miércoles, 26 de abril de 2017

TERCERIA DE MEJOR DERECHO

Expte. N° 4989-2012 – “España Martín c/ Espíndola Gustavo Daniel y Otro/a s/tercería de mejor derecho (tram. sumario)” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE JUNÍN (Buenos Aires) – 23/03/2017 /NIN, a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº JU-4989-2012 caratulada: "ESPAÑA MARTIN C/ ESPINDOLA GUSTAVO DANIEL Y OTRO/A S/TERCERIA MEJOR DERECHO (TRAM.SUMARIO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I.- En la sentencia dictada a fs. 270/278 el Sr. Juez de Primera Instancia Dr. Castro Mitarotonda rechazó la tercería de mejor derecho incoada por Martín España contra Juan Carlos Sffaeir (ejecutante embargante en Expte. Ejecutivo JU 7423/2010 acollarado) y Gustavo Daniel Espíndola (ejecutado y titular registral del acoplado marca OMBU modelo 2006 dominio GEX893).
Impuso las costas por su orden por existir jurisprudencia encontrada. En efecto, la misma resulta de la reseña que hace de fallos de distintos tribunales que dieron distinta solución para la colisión entre el comprador poseedor que con formulario 08 de fecha cierta no efectuó la transferencia registral a su nombre y otro acreedor embargante. El sentenciante se decide por la preferencia de este último señalando que no se ha probado el conocimiento del embargante de la realidad extraregistral y no existió denuncia de venta la que le hubiera otorgado publicidad registral.
Apelaron el tercerista (fs. 288) y el demandado ejecutado (fs. 290)
En la expresión de agravios del primero, obrante a fs. 302/304vta, la crítica pone el acento en que la doctrina legal en torno a la denuncia de venta de la ley 22977 no excluye la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que el titular registral ha perdido la guarda con anterioridad. Como contracara de ello, está probada su posesión anterior a la traba del embargo y descartada cualquier connivencia con el titular registral. Considera también excesiva la pretensión de cargarle que deba acreditar el conocimiento por parte del ejecutante de la enajenación.
Por su parte el ejecutado, en su memoria de fs. 305/306 postula la revocación de lo resuelto señalando que se han cumplido todos los presupuestos para la tercería, esto es 1) la acreditación de la compra del automotor y su posesión anterior y actual 2) el pago del
precio, 3) la fecha cierta del título de adquisición, 4) adquisición anterior al crédito del
embargante y 5) ausencia de buena fe del embargante, agregando que se había denunciado
la venta en el proceso principal.
Ejerció su derecho a réplica el ejecutante demandado Sr. Sffaeir a fs. 314/317vta.
resistiendo las impugnaciones. Reafirma que la anotación del embargo en el marco del
proceso ejecutivo se realizó de buena fe, sin conocimiento de cuestiones extra registrales
ajenas a su parte. Señala que el Sr. España tardó al menos 2 años en tomar la supuesta
decisión de efectuar la transferencia, siendo que conforme el art. 15 del decreto-ley 6582/58
tenía la obligación de solicitarla dentro de los 10 días de celebrado el acto. Apunta que el
sistema registral del automotor es hermético e inflexible y sólo sería viable el amparo a los
adquirentes cuando media mala fe del embargante y supuestos de connivencia entre éste y
el titular registral, circunstancias que no se dan en estas actuaciones.
Firme el llamado de autos para sentencia de fs. 319 se está en condiciones de resolver.
II.- En ese menester, es preciso señalar de inicio que no considero trasladables ni aplicables
supletoriamente a los automotores las soluciones que doctrinaria y jurisprudencialmente se
han venido dando en las tercerías de mejor derecho de poseedores de inmuebles mediando
boleto de compraventa en base a los arts. 2355, 1185 bis, 3269, 594 y conc. del Código
Civil derogado (ver en este sentido mi voto que hizo mayoría en expte. 41057 "Hereñu
Mirta G. c/ Banco de la Pcia. de Bs. As. y Lamponi s/ Levantamiento" LS 47 n° 65 sent. del
21/3/2006 y que fuera seguido en resoluciones de este tribunal en exptes. 43275 LA 50 n°
104 del 12/3/2009 y 4566-2009 LA 56 n° 73 del 3/3/2015)
Pese a las aparentes similitudes que presenta con el adquirente a quien se le hizo entrega del
automotor en base al formulario 08 y no registró la transferencia en el conflicto con otro
acreedor embargante, existen diferencias sustanciales que derivan del especial régimen de
transmisión del dominio y constitución de derechos reales en la materia (Decr-ley 6582/58)
que se proyectan en los extremos necesarios en la asignación de prelación o preferencia.
En efecto, por ser a su respecto la inscripción constitutiva (arts. 1 y 2 del ordenamiento
mencionado) "no se requiere tradición ni entrega previa del automotor al adquirente, la que
en caso de existir nada agrega a la configuración del derecho real y tampoco a la del
derecho personal...en este aspecto se ha visto desplazado el régimen del modo "tradición"
del Código Civil por el "modo" inscripción. Sostenemos entonces que la entrega de la cosa
registrable - vehículo automotor- previo a su inscripción configura un hecho jurídico sin
trascendencia en orden al nacimiento del derecho personal que preexiste, y sin
consecuencia para el nacimiento del derecho real que sólo surge tras la registración de la
nueva titularidad del dominio. De modo que la relación real que nace a consecuencia de la
entrega no es una relación real cointegrativa del derecho real ni realizadora del mismo"
(Leiva Fernandez Luis F. " Prueba de la relación real establecida a consecuencia de la
entrega de un vehículo automotor sin que medie transferencia registral de su dominio" La
Ley 1981-D-1163 y ss., quien concluye que esa mera entrega hecho jurídico no es
tradición, aclaro con los alcances de los arts. 2601 y ssCCivil).
Tal entrega de la relación de poder consecuentemente no tiene la incidencia que le asignaba
el Código Civil en los arts. 592 (para las cosas muebles en las que rige el régimen del art.
2412) y 594 (para los inmuebles en que la tradición es modo, cointegrativo del derecho
real) para otorgar prelación entre los acreedores.
Ello ha sido consagrado ahora de manera expresa por el CCCN receptando una realidad - la
registral- prácticamente desconocida por Vélez (solo establecida en materia hipotecaria y
con carácter declarativo). Así mientras el art. 756 para inmuebles en caso de conflicto entre
la posesión traditiva y la registración consagra el mejor derecho del acreedor que cuenta
con aquella, para los muebles registrables - de inscripción constitutiva ver "Código Civil y
Comercial Comentado Tratado exegético" bajo la Dirección de Jorge H. Alterini La Ley
To. IV p. 160 su comentario- el artículo siguiente lo confiere en primer lugar a quien
emplazamiento registral precedente, desplazando a la tradición y a la antigüedad del título.
Confluye también a esta distinción el prisma diferente de apreciación de la buena fe. Como
bien explica Luis Moisset de Espanés ("La buena fe y la propiedad de los automotores"
publicado en http//www.acader.unc.edu.ar) -cuyas apreciaciones han sido varias veces
malinterpretadas como avalando por regla la prioridad del adquirente-: "de acuerdo a lo
prescripto en el art. 16 del decreto-ley advertimos que esa buena fe encuentra sustento en el
conocimiento de las constancias registrales. Por su parte a los acreedores del enajenante les
bastará como regla general, verificar que el vehículo se encuentra inscripto a nombre de su
deudor, para solicitar se lo embargue en garantía de sus créditos y el adquirente, que sólo
cuenta con un derecho personal, pero todavía no ha logrado emplazamiento registral,
deberá soportar las consecuencias de esa medida cautelar. Hemos dicho ya en alguna
oportunidad que en este caso es muy difícil que el adquirente pueda probar su "mejor
derecho" frente al embargante, pues su falta de diligencia, su demora en dar publicidad al
acto lo perjudica. La llamada "seguridad del tráfico" se inclina a proteger a los acreedores
del titular registral, que al concederle crédito confiaron en la existencia de los bienes
registrados en el patrimonio de su deudor. Quizás la única posibilidad de éxito del
adquirente se vincule con aquellas hipótesis en las cuales pueda demostrar que el acreedor
que hoy embarga, al conceder crédito al titular registral conocía de manera efectiva que
había vencido el automotor, aunque la transferencia todavía no se haya inscripto. En tal
caso el principio de buena fe que inspira la vida íntegra de las relaciones contractuales (art.
1198) exigiría que en la colisión que se produce entre los derechos del adquirente que no
publicitó su transferencia y el acreedor embargante que conocía el acto de venta se de
preferencia al adquirente. Se trataría de una solución análoga a la que prevé el Código en
los artículos 593 y siguientes para la colisión entre los derechos de varias personas que son
acreedores a la entrega de la cosa"
Con acierto dice el autor que el conocimiento del embargante debe ser efectivo, concreto y
fehaciente. Dejando de lado la opinión de quienes sostienen que en materia de automotores
a diferencia de registración inmobiliaria aplica el principio de fe pública registral (ver en
este sentido Lidia E. Viggiola y Eduardo Molina Quiroga "Régimen Jurídico del
Automotor. Sus principales caracteres" en Revista Jurídica de Derecho Privado UCES 2004
n° 8 p. 36) y que tanto en el Código de Vélez como el vigente no rige como principio
general y absoluto el que consagraba el art. 1843 del Proyecto de 1998 en su parte final
("...En la colisión entre la oponibilidad otorgada por la publicidad registral y por la
posesoria, prevalece la primera en el tiempo si ha sido obtenida de buena fe. Sin embargo,
la publicidad posesoria, salvo que exteriorice una prescripción adquisitiva de plazo
cumplido, no es oponible a los titulares cuyo derecho real u otra situación jurídica
registrada no se ejerza por la posesión") el haber debido conocer obrando con diligencia
que el rodado era poseído desde antes por el comprador, es decir de la realidad
extraregistral, como determinante de la mala fe, difícilmente podrá tenerse por configurada.
Es que atenta contra ello la propia naturaleza trasladable de la cosa que obstaculiza el
esclarecimiento de su estado posesorio, amén de la confianza lógica en que no podrían ser
puestas en circulación sin la cedula de identificación a nombre del adquirente o
autorización respectiva todo lo que conlleva publicidad registral.
Por el otro lado, no cabe duda que ese adquirente como poseedor es de mala fe, ya que para
ser de buena fe debe tener el automotor registrado a su nombre, pues de lo contrario no
podría estar convencido de ser propietario, es decir persuadido de su legitimidad (art. 2356
CCivil; 1918 CCCN; Mariani de Vidal Marina "Derechos Reales" To. I p. 371; fallos
citados de esta Cámara y el publica en La Ley 1993-B,33; CCiv., Com y Garantías
Necochea " De la Canal Victorio c/ Banco de la Pampa" LLBA 2007 (set). 860). Cierto es
que sus implicancias respecto a las previsiones de los arts. 2355 y 1185 bis CCivil han sido
dejadas de lado con apoyo en que lo que allí está en juego es la adquisición legítima de la
posesión (posesión adquirida conforme a derecho) y no la ilegítima posesión que de ella
deriva, por lo que todo se reduciría a si proviene del dueño y tenía capacidad para dar la
posesión, su ignorancia o conocimiento (ver el trabajo clásico y esencial sobre "Régimen
jurídico del boleto de compraventa" de Alterini-Gatti en La Ley 143-1146). Sin embargo en
materia de automotores tal distinción entre título de adquisición de dominio y título para la
adquisición de la posesión se diluye, no sólo por el régimen traslativo apuntado sino porque
la obligación impuesta al adquirente por el art. 15 del Decreto-ley de hacer la transferencia
dentro de los 10 días de celebrado el contrato, sella como ilegítima y de la mala fe la
detentación posterior a su vencimiento; máxime cuando también cuenta con la posibilidad
ante la falta de formulario 08 de realizar la "denuncia de compra" (Título II Cap. V Digesto
de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor).
Por último, tanto el agregado al art. 2355 como el art. 1185 bis CCivil se referían a
inmuebles. Si bien autores y fallos (vgr. Claudio Kiper "La tercería de mejor derecho y la
transmisión de automotores" MJ-DOC-3046-AR/MJD3046 y SCJMendoza "Fernandez
Juan Hilario en j° 145.816 Tello Anciano c/Abaca Teresa de Jesús" 20/10/2006 MJJ9225
Microjuris) han considerado, contrariamente a lo que vengo exponiendo (en el mismo
sentido del fallo de la CC02 Azul 37602 RSD-82-96 17-7-96 "Mato Luisa c/ Irrizabal
Alberto s/ tercería" JUBA B3100218) que son asimilables los automotores a los criterios y
soluciones en torno a ellos elaborados, el haber mantenido el nuevo código tales pautas
restringidas a aquellos (el art. 1170 solo trata la prioridad del boleto de compraventa de
inmuebles respecto de las cautelares) demuestra una voluntad legislativa que
interpretativamente también ha de proyectarse respecto a la controversia doctrinaria y
jurisprudencial anterior.
Sentado ello, toda vez que no se ha demostrado la connivencia entre embargante y el
ejecutado, ni el conocimiento por parte del primero del crédito anterior del adquirente (la
manifestación a que hace alusión el Sr. Espíndola en el cobro ejecutivo fue hecha cuando
ya se había pedido incluso la subasta del acoplado embargado ver fs. 118 de dichas
actuaciones) y considerando que desde el compromiso de enajenación (ver boleto de
compraventa y solicitud 08 fs. 12/15) - 14/7/2007-, su verificación (formulario 12 fs. 85
22/11/2008) y según dijera en la demanda en el año 2009 decidiera hacer efectiva la
transferencia hasta la traba del embargo el 9 de marzo de 2011 (ver fs. 24/7 del expediente
principal) transcurrió un tiempo excesivo que revelador de la desidia del tercerista, he de
proponer la confirmación del rechazo decidido.
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus
votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en
cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del
CPCC-,
Corresponde:
CONFIRMAR la sentencia apelada. Costas de Alzada por su orden habida cuenta que se
trata de una cuestión dudosa de derecho (art. 68 CPCC). Difiérese la regulación de
honorarios para su oportunidad. (arts. 31 y 51 de la ley 8904)
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus
votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante
mí:
FDO.: DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA - GASTON MARIO VOLTA - RICARDO
MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.) 23 de Marzo de 2017.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en
cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del
C.P.C.C.-, se resuelve:
CONFIRMAR la sentencia apelada. Costas de Alzada por su orden habida cuenta que se
trata de una cuestión dudosa de derecho (art. 68 CPCC).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad. (arts. 31 y 51 de la ley 8904)
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.-
FDO.: JUAN JOSE GUARDIOLA - GASTON MARIO VOLTA - RICARDO MANUEL
CASTRO DURAN.
Ante mí, Dra. Maria V. Zuza (Secretaria).-
Citar: elDial AA9E4D
Publicado el: 4/21/2017
copyright © 1997 - 2017 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Argentina

No hay comentarios.: