sábado, 4 de febrero de 2017

El juicio de usucapión de inmuebles en el Código Civil y Comercial.Camps, Carlos E

Título: El juicio de usucapión de inmuebles en el Código Civil y Comercial
Autor: Camps, Carlos E.
Publicado en: RCCyC 2017 (febrero), 03/02/2017, 3 - RCCyC 03/02/2017,
Cita Online: AR/DOC/3972/2016
Sumario: I. Introducción. — II. El juicio de usucapión de inmuebles. — III. Identificación del demandado. — IV. La sentencia en el juicio de usucapión. — V. Cierre.
I. Introducción
Una de las formas de adquirir el dominio de un inmueble lo constituye la posesión animus domini continuada de la cosa por los plazos legales frente a la inacción del titular registral (1). Tal era lo que contemplaba el art. 4015 del Código Civil cuando rezaba "prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor...".
La sanción del Código Civil y Comercial unificado ha mantenido esta forma de adquirir el dominio (2), aunque ha introducido algunos cambios en el régimen de fondo que habrán de impactar, necesariamente, en el trámite ante los tribunales de esta peculiar pretensión.
A continuación, presentaremos un panorama del estado actual de la normativa que rige el juicio de usucapión de inmuebles, alertando específicamente respecto de los tópicos en los que el nuevo digesto de derecho privado ha introducido innovaciones. Habremos de detenernos, luego, en dos puntos que consideramos cruciales en este campo: la adecuada citación del demandado y las particularidades de la sentencia de usucapión.
II. El juicio de usucapión de inmuebles
La prescripción adquisitiva de inmuebles o usucapión permite que una circunstancia eminentemente fáctica como es el ejercicio de actos posesorios sobre un fundo durante un lapso determinado de tiempo se transforme por imperio de la ley en una situación susceptible de dar nacimiento a derechos reales, ya que quien detentó el bien con ánimo de dueño se transformará en el titular —luego registral cuando se inscriba— del mismo, desplazando en el derecho de propiedad al anterior dominus que manifestó falta de todo interés respecto de la cosa de marras (3).
Se ha dicho que uno de los fundamentos de la figura puede ser encontrado en la preponderancia que habrá de darse al trabajo y el desarrollo que importa incorporar mejoras al fundo, su cultivo, cuidado, explotación, etc., frente a la desidia por décadas del dueño quien ha prácticamente olvidado sus tierras privándolas así de sus potencialidades productivas.
Tal grave consecuencia —la privación del derecho de dominio respecto del titular registral para declararlo adquirido por el poseedor— no puede menos que ser establecida por sentencia.
De allí que se requiera de un trámite judicial donde el demandado —anterior dueño o titular registral— pueda esgrimir todas sus defensas y ofrecer y producir prueba para desvirtuar las afirmaciones del actor por las cuales pretende hacer operativas las mandas del derecho de fondo que regulan la figura en estudio. Ello —el carácter contencioso del juicio de usucapión— viene ratificado hoy de expreso modo en el Código Civil y Comercial, más precisamente en su art. 1905 (4).
A tales efectos es que se ha delineado el contorno del juicio de usucapión en los diferentes ordenamientos rituales que lo contemplan. En la provincia de Buenos Aires, la materia está regulada en los arts. 679 a 682 del Código Procesal Civil y Comercial en vigencia. En el ámbito de la Nación, el digesto equivalente no contempla este proceso especial, por lo que resulta necesario acudir a las pautas contenidas en la ley 14.159 —según dec.-ley 5756/1958— aplicándose el régimen genérico del Código Procesal Civil y Comercial en lo no contemplado.
La clave de esta pretensión consiste en acreditar debidamente los extremos que exige el Código Civil y Comercial para que opere la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, tal como se desprende del art. 679 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires (5) en estudio, que se refiere a "probar la adquisición del dominio de inmuebles, por la posesión, de conformidad a las disposiciones de las leyes de fondo".
Podemos leer en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires sobre este tipo de trámite que la demanda que pretende la usucapión del inmueble debe sustanciarse con quien resulte titular de dominio o quienes acrediten ser sus sucesores (arts. 24, ley 14.159; 3279, derogado Código Civil; 679 y 680 del Código Procesal Civil y Comercial) y su objeto lo constituye el logro de una declaración judicial que reconozca operada en favor del o de los accionantes la prescripción respecto del bien en cuestión como uno de los modos que el Código Civil estatuye para adquirir el dominio (6).
Para ello se requerirá del juicio contradictorio regulado en este Título del Código Procesal aludido, remitiendo en general al proceso de conocimiento plenario abreviado —"sumario"— y estableciendo algunas pautas propias aplicables a este tipo de pretensión. Asimismo, la referida ley 14.159 —modificada por el dec.-ley 5756/1958— ha incorporado mediante sus arts. 24 y 25 algunos lineamientos procesales que, como veremos, encuentran correlato en las mandas en análisis.
El juez competente para este trámite será el del lugar donde se encuentre el bien a usucapir —art. 5º, inc. 1º, CPCC Bs. As—. Ante ese magistrado y dentro del marco litigioso de una usucapión, se enfrentarán, por un lado, quien o quienes se encuentren poseyendo el inmueble y entiendan que a su respecto se han cumplido las condiciones legales para que opere la figura en estudio.
Por otro, el demandado. Éste será quien o quienes aparezcan como titulares de dominio del bien a partir de constancias registrales u otras fuentes (7).
Si se cuenta con este dato —identidad del titular registral—, podrá ocurrir que se carezca de su domicilio. En tal caso, se actuará siguiendo las pautas del art. 681, CPCC Bs. As. Si, en cambio, no se logra determinar quién es el titular registral del bien, agotados los trámites del art. 680, el juicio seguirá con demandado "incierto" —art. 341, CPCC Bs. As.—, dándose intervención al Defensor Oficial, quien participará en la litis por un ausente en el proceso.
Fundamental será a estos fines la documentación cuya presentación requiere el inc. 2º del art. 679 CPCC Bs. As., transcripto en nota y que deberá ser emitida por el Registro de la Propiedad.
Allí se habrá de incluir toda la información concerniente a la "condición jurídica" del inmueble —veremos que su "descripción fáctica" se hará mediante plano firmado por profesional matriculado y controlado por el órgano administrativo pertinente—. Sabremos de este modo quién aparece como titular o titulares de dominio, sus datos —que, eventualmente, podrán ser ampliados a partir de la copia del título traslativo de dominio que contenga instrumentado el negocio que diera lugar a la inscripción pertinente—, si hay condominio, la proporción en que cada comunero ejerce el derecho de propiedad, si hay anotados gravámenes sobre la cosa, si los mismos se encuentran vigentes, etcétera.
El Código Civil y Comercial unificado ha incluido una pauta especial, que tiende a la protección del adecuado tráfico negocial inmobiliario al brindar temprana publicidad a la existencia de un proceso por el que se dirime la continuidad en cabeza del titular registral del derecho de dominio de cierto inmueble. Nos referimos a la actividad cautelar oficiosa que se plasma en el art. 1905, donde —en lo pertinente— se expresa: "La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión".
El juez de la usucapión, a partir de ahora entonces, por mandato de la ley de fondo, habrá de disponer de oficio la anotación de la existencia de un proceso judicial en el registro pertinente donde se encuentre matriculado el bien de que se trate, impidiendo que se puedan celebrar actos jurídicos en relación con aquél, y respecto de los cuales se pueda alegar buena fe (8).
En suma, se tratará de un juicio básicamente declarativo donde el juez, luego de la prueba aportada, tendrá por existentes los recaudos de la usucapión con relación a determinado bien que a estos fines deberá venir correctamente individualizado —como vimos— en lo fáctico mediante la presentación de un plano firmado por profesional habilitado y previo control del organismo técnico administrativo correspondiente (9), tal como lo indica el inc. 3º del referido art. 679.
Se ha dispuesto que si bien el Código no exige que el plano de mensura —adjuntable obligatoriamente al promover el juicio— se encuentre titulado a nombre del prescribiente, tal recaudo sí ha sido previsto en el decreto provincial 1243/1979 (10). Asimismo, que los planos de mensura aprobados constituyen uno de los recaudos que debe cubrir el pretendido usucapiente, pero ellos, por sí solos, no son idóneos para acreditar la posesión animus domini durante el lapso legal (11).
Luego de tales pasos, el juez dictará sentencia declarando operada la transferencia de dominio y mandará efectuar las inscripciones pertinentes (12).
Será esencial, entonces, la prueba de los extremos legales alegados en la demanda (13).
Concretamente dos: los actos posesorios y el tiempo continuado de éstos. Por supuesto, siempre que se hallen en discusión, ya que —como se dijo en un fallo—, habiéndose anudado la litis con el titular del dominio del inmueble motivo de autos frente al allanamiento formulado en los términos del art. 307, CPCC Bs. As., dado que se está frente a un derecho patrimonial disponible y al no existir hechos controvertidos conducentes, correspondió declarar la cuestión de puro derecho (14).
Respecto de los actos posesorios, se entiende que importan la manifestación externa del animus domini, esto es, detentar la cosa para sí con la intención de ejercer sobre ella un completo señorío, aquel que sólo corresponde a su pleno propietario.
La prueba debe acreditar que el actor se comportó ante los ojos de la sociedad como el dueño del fundo. Este comportamiento puede desplegarse de innumerables modos: la plantación de árboles, la edificación de mejoras, el mantenimiento de alambrados y cercos, la instalación de servicios —agua, luz, teléfono, gas, cloacas—, ampliación de las comodidades preexistentes, el pago de impuestos (15), tasas, contribuciones, etcétera.
Por otro lado, esa actividad posesoria habrá de ser ininterrumpida (16) ("continua") y extenderse por el plazo de la ley: el art. 4015 del derogado Código Civil establecía el plazo de veinte años en los supuestos donde no existía justo título ni buena fe por parte del usucapiente, y en su art. 3999 preveía el plazo de diez años si se daba el justo título y la buena fe.
Hoy, tales pautas se reiteran con textos un tanto diversos —en algunos casos, más precisos—.
Así leemos en el art. 1900 la caracterización de la posesión que se requiere para usucapir: "Posesión exigible. La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua". Es fundamental atender a esta caracterización. Nos recuerda Guardiola que "ostensible ha sido un término incorporado por el Proyecto de Unificación de 1993 (arts. 4016 y 4016 bis). En los Fundamentos de elevación se expresaba: 'De manera coherente con las implicancias otorgadas a la publicidad posesoria en los arts. 1189 y 3169 se prevé para los distintos supuestos de prescripción adquisitiva que la posesión del usucapiente tiene que ser ostensible, o sea, que la conozca o puedan conocerla tanto el dueño de la cosa como los terceros interesados de buena fe; noción que no adolece de la limitación conceptual de la posesión pública, como contrapuesta a la viciosa por clandestinidad, que se infiere de los arts. 2369 a 2371 y del art. 2479. Al requerirse expresamente la mentada ostensibilidad de la posesión, los fines saneadores de la usucapión pueden alcanzarse sin agraviar intereses legítimos mediante la confluencia del tiempo de posesión requerido con los restantes requisitos que se prevén para los distintos supuestos; y hasta con vicios distintos de la clandestinidad, máxime que a todo evento no debe perderse de vista la amplitud del art. 3980 para neutralizar hipotéticos resultados no queridos por el legislador'. Los hechos posesorios (arts. 1928, CCyC, y 2384, Código de Vélez), a través de los cuales se realiza la relación de disponibilidad fáctica, deben ser perceptibles por cualquiera y exteriorizar la posición anímica (el animus posesorio) de un modo concluyente" (17).
Asimismo, respecto de la noción de "continuidad", este autor (18) apunta que ella "implica también la de ininterrupción. Como señalaba Vélez en la nota al art. 2481, aunque son conceptos distintos, sin duda 'una posesión es discontinua cuando ha sido interrumpida, pero una posesión puede ser discontinua sin haber sido interrumpida. La discontinuidad tiene por causa la omisión del que posee, mientras que la interrupción supone un hecho positivo, sea el hecho del poseedor, por ejemplo el reconocimiento que hiciese del derecho del propietario, sea el hecho de un tercero como una desposesión o una citación a juicio'. Aleccionadoras son las reflexiones de Salvat para comprender su significado: quiere 'decir posesión sin intermitencias ni lagunas; pero no es necesario que haya sido ejercida personalmente y en todos los momentos', se trata 'de una simple cuestión de hecho, dependiente de las circunstancias y de la naturaleza de la cosa poseída; desde el momento en que la posesión se haya ejercido en condiciones regulares, conforme a la naturaleza y destino de la cosa, la posesión debe considerarse continua, cualquiera sea el espacio de tiempo que haya mediado entre el ejercicio de los diversos actos de posesión', y que 'tampoco depende de la subsistencia o no de vestigios que revelen el ejercicio anterior de la posesión'. No se trata de otra cosa que comportarse respecto de la cosa como normalmente lo haría el titular del derecho respectivo y con la regularidad propia de su mantenimiento por todo el plazo que fija la ley".
Un tópico que siempre ha suscitado polémica y dificultades en el trámite de las usucapiones ha sido el que se configura cuando quien comienza a poseer con ánimo de dueño no es quien inicia la demanda prescriptiva. En esos casos, variadas eran las hipótesis por las que podía no configurarse tal identidad subjetiva. Y también variadas eran las soluciones a las que la doctrina y jurisprudencia arribaba. El Código unificado recoge tales supuestos en el art. 1901, al señalar lo siguiente: "Unión de posesiones. El heredero continúa la posesión de su causante. El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores, siempre que derive inmediatamente de las otras. En la prescripción breve las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico".
Y resta también precisar la cuestión de los plazos (19). Al igual que en el Código Civil derogado, existe una prescripción larga y otra corta para cosas inmuebles. Y al igual que en el régimen anterior, la diferencia estará dada por la presencia o no de buena fe y justo título. El nuevo digesto alude a todos estos conceptos, formulando definiciones que serán de utilidad al momento de canalizar esta pretensión ante los estrados.
En este sentido leemos:
Art. 1898. — Prescripción adquisitiva breve. La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante diez años...
Art. 1899. — Prescripción adquisitiva larga. Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte años.
No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión...
Art. 1902. — Justo título y buena fe. El justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto.
La buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella...
He aquí, entonces, otros elementos que hacen tanto a la pretensión (buena fe, justo título, actos posesorios de manera "ostensible y continua" durante cierto tiempo) como, eventualmente, a la oposición a la pretensión (inexistencia de éstos), que habrá necesariamente que probar en el proceso de usucapión.
Pues bien, para todos estos menesteres acreditantes, la ley no plantea limitaciones probatorias. Veda —eso sí— que la sentencia haga pie solamente en prueba de testigos (20).
Así, si bien el art. 679, inc. 1º, CPCC Bs. As. no exige que la prueba no testifical cubra todo el plazo señalado por la norma de fondo sino, tan sólo, que el fallo no se base exclusivamente en la prueba de testigos, si esta prueba resulta vigorosa, el rigor valorativo de las restantes piezas podría amenguarse; caso contrario, la valoración de estos medios corroborantes deberá verificarse con severidad.
Principio aplicable aun en aquellos casos de propietario desconocido o cuando no se acreditare la existencia de otra efectiva ocupación, pues tratándose de un medio de adquisición del dominio, dada su trascendencia económico-social, la prueba de los hechos en que se funda debe ser siempre concluyente (21).
La prueba testifical mantiene todo su valor y por lo general resulta la más apta para acreditar las afirmaciones del demandante, puesto que posibilita de modo sencillo la reconstrucción de los hechos a través del lapso posesorio, pero debe confrontarse y corroborarse con otras pruebas que reflejen esos mismos hechos (22).
Aun cuando la sentencia no puede fundarse exclusivamente en prueba testimonial en la usucapión, esta prueba es por lo común la más importante y convincente porque se trata de acreditar hechos materiales, si bien la ley, con justificada desconfianza, ha querido que los testimonios sean contemplados y corroborados por elementos de juicio objetivos e independientes (23).
III. Identificación del demandado
El art. 680 CPCC Bs. As. establece: "Toda vez que se ignore el propietario del inmueble se requerirá informe del organismo técnico-administrativo, que corresponda, de la Provincia, sobre los antecedentes del dominio y si existen intereses fiscales comprometidos".
Como se señalara, el Código regula la usucapión como un típico proceso contencioso. De allí la necesidad de una correcta individualización de la parte demandada: se encuentra en este momento en juego nada menos que el derecho de defensa de quien, si bien pudo haber resignado el ejercicio de derechos sobre la cosa, en modo alguno puede ser privado del derecho de alegar y probar lo que corresponda frente a la pretensión de quien expone circunstancias fácticas de las que se derivaría una transferencia de dominio de un inmueble.
La demandada en estas hipótesis será —en abstracto— quien o quienes aparezcan como titulares registrales del bien objeto de posesión o —eventualmente— sus sucesores.
Los datos de estas personas —físicas o jurídicas— surgirán por lo general de los informes de dominio emitidos por el Registro de la Propiedad a que alude el inc. 2º del art. 679 CPCC Bs. As. citado. Normalmente, en las constancias allí consignadas también aparecerá mencionado el título que dio lugar a la transmisión (contrato, sentencia, etc.) y elementos que permitan individualizar tal documentación de la cual podrán —asimismo— obtenerse datos útiles para la determinación de la identidad de los demandados.
Si toda esta averiguación resulta infructuosa y no se logra averiguar quién es el titular de dominio del inmueble a partir de los datos del Registro de la Propiedad Inmueble, este artículo ordena que se solicite informes al organismo técnico administrativo provincial respectivo (Direcciones de Catastro, de Geodesia, y hasta podría consultarse la dependencia equivalente dentro de la Municipalidad de que se trate) a los efectos de que se expida sobre si en sus archivos existen antecedentes dominiales del bien de marras y, eventualmente, indique si existen intereses fiscales en juego.
También puede darse el supuesto —muy frecuente cuando se trata de inmuebles que no tuvieron movimiento registral durante muchos años— de que se conozca la identidad del titular registral y que de averiguaciones posteriores surja que éste ha fallecido y no se sepa si tiene herederos o no se pueda dar con el paradero de éstos.
En todos estos casos se aplicarán las reglas generales que operan para la hipótesis de "citación de persona incierta" que contempla el art. 341 CPCC Bs. As., esto es, la vía de los edictos regulados en los arts. 145 a 147 del mismo cuerpo.
Consideramos que el tiempo de publicación de estos anuncios habrá de ser el de dos días que prevé el mismo art. 341, y que luego de la última publicación se contará con diez días para la presentación a juicio, tal como ocurre en los casos de desconocimiento del domicilio del demandado. Ello así, a pesar de lo que surge del tenor literal del art. 681 mencionado y en pos —como ya se dijera— del debido respeto a los derechos de igualdad y defensa del propietario desconocido, que no puede estar en desventaja con relación a aquel de quien sí se cuenta con los datos identificatorios pero no con los del lugar de residencia.
Cumplido con lo anterior, si se ha podido determinar quién es el titular de dominio —tanto una persona de derecho privado o bien el Estado provincial o municipal— y se conoce su domicilio real, se dará traslado de la demanda normalmente de acuerdo con las reglas ya vistas.
La norma bonaerense específica reza:
Art. 681. — Traslado. Informe sobre domicilio. De la demanda se dará traslado al propietario, o al fiscal de Estado o municipalidad, en su caso. Cuando se ignore el domicilio del propietario, se requerirán informes de la secretaría electoral y delegaciones locales de policía y correos con relación al último domicilio conocido o supuesto del demandado. De dar resultado negativo se lo citará por edictos por diez días en el Boletín Judicial y en un diario de la zona, previniéndosele que si no se presenta y contesta la demanda, se le nombrará defensor al de ausentes en turno. Serán citados, además, quienes se consideren con derecho sobre el inmueble.
Si no se trata de persona física, la notificación de la demanda seguirá las pautas generales respecto de los representantes de las diferentes personas jurídicas —se cita en este artículo el caso del Fiscal de Estado para el supuesto de demandarse a la Provincia de Buenos Aires o a la "municipalidad", en cuyo caso el legitimado pasivo será el intendente—.
La demanda de usucapión de un inmueble debe sustanciarse —se ha dicho— en principio sólo con quien resulte titular de dominio de conformidad con lo dispuesto por los arts. 24 de la ley 14.159 y 679, inc. 4º, del Código Procesal Civil y Comercial, supuesto en el cual, de conocerse su domicilio, corresponde correrle traslado de acuerdo con el trámite normal de sustanciación de los procesos (24).
Ahora bien, si se conoce la identidad del propietario pero no su domicilio, se habrán de realizar las gestiones tendientes a la averiguación de este dato mediante los trámites de rigor —oficios pidiendo información a la secretaría electoral de la jurisdicción, a las delegaciones policiales correspondientes y a la oficina de correos del lugar para que brinden datos sobre el último domicilio conocido o supuesto del sujeto demandado, cuyos datos identificatorios habrán de ser consignados en tales diligencias con la mayor amplitud posible—.
Frente al resultado negativo, operará también aquí la citación por edictos.
Se deberán publicar durante dos días (25) —art. 341— y los interesados tendrán diez días para presentarse en el expediente a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial y en un diario de la zona donde se encuentra el bien objeto del proceso. En los avisos se indicará que si no se presenta el citado y contesta la demanda, se le designará un Defensor Oficial (26) —que actuará por el ausente—.
Se dispuso sobre esta intervención que habiéndose ya realizado las diligencias que prevé el art. 681 del Código Procesal Civil y Comercial, y publicados los edictos que ordena la norma citada, corresponde que el Defensor ejerza la representación para la que fue designado. Ello no excluye la realización de más diligencias tendientes a averiguar el paradero. Sin embargo, ellas ya no son condición para la intervención del Defensor, sino parte de los deberes de su cargo (art. 341) (27).
En los mismos edictos se incluirá la convocatoria a todo otro sujeto que se considere con derechos sobre el bien a usucapir.
El llamado a "todos los que se consideren con derecho" contenida en la parte final del art. 681 del Código se refiere a la citación para supuestos especiales (por ejemplo, compradores por boleto, otros poseedores, etc.), pero resulta ineficaz para suplir el debido emplazamiento a los presuntos herederos de la persona nominada en los edictos sin hacerse constar su fallecimiento, en cuyo caso se los debe citar en ese carácter (28).
Clave será incluir dentro del texto de estos anuncios la correcta identificación catastral del inmueble objeto del proceso, así como su ubicación respecto de calles, rutas, caminos, etc., y su numeración para que los potenciales interesados en hacer valer sus pretensiones sobre él puedan reconocerlo fácilmente.
IV. La sentencia en el juicio de usucapión
La ley contempla un proceso contencioso con amplitud de debate y prueba acerca de la configuración de los extremos fácticos que determinan la adquisición del dominio de inmuebles por la prescripción.
Se prevén expresamente —en algunos casos reiterando pautas ya establecidas— las formas de trabar debidamente la litis resguardando el derecho de defensa del titular registral, permitiéndole que se presente y lo ejerza por sí, o bien designando en su lugar al Defensor Oficial cuando no conste que ha sido notificado personalmente de la demanda en su contra.
El juez, por otra parte, habrá de resolver sobre la base de lo probado por las partes y aun en los casos en donde el trámite se desarrolla sin la intervención efectiva del titular de dominio, podrá rechazar la usucapión si a tenor de la evaluación que realice siguiendo las reglas de la sana crítica no encuentra configurados los basamentos fácticos de la prescripción adquisitiva esgrimidos.
Se ha dicho —como se reseñara supra— que la singularidad de la "prueba compuesta" en materia de usucapión consiste en que el sentenciante no puede fundar su fallo con apoyo exclusivo en la prueba testimonial. El art. 24, inc. c), de la ley 14.159 —íd. art. 679, inc. 1º, CPCC Bs. As.— requiere que dicha prueba sea integrada por evidencias de otro tipo recíprocamente corroborantes. Esta exigencia de la ley 14.159 viene a solucionar aquel temor que señalaba el maestro uruguayo Eduardo Couture, cuando escribía que era menester evitar que por la vía del proceso de usucapión se abrieran las puertas a la legitimación del despojo para adquirir la propiedad a espaldas del verdadero dueño (29).
El magistrado, en suma, tendrá mediante este proceso de conocimiento la oportunidad de indagar con plenitud y profundidad en la cuestión litigiosa (30). Por eso es que la sentencia que acoja favorablemente la pretensión —de adquirir firmeza— hará cosa juzgada material y nada más podrán plantear los eventuales afectados que no concurrieron oportunamente a estar a derecho frente a la convocatoria realizada mediante edictos.
Esta sentencia declarativa (31) de la adquisición del dominio por usucapión será ejecutable mediante la inscripción de su contenido en el Registro de la Propiedad Inmueble pertinente operándose —por incompatibilidad— la cancelación de la inscripción dominial respecto del demandado vencido. Tal lo que surge de la manda del art. 682, CPCC Bs. As.:
Art. 682. — Inscripción de sentencia favorable. Dictada sentencia acogiendo la demanda se dispondrá su inscripción en el Registro de la Propiedad y la cancelación de la anterior si estuviere inscripto el dominio. La sentencia hará cosa juzgada material.
También se ha dispuesto que tratándose de un juicio de usucapión promovido contra una persona ausente, el juez debe analizar las pruebas con el máximo de prudencia, ya que la usucapión importa la pérdida del derecho de dominio de quien figura como titular, por el transcurso del tiempo, correspondiendo en tal caso la cancelación de la inscripción vigente y el reconocimiento de un nuevo titular de dominio —conforme art. 682 del Código Procesal Civil y Comercial y 4015 del derogado Código Civil—. Tratándose de un demandado ausente, no ha podido ofrecer las pruebas sobre los hechos que sólo él puede conocer y que podrían haber enervado la acción (32).
Si, por el contrario, se produce el rechazo de la pretensión, habrá que determinar cuál fue la causa de tal medida. Si ésta ha sido la falta de los recaudos de fondo (33), ello hará cosa juzgada también respecto del actor, mientras que si lo fue por ausencia de requisitos de admisibilidad, la pretensión podrá ser renovada cumplimentándose debidamente los recaudos que exige la ley en el art. 679 visto.
El Código Civil y Comercial aporta ciertas precisiones respecto de la sentencia de usucapión. Algunas comunes a todos los procesos y otros específicos del tipo de prescripción adquisitiva, esto es, la de plazo corto o la de plazo mayor.
Art. 1903. — Comienzo de la posesión. Se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título, o de su registración si ésta es constitutiva.
La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe.
Art. 1904. — Normas aplicables. Se aplican a este Capítulo, en lo pertinente, las normas del Título I del Libro Sexto de este Código.
Art. 1905. — Sentencia de prescripción adquisitiva. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo (34).
La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión.
La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión.
Expresamente, el art. 1905 fija el carácter declarativo de la sentencia de usucapión "y posee efectos ex tunc, es decir que carece de proyección retroactiva al momento en que el usucapiente comenzó a poseer. En ese aspecto, la norma se aparta de su fuente, el art. 1840 del Proyecto de 1998, en cuanto este último otorgaba a la sentencia efectos retroactivos al tiempo en que comenzó la posesión" (35).
V. Cierre
Como se observa, el nuevo ordenamiento unificado de derecho privado argentino ha mantenido en lo sustancial el régimen de la adquisición del dominio de inmuebles por prescripción, habiéndose introducido en su articulado pautas que ya se encontraban en la jurisprudencia, dotando al sistema de mayor certeza en un marco donde la seguridad jurídica —al involucrar el régimen de la propiedad inmobiliaria— adquiere una particular trascendencia.
 (1) Guardiola, Juan José, "La usucapión en el nuevo Código", RCCyC 2016 (marzo), 7/3/2016; cita online: AR/DOC/566/2016. La usucapión "es procedente por regla general —salvo disposición en contrario— respecto de todos los derechos reales principales que se ejercen por la posesión (requisito para su procedencia). Se evitó así recurrir a normas particulares para cada uno de ellos, como contenía el Código de Vélez (arts. 2524, inc. 7º, 2812, inc. 4º, 2817, 2949, 3017)". Ver el minucioso análisis de los casos particulares que realiza Guardiola en este aporte.
 (2) Art. 1897. — Prescripción adquisitiva. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.
 (3) Camps, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Anotado, comentado y concordado, 3 ts., 2ª ed. aumentada, corregida y actualizada, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012.
 (4) Art. 1905. — Sentencia de prescripción adquisitiva. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso...
 (5) Art. 679. — Vía sumaria. Requisitos de la demanda. Cuando se trate de probar la adquisición del dominio de inmuebles, por la posesión, de conformidad a las disposiciones de las leyes de fondo, se observarán las reglas del proceso sumario, con las siguientes modificaciones:1º) Se admitirá toda clase de pruebas, pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la testifical;2º) La demanda deberá acompañarse de certificados otorgados por el Registro de la Propiedad, donde conste la condición jurídica del inmueble, debiendo informar dicho organismo con precisión y amplitud, todos los datos sobre el titular o titulares del dominio;3º) También se acompañará un plano firmado por profesional matriculado, que determine el área, linderos y ubicación del bien, el que será visado por el organismo técnico-administrativo, que corresponda.4º) Será parte en el juicio quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, el señor fiscal de Estado, o la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble, según se encuentren o no afectados intereses fiscales, provinciales o municipales.
 (6) SCBA, Ac. 34039, 8/10/1985, "Devicenzi, Zacarías E. c. Propietario desconocido s/usucapión y reivindicación"; íd., Ac. 56922, 14/5/1996, "Cabrera, Manuel Edmundo c. Carbone y Pensa, Nelly Asunción María y otra s/prescripción veinteañal".
 (7) "La parte que inicia un proceso de usucapión debe entablar la demanda contra quien figure como titular de dominio en el Registro de la Propiedad. Cuando esa inscripción aparezca observada, asume el riesgo de que, en el curso de la investigación que resulte necesaria para establecer esa titularidad, aparezca como tal quien en realidad no lo sea (arts. 679 y concs., CPCC; art. 24, inc. a], ley 14.159). Y, por ello, también asume las consecuencias de que quien sea demandado, nada tenga que ver con el inmueble y se excepcione. Sería injusto que alguien ajeno a la causa, indebidamente demandado, deba cargar con las costas de su defensa, a la que se vio obligado por un acto de quien, en definitiva, es el beneficiario del trámite que dio lugar a ella" (CCiv. y Com. San Martín, sala II, 23/9/1999, "Ruiz, Carlos Alberto c. González, José B. y o. s/usucapión"). "El proceso contencioso de usucapión debe entenderse con quien resulte titular del dominio o con aquellos que acrediten en forma incuestionable ser legítimos sucesores del titular del bien" (CCiv. y Com. Quilmes, sala I, 9/2/2000, "Albornoz, Anastacio Benjamín c. Noseda De Ventola, Amada s/usucapión").
 (8) En relación con esta figura, dice Guardiola: "Salvo algún supuesto excepcional en que el plazo de prescripción se cumpla durante el transcurso del proceso, sin mediar causales de interrupción, lo normal es que se procure la formación del título documental que coloque el derecho cuyo reconocimiento judicial se pretende en el comercio jurídico ya adquirido el mismo, es decir, cumplido el plazo prescriptivo. Consumada la usucapión, los derechos constituidos o medidas cautelares trabadas contra quien es el titular registral son inoponibles, en tanto independientemente de la inexactitud registral ya no tenía derecho que transmitir o patrimonio suyo para ser afectado (art. 399, CCyC). Frente a ese desplazamiento, y sin perjuicio de que raramente ese tercero interesado en adquirir derechos reales o personales del titular registral sea merecedor de tutela por carecer de una buena fe diligente en el aspecto posesorio, puede darse (particularmente con hipotecas y embargos) una situación de conflicto innecesaria. Una vez iniciada la acción, para evitar que puedan seguir generándose (ya porque el proceso tramita en ausencia o por la mala fe del demandado) hasta el dictado de la sentencia y su inscripción, el CCyC ordena que, de oficio, con la resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción se disponga la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión" (Guardiola, Juan José, "La usucapión ...", cit.).
 (9) "El plano de mensura debe adjuntarse con la demanda, firmado por un profesional autorizado o matriculado, determinativo del área, linderos y ubicación del bien, y aprobado o visado por el organismo que corresponda que en la jurisdicción provincial lo es la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos" (C1ªCiv. y Com. La Plata, sala I, 24/10/1996, "Méndez Varela de García Costa, María y otras c. Barbosa Piñeiro, Catalina s/usucapión").
 (10) C1ªCiv. y Com. San Nicolás, 23/4/1996, "Farías, Alicia Ester c. Netto, Manuel s/posesión veinteañal".
 (11) CCiv. y Com. Morón, sala II, 17/10/1995, "Artuso, Luis c. Sainz, Florencio s/posesión veinteañal".
 (12) "En el caso en que interviene un municipio en una demanda promovida para obtener la adquisición de dominio de un inmueble por usucapión y la acción prospera, no procede imponer las costas del juicio al ente Municipal si éste no ha efectuado planteos que obligaron a otro despliegue jurisdiccional que el derivado de su necesaria intervención en el proceso, conforme a las normas de los arts. 679, inc. 4º, y 681 del CPC" (CCiv. y Com. Azul, 28/10/1992, "La Victoria c. Municipalidad de Tandil s/usucapión").
 (13) "Los hechos que deben ser objeto de consideración en sentencia quedan determinados al momento de ser trabada la relación procesal, de suerte que los hechos o actos no alegados en el escrito de iniciación quedan imposibilitados de consideración en el fallo" (CCiv. y Com. Trenque Lauquen, 7/4/1987, "Magni, Harold Omar y otro c. Bordieu de Salazar, M. y otros s/posesión veinteañal").
 (14) C2ªCiv. y Com. La Plata, sala I, 13/5/1993, "Román de Álvarez, Hilaria c. Tulsa Tierras Urbanizaciones Loteos s/posesión veinteañal".
 (15) En cuanto a la cuestión del pago de impuestos y su invocabilidad en un proceso de usucapión, ver Valdés Ortiz, Guadalupe, "Cuestiones relevantes en la acción de prescripción adquisitiva: pago de impuestos y fijación de la fecha en que se produce la adquisición del dominio", LLNOA 2016 (octubre), 5, comentando el fallo del Sup. Trib. Just. Jujuy, 14/3/2016, "Guzmán, Enrique c. Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima de Jujuy s/ordinario por prescripción adquisitiva", cita online: AR/DOC/2237/2016.
 (16) Ver Guardiola, Juan José, "La usucapión ...", cit. Allí el autor aborda minuciosamente el análisis de las causales tanto de suspensión como de interrupción de la prescripción adquisitiva.
 (17) Guardiola, Juan José, "La usucapión ..." cit.
 (18) Guardiola, Juan José, "La usucapión ..." cit.
 (19) En lo que hace al inicio de la posesión para la prescripción larga, señala Guardiola: "El Código Civil y Comercial (ley 26.994) se apartó en este punto de su antecesor y mantuvo la categoría de posesión viciosa, aduciendo 'sus importantes efectos jurídicos', aunque normativamente sólo lo hace a través de dos artículos: el 1921, para enumerarlos —sin siquiera definirlos (lo que sí hacía Vélez, arts. 2365, 2369/2370 y 2372)—, establecer su carácter relativo y aclarar quiénes y contra quiénes se comete (en lo que no se diferencia del Código anterior), y el 1936, en donde se establece, a mi modo de ver, la única diferencia de tratamiento con la mala fe simple: la responsabilidad por destrucción total o parcial frente al casus en caso de restitución de la cosa. Se descarta, por otra parte, expresamente, su incidencia en materia de defensa de la relación de poder (arts. 2241 y 2242), sin que la posesión calificada o anual conserve virtualidad alguna o pueda ser coexistente con una actual. Sigue, en cambio, al Proyecto de 1998, en cuanto a la adquisición y extinción de las llamadas ahora relaciones de poder (arts. 1923, in fine, y 1931). Considero que con el nuevo plexo normativo el modo de adquisición de la posesión no tiene importancia alguna en materia del cómputo del plazo para la prescripción adquisitiva" (Guardiola, Juan José, "La usucapión ...", cit.).
 (20) "Conforme lo establece el art. 4015 del Código Civil, para que se opere la adquisición de dominio por usucapión, es necesario el ejercicio de la posesión continua durante más de veinte años. Quien pretende la adquisición del derecho debe probar el hecho de la posesión y el transcurso del plazo legal, estableciendo el inc. 1º del art. 679 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, que la sentencia no puede basarse únicamente en la prueba testimonial" (C2ªCiv. y Com. La Plata, sala II, 27/8/1996, "Saavedra, César Ulises c. Duranti, Nello J. A. y otros s/usucapión").
 (21) C1ªCiv. y Com. San Nicolás, 24/5/1994, "Gard Leopoldo Antonio s/posesión veinteañal".
 (22) CCiv. y Com. Pergamino, 29/3/1994, "Hernández, Andrés Roberto c. Paganini y Ferrari, Enriqueta Luisa y otro s/posesión veinteañal"; C1ªCiv. y Com. San Nicolás, 19/5/1994, "Giménez de Cariboni, Elsa G. c. Guevara de Herrera, Teresa y otros s/posesión veinteañal".
 (23) C1ªCiv. y Com. San Nicolás, 19/5/1994, "Giménez de Cariboni, Elsa G. c. Guevara de Herrera, Teresa y otros s/posesión veinteañal".
 (24) CCiv. y Com. Quilmes, sala I, 17/10/1995, "Mikuskiewicz, Jorge c. Ortiz, Oscar s/usucapión"; íd., 15/8/2000, "Aquino, Ofelia c. CICSA s/posesión veinteañal".
 (25) "Cabe interpretar que el art. 681 del ordenamiento procesal se refiere únicamente al plazo de citación y no al de publicación edictal. Por consiguiente, entiende este Tribunal, que con relación a este último resulta de aplicación la norma genérica del art. 341 del mismo cuerpo legal, que establece el de dos días para citar a personas cuyo domicilio se desconoce" (C2ªCiv. y Com. La Plata, sala II, 8/10/1996, "Vera, Olga c. Míguez, Ricardo s/usucapión").
 (26) "Habiéndose agotado en estos autos las gestiones previstas por el art. 681 del CPC, con resultado negativo, resulta improcedente el planteo del señor Defensor oficial agraviándose de su nombramiento. Ello en virtud de que los deberes de localización del paradero de los demandados que pretende incumplidos por el actor, son propios de su función (art. 341, párr. 2º, última parte, Cód. cit.)" (C1ªCiv. y Com. Bahía Blanca, sala II, 2/10/1997, "Rodríguez, Ricardo L. c. Ambrosio Blas y otro s/usucapión").
 (27) C1ªCiv. y Com. La Plata, sala III, 10/10/2000, "Galarce, Liliana Mabel c. Corte y Costa, Teresa, María, Linda, Anita, Stefanía y otros s/usurpación".
 (28) SCBA, Ac. 56922, 14/5/1996, "Cabrera, Manuel Edmundo c. Carbone y Pensa, Nelly Asunción María y otra s/prescripción veinteañal".
 (29) C1ªCiv. y Com. La Plata, sala III, 27/8/1992, "Makintok, Sara Haydée y ot. c. Municipalidad de La Plata s/prescripción adquisitiva".
 (30) "Constituye un principio común que el usucapiente debe acreditar fehacientemente los extremos de la acción de prescripción adquisitiva de dominio, en función de lo que prescribe el art. 24 de la ley 14.159, modificado por el dec.-ley 5756/1958, en correlación con los arts. 4015 y 4016 del Código Civil, y la regulación concordante del art. 679 del Código Procesal. Se torna necesario así, el análisis de los elementos aportados con suma prudencia, ya que es menester verificar si se probó plenamente la posesión animus domini actual, así como la anterior y especialmente la que se tuviera en el inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal" (C2ªCiv. y Com. La Plata, sala II, 31/3/1992, "Maissonave, Rubén Pedro c. Maissonave, Ramón Pedro s/prescripción adquisitiva de dominio").
 (31) En cuanto a la discusión doctrinaria relativa al momento al cual deben retrotraerse los efectos de la sentencia de usucapión, remitimos a la reseña que nos aporta Guardiola en su trabajo "Los efectos de la prescripción adquisitiva y algunas cuestiones procesales del nuevo Código", RCCyC 2015 (octubre), 19/10/2015, 189, comentando el fallo de la CCiv. y Com. Corrientes, sala IV, 3/8/2015, "M., M. I. c. M. C. de C. s/prescripción adquisitiva", cita online: AR/DOC/3001/2015.
 (32) CCiv. y Com. Trenque Lauquen, 7/4/1987, "Magni, Harold Omar y otro c. Bordieu de Salazar, M. y otros s/posesión veinteañal".
 (33) "La usucapión supone el apoderamiento del bien con ánimo de dueño —rem sibi habendi—, y mientras ello no se demuestre a través de la pertinente prueba compuesta, los jueces deben considerar a quien lo ocupa como un mero detentador —arts. 2351, 2373, 2384 y 4015 del CCiv.; 679, inc. 1º del CPCC—. Si así no fuera, todos los ocupantes y aun los tenedores a título precario estarían en situación jurídica idéntica a la de los verdaderos poseedores" (C1ªCiv. y Com. La Plata, sala III, 18/8/1992, "Club Puerto La Plata c. Mdad. de Ensenada s/usucapión"; íd., íd., 18/8/1994, "Bañuls, María c. Atanasoff, Tabacoff s/posesión"; íd., sala I, 5/5/1994, "Tuck Schneider, Mauricio c. Rodríguez de Seijo, Modesta s/reivindicación".
 (34) Nos informa Guardiola que "respecto del deber de fijar en la sentencia la fecha en que el plazo de prescripción larga se cumplió, la Orden de Servicio 45 del 29/6/2015 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, señala expresamente que se debe calificar registralmente y que dicha fecha deberá constar en el asiento registral que se practique" (GUARDIOLA, Juan José, "La usucapión ...", cit.).

 (35) GURFINKEL DE WENDY, Lilian N., en Rivera, Julio César — Medina, Graciela (dirs.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. V, Thomson Reuters — La Ley, Buenos Aires, 2014, p. 259.

No hay comentarios.: