jueves, 9 de febrero de 2017

Relaciones de consumo

Expte. N°: JU-8427-2014 – “Fiat Credito Cia Financiera S.A. c/ De N... C... L... s/acción de secuestro (art.39 LEY 12962)” - CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE JUNÍN (Buenos Aires) – 02/02/2017 /NIN, a los 2 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº JU-8427-2014 caratulada: "FIAT CREDITO CIA FINANCIERA S.A. C/ DE NATALE CESAR LEANDRO S/ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta y Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I- A fs. 49/51 vta. el Sr. Juez de primera instancia, Dr. Fernando H. Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que desestimó el planteo de nulidad e inhabilidad de título opuesto por César Leandro De Natale, imponiéndole las costas al mismo.- Para adoptar tal decisión, expuso inicialmente que el artículo 39 de la ley 12.962, aplicable a este tipo de procesos, excluye toda posibilidad de participación del deudor en el procedimiento, remitiendo expresamente a la vía ordinaria a los efectos de salvaguardar los derechos del mismo.- Agregó que en este trámite no se encuentra contemplado que el deudor pueda formular excepción, cuestión o defensa alguna que tenga por fin limitar el pleno e inmediato ejercicio del derecho que le asiste al acreedor de solicitar la orden judicial de secuestro.-
II- Contra este pronunciamiento, el accionado dedujo apelación a fs. 56; recurso que, concedido en relación, recibió fundamentación por vía del memorial agregado a fs. 58/63.- En dicha presentación, el apelante se agravió por el rechazo de sus planteos de nulidad e inhabilidad de título, argumentando que la accionante no indicó la existencia de deuda alguna que justificara el secuestro del vehículo prendado.- Expuso que, aún siendo el acreedor una de las personas habilitadas en el artículo 39 de la ley 12.962, resulta una condición necesaria la enunciación de las previsiones del artículo 26 del mismo cuerpo legal, es decir, la deuda y monto de la misma.- Asimismo, adujo que debe presumirse la existencia de una relación de consumo entre él y la accionante, a la que resulta aplicable la normativa protectora del consumidor.- Sostuvo que el propio magistrado de origen, al señalar que el proceso de secuestro está direccionado a la venta del bien afectado como garantía, reconoció la existencia de un crédito al que accede la misma, por lo que es necesario que el acreedor enuncie la existencia, vigencia y monto de la deuda, como condición necesaria a la luz de las normas
del derecho del consumidor; ya que, de lo contrario, el derecho de aquel aparecería
contrapuesto a dicha normativa de orden público, en perjuicio de la parte más débil.-
Agregó que la imposición de declarar la existencia y el monto de la deuda, proviene de los
artículos 26 de la ley 12.962 y 37 de la ley 24240, por lo que su incumplimiento obsta el
secuestro del bien e impone la declaración de nulidad de la acción de secuestro, con la
consiguiente orden de devolución del rodado.-
III- Corrido traslado del memorial reseñado precedentemente, la parte accionante guardó
silencio.-
IV- A fs. 67 el demandado, acompañando documentación, denunció como hecho nuevo la
subasta del rodado prendado; luego de lo cual, el expediente fue remitido a esta Cámara,
donde a fs. 69 se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las
presentes actuaciones en condiciones de resolver.-
V- En tal labor, considero útil mencionar que la presente acción fue entablada por una
entidad financiera, respecto de la cual no puede dudarse de su carácter de proveedora,
contra una persona física, con el objeto de obtener el secuestro de un automotor prendado.-
Teniendo en cuenta tales circunstancias, lógico es concluir que en este caso existen
elementos serios que hacen presumir fundadamente la existencia de una relación de
consumo entre la persona jurídica accionante y el demandado (arts 1, 2 y 3 ley 24240).-
En virtud de ello, en autos resulta aplicable la ley 24240, plexo normativo que, por medio
de normas de orden público, y por ende, inderogables por los particulares, reglamenta un
derecho expresamente receptado en la Constitución Nacional (arts 65 ley 24240 y 42 CN).-
Vale recordar que la finalidad de la mencionada ley, es actuar como correctora de la
desigualdad estructural que los consumidores y usuarios padecen en el mercado, ámbito en
el que, sin duda, constituyen la parte más débil. Es decir, la normativa que tutela a
consumidores y usuarios, apunta a colocarlos en un plano de igualdad, no sólo formal, sino
también real, en la relación de consumo.-
En palabras del Dr. Zaffaroni, la ley 24240, "...a modo de purificador legal, integra sus
normas con las de todo el ordenamiento jurídico, de manera que se impone una
interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los
derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el artículo 42 de la Constitución
Nacional..." (el entrecomillado es copia textual del voto vertido en la causa F. 1116.
XXXIX. "Ferreyra, Victor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ Vicov S.A. s/ daños y perjuicios").-
Con similar orientación, Juan M. Farina sostiene que la ley 24240 "...apunta a corregir y
evitar los abusos a que podía dar lugar la aplicación de la legislación ordinaria general
preexistente, en perjuicio de quien en ese acto actúa como consumidor, pues es la parte
estructuralmente más débil en las relaciones de consumo..." (ver "Defensa del consumidor
y del usuario", pag. 25, el entrecomillado encierra copia textual).-
Siguiendo tales pautas, considero que de una interpretación armonizante del artículo 39 del
decreto-ley 15348 con la ley 24240, orientada a salvaguardar la garantía consagrada en el
artículo 42 de la Constitución Nacional, emerge como corolario que el mencionado artículo
39 no resulta aplicable a las relaciones de consumo.-
Así lo entiendo, puesto que dicha norma, aplicada en una relación de consumo, colocaría al
consumidor o usuario en una situación de tamaña desigualdad, que tornaría ilusoria la tutela
brindada por la ley 24240.-
Es que el aludido artículo 39 de la ley de prenda con registro faculta a las entidades
financieras -entre otros acreedores- a solicitar judicialmente el secuestro de los bienes
gravados, para proceder a su venta extrajudicial, agotándose el trámite con la orden de secuestro, quedando vedado todo planteo del consumidor o usuario.-
Es decir, el proveedor queda facultado para secuestrar y subastar extrajudicialmente el bien
prendado, sin que el consumidor o usuario tenga la menor oportunidad de ser oído, con
anterioridad a la concreción de tan drástica medida.-
Tal posibilidad conferida al proveedor, resulta lesiva del trato digno y equitativo al
consumidor o usuario en la relación de consumo, previsto en los artículos 8 bis de la ley 24240 y 42 de la Constitución Nacional.-
Por lo tanto, por medio de una interpretación armonizante de las normas bajo examen, se llega a la inaplicabilidad del procedimiento previsto en el artículo 39 del decreto-ley 15348,
a las relaciones de consumo.-
Vale acotar como argumento en favor de la solución propuesta, que a fin de dar solución a
cuestiones referidas a la competencia territorial para el ejercicio de la acción de secuestro
prendario, la interpretación de las normas antes mencionadas derivó en dos posturas
encontradas.-
Por una de ellas, se confiere absoluta preeminencia al ordenamiento regulador de la prenda con registro, argumentándose que como el único objeto del mecanismo establecido en el
artículo 39, es brindar apoyo jurisdiccional al acreedor para apoderarse del bien prendado,
sin que se halle prevista la intervención del deudor, resulta innecesario mandar a tramitar el
secuestro ante el juez del domicilio de este último (conf. Cámara Nacional de Apelaciones,
Sala A, sent. interlocutoria del 15-6-2010, recaída en la causa "Banco Santander Río S.A. c/
Sánchez, Claudia Cristina").-
Por la otra postura, se da preeminencia a la legislación consumeril, argumentándose que resultan enteramente aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la ley 24240 en las acciones de secuestro prendario, puesto que la tutela de los consumidores y usuarios ha sido dirigida en términos generales, sin excepcionar ni restringir su ámbito de
aplicación, por lo que tales acciones deben tramitar ante el juzgado del domicilio real del
accionado (conf. Cámara Nacional de Apelaciones, Sala F, sent. interlocutoria del 8-3-
2016, recaída en la causa "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Villegas, Luis Alberto s/
Secuestro prendario").-
La Suprema Corte provincial, adoptando la segunda de las posturas reseñadas, expuso que "...ante conflictos vinculados a operatorias de financiaciones destinadas al consumo, las
reglas generales de atribución de competencia establecidas en el ordenamiento ritual deben
ceder frente a la normativa sustancial, en tanto no se ajusten a lo dispuesto por el citado
artículo 36; resultando, por lo demás, irrenunciables los derechos de los consumidores en la
medida en que el rango tuitivo que dimana de dicho contexto normativo tiene correlato con
el texto del artículo 42 de la Constitución Nación, y de nada valdría protegerlos mediante
una previsión micrositémica expresa, si se pudiera admitir pacto o convenciones de cualquier rango que los distorsionaran...En igual sentido, concierne enfatizar como rasgo propio de supuestos como el de autos que, tratándose de un secuestro prendario con
sustento en una operación de consumo, más allá de las limitaciones propias del trámite de que se trata (art. 39 del dec-ley 15348, ratificado por la ley 12962), prevalece su naturaleza jurisdiccional, máxime cuando en el marco de ese trámite podrían dirimirse eventuales
cuestiones inherentes a la eficacia de la diligencia de secuestro u otras a la que de lugar la liquidación del producido de la subasta del bien prendado...En tal virtud, situado el
domicilio del deudor prendario en la localidad de La Plata, el juez con jurisdicción en dicho
lugar será quien deba conocer en este juicio..." (sent. del 28-9-2016, recaída en la causa C.
120.068 "Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. c/ Pilarczyk, Mauricio Bruno s/ Acción de
secuestro").-
VI- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Hacer lugar a la apelación deducida a fs.
56, y consiguientemente, declarar la inaplicabilidad a las relaciones de consumo, del
trámite previsto en el artículo 39 del decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962-,
ordenando en consecuencia que la accionante ponga a disposición del demandado el
automotor secuestrado en autos. Si tal restitución no fuese posible por haberse subastado
extrajudicialmente el automotor, la accionante deberá acreditar la realización de la subasta
en el plazo de cinco días contados a partir de que la presente sentencia adquiera firmeza; y
en tal caso, el demandado podrá ejercer la acción que estime pertinente (arts 42 CN; 1, 2, 3,
65 ley 24240; 39 dec.ley 15348).-
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, en virtud de lo opinable de
la decisión adoptada (arts. 68 y 69 CPC).-
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Volta, dijo:
I.- Que si bien habré de adherir a la solución y fundamentos desarrollados por mi colega
preopinante, estimo oportuno agregar otras razones que me llevan al convencimiento de su
acierto.-
Con dicho norte es dable iniciar por señalar que ante la relación directa existente entre el
titular de todo derecho real -en este caso prenda con registro- y de la cosa sometida a la
voluntad del titular del derecho, como regla no encuentro reparo alguno al trámite de
secuestro previsto por el art. 39 de la ley 12.962, sin intervención del constituyente de la
prenda.-
Ello así puesto que a diferencia de la prenda común, el acreedor no está en disponibilidad
de la cosa razón por la que el acreedor autorizado concurrirá ante el tribunal respectivo a fin
de que, acreditado con el certificado la titularidad del derecho, se proceda a ordenar el
secuestro del bien para ponerlo a disposición del ejecutante (conf. Muguillo, "Prenda con
registro", comentario art. 39, pág. 295).-
Ahora bien, no debe perderse de vista que en el Cód. Civ., como en el nuevo C.C.C., tanto
el contrato como el derecho real de prenda, resultan accesorios de una obligación principal
cuyo cumplimiento garantizan (conf. arts. 524, 3.204 y ccdtes. del Cód. Civ. , art. 580 del
Cód. Com.; y arts. 856, 2186, 2219, 2.220 del C.C.C.).-
Que como lo señalara el Dr. Castro Durán en su voto, en autos existen elementos serios
que permiten presumir que la obligación principal garantizada, puede encuadrarse dentro de
una relación de consumo (doctr. arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240).-
Sentado ello, es dable señalar que de confirmarse la solución adoptada por el sentenciante
de grado se estaría convalidando un mecanismo a través del cual, se elude el régimen de
tutela al consumidor constitucionalmente establecido (art. 42 de la C.N.), a través de la
aplicación aislada de una normativa que regula un derecho accesorio, y por tanto
subordinado al principal.-
Es por lo antes expuesto y los demás argumentos desarrollados por el magistrado
preopinante, es que habré de adherir a la solución propuesta por el Dr. Castro Durán.-
TAL ES MI VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
Discrepo con las opiniones precedentes.-
No puedo sino comenzar expresando la preocupación que vengo experimentando en
relación a interpretaciones jurídicas proclives a convertir el dialogo de fuentes consagrado
expresamente por los arts. 1 y 2 del CCCN en un monólogo de alguna de ellas, particular y
especialmente el derecho del consumidor. Que el ordenamiento jurídico es un todo
orgánico y sistemático que deba ser interpretado en clave consumeril y ambiental (arts. 41 a
43 CN) no significa que se trate de una sinfonía de esas solas notas, a costa de prerrogativas
y garantías del derecho comercial y los derechos reales. La coherencia del mismo y la
fundamentación razonable de las decisiones (arts. 2 y 3 CCCN) exige a mi modo de ver en
determinados aspectos o puntos de conflicto el esfuerzo para lograr la armonización y
convivencia de principios y reglas y no el adoptar apriorísticamente una supremacía
excluyente y supresora de regulaciones específicas, cuando el test de constitucionalidad y
convencionalidad no determina una incompatibilidad absoluta en el caso concreto sometido
a juzgamiento. De no ser sumamente prudentes y cautos en ese examen, en sistemas de
control mixto o difuso como el nuestro, solo aumentamos el peligro, en base a un
subjetivismo jurídico de legalidad, de afectar los valores de seguridad y previsibilidad (me
remito al pormenorizado estudio de Sagüés Néstor Pedro "La interpretación judicial de la
Constitución" Depalma 1998)
Soy consciente que los pronunciamientos judiciales no son el ámbito propio para el
desarrollo de teorías iusfilosóficas o jurídicas que exceden los requerimientos del caso, pero
como también lo soy de que el sistema republicano y democrático demanda de la judicatura
dar cuenta de la forma más clara posible de las razones de sus decisiones, no puedo dejar de
señalar -en esto en coincidencia con el presupuesto argumental de mis colegas- sobre la
necesidad de una tutela judicial efectiva de los derechos de la parte negocial tanto jurídica
como económicamente débil, evitando la operatividad de cláusulas o procederes abusivos.
Pero esa prevención, no debe ser enarbolada cuando no existe ningún elemento siquiera
indiciario serio de su ocurrencia o de que se conculque el derecho de defensa para cercenar
un procedimiento ejecutorio legalmente previsto y convencionalmente pactado -de los que
aunado a razones de conveniencia y utilidad generales hizo mérito la CSJN para rechazar el
primer planteo de inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 15348/46 en la causa "Banco
de la Pcia. de Bs. c/ Viale Luis" 21/2/1958 Fallos 240:66- (en similar sentido he expresado
al votar en asuntos sobre pagarés de consumo: frente a la alegación atendible de
circunstancias de esa índole por parte del consumidor ejecutado queda habilitado el
conocimiento causal respectivo, sin que esto implique que el proceso intentado sea por sí
inhábil, o en este caso inconstitucional).-
Repárese que desde la irrupción en la década del 60 del consumidor como protagonista
jurídico, el sistema protectorio que progresiva e incesantemente se fue desarrollando tanto
en el derecho comparado como en el nacional, lejos está de haber ido en desmedro de la
ampliación del elenco de las garantías y de la búsqueda de mecanismos jurídicos de ágil
ejecución frente al incumplimiento - vgr. autoliquidables, a primera demanda o la
repossession del derecho norteamericano legislada a lo largo de la 5ª parte del art. 9º del
Uniform Commercial Code, de la que podemos informarnos a través de los artículos de
Elena Highton "Panorama del régimen de garantías en el derecho estadounidense" en
RDPyC N° 2 Garantías p. 189 y ss y de Miguel Angel Acosta "Sobre el secuestro
prendario" La Ley 1997-C,761- (de suma utilidad resulta para entender este proceso los
informes presentados al XVI Congreso de la Academia Internacional de Derecho
Comparado Brisbane 2002 publicados por la Revista de Derecho Comparado de Rubinzal
Culzoni N° 6 y 7, bajo el título "Garantías. Presente y futuro", especialmente el de Ulrich
Drobnig, Mauro Bussani y Gerard McCormack, al igual que el análisis que hacen de sus
diversas especies Jorge Luis Riva-Graciela Álvarez Agudo en "Garantías Modernas" Lexis
Nexis; desvelos de los que se hizo parcialmente eco la XXI Jornada Nacional de Derecho
Civil, Lomas de Zamora 2007 Comisión 4 al ocuparse de temas como la hipoteca abierta y la revertida, modalidades resolutorias, dominio fiduciario en función de garantía, warrants,
etc).-
Innegable resulta que el procurar esa compatibilidad o entendimiento, tanto legislativa como judicialmente, se verifica en un marco a veces ríspido (prueba de ello la tenemos en
la zigzagueante adecuación de la normativa y jurisprudencia hipotecaria española -
tengamos presente que allí también es mobiliaria- a la Directiva 93/13 CEE del Consejo de
5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
para cuyo detalle de las aristas en conflicto me remito al análisis general que realiza Rodrigo Bercovitz Rodrigo Cano en "Derechos Reales" Bercal 2015 p. 333 y ss.; citas
bibliográficas en p. 654 de Pablo Contreras-Aguirre Aldaz-Pérez Álvarez "Derechos
Reales" Edisofer 2016 y localmente Jorge Causse "Protección de los deudores hipotecarios
en la reciente legislación española" La Ley 2014-D,951 sobre la Ley 1/13 de 14 de mayo y más específicamente por Alberto José Lafuente Torralba "Los obstáculos para el examen de cláusulas abusivas en el proceso de ejecución: puntos ciegos y zonas de desprotección en el
régimen vigente" en Revista de Derecho Civil vol. II, núm. 2 (abril-junio, 2015) p. 181/205
y tesis doctoral de José Luis ForteaGorpe "La protección del deudor hipotecario frente a las
cláusulas abusivas" Univ. Alicante). Con una visión simplista, ideologista, a la moda de lo
"políticamente correcto", fácil es ante el primer atisbo de posible colisión simpatizar con la
parte genérica y en abstracto vulnerable, exorbitando injustificadamente por fuera de los
criterios que consagran los arts. 962,963 y 1094 CCCN una tutela que en concreto es
innecesaria, sin advertir que con ello a lontananza pero con toda certeza agudizamos su
debilidad estructural a través de la mutilación del acceso al crédito y su encarecimiento.
Especial interés reviste para advertir la implicancia de tales desviaciones el trabajo de Nuria De la Peña-Heywood W Fleising "Argentina: cómo las leyes sobre prenda limitan el acceso
al crédito" La Ley 1997-B,899, quienes sugieren para solucionar los diversos problemas
"mejorar el sistema judicial y modificar la legislación aplicable a todas las garantías reales
mobiliarias. Estas alternativas incluyen acelerar el proceso judicial modificando la ley para que el secuestro y la venta de bienes en garantía pueda tener lugar con procesos judiciales
abreviados, o a través de acciones privadas; y extender la aplicación de las normas de garantías para incluir más amplias operaciones comerciales"
A la importancia de lograr ese equilibrio garantías- ejecución // derechos del consumidor
no ha permanecido en principio ajeno el legislador nacional (más allá del grado de éxito
con que lo haya alcanzado y de los casos que a título de excepción -no como reglajustifiquen la sanción extrema de invalidez normativa). Baste con señalar que luego de la
sanción de la ley 24240 de Defensa del Consumidor el 15/10/1993 y ya con la reforma constitucional de 1994 se dictó a principios de 1995 la ley 24441 que entre los institutos
que incorporaba para el financiamiento de la vivienda y la construcción, estableció en su
Título V art. 52 y ss. un régimen especial de ejecución de hipotecas, cuya adecuación
constitucional ha sido reconocida en forma ampliamente mayoritaria por la doctrina y jurisprudencia. O, ya en un vínculo más directo con la cuestión aquí en tratamiento, cuando
el nuevo codificador -de cuya preocupación en asegurar los principios protectorios propios
de la tutela del consumidor resulta suficiente leer los Fundamentos del Anteproyecto y el
cúmulo de disposiciones especiales que en su regulación le dedica- no tuvo reparos en no
solo mantener sino ampliar en sus dinámicos alcances la previsión del derogado art. 585
Código de Comercio a través del mecanismo de ejecución prendaria incorporado por el art.
2229 CCCN.-
No puedo finalizar este introito sin puntualizar que el sistema privado de secuestro y posterior liquidación de la garantía prendaria que establece la LdPR luego de la reforma
instrumentada por el decr. 897/95 resulta en alguna medida cuestionable y debería ser
objeto de una regulación más precisa. Empero coincidiendo con la reflexión que sobre el
mismo hace el distinguido Camarista Fabián M. Loiza (en "Derecho Procesal Comercial" de Dario J. Graziabile Abeledo Perrot To. III p. 2684) en cuanto "no sostenemos una inconstitucionalidad a priori y para todos los casos, sino que alertamos que la figura es
pasible de generar, en algunos supuestos, una lesión a derechos de orden constitucional",
entiendo que en el sublite por los aspectos que paso a desmenuzar no están dados los
presupuestos para esa sanción, por lo que debería confirmarse lo resuelto en primera instancia por el Dr. Castro Mitarotonda cuyos fundamentos comparto plenamente.-
En efecto, debe considerarse que:
* No está en juego aquí el tema de la competencia jurisdiccional en relación a la acción de
secuestro prendario, tópico conflictivo y sobre el que exclusivamente versan los fallos
citados por el Dr. Castro Durán. Haciendo a un lado las distintas posiciones sustentadas
tanto doctrinaria como jurisprudencialmente respecto a si el mismo debe ser requerido al
Juez donde se encuentran los bienes o ante el correspondiente al domicilio del deudor consumidor (ver Arias Cau Esteban J "Relación de consumo, competencia territorial y secuestro prendario" La Ley 11/3/2016, 4; Morinigo Fernando Gabriel "El campo de
aplicación del art. 36 de la ley de defensa del consumidor y su inaplicabilidad al secuestro
prendario" IJ-LVI-218 Rev. de Derecho Comercial y de los Negocios n° 5 oct. 2012 y "El
secuestro prendario y el art. 36 de la Ley de defensa del Consumidor. Un trámite especial
no comprendido en la fijación legal de competencia" El Derecho 244-636; Loiza trabajo
citado), lo cierto es que la competencia del Juzgado de Primera Instancia corresponde por
una u otra razón, dado el domicilio del apelante y el lugar donde se llevó a cabo la medida (
ver fs. 19/21 y fs. 38/40). Que si bien vinculadas son cuestiones diferentes lo demuestra
claramente el hecho de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala D,
con la misma integración, sin perjuicio de adherir en numerosos pronunciamientos a la regla de competencia específica de LDC( ver AR/JUR/42750/2015; 24573/2015;
96583/2013; 96801/2013; 95808/2013; 96799/2013 para citar sólo algunos) cuando tuvo
que pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicho procedimiento el 7/11/2009 in re "Schenfeld Jorge Ricardo c. Citibank NA s/ Ordinario" (El Derecho Digital 53909 2010)
expresó en párrafos que son de utilidad transcribir:
"...Debe recordarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como una última ratio de orden jurídico
(CSJN, RasspeSohne, P. D. c/ Nación., T. 249, p. 51; íd., Malenky, Rubén., T. 264, p. 364;
íd, Chicago Bridge &IronSuc. Argentina, T. 285, p. 322; íd., Bonfante, Alberto A. c/ Junta
Nacional de Carnes. Radulescu, Alejandro Constantino c/ Nación. Kupferschmidt, Máximo
c/ Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. Linck, Ricardo, T. 288, p. 325; t. 290, p. 83;
t. 292, p. 190; t. 294, p. 383; íd., Mizrahi de Tucumán S.A. c/ Provincia de Tucumán, T.
295, p. 850; íd., Cosimano, Antonio Remigio c/ S.R.L. Domingo Bisio, T. 299, p. 393; íd.,
29/03/1988, Conti, Juan Carlos c/ Ford Motor Argentina S.A. s/ cobro de pesos. Tomo: 311
Folio: 394; íd., 6/4/1989, Gamberale de Mansur, María Eugenia c/ UNR. s/ nulidad de resolución, Tomo: 312 p. 435; íd., 26/12/1996, Monges, Analía M. c/ UBA. - resol.
2314/95. Fallos 319:3148; íd., 27/06/2002, Fisco Nacional - Administración Federal de
Ingresos Públicos c/ Abramovich, Jacobo s/ ejecución fiscal; íd., 5/3/2003, San Luís,
Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo). Congruente con la trascendencia de la vía intentada, no es admisible que sea sustentada en una escueta y genérica alegación de
inconstitucionalidad (CSJN, 5.8.1993, Gil de Giménez Colodrero, Dolores y otros c/ Estado
Nacional [Mrio. de Educación y Justicia] s/ daños y perjuicios, Fallos 316:1718; íd.,
8.8.2002, Giardelli, Martín Alejandro c/ Estado Nacional -Secretaría de Inteligencia del
Estado).El actor se limitó a señalar que la normativa atacada violaba los principios de propiedad y legalidad, amén que los derechos de defensa e igualdad. Sin embargo no
formuló un desarrollo eficiente de su parecer, compatible con la trascendencia y gravedad
del objetivo buscado. En rigor la sentencia tuvo fundamentos de mayor profundidad y extensión para arribar a la conclusión objeto de agravio, aunque se limitó a cotejar la norma con el derecho de defensa, el que dijo afectado.-
Para iniciar un desarrollo ordenado de la evaluación de este agravio, cabe transcribir el
artículo impugnado. El mismo reza: 39. “Cuando el acreedor sea el Estado, sus
reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central
de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional,
sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna ni establecer domicilio
en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los
bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El
acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma prevista por el art. 585
del código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario,
los derechos que tenga que reclamar el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial
preceptuado en este artículo no se suspenderá por embargo de bienes ni por concurso,
incapacidad o muerte del deudor”. (según decreto 897/95).-
El actor, al deducir el planteo, como luego la sentencia con mayor extensión, destacaron
que el derecho de defensa del deudor prendario se veía conculcado por serle impedido al
actor “…promover recurso alguno”. Sin embargo, tal acotamiento de derechos no sólo tiene una justificación razonable, sino que tampoco conspira contra el derecho de defensa del
deudor. Como es sabido en la “prenda sin desplazamiento” o “prenda con registro”, el
deudor le confiere a su acreedor el derecho de cobrarse con privilegio sobre el producido de
la subasta de bienes muebles pero, a diferencia de la prenda común, no se desprende de estos (Fernández R., “Código de Comercio Comentado”, T. III, página 58, Ed. Amorrortu
1948). En la prenda común, el acreedor puede ejercer directamente aquella facultad (art.
582 del código de comercio), pues tiene en su poder el bien mueble objeto del privilegio. El artículo 585 prevé breves plazos para hacer efectiva la venta extrajudicial (publicidad con
anticipación de diez días), y hasta prevé que pueda hacerse al día siguiente del vencimiento
cuando se trate de títulos que pueden ser negociados en bolsas o mercados. La prenda “sin
desplazamiento” requiere, como contrapartida, no sólo el registro del gravamen para concederle efectos frente a terceros, sino un procedimiento ágil para poder colocar a este
acreedor prendario en iguales condiciones con el que posee como título una prenda común.
Así habilita al primero a requerir al Juez de comercio el secuestro inmediato del bien al
vencimiento del mutuo y con la sola exigencia de acompañar el certificado prendario.-
La prohibición legal impuesta al deudor a que deduzca recursos dentro de este
procedimiento, reconoce varios fundamentos: 1. Las actuaciones cautelares concluyen con
el secuestro, lo cual desvanece toda plataforma documental para una eventual articulación
(Gómez Leo O.- Coleman, Maria del Carmen, “Prenda con Registro”, RDCO 1995-B,
300).-
2. Es necesario evitar toda incidencia dentro del trámite cautelar, para no desnaturalizar el
sistema de venta extrajudicial acogido por el legislador (Muñoz L., “Contratos”, T. 3,
página 376).-
3. Debe priorizarse la rapidez en el recupero del crédito, pues ello abarata los costos del
sistema, beneficiando a futuros mutuarios.-
4. Esta facultad es sólo concedida a personas jurídicas de reconocida solvencia (Estado,
Bancos, Instituciones Financieras), con el claro fin de minimizar la posibilidad que eventuales daños no sean atendidos.-
5. El procedimiento se limita a equiparar al acreedor prendario “sin desplazamiento” al de
la prenda común, para colocarlo en igual situación a fin de ejercer la facultad que concede a ambos el artículo 585 del código de comercio.-
Los acreedores amparados por una prenda comercial “común”, pueden ejercer su derecho a percibir su crédito del producido del bien gravado, en tanto lo tienen en su poder.-
Así es menester que los acreedores por prendas sin desplazamiento, caso en el cual la tenencia del bien es reemplazada por el registro del gravamen, puedan hacerse rápidamente
del asiento de la garantía para así proceder a una pronta venta.-
La colección de razones que acabo de reseñar abonan, desde una óptica esencialmente económica, la razonabilidad del procedimiento.-
Una visión jurídica, particularmente dirigida a evaluar si esta facultad concedida a ciertos
acreedores preserva el derecho de defensa del deudor, permite arribar también a una respuesta positiva.-
En su texto, la norma impugnada encauza los eventuales reclamos del deudor mediante el
procedimiento ordinario (“…que el deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los derechos
que tenga que reclamar el acreedor”).-
El sistema prevé con claridad la vía mediante la cual el deudor podrá deducir sus
eventuales defensas frente a la medida cautelar ejecutada por el acreedor (Malagarriga C.,
“Tratado Elemental de Derecho Comercial”, T. II primera parte, página 393; Gómez Leo
O.- Coleman, Maria del Carmen, “Prenda con Registro”, RDCO 1995-B, 301).-
La predicada inconstitucionalidad cede entonces al contar el deudor con la vía judicial
expresa (Cámara H., “Prenda con Registro o Hipoteca Mobiliaria”, página 550; CSJN,
18.10.2006, “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Ford Credit Compañía Financiera S.A. c/ Novoa, Jorge Carlos, Fallos 329:4352).-
Va de suyo que la acción ordinaria podría ser iniciada contemporáneamente al tiempo de la
cautelar, sin aguardar que se produzca la venta.-
En rigor, en el caso, nos encontramos en igual situación que en el juicio ordinario posterior
al ejecutivo.-
El código de rito prevé esta vía como cauce para incoar defensas causales, ajenas al trámite
ejecutivo (cpr 553). Igual solución procede sea que se trate de ejecuciones cambiarias,
prendarias o simples secuestros prendarios, como ocurrió en el caso.-
Es cierto que esta demanda no evitaría, en condiciones habituales, la venta del bien
prendado. El eventual progreso de la impugnación del deudor se traduciría en una condena
resarcitoria.-
Sin embargo las razones económicas que justifican esta solución legal (rápido recupero del
crédito por parte del acreedor; reducción de los costos de transacción con el consiguiente beneficio general en punto a un mayor acceso a este tipo de préstamos), también permiten
soslayar este desacople temporal (Muguillo R., “Prenda con Registro”, página 253).-
A todo evento, es de señalar que aún cuando la propia norma cercena diversas defensas o
intentos cautelares orientados a suspender el trámite del remate extrajudicial, el deudor podría intentar por esa vía de conocimiento la consignación del quantum reclamado con la
extensión prevista por el artículo 32 de la ley de prenda con registro (Gómez Leo O.-
Coleman, Maria del Carmen, “Prenda con Registro”, RDCO 1995-B, 301). En tal caso, que obviamente debería ser juzgado con rigor para meritar la suficiencia del depósito, no
existiría agravio alguno para suspender la venta en tanto el interés del acreedor sería atendido.-
Lo dicho descarta absolutamente la inconstitucionalidad postulada por el deudor y acogida en la sentencia en estudio....."
* No se plantea tampoco aquí la situación de un tercero subadquirente consumidor, sino
que la medida fue efectivizada contra el propio deudor constituyente de la prenda.-
* La ejecución administrativa (o ejecución pura al decir de Falcón, DRP Rubinzal-Culzoni
2001-1p. 174 y ss) contempla en el mencionado precepto dos aspectos -aunque inspirados
en la misma consideración de conferir un beneficio en la recuperación del crédito a favor de ciertos acreedores que se presumen de seriedad y solvencia cierta; cfme. Muguillo Roberto
A. "Prenda con registro" Astrea p. 295- distinguibles más allá de su interrelación: una el
secuestro y otro la realización del objeto sobre el cual recae la garantía y cobro. Ello es
avizorado en el agregado que hace el Dr. Volta, a pesar de no asignarle efectos para la
solución del entuerto.-
Al margen de que "el secuestro así solicitado no tiene carácter precautorio (art. 221 Cód.
Proc. Civil y Com. de la Nación) sino esencialmente ejecutorio, puesto que por medio de él
se pretende impedir la degradación u ocultamiento del bien con el fin de facilitar la efectivización del crédito a través de una realización sin demoras y mínimos gastos " (autor
y obra citados en último término p. 297)-, como tal no tiene no tiene el carácter de un litigio
(cfme. Morinigo trabajos mencionados), no teniendo previsto el deudor ninguna intervención, máxime cuando, sin perjuicio además de ser un acto preparatorio para su
enajenación, está materializando la relación de disponibilidad que tiene como titular del
derecho real de garantía, amenazada ante el incumplimiento por la condición trasladable del
objeto.-
"Este no es un juicio ejecutivo y el deudor no tiene entonces derecho a excepciones o
defensas que puedan impedir la recuperación por el acreedor de los bienes. Podría, el
deudor, desde luego expresar y demostrar que el secuestro se refiere o comprende otros
bienes no prendados, pero no obstaculizar la medida en su verdadero alcance. Con ello no
se viola el derecho de defensa en juicio....(Zavala Rodriguez Juan Carlos " Código de Comercio..." Depalma To. III p.355)
En este sentido la CSJN en autos "Banco Financiero Argentino S.A. v. Criaderos y Semilleros Rumbos S.C.A. y otros " 12/05/1987, Fallos 310:928 al resolver sobre la
inaplicabilidad del art. 22 de la vigente al momento ley de concursos, hizo suyo el dictamen
del Procurador Fiscal que había expresado: "ese trámite no admite ningún tipo de defensas
procesales ni se suspende por concurso, incapacidad o muerte del deudor, dado que no se trata en tales supuestos de un juicio de ejecución prendaria, sino de un trámite especial
extrajudicial, para cuya realización resulta necesario recuperar la cosa por vía de secuestro.
Dicha diligencia requiere por su carácter, de apoyo jurisdiccional, por lo que debe
solicitarse al juez. Ello no implica entonces que aquellos procedimientos se identifiquen ni
queden consecuentemente comprendidos en la suspensión de procedimientos prevista por el
inciso 1º del referido artículo 22 .No puedo dejar de observar, que los eventuales derechos
del deudor, y en su caso del respectivo concurso, pueden hacerse valer ulteriormente por
intermedio del correspondiente proceso ordinario (v. el mencionado artículo 39) "
También lo hizo el Máximo Tribunal, en composición parcial actual y ya vigente la normativa especial del consumidor, en los ya mencionados autos "Ford Credit Compañía Financiera S.A. c. Novoa, Jorge Carlos", 18/10/2006, Fallos 329:4352, al remitirse al
dictamen fiscal desestimatorio de la postulación de inconstitucionalidad en los siguientes
términos: "... el propio apelante ha reconocido la existencia de una vía ordinaria prevista en
la norma aplicable al caso (art.39 del decreto 15348/46 ratificado por la ley 12.962) en la
cual podrá ejercer las defensas que alega. Por otra parte no se demuestra que el agravio que
acarrea la privación del uso del automotor secuestrado no pueda ser subsanado por medios
procesales adecuados —a los que el demandado no recurrió— que se hallan expresamente regulados en la legislación procesal (arts.195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
Así lo pienso, por cuanto la acción instaurada (secuestro prendario) es un procedimiento de naturaleza cautelar que se agota con el cumplimiento de la medida, y sus efectos pudieron
modificarse a través de otra medida de igual naturaleza que pudo ejercitar el reclamante (y no hizo) en el proceso ordinario habilitado expresamente por la legislación, asegurando de tal manera los derechos propios y los del acreedor, máxime teniendo en cuenta que tales
medidas conforme la normativa procesal se conceden en supuestos como los invocados por
el apelante (ver artículos 204 y siguientes del código ritual).-
En orden a ello, si no medió resolución definitiva sobre la defensa de pago del recurrente,
y, por tanto, decisión sobre cuestiones que sólo pueden discutirse en un procedimiento
ordinario y contradictorio, al que puede recurrir y omitió utilizar como vías adecuadas para la defensa de sus derechos por su sola inacción, carece de sustento el planteo de inconstitucionalidad de la norma aplicada, con apoyo en una alegada y no probada indefensión que sólo se produce como consecuencia de los propios actos del recurrente."
Queda entonces evidenciado en forma palmaria que la eventual vulneración de los
derechos del consumidor por medio de cláusulas abusivas o afectación de la defensa en
juicio está relacionada con el segundo estadio, en cuanto se postergue inexorablemente su
tratamiento a una ulterior revisión de una realización consumada. Pero ello de ninguna forma puede cubrir la inacción del propio interesado o suplir la existencia de razones
sustantivas obstativas de aquella autoliquidación. Cobra al respecto decisiva importancia el
criterio que adoptara este tribunal el pasado 8/11/2016 en causa JU 2593/2016 "Di Prinzio
Gino c/ castellazzi Jorge E. s/ Materia a categorizar" en cuanto resulta factible, satisfecho el
elemental recaudo de seriedad del planteo, declarar la inconstitucionalidad del art. 551
CPCC en cuanto al presupuesto de cumplimiento para el conocimiento ordinario revisor, al
margen de la adopción de otras medidas cautelares para impedir, con la verosimilitud del
derecho, la consumación del perjuicio por la realización del bien.-
* En la presentación de fs. 42/3 y en la memoria recursiva de fs. 58/63 la oposición del Sr.
De Natale se circunscribe a cuestiones formales, observando únicamente el procedimiento
al que tacha de nulo sin indicar defensa alguna que como deudor o consumidor se hubiere visto impedido de oponer.-
* La solución que por mayoría se postula deviene abstracta si como resulta de los
elementos acompañados a través de la denuncia de hecho nuevo de fs. 67 la subasta se llevó
a cabo ( art. 163 inc. 6 segundo párrafo CPCC) o desajustada al principio de economía
procesal, celeridad de los procesos monitorios, conservación del objeto litigioso y
seguridad en el tráfico jurídico si se obliga a restituir el automotor pignorado.-
Por lo que llevo dicho, doy mi voto por la confirmación de lo decidido en primera instancia
y desestimación del recurso.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en
cuanto ha sido materia de recurso –artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del
CPCC, corresponde:
Por mayoría (Dres. Castro Durán y Volta, disidencia Dr. Guardiola).-
I)- Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 56; y en consecuencia, declarar la
inaplicabilidad a las relaciones de consumo, del trámite previsto en el artículo 39 del
decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962-, ordenando en consecuencia que la
accionante ponga a disposición del demandado el automotor secuestrado en autos. Si tal
restitución no fuese posible por haberse subastado extrajudicialmente el automotor, la
accionante deberá acreditar la realización de la subasta en el plazo de cinco días contados a
partir de que la presente sentencia adquiera firmeza; y en tal caso, el demandado podrá
ejercer la acción que estime pertinente (arts 42 CN; 1, 2, 3, 65 ley 24240; 39 dec.ley
15348).-
II)- Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (arts. 68 y 69 CPC);
difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para el momento en que
estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 dec. ley 8904).-
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus
votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por
ante mí: FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURÁN, GASTON MARIO
VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 2 de Febrero de 2017.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y
en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del
C.P.C.C.-, se resuelve:
Por mayoría (Dres. Castro Durán y Volta, disidencia Dr. Guardiola).-
I)- Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 56; y en consecuencia, declarar la
inaplicabilidad a las relaciones de consumo, del trámite previsto en el artículo 39 del
decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12962-, ordenando en consecuencia que la
accionante ponga a disposición del demandado el automotor secuestrado en autos. Si tal
restitución no fuese posible por haberse subastado extrajudicialmente el automotor, la
accionante deberá acreditar la realización de la subasta en el plazo de cinco días contados a
partir de que la presente sentencia adquiera firmeza; y en tal caso, el demandado podrá
ejercer la acción que estime pertinente (arts 42 CN; 1, 2, 3, 65 ley 24240; 39 dec.ley
15348).-
II)- Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (arts. 68 y 69 CPC);
difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para el momento en que
estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 dec. ley 8904).-
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.-
FDO. DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURÁN, GASTON MARIO VOLTA Y
JUAN JOSE GUARDIOLA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Citar: elDial AA9CE7
Publicado el: 08/02/2017
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