jueves, 13 de octubre de 2016

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ INMUEBLE ~ MEDIDAS CAUTELARES ~ PREVENCION DEL DAÑO

Voces: CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ INMUEBLE ~ MEDIDAS CAUTELARES ~
PREVENCION DEL DAÑO
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1a Nominación de
Córdoba(CCivyComCordoba)(1aNom)
Fecha: 31/08/2016
Partes: Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba c. F., J. A. s/ acciones posesorias - reivindicación
Publicado en: LA LEY 13/10/2016, 13/10/2016, 11
Cita Online: AR/JUR/61933/2016
Hechos:
El Gobierno de la Provincia de Córdoba solicitó una medida cautelar urgente dentro de un proceso de
reivindicación a fin de que se le autorice ingresar a un inmueble en abandono con la finalidad de prevenir
incendios y focos infecciosos que pongan en riesgo la seguridad y bienestar de los ciudadanos del lugar. La
Cámara admitió la medida solicitada con fundamento en la tutela preventiva consagrada en el Código Civil y
Comercial.
Sumarios:
1. Teniendo en cuenta que existe un verdadero riesgo de producción de daños, corresponde autorizar al
accionante a ingresar a un inmueble para efectuar el desmalezamiento y limpieza con la finalidad de prevenir
incendios y focos infecciosos que pueden poner en riesgo la seguridad y bienestar de los ciudadanos del lugar,
con fundamento en los arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y concordantes del Código Civil y Comercial.
2. La medida cautelar solicitada por la Provincia de Córdoba tendiente a obtener la autorización para ingresar a
un inmueble en abandono para efectuar el desmalezamiento y limpieza con la finalidad de prevenir incendios y
focos infecciosos es admisible en los términos del art. 484 del Código Procesal Civil y Comercial provincial y
no por aplicación del art. 1713 del Código Civil y Comercial, pues lo solicitado no constituye una acción
preventiva (del voto del Dr. Tinti)
Texto Completo:
Expte. N° 2647261
2ª Instancia.- Córdoba, agosto 31 de 2016.
Resulta: a fs. 181/182 comparece el Sr. Procurador del Tesoro, Dr. P. J. M. R. solicitando se dicte medida
cautelar urgente en los términos del art. 484 del C. de P. C. tendiente a obtener la autorización judicial que le
permita ingresar en el inmueble de su propiedad para la realización de tareas de desmalezamiento y limpieza del
terreno. Expresa que el inmueble objeto de la medida se encuentra ubicado en Av. Cárcano sin en relación a la
fracción oeste de la parcela 15 del sector denominado Chateau Carreras, Nomenclatura Catastral Provincial,
Dpto. 11, Ped. 01, Pblo. 01, C10, S 02, Mz 001, Parc. 17 (Nomenclatura Catastral Municipal: D 10, Z 02, N.
001, Parc. 17), todo lo que afecta en forma parcial el lote o parcela N° 15, inscripta en la Matrícula N° 125.528
Capital (11), con una superficie de ochenta y seis mil novecientos sesenta y uno con sesenta y siete metros
cuadrados y actualmente se encuentra ocupado por el demandado. Sostiene el actor que ha sido impuesto de la
situación de abandono y descuido en la que se encuentra la propiedad, advirtiéndose la presencia de montículos
de tierra con cobertura vegetal, restos de ramas secas, basura en general, cantidad de residuos sólidos, lo que
favorece la proliferación de roedores y alimañas de todo tipo, tornando insalubre el medio ambiente para los
vecinos de la zona. Asimismo, expresa que el terreno representa especial cultivo para foco de incendio dado el
estado de abundante vegetación en estado de completa sequedad allí existente.
Los doctores González Zamar y Sánchez Torres dijeron:
I. Ingresando a la procedencia de la petición de la actora, cabe precisar que su objeto engasta en la
denominada “función preventiva de daños” reconocida expresamente en el nuevo Cód. Civil y Comercial de la
Nación (arts. 1710/1715), por lo que “iura novit curia”, corresponde efectuar su tratamiento a la luz de tal
normativa, la cual es de neto corte procesal y de aplicación inmediata (art. 7° CCC y arts. 887 C.P.C.).
II. De acuerdo al citado ordenamiento sustantivo, se establece el deber general de actuar para evitar causar a
las personas y a las cosas un daño no justificado adoptando las conductas positivas o de abstención para impedir
su producción o agravamiento. El nuevo Cód. Civil “...consagra la función bipartita de la responsabilidad civil:
prevenir y reparar. De este modo la responsabilidad comprende dos etapas del daño: actuar ex ante para impedir
su producción, continuación o agravamiento, estableciéndose un deber general de hacer (realizar una acción
positiva para evitar causarlo) o de abstención (omitir ejecutar una conducta potencialmente lesiva). Acaecido el
hecho, se presenta la clásica función resarcitoria que cuantitativamente es la más importante” (cfr. Lorenzetti,
Ricardo Luis - Director - “Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado”. Tomo VIII. Comentario al artículo
1708, pág. 271). Se amplían así las funciones del Derecho de Daños normativamente reconocidas, agregándose
a la par de la faz resarcitoria o reparatoria, las funciones preventiva y disuasiva.
III. Al respecto se ha señalado que “En el derecho civil se consideraba que la intervención jurisdiccional
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solo se justificaba cuando ya se había ocasionado el daño y a los fines de su reparación. Afortunadamente se ha
avanzado en esa concepción y actualmente se abre camino a la función preventiva del daño como atributo de la
actividad de la magistratura. A través de la función jurisdiccional el Estado debe dar certeza a los conflictos o
situaciones de incertidumbre o inseguridad que se producen en la sociedad, debe buscar prevenir en lugar de
reparar, dejando de lado el pensamiento clásico de la sentencia de condena que sirve solo para solucionar lo ya
dañado —hacia atrás— y no para evitar un daño —hacia adelante—...” (cfr. Barrera, Mónica, “La función
preventiva en el nuevo Cód. Civil y Comercial de la Nación, su impacto en el proceso civil y las facultades
condenatorias e instructorias de los jueces”. Publicado en: www.infojus.gov.ar).
IV. Cabe señalar asimismo que la función preventiva del daño, es una de las especies del denominado
proceso urgente y puede ser dispuesta por los tribunales en diversos tipos de procesos como el amparo, las
medidas autosatisfactivas, los juicios declarativos; y de modo principal o accesorio, a través de un mandato
preventivo. Como explica el prestigioso procesalista Jorge W. Peyrano, a través de tal mandato “el órgano
jurisdiccional puede y debe, oficiosamente, emitir órdenes judiciales (aún respecto de terceros ajenos al proceso
civil respectivo) cuando la sustanciación de un proceso le ha dado la oportunidad de tomar conocimiento de que
es probable que un daño acaecido se repita (o agrave) en detrimento de sujetos identificados o no” (Peyrano,
“La Jurisdicción preventiva”, LA LEY 01/07/2013).
V. De acuerdo a la normativa vigente, si se pueden adoptar medidas tendientes a prevenir la producción o
agravamiento del daño, corresponde hacerlo. En tal línea, los jueces en el marco de un proceso judicial deben
disponer, a través de la resolución pertinente, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, las
medidas tendientes a obtener tal finalidad, según el claro mandato del art. 1713 CCC.
VI. Por su parte, y como lo impone tal norma, deben ponderarse los criterios de menor restricción posible y
de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad perseguida, esto es, evitar el daño
(art. 1713, in fine, CCC).
En tal línea, los requisitos de procedencia de la tutela preventiva son: 1) una conducta antijurídica —acción
u omisión—, generadora de la amenaza de la producción o agravamiento del daño, 2) interés “razonable” del
peticionante de la tutela de prevención, 3) relación de causalidad adecuada entre la conducta y el perjuicio
esperable según el curso normal de las cosas y 4) posibilidad concreta de adoptar una conducta positiva o de
abstención para evitar el daño o su agravación.
VII. En el caso subexamen, a nuestro juicio existe un verdadero riesgo de producción de daños, atento que
en el inmueble que es objeto de la acción, hay “abundante vegetación, predominantemente exótica seca y
presencia abundante de residuos dispersos, evidenciándose la falta de mantenimiento integral y de limpieza de
canalizaciones constituyendo esto un riesgo de incendio, sanitario y ambiental al tiempo que se manifiesta el
uso de los recursos allí presentes sin criterio de sustentabilidad y la desprotección e interrupción de una área
importe de bosque que integralmente conforma un arco verde junto al parque del Kempes y la reserva San
Martin. Se aconseja la realización de tareas de mantenimiento necesarias para disminuir los riesgos apuntados y
la adopción de medidas de seguridad ante incendios, emergencias ambientales y sanitarias...” (cfr. informe del
Secretario de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Público, fs.
176/177). Las condiciones descriptas en dicho informe lucen asimismo corroboradas por las fotografías cuyas
copias certificadas rolan a fs. 178/180.
VIII. En tales condiciones del inmueble, que evidencian su estado de abandono y descuido, surge claro el
riesgo de incendio con clara afectación al ambiente. A su vez también los potenciales focos infecciosos en los
residuos existentes, pueden poner en riesgo la seguridad y bienestar de los ciudadanos que circulan o habitan en
el sector; lo que claramente justifica la urgencia en el libramiento de la medida requerida a fin de conjurar el
riesgo de incendio y daños al ambiente y a las personas.
Cabe señalar por su parte, que lo resuelto en la presente resolución, no excede la competencia del tribunal de
Alzada, ni infringe de modo alguno el principio de congruencia, desde que lo dispuesto, además de estar
actualmente previsto en el nuevo Cód. Civil y Comercial, responde a “... poderes inherentes al juez que
respaldan su actuación en la armoniosa aplicación de todo el ordenamiento y que, con responsabilidad social, le
impele a ejercer activamente. Despliega así un régimen de obligaciones procesales y fijación de competencias y
prestaciones activas a cargo de una o varias de las partes, de terceros o de funcionarios públicos. Que revisten
fuertes tintes de carácter preventivo, cautelar, de urgencia... y cubren la finalidad de prevenir daños
indeterminados o potencialmente colectivos, frente a la amenaza cierta de una causa productora de daños. Que
ni el juez ni la sociedad deben correr el riesgo de que acontezcan si, jurídicamente, son y pueden (deben) ser
evitados” (Morello, Augusto y Stiglitz, Gabriel. Responsabilidad civil y prevención de daños. Los intereses
difusos y el compromiso social de la justicia’, ‘LA LEY’. 1987-D-364)”.
Robustece lo expresado, que las Cámaras de Apelaciones Civiles, también vienen aplicando de oficio la
tutela preventiva. Así cabe citar la sentencia mediante la cual se ordenó al Estado Provincial demandado que en
el plazo máximo de sesenta días corridos complete la colocación de tapas en la totalidad de las acequias a cielo
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abierto que existen en la zona urbana de la localidad de San José de la Dormida y a mantener las condiciones de
seguridad pertinentes mientras subsistan las referidas acequias, a fin de evitar el riesgo de accidentes (Cám. 5°
Civ. y Com. “Guallanes, César Luis y otro c. Superior Gobierno de Córdoba - ordinario - daños y perjuicios -
otras formas de responsabilidad extracontractual - recurso de apelación (Expte. N° 1894603/36), Sentencia N°
17 del 26/02/2016)”. En otra sentencia dictada en un proceso en el cual se ventilaba la responsabilidad de
E.P.E.C. por la muerte de un niño provocada por electrocución en la vía pública a raíz de una conexión de
energía clandestina, la Cámara dispuso de oficio, a fin de prevenir que tales accidentes se repitan, la inspección
del lugar donde ocurrió el fatal suceso, y la realización por parte de la empresa de energía de tareas tendientes a
evitar que los vecinos tengan acceso a cables para “engancharse” (Cám. 4° Civ. y Com. “M., M. M. E. C.
Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC) - ordinario - daños y perj. - otras formas de respons.
extracontractual - recurso de apelación - EXPTE. N° 1279260/36. Sentencia N°: 40, de 28/04/2016).
IX. En función de todo lo expresado, y lo dispuesto en los arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y concordantes del
CCC, art. 41 Const. Nac. y art. 66 Const. Pcia. De Córdoba, se propone: a) Hacer lugar a lo peticionado por el
Estado Provincial, quien deberá proceder en el plazo máximo de sesenta (60) días corridos a efectuar el
desmalezamiento y limpieza del inmueble descripto en el punto 1 del presente, con la finalidad de prevenir
incendios y los focos infecciosos que pongan en riesgo la seguridad y bienestar de los ciudadanos que circulan o
habitan en el sector. b) La referida labor será por exclusiva cuenta y cargo de la actora. c) Las tareas señaladas,
deberán respetar un radio de cincuenta (50) metros de la vivienda ocupada por el Sr. J. A. F., a los fines de
resguardar su intimidad y privacidad, ponderando así el criterios de menor restricción posible y de medio más
idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad perseguida (arg. art. 1713 CCC). d) A los fines
de la implementación de la presente medida preventiva, se formará un cuerpo de copias que se remitirá al
Tribunal a quo, a fin de que el Magistrado interviniente disponga los oficios y medidas pertinentes, para que
puedan efectivizarse por parte de la Provincia, las medidas dispuestas en la presente resolución.
El doctor Tinti dijo:
Estimo que la medida cautelar solicitada por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba debe ser
concedida en los términos del art. 484 del C. de P. C., no resultando de aplicación en la especie el art. 1713 del
Cód. Civil y Comercial de la Nación por no constituir lo solicitado una acción preventiva.
Que habiendo sido solicitada por parte interesada, expuesta y acreditadas las razones que justifican su
dictado (la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ver fs. 176/182vta), y no siendo necesario el
ofrecimiento de fianza a tenor de lo dispuesto por el art. 460 del C. de P. C., debe admitirse la medida cautelar
solicitada.
Por lo expuesto, se resuelve: 1) Hacer lugar a lo peticionado por el Estado Provincial, quien deberá proceder
en el plazo máximo de sesenta (60) días corridos a efectuar el desmalezamiento y limpieza del inmueble
descripto supra, con la finalidad de prevenir incendios y los focos infecciosos que pongan en riesgo la seguridad
y bienestar de los ciudadanos que circulan o habitan en el sector. 2) La referida labor será por exclusiva cuenta y
cargo de la actora. 3) Las tareas señaladas, deberán respetar un radio de cincuenta (50) metros de la vivienda
ocupada por el Sr. J. A. F., a los fines de resguardar su intimidad y privacidad, ponderando así el criterios de
menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad
perseguida (arg. art. 1713 CCC). 4) A los fines de la implementación de la presente medida preventiva, se
formará cuerpo de copias que se remitirá al Tribunal a quo, a fin de que el Magistrado interviniente disponga los
oficios y medidas pertinentes, para que puedan efectivizarse por parte de la Provincia, las medidas dispuestas en
la presente resolución. Protocolícese, hágase saber y bajen. — Julio C. Sánchez Torres. — Guillermo P. B.
Tinti. — Leonardo C. González Zamar.

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