cuando pasa a su lado y, ya habiéndolo superado, observa por el espejo retrovisor que éste se cae. Inmediatamente se detiene e intenta socorrerlo y llamar pidiendo ayuda con su celular, pero se queda sin batería y debe aguardar a que alguien pase para socorrerlos. b) Según la pericia rendida en sede penal, no hay huellas de encuentro entre la moto y la camioneta o su acoplado, ni rayones en la chapa ni restos de sangre o tejidos humanos. c) Existe una sentencia de sobreseimiento en favor de Zárate por el homicidio culposo de González, en razón de lo dispuesto por el art. 256, inc. 2º , del Código Procesal Penal de Santa Fe, hoy derogado. Esto es, porque se habían cumplido los plazos de la instrucción y no había elementos de convicción para revocar el auto de falta de mérito dictado con anterioridad por la magistrada penal.
Ahora bien, el sobreseimiento de Zárate no nos impide juzgar la existencia del hecho, ya que sobreseimiento no equivale a sentencia absolutoria. En el Código Civil derogado ­art. 1.103­, para tal circunstancia se requería una sentencia absolutoria, no un sobreseimiento. En el actual sistema, el art.1.777, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación, dispone que “si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil”. Como puede apreciarse, tanto con el régimen derogado como con el actual, nada impide que analicemos la responsabilidad civil de los demandados. Sucede que no estando comprometida la culpa del agente, ésta deja de ser relevante a los fines de establecer el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, comenzando entonces a operar el factor objeti vo de atribución, esto es, el riesgo de la cosa (art. 1.722, CCCN).
Ahora bien, dicho esto hemos validado la competencia del Tribunal para juzgar la cuestión traída a su conocimiento, lo que provoca el rechazo del planteo de prejudicialidad penal que arrima la parte demandada. Pero en modo alguno hemos entrado a considerar el nexo de causalidad adecuada del que, nos dice la accionada, no hay prueba alguna. Sin embargo yo creo que no es así. Más aún, creo que si bien puede ser cierto que no hayan quedado rastros de choque entre los rodados, esto en modo alguno quiere decir que el vehículo conducido por Zárate no haya provocado la muerte de González.
El motivo para pensar así me lo dan las confesionales de los co­demandados Zárate (fs. 267) y Asencio (fs. 268), el escrito de fs.117 (que se repite en el cuaderno de pruebas de la demandada a fs. 295), las constancias de fs. 110/113 (que se repiten también en el cuaderno de pruebas de los demandados a 289/292). Me explico.
Parto por señalar que por el escrito del demandado Zárate de fs. 117, éste le pide el avocamiento de la jueza penal.En dicho memorial solicita además que se practique una pericia de los rodados a fin de determinar que no hay huellas de rozamiento o choque entre ellos, y ofrece como perito controlador de su parte al Ingeniero Víctor Hugo Pastor (fs. 117 vuelta), incluso con número de su documento. La magistrada penal no hace lugar al avocamiento, por lo que la prueba no se produce. Pero resulta que más tarde, al ofrecer nuevamente prueba pericial Zárate ­ahora ya en condición de imputado­, se realiza el sorteo en la Cámara Penal (fs. 191) la suerte cae del lado del ing. Pastor, quien es designado a fs. 192 y acepta el cargo a fs. 203. Claramente, esta designación es incompatible con la calidad de perito de parte (fs. 117), ya que es notorio por el primer memorial de Zárate ­avocamiento­, que existía un acercamiento entre el ingeniero y la parte. Tal acercamiento, que no podemos suponer gratuito desde que hace al medio de vida del ingeniero, consistía en que éste controlara en representación del demandado la producción de la misma prueba que el ingeniero después realizó como perito oficial. Es casi innecesario recordar que la misión del perito de parte era controlar justamente la prueba que ahora tiene que producir. De donde creo que hubo un acuerdo entre Zárate y Pastor, ya que el perito debió resignar el cargo para el que había sido sorteado justamente por su acuerdo previo con la parte, del que, como acabamos de ver, existe constancia por escrito en el expediente. Acuerdo desde todo punto de vista innegable, toda vez que Zárate sabe hasta el número de documento de identidad de Pastor. Por lo tanto, tal circunstancia invalida desde cualquier punto de vista la pericia como prueba de descargo. Antes bien, habla de una connivencia entre el perito y Zárate.
En cuanto a la pericia practicada en sede civil ­ing.Díaz­, digamos que ella poco y nada puede aportar sobre los sucesos ya que fue realizada seis años después del suceso, está formalizada sobre prueba aportada por el delegado técnico de una de las partes ­ing. Basté­ y, por último, el informe presenta conclusiones formuladas a partir del análisis de la indagatoria de Zárate, circunstancia del todo incompatible con la objetividad de los datos que debe relevar el perito y con la notoria circunstancia de que el análisis de la prueba confesional ­no otra cosa es la indagatoria­ le corresponde a los jueces de la causa por mandato constitucional. Por lo tanto, aún cuando el perito le quiera dar a su informe un sesgo de seriedad matemática, las conclusiones derivan de datos que carecen de tal rigor. En consecuencia, la pericia así realizada carece de todo fundamento epistemológico.
Pasemos ahora a las constancias de fs. 110/113. Desde un primer momento la autoridad policial habla de colisión y describe la existencia de huellas de arrastre tanto del ciclomotor cuanto del conducido por Zárate. El croquis policial (fs.113) muestra claramente cómo el rodado conducido por este último realiza una trayectoria de izquierda a derecha de la ruta, es decir, hacia el ciclomotor. Incluso, puede verse en él cómo las huellas de arrastre de la camioneta y el carro que tiraba se continúan en la huella de arrastre del ciclomotor. Tal circunstancia es compatible con el hecho de haber pasado el vehículo mayor por arriba de la moto, y haber arrastrado a ésta y al cuerpo de González bajo sus ruedas y ejes, para soltarlos y dejarlos finalmente donde quedaron.
Por último, y lo que para mí sella la suerte del recurso de los demandados, es que en su confesional, Zárate admite haber dado aviso en cuanto pudo a su empleadora.Y ésta, al absolver posiciones, confirma dicho aviso y manifiesta que dio inmediato aviso a la aseguradora (preguntas OCTAVA y NOVENA). Más allá de lo que se diga luego respecto de la declinación de la citación en garantía, lo cierto es que nadie denuncia un siniestro a su seguro si éste no se produjo. ¿Cuál es la razón de dar aviso a la aseguradora si Zárate ni siquiera había rozado a González? Es evidente entonces que Zárate miente, él sabe desde un primer momento que su accionar produjo la muerte de González. Y también lo sabe Asencio, quien de inmediato dio aviso a la aseguradora para quedar a cubierto de las consecuencias patrimoniales que el uso de la cosa riesgosa ­camioneta­ y con riesgo aumentado por su propia acción, ya que el acoplado que tiraba es de fabricación casera (obsérvese que ni siquiera tiene chapa patente),le podía traer.
En consecuencia, yo creo demostrado el nexo de causalidad adecuada a partir de la conducta de los propios demandados, ya que, además, la lesiones que provocaron la muerte ­aplastamiento del torax (fs. 152)­ son compatibles con las circunstancias en que se produjo el accidente. Como vimos, la camioneta conducida por Zárate pasó por encima de ciclomotor, arrastrando a éste y a Gonzalez un trecho debajo de sus ruedas, para finalmente soltar a ambos donde quedaron según croquis policial. De otro modo, González no habría muerto por aplastamiento del torax.
Si a lo dicho le sumamos que, como sostuvimos al tratar el tema de la prejudicialidad penal, ha comenzado a operar el factor objetivo de atribución de responsabilidad (art. 1.113, Código Civil derogado; arts. 1.757 y 1.758, Código Civil y Comercial de la Nación), luego, le tocaba a los demandados demostrar la acción de un tercero o de la propia víctima, si querían quedar eximidos de responsabilidad.Nada de esto ocurrió en autos, sino que en su lugar lo que buscaron fue evitar las consecuencias del daño ocasionado, mediante el artilugio de disimular determinadas circunstancias del caso, valiéndose en sede penal de un perito poco escrupuloso, que sirvió para convencer a la jueza penal, pero que ­esclarecida su fraudulenta intervención en dicha sede­, en modo alguno impide que se juzgue acreditado el nexo de causalidad adecuada, a partir, principalmente, de las confesionales de los demandados y de su conducta procesal.
Por los motivos expuestos deben rechazarse los dos primeros agravios de la demandada.
El cuarto agravio también habrá de ser rechazado, y con él, el recurso. La queja refiere a la condena en costas por el rechazo de la demanda en punto a los demandados Emma Elsa Gropponi y Hugo Horacio Corti, ya que ­como veremos a continuación al tratar los agravios de la actora­ la demanda contra ellos no debe ser rechazada, no corresponde que se le impongan las costas a la actora. De manera que, éstos, junto a Zárate y Asencio, son deudores por las costas judiciales. Luego, el agravio debe ser desestimado.
El recurso de la actora.
Por el primer agravio la actora cuestiona el monto de la indemnización por el daño moral: en primer lugar, porque entiende que a devenido poco con el correr del tiempo la suma reconocida por la a quo; en segundo lugar, porque a su criterio la señora Coronel vivía en concubinato con el fallecido y, en consecuencia, debe recibir el mismo tratamiento que la esposa.
En punto al primer argumento, la cuestión no puede prosperar. El paso del tiempo como motivo de acrecentamiento de una indemnización por daño moral no es una crítica de las razones que la a quo tuvo para fallar como lo hizo.Lo que debe exponer la recurrente son los motivos concretos ­con apoyo en constancias de autos­ de por qué es insuficiente la indemnización establecida por la magistrada de grado.
No obstante lo manifestado, quiero hacer notar a la recurrente que ninguna de las pruebas ofrecidas y producidas en el expediente tiende a la acreditación del la magnitud del daño moral. Todas las pruebas que ofreció apuntaron a la demostración del hecho dañoso, ninguna estuvo dirigida a la señalar la profundidad del daño existencial. Así las cosas, sólo le cabe por daño moral una indemnización estándar, en base a lo estimado en la demandada y a la notoria circunstancia que la muerte del padre produce un daño a los afectos más hondos de la persona. En esa demanda la actora pidió $ 150.000 por daño moral y eso fue lo que obtuvo de la sentencia; luego, no se advierte dónde está el agravio.
En cuanto al segundo argumento está referido a la equiparación de la concubina a la viuda, para aspirar aquélla a la indemnización por daño moral. La falta de prueba de la condición de concubina obsta a que se pueda entrar a considerar tal posibilidad. Vale señalar que la circunstancia de tener una hija en común no significa de por sí que dos personas son pareja y conviven. Por lo tanto, para poder empezar a evaluar si la señora Coronel tiene derecho a una reparación de daño moral por su calidad de concubina del fallecido, lo primero que debe ésta es acreditar la condición de tal. Una vez más, si vamos a la actividad probatoria de la parte observaremos que ésta estuvo limitada a la acreditación del hecho, y que no existe constancia en autos de la que se pueda inferir que ella ostentaba la condición de concubina del fallecido González.
Val e recordar al respecto que el art.1.741 del Código Civil y Comercial autoriza la acción por la indemnización de las consecuencias no patrimoniales del hecho a quienes convivan con el fallecido “recibiendo trato familiar ostensible”. Tal sería el caso de la concubina, pero en la especie, quien dice serlo no arrimó la menor prueba de la existencia de ese “trato familiar ostensible”. De donde le tocaba a quien invoca el trato familiar y ostensible de concubina probar tal circunstancia, y no lo hizo.
