sábado, 4 de febrero de 2017

La anotación de litis en los procesos de prescripción adquisitiva.Tachella, Diego Hernán

Título: La anotación de litis en los procesos de prescripción adquisitiva
Autor: Tachella, Diego Hernán
Publicado en: RCCyC 2017 (febrero), 03/02/2017, 140 - RCCyC 03/02/2017,
Cita Online: AR/DOC/3991/2016
Sumario: I. Introducción. — II. Breves nociones de prescripción adquisitiva y de anotación de litis. — III. Cuestiones procesales previstas en el Código Civil y Comercial para los procesos de prescripción adquisitiva. — IV. Alcances de la anotación de litis en los juicios de usucapión. — V. Aplicación para procesos en trámite. — VI. Conclusión.
I. Introducción
Mediante el presente trabajo se analizará uno de los aspectos procesales contemplados de manera innovadora en el art. 1905 Código Civil y Comercial de la Nación para los procesos de usucapión, como es la traba de la anotación de litis de oficio al momento de proveerse el traslado del escrito de demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva.
II. Breves nociones de prescripción adquisitiva y la anotación de litis
Al sólo efecto de introducirnos en la temática del presente artículo y a fin de una mejor comprensión de la misma, cabe recordar de manera sucinta algunas cuestiones básicas con respecto al modo de adquisición de derechos reales aquí tratado y a la medida cautelar en estudio.
La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley (art. 1897 del Código Civil y Comercial de la Nación). Dicha posesión debe ser ostensible y continua (art. 1900 de dicho ordenamiento).
Es decir, es un instituto por el cual se puede adquirir el dominio u otros derechos reales sobre cosa propia o de goce o disfrute sobre cosa ajena, por medio del ejercicio de la posesión sobre una cosa, de forma ostensible, continua e ininterrumpida por el plazo previsto en el código de fondo.
Al respecto, cabe recordar que la acción de usucapión es una acción declarativa, ya que se limita a declarar la existencia de una situación jurídica, con lo que queda satisfecho el interés del actor. Puede ser promovida por toda persona física o jurídica, que, al cabo de haber poseído el inmueble durante el tiempo requerido por la ley y en las condiciones que ésta determina, ha adquirido su dominio por prescripción. Siendo el juicio contradictorio, el destinatario de la demanda debe ser el propietario quien figure inscripto como tal en el registro inmobiliario (1)
En este tipo de procesos el accionante debe probar que ha poseído el inmueble cuya prescripción adquisitiva persigue con ánimo de dueño, y que dicha posesión ha sido pública, continua e ininterrumpida y que con todas esas características, se ha prolongado por el tiempo exigido por ley. Los actos posesorios no deben dejar lugar a dudas y deben evidenciar ánimo de poseer. (2).
A su vez, cabe puntualizar que conforme lo previsto por el Decreto 5756/58, el juicio de adquisición del dominio de inmuebles por la posesión continuada de los mismos será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulte titular del dominio de acuerdo con las constancias del Catastro, Registro de la Propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda. Si no se pudiera establecer con precisión quien figura como titular al tiempo de promoverse la demanda, se procederá en la forma que los Códigos de Procedimientos señalan para la citación de personas desconocidas. Asimismo, con la demanda se acompañará plano de mensura, suscripto por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva, si la hubiere en la jurisdicción. Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión. Por último, en caso de haber interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el representante legal de la Nación, de la Provincia o de la Municipalidad a quien afecte la demanda.
Sentado lo anterior, cabe efectuar algunas consideraciones con respecto a la referida medida cautelar. Así pues, huelga destacar que se denomina anotación de litis a aquella medida cautelar mediante la cual se asegura la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles o a bienes registrables, frente a la eventualidad de que las sentencias que en ellos recaigan hayan de ser opuestas a terceros adquirentes del bien litigioso o a cuyo favor se constituya un derecho real sobre éste. (3)
En esa misma inteligencia, tiene dicho la jurisprudencia que la anotación de la litis tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles, para el supuesto de que las sentencias que en ellos se dicten puedan oponerse a terceros adquirentes del bien litigioso o a cuyo favor se constituye un derecho real sobre el mismo. (4).
Asimismo, es dable apuntar que la anotación de litis no impide la transferencia del bien ni restringe las facultades de la disposición; sólo tiene por objeto la publicidad de la existencia del proceso (5).
Por lo demás, cabe puntualizar que si bien la medida cautelar de anotación de litis, a diferencia de lo que ocurre con otras medidas de igual naturaleza, no exige tan rigurosa apreciación de los recaudos de admisibilidad, ello no puede acarrear una virtual eliminación de la exigencia de prueba sumaria de indicios suficientes para su otorgamiento, por lo que debe existir indicación conducente del fumus bonis iuris y del periculum in mora (6).
III. Cuestiones procesales previstas en el CCyC para los procesos de prescripción adquisitiva
Conforme establece el art. 1905 in fine del Código Civil y Comercial: "La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión"
Establecido lo anterior, debe apuntarse que el nuevo ordenamiento de fondo contiene aspectos procesales que no se encontraban previstos en el Código de Vélez Sarsfield (Ley 340) para los procesos de usucapión.
La primer innovación expresa que al dictarse sentencia en este tipo de procesos, debe fijarse la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real involucrado en el proceso. Es decir, debe señalarse la fecha en que comenzó la posesión; como puede darse si oportunamente se firmó un boleto de compraventa sobre el inmueble a prescribir y obviamente el mismo nunca se escrituró.
La otra novedad, motivo del presente trabajo, se refiere a que en este tipo de procesos, la resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio, la anotación de litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión.
Al respecto, debe decirse que atento la índole del proceso de prescripción adquisitiva y las consecuencias que puede traer aparejado el desenlace del proceso, parecen acertados los arreglos de índole netamente procesal introducidos en el código de fondo para este tipo de causas. Ello máxime, teniendo en consideración que mediante la anotación de litis de oficio, lo que se pretende es dar publicidad de las actuaciones frente a terceros.
En esa inteligencia, se ha dicho que se aprecia razonable que el dispositivo de fondo contenga soluciones de orden procesal, pues dada la naturaleza de las normas en juego y en especial la repercusión que la sentencia puede traer a propios y ajenos, era necesario establecer directivas en torno a los requisitos que debe contener el pronunciamiento definitivo, como así también respecto de la publicidad frente a terceros que esta clase de juicios merecía...La medida dispuesta por la norma es acertada, ya que como consecuencia de la decisión que se adopte respecto de la pretensión expuesta en la demanda, la titularidad del dominio puede cambiar, razón harto suficiente para que la comunidad toda conozca su existencia y el trámite; en especial, los terceros que pretendan contratar con el titular dominial del bien (7).
Siguiendo ese orden argumental, se ha señalado también que en cuanto a los efectos de la sentencia de usucapión, se dice respecto de la breve que es retroactiva a la fecha de comienzo de la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. Respecto de la sentencia de prescripción adquisitiva larga, se dispone que ella deba fijar la fecha cuando se cumple el plazo legal para la adquisición del derecho, por cuanto no tiene efecto retroactivo al tiempo de comienzo de la posesión. Ello implica un giro conceptual sobre la orientación doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria que les reconocía efectos retroactivos al día de comienzo de la posesión. Se ha dicho que ello es una ficción legal, y por lo tanto, si la ley no le otorga efectos retroactivos no deben ser asignados con ese carácter en la sentencia de usucapión larga. Debido a esta decisión del legislador, para aventar cualquier inconveniente jurídico durante el período de posesión del usucapiente, en tanto no se le otorgan efectos retroactivos a la fecha de comienzo de la posesión, se prevé que, al dictarse la resolución que da traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva, el juez debe ordenar de oficio la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión -art. 1905, CCiv.yCom.- (8).
Es decir que en la sentencia se tratan dos aspectos: el primero tiene que ver con establecer los efectos de la sentencia y el segundo con el aspecto procesal pues, efectivamente, el último párrafo del artículo mencionado contiene una disposición de tal carácter en tanto ordena al juez de la causa disponer de oficio la anotación de la litis en el registro especial. Como consecuencia de la publicidad que genera toda anotación registral, la medida tiende a proteger a terceros interesados en adquirir derechos reales o personales sobre el inmueble cuya titularidad pretende el poseedor (9).
Asimismo, se ha dicho que en los juicios de prescripción larga, el juez debe disponer la anotación de la litis y en la sentencia debe fijar la fecha en la que la adquisición se produjo, aunque hayan comenzado antes de la entrada en vigencia del CCyC (art. 1905). (10).
A su vez, cabe remarcar que las disposiciones previstas por el art. 1905 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, resultan de aplicación inmediata por revestir carácter eminentemente procesal, ya que alude a los recaudos que debe cumplir el juez al dictar sentencia de prescripción adquisitiva, la que por lo demás, no tiene efecto retroactivo al tiempo en que empezó la posesión (11)
IV. Alcances de la anotación de litis en los juicios de usucapión
Se ha dicho que la anotación de litis es de gran utilidad en el ámbito de la prescripción adquisitiva, pues puede utilizarse para evitar que el titular registral enajene la propiedad, o la grave o, simplemente, que también plantee alguna medida cautelar. La duración de la medida estará supeditada al resultado obtenido por la demanda. Si la demanda es desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio, en tanto que si la demanda hubiere sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida (conf. art. 229, segunda parte, CPCCN). Una vez inscripta esta medida, cualquier tercero que contrate con el dueño demandado estará advertido de la existencia de un proceso de usucapión. (12).
Dicha medida, mediante la vigencia del Código Civil (ley 340) se dictaba a pedido de parte y previa verificación de los tres presupuestos básicos para el dictado de cualquier medida cautelar, es decir verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Ello, amén de señalar que dada la índole de dicha medida, el análisis de dichos presupuestos de admisibilidad no debía ser tan riguroso.
Ahora bien, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación el panorama ha cambiado sustancialmente, ya que el mentado artículo 1905 del citado ritual, prevé la orden de trabar dicha medida cautelar con relación al objeto al dictarse la providencia que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva, a fin de dar a conocer la pretensión.
Es decir, una vez iniciada la acción, para evitar que puedan seguir generándose cuestiones (ya porque el proceso tramita en ausencia o por la mala fe del demandado) hasta el dictado de la sentencia y su inscripción, el CCiv.yCom. ordena que, de oficio, con la resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción se disponga la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión. (13)
En torno a ello, debe puntualizarse que desde el punto el punto de vista procesal hay dos maneras de hacer valer la usucapión larga, vale decir: la primera por vía de acción, es decir cuando se promueve la acción declarativa de prescripción adquisitiva, o cuando se deduce reconvención por prescripción en caso de ser demandado por reivindicación o en algunos supuestos especiales por desalojo; y la segunda: cuando se interpone como defensa en dichos procesos al sólo efecto de evitar ser desposeído.
En cuanto a la prescripción adquisitiva corta, sólo puede ser opuesta como defensa, ya que la misma no puede oponerse como vía de acción, ya que en ese supuesto debe contarse indefectiblemente con justo título y buena fe.
Debe apuntarse que del texto del art. 24 de la ley 14.159 (con las reformas del decreto-ley 5756/58 y la ley 20.440) se desprende la posibilidad de plantear la prescripción adquisitiva como defensa y que conforme a lo previsto por dicha normativa, las disposiciones previstas por la referida ley para la prescripción adquisitiva de inmuebles no regirán cuando la adquisición de dominio por posesión no se plantea en juicio como acción, sino como excepción
Al respecto, se ha dicho que al estar asegurada la bilateralidad en el proceso, las exigencias impuestas por el decr-ley 5756/58 no rigen cuando la prescripción se plantea como defensa. Se ha invocado como argumento para justificar este diferente tratamiento la falta de tiempo necesario para cumplimentar los requisitos que condicionan la promoción de una demanda de usucapión y que por otra parte al oponer la prescripción como defensa, no se está procurando la obtención de un título en sentido instrumental, sino sólo evitar la desposesión (14).
En principio, el código dispone ordenar de oficio dicha cautelar en todos estos supuestos (acción, reconvención y excepción). Empero, cabe interpretar que si bien dicho ordenamiento dispone trabar la medida para el supuesto de correrse traslado de la excepción de prescripción adquisitiva, ello puede concebirse cuando además de interponerse como defensa se deduce como reconvención. Ello, siendo que la legitimación para peticionar la anotación de litis solo corresponde a quien reviste el carácter de accionante, ante la existencia de una pretensión concreta por vía de acción o reconvención, y no de quien se defendió y no contrademandó.
Así pues, se ha dicho que la cautela que nos ocupa pretende cubrir los derechos que pudieren corresponderle al actor, a través de la advertencia dirigida a todo aquél que se disponga a adquirir un bien (registrable), o a recibir algún derecho real sobre el mismo, del que pesa sobre él un pleito pendiente que podría modificar su situación registral (15).
Es decir, constituye un requisito ineludible para la procedencia de dicha medida, la existencia de una pretensión concreta, deducida por vía de acción, siendo ello un presupuesto genérico para la procedencia de la medida (16).
En ese mismo orden de ideas, tiene dicho la jurisprudencia que sólo se encuentra legitimado para solicitar la anotación de la litis el promotor de las actuaciones y no la parte contra la cual se enderezó la demanda. Ello por cuanto, tal cautela apunta a asegurar los derechos del actor frente a un eventual acto de disposición sobre la cosa litigiosa durante la sustanciación de la causa, de modo que la eventual sentencia resulte oponible a terceros (17).
En esa inteligencia, se ha dicho en cuanto a la prescripción adquisitiva opuesta como excepción, que cabe aclarar que la medida cautelar será viable en tanto se deduzca reconvención, dado que solo en ese caso constituirá una pretensión que deberá ser materia de decisión por el juez en la sentencia (18).
Establecida dicha salvedad, debe concluirse que la norma es acertada, por las consecuencias que podría tener la transmisión del bien en tales circunstancias. De todos modos también deberá atenderse a la necesaria aplicación del art. 10 del CC para levantarla a pedido del demandado si se advierte que la acción podría constituir prima facie una aventura judicial, y se acredita que lo perjudica irrazonablemente. En todos los casos podría ciertamente dar lugar a acciones de daños y perjuicios por haberse generado con la acción una media precautoria abusiva (19).
No cabe duda de que el titular de un bien sufre un menoscabo patrimonial si sobre éste se inscribe sin fundamento una anotación de litis, y que este detrimento puede ser considerable si dicha medida se mantiene durante un tiempo largo, lo que ocurrirá con frecuencia debido a que los juicios de usucapión no suelen ser breves. Por ello inscripta la medida, cumpliendo el precepto del art. 1905, último párrafo, CCyC, si al contestar la demanda el accionado por prescripción adquisitiva, o el actor al contestar la excepción de prescripción, solicita el levantamiento de la anotación con fundamento en la inverosimilitud del derecho, el juez, previo traslado, podría ordenar su levantamiento para evitar injustificados perjuicios, salvo que por las características del juicio se prevea el dictado de la sentencia en corto plazo. Se trata de una cuestión delicada que el juez deberá ponderar, porque declarar que el derecho aparece inverosímil para ordenar el levantamiento de la anotación podría en ciertos casos denunciarse como prejuzgamiento.(20)
También y no obstante la obligatoriedad de la norma en cuestión, podría darse la situación que el juez al ordenar correr traslado de la demanda de prescripción adquisitiva o de la defensa y reconvención planteadas conjuntamente, disponga una contracautela a efectos de efectivizar la medida cautelar; si considera que los hechos expuestos por el accionante o reconviniente no parecen prima facie suficientes como para demostrar la posibilidad razonable de que el derecho invocado exista.
Ello, dado que si bien el dictado de la medida cautelar en cuestión no impide ni restringe la libre transmisibilidad del bien, lo cierto es que puede modificar el tráfico en el comercio del bien en cuestión. Por ende, no caben dudas que su traba de manera abusiva podría causar un serio e innecesario perjuicio al titular registral, que eventualmente podría ser resarcido en un juicio posterior por daños y perjuicios.
Por último, cabe subrayar que es claro que después de que se trabe en el registro esta cautelar dispuesta en el juicio de usucapión o título supletorio los terceros no podrán invocar el desconocimiento del pleito. Pero el interrogante se plantea cuando la litis no se anota o no se inscribe la sentencia. La norma contempla la función preventiva de la anotación de la litis, es decir acotar los posibles conflictos futuros, pero no es una regla absoluta para afirmar la inoponilidad de la usucapión no inscripta. En este sentido se debe efectuar la interpretación armónica e integradora de las disposiciones legales (21)
V. Aplicación para procesos en trámite
Como señalara hace años el maestro Borda al criticar la expresión "conflicto de leyes con relación al tiempo", el juez no puede juzgar sino conforme a las reglas de derecho obligatorio. "Y sólo tienen fuerza obligatoria aquellas reglas vivas, que están en vigor en el momento en que el juez dicta su sentencia. La vieja ley no puede ser tomada en consideración por el juez a menos que la ley nueva, por una razón cualquiera y bajo diversas condiciones preste su fuerza a la ley vieja" (22).
Así, pues, debe apuntarse que la nueva normativa conserva en el art. 7° el texto del art. 3° del Código Civil con términos prácticamente idénticos, con lo cual la jurisprudencia y doctrina imperante entonces conservan plena validez (23).
En torno a ello, se ha dicho que a partir de su entrada en vigencia, las leyes deben aplicarse con la máxima extensión. No sólo ya a los hechos y relaciones futuros, sino también a los que hayan nacido al amparo de la ley anterior y se encuentren en plena vigencia al dictarse la nueva ley. Dentro de esa norma quedan cubiertas las llamadas situaciones jurídicas generales, es decir aquellos derechos que son regulados por la ley y que son uniformes para todos. Como ejemplos más importantes podemos citar los derechos reales, los derechos de familia y las leyes administrativas (24).
Cabe destacar que el art. 7° del Código unificado dispone con respecto a la eficacia temporal de dicho ordenamiento que "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Las leyes no tiene efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".
Al respecto, se ha dicho que el precepto recepta las reglas del método objetivo: el principio del efecto inmediato de la nueva ley a las situaciones y relaciones jurídicas en curso; el principio de la irretroactividad de la ley, salvo la disposición legal en contrario y el límite de la retroactividad dispuesta por el legislador, que está dado por los derechos amparados por la Constitución (25).
En esa inteligencia, se ha dicho que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley. En todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia (26).
Así, pues, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se aplica a todos los procesos en trámite, cualquiera sea la etapa en la que se encuentren y alcanza a todas las consecuencias de situaciones no concluidas (27).
Es decir, que siendo el nuevo Código Civil y Comercial aplicable -entre otros- a las relaciones o situaciones jurídicas existentes en tanto no estén agotadas, se toma la situación en el estado que se encontraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos (28).
En ese orden argumental, debe meritarse que en los procesos por prescripción adquisitiva que nos encontramos en presencia de situaciones no consumadas, es decir sin sentencia firme, debemos entender que se trata de una situación jurídica en curso y no agotada, por lo que debe aplicarse el nuevo el plexo normativo, ya que aquél se debe emplear a las situaciones no concluidas.
Siguiendo ese orden argumental, no cabe más que concluir que en los juicios de usucapión en trámite que no existiere sentencia firme con anterioridad al 1° de agosto de 2015, deben aplicarse las directrices establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).
En esa razón, se ha dicho que apelado el decisorio que admite una acción de usucapión y ya entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde devolver las actuaciones al Juzgado de origen a fin de que el magistrado amplíe la sentencia de conformidad a lo previsto en el art. 1905 de la normativa citada y, en tal sentido, determine la fecha en que se produce la adquisición del derecho real y ordene la anotación de la litis en el registro respectivo, ello en virtud de la regla de aplicación inmediata de la ley que surge del art. 7 del mismo cuerpo legal. (29).
No obstante ello, entiendo que dadas las particularidades de la cuestión, si bien no caben dudas de que a pedido del accionante o contrademandante por usucapión debe trabarse la medida cautelar en cuestión en cualquier trámite del proceso, la traba de oficio de dicha medida de oficio, para procesos que se encuentran avanzados en su trámite, es decir en los que ya se ha proveído el traslado de demanda o la vista de la reconvención, la traba de oficio de dicha medida de oficio, queda a criterio del magistrado que entienda en la causa.
VI. Conclusión
A modo de colofón no cabe más que concluir que resulta de suma importancia la innovación procesal traída por el Código Civil y Comercial de la Nación en los procesos de prescripción adquisitiva, con el fin de dar a conocer la pretensión y de proteger derechos de terceros, mediante la traba de oficio de una anotación de litis al ordenarse correr traslado de la demanda o de la reconvención. No obstante lo cual, dicha normativa presenta ciertas aristas que deben ser contempladas frente a supuestos excepcionales, a efectos de evitar en su caso un abuso en el dictado de la medida cautelar en estudio.
 (1) AREAN, Beatriz, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial. . Bueres-Highton, Ed. Hammurabí, T 6B, p. 744.
 (2) TACHELLA, Diego Hernán, La prueba en el proceso de usucapión, DJ, 14/04/2010, p. 921.
 (3) PALACIO, Derecho Procesal Civil, VIII, p. 237.
 (4) CNCiv., Sala K, 12/2/99, LA LEY, 2000-C, 356; DJ, 2000-2-344.
 (5) CNCiv, Sala F, 14/8/1997, LA LEY, 1998-A, 430.
 (6) CNCom., Sala D, 10/9/01, ED, 197-128.
 (7) DÍAZ SOLIMINE, Omar Luis, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, Tomo V, Libro Cuarto, ps. 28-30.
 (8) ABREUT DE BEGHER, Liliana, Impacto de la reforma sobre los derechos reales en el nuevo Código Civil y Comercial, 2014-12-10, SJA 2014/12/10-3; JA 2014-IV.
 (9) RIVERA-MEDINA. "Cód. Civil y Comercial de la Nación. Comentado", T V, Edit. La Ley. p. 259.
 (10) KEMELMAJER DE CARLUCCI. "La aplicación del Cód. Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", p. 110.
 (11) CNCiv, Sala L, autos "Villegas, Eva Vitalina c/Rossi de Torroba, María Isabel y otro s/prescripción adquisitva, RCCyC, 2016 (abril), 06/04/2016
 (12) COLOMBO-KIPER, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado, Ed. La Ley, T VII, ps. 644/5.
 (13) GUARDIOLA, Juan José, La usucapión en el nuevo Código. RCCyC 2016 (marzo), 19
 (14) AREÁN, Beatriz, Código Civil y leyes complementarias, Análisis doctrinario y jurisprudencial, Bueres-Highton, Ed. Hammurabí, T 6 B, p. 761.
 (15) ARAZI, Medidas Cautelares, Ed. Astrea, ps. 227 y 232
 (16) MORELLO, SOSA, BERIZONCE, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. De Bs. As. y Nación, Comentados y Anotados, Abeledo Perrot, T II-C, p. 949
 (17) CNCiv, Sala B, López, Marcelo Leonardo y otro c/ G.C.B.A. s/ expropiación irregular, 30/09/1999
 (18) DÍAZ SOLIMINE, Omar Luis, ob. y p. citadas.
 (19) VAZQUEZ, Oscar Eduardo, Vías procesales para la prescripción y caducidad, Revista de Derecho Privado y Comunitario, ed. Rubinzal Culzoni, 2015-1, p. 180.
 (20) AZIZE, Carlos Alberto, La anotación de litis en el juicio de usucapión, RCCyC2015 (diciembre), 187.
 (21) PUERTA DE CHACÓN Alicia, Prescripción adquisitiva, Aspectos innovadores del nuevo régimen legal, Revista de Derecho Privado y Comunitario, ed. Rubinzal Culzoni, 2015-1, p. 114.
 (22) CNCiv, Sala M, autos "R., R. c/F, S.A. y Otros s/Daños y Perjuicios" 10/11/2015.
 (23) BUERES, Alberto J. Cód. Civil y Comercial de la Nación, Ed. Hammurabi, T I. p. 72.
 (24) BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil, Parte General I, Ed. Abeledo Perrot, p. 163.
 (25) TOBÍAS, José W. Código Civil y Comercial Comentado, Jorge H. Alterini Director, Ed. La Ley, T 1, p. 47.
 (26) CNCiv, Sala B, J., F. D. c/ J., S. M. s/ alimentos, 8/09/15.
 (27) CNCiv, Sala B, autos "B., C.R. c/ V., R.B. s/ divorcio, 9/11/15.
 (28) CNCiv, Sala C, autos "D. T., N. D. c/ G. R. L. y N. D. D. T. y otro s/ alimentos, 22/09/15.

 (29) CCivyComNecochea, 13/08/2015, autos, Irerri, Juan Leoncio S.C.A. c. Larraburu, Juan Bautista y/o sucesores de Larraburu s/ prescripción adquisitiva vicenal del dominio de inmuebles RCCyC 2015 (diciembre). 16/12/2015, 187- LLBA 2015 (diciembre), 1200.

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