jueves, 13 de octubre de 2016

CONDUCTA TEMERARIA Y MALICIOSA

Voces: ABOGADO ~ CONDUCTA DEL ABOGADO ~ CONDUCTA PROCESAL ~ CONDUCTA TEMERARIA Y MALICIOSA ~ CONSORCIO DE PROPIETARIOS ~ MULTA ~ RENDICION DE CUENTAS Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B(CNCiv)(SalaB) Fecha: 13/09/2016 Partes: Scocozza, Maria Elena y otro c. Cons Prop Charcas 2955 CABA s/ rendición de cuentas Publicado en: LA LEY 12/10/2016, 12/10/2016, 11 Cita Online: AR/JUR/61914/2016 Sumarios: 1. Una multa por conducta temeraria y maliciosa debe imponerse al consorcio demandado en un proceso por rendición de cuentas, pues mantuvo un comportamiento opuesto a la lealtad y buena fe procesales y excedió los límites razonables de su derecho de defensa, al aducir en la contestación de la demanda que no había documentación respaldatoria de la pretensión esgrimida, para luego acompañar, sin ninguna objeción y ante la intimación del tribunal, la documental requerida por los reclamantes. 2. La multa por conducta temeraria y maliciosa impuesta a un consorcio demandado en un proceso de rendición de cuentas no debe extenderse al letrado que lo patrocinó, pues no se advierte que conociera de modo indudable la falsedad de los hechos denunciados por su defendido. Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 13 de 2016. Considerando: I. Contra la sentencia de fs. 202 vta./203 mediante la cual la Sra. Magistrada de primera instancia impuso una multa de $1000 en los términos del art. 45 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, en conjunto, al consorcio demandado y a su letrado, alzan sus quejas los apelantes. Los agravios de fs. 210/211 no son contestados. II. Este Tribunal se ha mostrado inclinado a ejercer “cautissimo modo” la atribución legal de sancionar a litigantes que obran temeraria o maliciosamente (conf. “Aumasque José Juan c. Mograbi Darío Gastón s/ Desalojo” del 13/02/2002). En efecto, no se discute que los órganos judiciales disponen —para la buena marcha de los procesos— de la facultad de imponer sanciones que aseguren el cumplimiento de las exigencias éticas a que debe ajustarse la conducta de las partes y de quienes las patrocinan (cfr. art. 45 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; C.S.J.N., del 04/10/1984, ED, 19-1206), no obstante, no es menos cierto que tales sanciones deben aplicarse con suma cautela para no afectar el derecho de defensa de los litigantes; y ello en razón de que —de no ser así— se abriría una brecha peligrosa que podría neutralizar la referida garantía constitucional, cuya preservación es un deber de los magistrados (cfr. esta Sala, in re “Baieli c. Callari e Hijos S.R.L. s/ ds. y ps.” acumulado a “Baieli c. Resio s/ ds. y ps.”, del 26/04/2006). Se trata, en definitiva, de una suerte de tensión entre la inviolable garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) y la necesidad de mantener reglas éticas elementales en el debate judicial (ver Eisner, Isidoro, “Sanciones por inconducta procesal”, LA LEY 1991-A-433). Precisamente para resolver esta tensión con una postura de equilibrio, se requiere —en suma— evaluar con un criterio cuidadoso la conducta procesal de las partes o de sus letrados (conf. esta Sala, in re “López José Ricardo y otro c. Robles José Luis y otro s/ daños y perjuicios”, del 10/10/2007). A la luz de lo expuesto, habrá de señalarse que las constancias obrantes en autos son muestra indiscutible y elocuente de un comportamiento opuesto completamente a la lealtad y buena fe procesales desplegado por la parte demandada que no puede ser minimizado o disimulado bajo el palio de la defensa en juicio. En efecto, se coincide con la valoración efectuada por la a quo respecto del accionar del demandado, pues excede los límites razonables de la defensa aducir en la contestación de demanda que no había documentación respaldatoria de las cuentas presentadas por los actores, cuando en realidad, luego de que el ex administrador reconociera la firma inserta en el recibo que obra a fs. 3/6 y recién ante la intimación efectuada por el tribunal, se acompañara, sin ninguna objeción, el Libro de Actas del Consorcio y la documental que da cuenta la presentación de f. 113 punto I, requeridas en su oportunidad por los accionantes. (v. fs. 18/vta.). En ese entendimiento no merece reproche la multa impuesta en la instancia de grado al consorcio demandado. III. Se ha declarado desde el vértice de la función de la Abogacía, que atañe precisamente a la misión del letrado que patrocina, la de asesorar debidamente a su cliente, mostrando a quien asiste los puntos débiles de su pretensión, la sinrazón técnica de las situaciones que se le plantean. Por ello, la temeridad que proviene de la incoherencia del planteo no está solamente en la conducta de quien pretende sin razón sino también y fundamentalmente, en quien encauza procesalmente la pretensión, de allí que se haya hecho extensible al letrado patrocinante la multa que prevé el precepto legal citado, en la medida en que varias de las actitudes sancionables del justiciable son fruto de una actividad que es propia del abogado y lo hace técnicamente responsable de © Thomson La Ley 1 aquéllas (cf. Morello, “Código Procesal...”, T. II-A, p. 837, año 1984 y jurisprudencia allí citada). En el caso a estudio, no se advierte que el profesional incurriera en una actitud sancionable por cuanto, no resulta evidente que aquel conociera de modo indudable la falsedad de los hechos invocados por su defendido. A tenor de ello, corresponde revocar parcialmente la decisión apelada y eximir al Dr. J. A. V. de la multa impuesta en primera instancia. Costas de alzada por su orden por no haber mediado oposición. (conf. art. 68 párrafo segundo y 69 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). Por ello, se resuelve: confirmar la multa impuesta a fs. 203/204, únicamente respecto del consorcio demandado en los términos del art. 45 del Cód. Proc. Civ. y Comercial, eximiendo de la misma al Dr. J. A. V. Regístrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente devuélvase. — Mauricio L. Mizrahi. — Claudio Ramos Feijoó. — Roberto Parrilli.

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