jueves, 9 de febrero de 2017

Desalojo por vencimiento de contrato

70952/2015 GRAN REX SRL c/ F... C...., M.....
ANTONIO Y OTRO s/DESALOJO POR VENCIMIENTO DE
CONTRATO
Buenos Aires, de febrero de 2017.-
Autos y vistos:
I.- Contra la sentencia de fs. 46/47 interpone recurso de
apelación la parte demandada. Sus fundamentos obran a fs. 78/79 y no
fueron respondidos.
A fs. 92/93 funda el recurso respectivo la Defensora Pública de
Menores e Incapaces ante esta Cámara de Apelaciones, ejerciendo la
representación de Marco Antonio Falcón Salvador y de Guillermo Ian
Falcón Salvador, el que es contestado por la actora a fs. 95.
II.- De manera liminar debe decirse que los recursos no
contienen una crítica concreta y razonada de la sentencia. La
expresión de agravios -o memorial en los recursos concedidos en
relación (conf. artículo 246, párrafo 1°, Código Procesal)- es el acto
procesal mediante el cual la parte recurrente fundamenta la apelación,
refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la
sentencia, respecto de la apreciación de los hechos y valoración de las
pruebas, o a la aplicación de las normas jurídicas (conf. Palacio,
“Derecho Procesal Civil”, T°. V, pág. 266, n° 599). Constituye un acto
de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia
recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial
por el Tribunal de apelación (conf. Fenochietto - Arazi, “Código
Procesal Comentado”, T. I, pág. 939).
Ese no es el contenido de la presentación, donde se efectúan
consideraciones que en modo alguno enervan la pretensión del actor.
Por ello debe concluirse que no es un extremo controvertido que el
actor sea titular del derecho a recuperar la tenencia del inmueble.

III.- Frente a la conclusión que se anticipó, se advierte que el
conflicto planteado, referido a la situación de los niños y adolescentes,
es impropio del decisorio anotado, sino que comprende su ejecución.
Sin embargo, previniendo que la cuestión se suscitará en un futuro
inmediato, es que cabe dirimir la controversia en resguardo de la
economía procesal.
Es claro que no debe admitirse que se desvirtúe el contenido de
la sentencia dictada contra los adultos porque se involucren los
derechos que asisten a los niños, eventualmente afectados por la
ejecución de aquella. Entiéndase bien, no es cuestión de que tales
niños o adolescentes queden a la deriva, vulnerados en sus derechos
esenciales, sino de evitar que se produzcan sustituciones inaceptables
respecto de las personas a quienes incumbe satisfacer necesidades
vitales de aquéllos.
Es que no responde a la equidad concebir que los propietarios
de los inmuebles ocupados, o cualquiera que posea un interés legítimo
para reclamar el desalojo, tengan el deber de proporcionarle a los
niños la protección y el amparo que incumbe prestar a quienes
ostentan la patria potestad y, en su defecto, a los organismos sociales
pertinentes que dependen de la comunidad toda. No es posible que se
pretenda descargar injustamente sobre unos pocos lo que es un deber
primordial de la sociedad en su conjunto (Cf. esta Sala, 7-6-2011,
"Bures de Hoz, Nélida L. c. Salinas, Ramona A. y otros s/desalojo",
Expte. Libre Nº 545.269. En igual sentido, ver CNCiv., sala H, 15-11-
2010, "B., M.A. y otro s/ocupantes de Suárez 453/7 s/desalojointrusos";
Mizrahi, Mauricio Luis, Intervención del niño en el
proceso. El abogado del niño, LL, 11/10/11).
El art. 3º ap. 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño
establece: "2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño
la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas" y el art. 27
de dicha Convención, al referirse al tema de la vivienda establece: "2.
A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de
acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios,
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y,
en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la
vivienda".
De acuerdo al art. 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
la Sra. Defensora General de la Nación, explicitó los fundamentos que
llevaron al dictado de la Resolución DGN Nº 1119/08 por la que las
Defensorías ante los Tribunales Orales en lo Criminal intervienen en
representación de las personas menores de edad en causas penales por
usurpación. Concretamente se dispuso: "I. Instruir a los Sres.
Defensores Públicos de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y
del Trabajo para que tomen intervención en los procesos de desalojo
en los que se vean afectados los derechos de los menores de edad a fin
de adoptar las medidas necesarias que tengan por objeto la protección
integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos
en nuestro ordenamiento jurídico nacional e instrumentos
internacionales de Derechos Humanos en los que el Estado es parte,
de conformidad con los considerandos de la presente". Los principios
anotados, rectores en la materia, se replican en otras normas tuitivas
como la ley 26.061 Régimen de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, el Pacto Internacional de los Derecho
Económicos Sociales y Culturales –art, 75, inc. 22 de la Constitución
Nacional-.
En ese contexto deben armonizarse premisas legales que se
encuentran en tensión: los derechos de los niños citados y el ejercicio
de los derechos del actor sobre el inmueble cuyo desalojo se persigue.
La solución al conflicto ha de hallarse tal como fue anticipado;
esto es, con la debida intervención de los organismos encargados de la
defensa de los niños y adolescentes en la oportunidad de ordenarse el
lanzamiento, a los que ya se han cursado las comunicaciones
respectivas; y son ellos los que deben encontrar las vías adecuadas
para que los niños involucrados no padezcan perjuicios injustos y, a la
par, el actor no vea afectado su derecho a recuperar el bien.
Lo dicho es sin perjuicio de que el juez de grado ordene las
medidas del caso de la manera de no causar daños innecesarios; y de
la colaboración razonable que puede ser requerida al accionante para
reducir los efectos traumáticos del desahucio.
Por ello SE RESUELVE confirmar la sentencia de fs. 46/47 en
los términos precedentemente expuestos.
Regístrese y publíquese. Notifíquese, a la Sra. Defensora
Pública de Menores e Incapaces, actuante ante esta Cámara de
Apelaciones en su despacho y devuélvanse a la instancia de grado.

No hay comentarios.: