jueves, 16 de marzo de 2017

Asambleas en Propiedad horizontal

CAMARA CIVIL - SALA H
888/2016. SALCEDO, DELIA GABRIELA Y OTRO c/ BELLUSCI,
MARIA GABRIELA Y OTROS s/NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016.- RM fs. 247
VISTOS y CONSIDERANDO:
Vienen estos autos a la alzada a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto contra el decisorio de fojas 206/209.
El planteo de inconstitucionalidad efectuado por la
parte actora a fojas 60 vuelta resulta genérico y carece de argumentos
jurídicos dado que se limita a señalar que el artículo 2060 del Código
Civil y Comercial afecta el artículo 18 de la Constitución Nacional en
lo que se refiere al derecho de defensa en juicio al establecer un plazo
acotado (30 días) para plantear la nulidad de lo decidido en la
asamblea.
Como es sabido, quien postula la inconstitucionalidad
de una norma jurídica, debe probar fehacientemente que contraría la
Constitución Nacional, como también que su cumplimiento o
aplicación lesiona derechos de la máxima jerarquía. Y ello, en virtud
del principio de que los jueces no pueden resolver cuestiones en
abstracto, sino casos judiciales. Siguiendo este objetivo, es menester
que lo controvertido sea una sentencia que reconozca un derecho
concreto a cuya efectividad obstan las normas que se impugnan.
Precisamente, esto último alude a que la declaración de
inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o
teóricos - pues importa el ejercicio de la función más delicada de los
magistrados -, a la cual debe recurrirse como “ratio” del orden
jurídico. (cfr. esta Sala en autos: “Crespo Vega Eliseo c/ Álvarez,
Silvina Graciela y Otros s/ Desalojo”, Rec. nro. 409.298).
Reiteradamente se ha dicho que las normas son
susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan
irrazonables, es decir, cuando los medios que arbitran no se adecuan a
los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta
iniquidad, y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente
que las normas legales mantengan coherencia con las reglas
constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de
suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo
establecido en la Ley Fundamental ( C.S.J.N., Fallos 307.906; en el
mismo sentido: Fallos: 243.504; 243:470; 299:428; 310: 2845;
311:394; 312:435; 315:142 y 2804; 319: 2151 y 2215). De allí, el
interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma
debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la
Constitución Nacional, causándole de ese modo gravamen y debe
probar además, que ello ocurre en el caso concreto ( C.S.J.N. Fallos
310:211; ídem, 314:495).-
La cuestión constitucional planteada respecto al plazo
de 30 días para plantear la nulidad de la asamblea en el régimen
consorcial que prevé el artículo 2060 del Código Civil y Comercial,
no constituye un gravamen que habilite la declaración de
inconstitucionalidad de la citada normativa.
No resulta ocioso recordar, de manera liminar, que la
declaración de inconstitucionalidad de una ley o de cualquiera de sus
partes es un acto de suma gravedad institucional que sólo debe ser
considerada como última ratio del orden jurídico (v. Fallos: 294:383;
300:241; 302:457; 307:531, La Ley, 1976-C, 326; 1980-C, 506--,
entre muchos otros).
En este orden de ideas, cabe destacar que no corresponde
a los jueces sustituir al Parlamento, dado que el control de
constitucionalidad no incluye el examen de la conveniencia o acierto
del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus
atribuciones, sino que debe limitarse al examen de la compatibilidad
que las normas impugnadas observen con las disposiciones de la Ley
Fundamental, consideradas éstas como un conjunto armónico, un todo
coherente dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de
todas las demás, evitando que la inteligencia de alguna de ellas altere
el equilibrio del conjunto (CSJN,Fallos: 312:122).
Para que una norma sea inconstitucional debe afectar la
legalidad y la razonabilidad.
En cuanto a la legalidad del artículo 2060 del C C y
Com., no cabe duda de que se encuentra cumplido desde que se trata
de de una norma integrante del cuerpo normativo del Código Civil y
Comercial, según Ley 26994, que fue dictada por el Congreso
Nacional dentro de la competencia expresa que le confiere el art. 75
inc. 12 de la Constitución Nacional.
Igual respuesta habrá de darse respecto al estudio de la
razonabilidad de tal norma (art. 28 CN).
Enseña Bidart Campos que "para la constitucionalidad
de la ley hace falta un cierto contenido de justicia. A este contenido de
justicia lo llamamos razonabilidad. Su opuesto es la arbitrariedad ... ",
esta "...regla de razonabilidad está condensada en nuestra constitución
en el art. 28 ..." Fundamentalmente la razonabilidad exige que el
'medio' escogido para alcanzar un fin válido guarde relación
proporción y aptitud suficientes con ese fin...", finaliza el autor
sosteniendo que no es fácil dilucidarlo en cada situación pero que
"...cabe sugerir que ese concepto jurídico indeterminado se esclarece
cuando se penetra el núcleo esencial de cada derecho. Tal núcleo es el
que no tolera supresión o, en otros términos, es ese núcleo el que no
puede extinguirse, alterarse, dañarse o frustrarse. Cuando el núcleo
queda preservado, toda otra limitación al derecho es razonable.
Cuando el núcleo se afecta de la manera dicha, hay arbitrariedad e
inconstitucionalidad..." (Bidart Campos, "Tratado Elemental de
DSobre el tema abordado, nuestro más Alto
Tribunal ha dicho y reiterado, y éste es uno de los principios básicos
que hacen al control de constitucionalidad, que la declaración de
inconstitucionalidad de una ley, un tratado o decreto o acto
administrativo, es una decisión de gravedad excepcional; es decir, el
último argumento que solamente se lo debe usar en casos extremos
(cf. Spota, Alberto Antonio, "El principio de supremacía de la
Constitución y los medios establecidos para garantizarla en la
Argentina, en el ámbito de Poder Judicial federal", LL 1993-C-782).
En tal sentido se ha dicho que la declaración de
inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad que debe
ser considerado como "última ratio" del orden jurídico (cf. CNCivil,
Sala E, 7/3/94, JA 1994-IV-606; CNTrab, Sala II, 17/9/94, Rep LL LV,
p. 425). Es decir que la declaración de inconstitucionalidad constituye
la "última ratio" del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando
no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía
amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo
que representan normas de inferior jerarquía (cf. CSJN, 29-4-93, LL
1993-D-118).
Porque se trata de un acto de suma gravedad
institucional, no correspondiendo a los jueces el examen de la
oportunidad o la conveniencia de las normas -aspecto reservado al
legislador-, sino el control de su razonabilidad y adecuación a los
preceptos, principios y garantías de la ley suprema (cf. CNFEd.
Contencioadministrativo, Sala IV, 26-8-92, LL 1993-C-185; id.
SCBuenos Aires, 2-4-91, DJBA, 142-1495). Para que proceda la
declaración de inconstitucionalidad se requiere que se encuentre
cuestionado el reconocimiento de algún derecho concreto a cuya
efectividad obstaren las normas cuya validez se impugna (cf. CNCiv. ,
Sala C, 27-10-92, LL 1993-B-161).erecho Constitucional Argentino"
Tª.I, p g. 361 y ss. 87, 89 y 93).
La Constitución no consagra derechos absolutos,
insusceptibles de una razonable reglamentación, dependiendo la
racionalidad de ésta de su adecuación al fin perseguido, no siendo
pasible de tacha constitucional en tanto no tenga base en una
iniquidad manifiesta (cf. CSJN, 24-11-92, LL 1993-D-141; id. 28-6-
83, Fallo 305-831). En este ámbito la normativa constitucional es
genérica, enunciativa de los derechos y principios que las leyes
regulan para su ejercicio, las cuales -en la medida de su razonabilidad
- no pueden ser impugnados con éxito (cf. CNFed. Civil y Com., Sala
II, 3-7-92, LL 1992-D-112). Únicamente cabe formular la declaración
de inconstitucionalidad cuando un acabado examen del precepto
conduce a la convicción de que su aplicación conculca el derecho o la
garantía constitucional invocados (cf. CSJN, 12-5-92, LL 1992-E-
480).
A los jueces sólo les compete controlar el uso de los
poderes del legislador de restringir el ejercicio de derechos
constitucionales, para preservar el bien común y otros bienes también
ponderados por la Constitución Nacional a fin de evitar que ellos
deriven en soluciones manifiestamente inicuas o irrazonables, ya que
no es resorte del Poder Judicial decidir el acierto de los otros poderes
públicos para conjugar una situación crítica (cf. CSJN, 7-9-82, Fallos,
304-1259).
En el caso, si bien el plazo fijado por el art. 2060 del
CCyCom. es breve, no demuestra el apelante que dicha norma
desnaturalice su derecho a impugnar.
Por último resta señalar, que la recurrente al expresar
agravios se limita a exponer su disconformidad con lo decidido por el
magistrado de grado pero no realiza una crítica concreta y razonada de
cada uno de los argumentos en los que sustentó el fallo que rechazó la
inconstitucionalidad planteada a fojas 60 vuelta.
En consecuencia, el Tribunal, RESUELVE:
Confirmar el decisorio apelado. Con costas (arts. 68 y 69 del Código
Procesal). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a las partes y al Sr. Fiscal
de Cámara. Comuníquese al CIJ y oportunamente devuélvase

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