Por los motivos expuestos, el primer agravio de la actora debe ser rechazado.
No ocurre lo mismo con el segundo agravio, el que, en mi sentir, debe ser recibido favorablemente. Este reparo apunta al rechazo de la demanda en relación a los demandados Emma Gropponi de Asencio y Hugo Corti. El primer motivo para hacer lugar a él es que la señora jueza de grado no da las razones por las cuales rechaza la demanda contra ellos. Luego, la falta de motivación (art. 95 de la Constitución de Santa Fe) obsta a la confirmación del fallo en este punto.
Ahora bien, Emma Gropponi y Hugo Corti fueron demandados ­ver punto 2.­ OBJETO de la demanda (fs.8) -, ambos comparecieron (fs. 15) y contestaron la demanda de manera conjunta con los co­demandados Zárate y Asencio. En dicha contestación de demanda se limitaron a negar los hechos, pero no opusieron ninguna otra defensa. Luego, no veo motivo para que no corran la misma suerte que los otros co­demandados, quienes se defendieron de idéntico modo. Obsérvese que no hubo actividad procesal alguna de parte de ambos co­ demandados tendientes a diferenciarse de los otros dos.Ellos sabrán por qué, pero si los propios co­demandados Gropponi y Corti no pidieron ser tratados de modo diferente a Zárate y Asencio, si no hay de su parte intento alguno de correr una suerte distinta a la de sus litisconsortes, no podemos nosotros ir más allá de sus propia voluntad, so riesgo de fallar extra petita.
Por los motivos aludidos debe hacerse lugar al segundo agravio y condenar a los cuatro demandados en los iguales términos.
El tercer agravio de la actora ­al que adhiere también la demandada (ver contestación de agravios (fs. 246 vuelta)­ también debe ser rechazado. Apunta a la declinación de la citación en garantía de la aseguradora con fundamento en la falta de licencia para conducir del demandado Zárate.
Desde el punto de vista de la relación contractual entre el asegurado y la aseguradora, yo no tengo dudas que la declinación es válida. Si bien Zárate, los demandados y los actores se esfuerzan por convencernos de su idoneidad para conducir y de las demoras burocráticas en extender el carné de conductor, no hay prueba alguna en autos de que Zárate hubiera tenido registro habilitante antes o después del accidente. Luego, si además tenemos presente la cláusula 22, inc. 7 de la póliza agregada a fs. 452/465, forzoso es concluir que estamos ante un caso expresamente previsto de exclusión de cobertura, válidamente opuesto por la aseguradora en la primera ocasión que tuvo.
En este sentido se expresa Stiglitz, para quién “Existe una categoría de exclusiones de cobertura de fuente convencional, lo que presupone que no hallan su fundamento en la Ley de Seguros y que, en cambio, se hallan contenidas en condiciones de póliza. En el caso, las que nos interesan son las que hallan sustento en consideraciones subjetivas y, de ellas, aquellas sustentadas en razones atinentes a la mayor potencialidad dañosa.Por ejemplo, en el riesgo automotor, los siniestros producidos mientras el vehículo sea conducido por persona no habilitada para una categoría determinada, como lo constituye la cláusula del contrato de seguro por la cual no se indemnizan los siniestros producidos mientras el vehículo es conducido por personas carentes de registro habilitante. Y ello en razón de que se procura evitar que el automotor sea conducido por quien es inepto para ello, pues de lo contrario se incrementaría anormalmente el riesgo, favoreciendo la protección patrimonial de una conducta generadora de severo peligro para la sociedad. Como se advierte, se trata de una cláusula que, expresa o directamente, excluye de cobertura (califica como “casos no indemnizables”) los siniestros ocurridos mientras el automotor estuviera conducido por personas sin permiso municipal o inhibidas para el manejo por autoridad competente”. En otras pólizas (el texto no es uniforme) refiere como excluida de cobertura la hipótesis en que el vehículo “sea conducido por personas que no están habilitadas por autoridad competente”.”1 Esta cláusula de exclusión es claramente oponible al tercero damnificado desde que es anterior al hecho, está expresamente pactada ­y ratificada­ en la póliza acompañada al expediente, y, por lo demás, no luce exhorbitante, pues lo único que hace la aseguradora es precaverse del incumplimiento por el asegurado de una prescripción legal indispensable para la utilización del bien ­automotor­ motivo de la póliza.
Sin embargo, no coincido con el mentado autor en cuanto a que la culpa grave no juega en la especie. Quizá no lo haga en cuanto al conductor y la provocación del accidente, pero sí de parte del asegurado ­que no era el conductor­ en el cumplimiento del contrato de seguro, pues él no podía desconocer la existencia la cláusula de exclusión referida antes. Por lo que era obligación del asegurado controlar que quien condujera la camioneta cumpliera con el requisito legal de la licencia correspondiente.Al no hacerlo, y tratándose de un requisito legal ineludible para poder circular con el bien asegurado, su incumplimiento se constituye en 1 SIGLITZ, Ruben S. “Oponibilidad a la víctima de la exclusión de cobertura. Conductor no asegurado que carece de habilitación para conducir” ­ Publicado en: LA LEY 04/08/2009, 04/08/2009, 4 ­ LA LEY2009­ D, 630. una falta grave de una de las partes contratantes ­el asegurado­, que autoriza a la otra ­aseguradora­ a oponer la declinación de la citación en garantía.
Por los motivos expuestos voto por rechazar también este agravio.
En cuanto a las costas de baja instancia, ellas deben ser cargadas en su totalidad a los demandados.
En cuanto a las costas de Alzada, en atención a los vencimiento recíprocos, ellas deben soportadas en un 70% por los demandados y un 30% para el actor.
A la misma cuestión el Dr. López, dijo: Adhiero al voto precedente.
A la misma cuestión el Dr. Chaumet, dijo:
Me remito a lo expuesto en la primera cuestión. A la tercera cuestión el Dr. Prola, dijo:
Por los motivos expuestos en los párrafos precedentes voto: 1) Declarando desierto y desestimando los recursos de nulidad de ambas partes; 2) Rechazando el recurso de apelación de los demandados; 3) Haciendo lugar parcialmente al recurso de la actora y, en consecuencia, revocando la sentencia de baja instancia también de manera parcial, sólo en cuanto se debe hacer extensiva la condena a los co­demandados Emma Gropponi y Hugo Corti, y confirmando el fallo en el resto.; 4) Costas de Alzada: 30% a cargo de la actora; 70% a cargo de los demandados; 5) Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la etapa inicial.
Ala misma cuestíon el Dr.López, dijo: Adhiero al voto precedente.
A la misma cuestión el Dr.Chaumet, dijo:
Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.
Por todo lo expuesto, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, integrada, RESUELVE: I. Declarar desierto y desestimar los recursos de nulidad de ambas partes; II. Rechazar el recurso de apelación de los demandados,III. Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y en consecuencia, revocar la sentencia de baja instancia tambien de manera parcial, solo en cuanto se debe hacer extensiva la condena a los co­demandados Emma Gropponi y Hugo Corti, y confirmar el fallo en el resto; IV. Costas de alzada: 30% a cargo de la actora y 70% a cargo de los demandados; V. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la etapa inicial.
Insertese, hágase saber y bajen.
Dr. Juan Ignacio Prola
Dr. Héctor Matías López
Dr.Mario Chaumet ­art. 26 LOPJ­
Dra.Andrea Verrone
recuperado de:https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/05/10/obligacion-de-los-cotitulares-del-vehiculo-de-responder-por-los-perjuicios-causados-ante-la-falta-de-licencia-de-conducir-de-quien-manejaba-el-automotor-y-atropello-a-una-persona/

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