miércoles, 17 de agosto de 2016

FALLO EJECUCIÓN PRENDARIA

JMB.
Juz. 9 - Sec. 18.
4013/2016
HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ FAJARDO SILVINA MAGALI s/
SECUESTRO PRENDARIO
Buenos Aires, 21 de Abril de 2016.-
Y VISTOS:
1.) Apeló la parte actora el pronunciamiento dictado a fs. 40/45 que
rechazó in limine la presente petición de secuestro prendario incoada en los términos
del art. 39 de la ley 12.962.-
La Sra. Juez a quo consideró inaplicables a las relaciones de consumo
el procedimiento reglado por la norma legal citada, como la involucrada en el sub
lite siendo que la acción fue promovida por una entidad financiera y que del contrato
prendario que sostiene documentalmente la petición resulta que el vehículo ha sido
afectado para uso particular o privado. Apuntó la magistrada que el secuestro
prendario reglado por el citado art. 39 de la ley 12.962 se aprecia contrario al
derecho del consumidor que consagra el art. 42 CN y las disposiciones contenidas en
la ley 24.240.-
Los fundamentos fueron desarrollados a fs. 48/51.-
2.) La recurrente alegó que el carácter personal y subjetivo que
califica la noción de consumidor del deudor exige su necesaria invocación y prueba
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por parte del demandado, lo que excluye la posibilidad de presunción. Agregó que en
el presente proceso no se debate sobre el fondo de la operación jurídica subyacente,
limitándose su objeto a la pronta recuperación del bien objeto de la garantía.-
3.) Pues bien, se trata en el caso, de una prenda con registro, instituto
que regula una garantía real sobre cosas muebles o universales sin desplazamiento,
no posesoria. Se trata de una figura que en su génesis reconoce la idea de que el
titular de un bien mueble pueda gravarlo en garantía, a fin de satisfacer necesidades
de financiamiento con la innegable ventaja de no sustraer ese bien de la función
productiva o de utilidad que le es propia y que reporta beneficios para su titular.
Cabe recordar, que si bien el derecho de prenda común, concretado a
cosas muebles, tiene una larga tradición histórica, fue quedando reducido a estrechos
límites, siendo usado para mercaderías, alhajas u objetos de valor y escaso volumen.
Ello, porque, en principio, manifestaba la desconfianza del acreedor y también
porque las mercaderías gravadas estaban sujetas a variaciones de cotización, de
forma que los acreedores se encontraban a veces con que no podía reembolsarse el
total importe de los créditos y, en fin, porque los bienes dados en prenda debían ser
remitidos al acreedor y ya no podían ser más usados por el deudor (conf. conf.
Cámara Hector, “Prenda con Registro o Hipoteca mobiliaria”, pág. 17 y sgtes).
Por su parte, la prenda sin desplazamiento aparece históricamente
como una etapa intermedia para conducir a la hipoteca mobiliaria y es lo que ocurre
en materia de bienes muebles, la prenda sin desplazamiento prefigura la admisión
total de la hipoteca mobiliaria y esta hipoteca existe siempre que la garantía esté
acompañada del derecho de reipersecución. En su evolución esta institución ha
facultado al deudor prendario para disponer libremente incluso de las cosas fungibles
gravadas, con la condición de su reposición por otras de igual calidad, como sucede
con la llamada prenda flotante.
Palacio define el contrato de prenda con registro como aquél mediante
el cual, para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier
clase de obligaciones a las que se atribuya un valor dinerario o la percepción total o
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bienes muebles o semovientes y frutos o productos aunque estén pendientes, que
quedan en su poder con facultad de usarlos o industrializarlos, y cuya inscripción en
un registro produce efectos contra terceros, autoriza el otorgamiento de un certificado
que es transmisible por endoso y otorga al acreedor un privilegio sobre los bienes
afectados (Derecho Procesal Civil, T. VII, pág. 714).
En ese contexto, se ha señalado que las seguridades reales, al
aumentar las probabilidades del reembolso, estimulan considerablemente el crédito y
reducen la tasa de interés, por sus efectos concretos: el ius preferendi frente a los
demás acreedores quirografarios sobre un bien determinado -especialización de la
responsabilidad común del deudor- con facultad de satisfacerse antes que éstos y
escapando al concurso, y el ius persequtionis o inherencia por la oponibilidad erga
omnes (conf. Cámara ob. cit. , pág. 12).-
Es que si bien sería de desear que las convenciones humanas tuvieran
como única garantía la moralidad de los que las celebran, porque es sin duda
preferible prestar a la honradez que a la propiedad, ello no impide el prever la mala
fe para precaverse de ella; es así que, en asuntos de interés, el mundo profesa la
máxima de que ofrecen mayor seguridad los bienes que la persona (conf. Covían,
Victor, “Prenda”, en Enciclopedia Jurídica Española, t. XXV, pág. 375, citado por:
Cámara Hector, “Prenda con Registro o Hipoteca mobiliaria”, pág. 11, nota 8).
Es en ese marco que el Decreto-Ley de Prenda con Registro Nº
15.348/46, ratificado por la Ley Nº 12.962 y modificado por el Decreto-Ley Nº
6810/63 contempla en su art. 39 un especial mecanismo, a través del cual, con un
criterio restrictivo (art. 5), admite que cuando el acreedor es el Estado, un banco, una
institución financiera autorizada, un banco internacional o una institución financiera
internacional, y contemplando que tales entidades son profesionales, que en caso de
incumplimiento, se pueda, mediante la presentación del certificado prendario
registrado, solicitar al juez que emita una orden de secuestro que deberá ser
ejecutada de inmediato, sin conceder una audiencia al deudor. De acuerdo con la
orden del juez, el bien otorgado en garantía deberá ser entregado al acreedor
garantizado o a un tercero a solicitud del acreedor garantizado, señalando que dichoparcial del precio de mercaderías vendidas, se afectan por el deudor o un tercero,Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
acreedor tiene derecho a venta en subasta privada. Cualquier excepción o defensa
que el deudor pretenda hacer valer contra dicha orden, deberá ser realizada a través
de una acción judicial independiente, según lo previsto en la legislación procesal
local. Mas dicha acción judicial independiente no impedirá que el acreedor
garantizado pueda ejercer sus derechos de ejecución contra los bienes en garantía.
Este proceso de secuestro abreviado y la subasta extrajudicial de prendas registradas
a favor de los acreedores financieros se halla también previsto en el proceso de
insolvencia del deudor (art. 23 LCQ), con la única condición previa de que el
acreedor debe presentarse ante el juez del concurso y, después de la subasta, rendir
cuentas de ese acto ante el tribunal, con la intervención del síndico o fiduciario y el
deudor.
Dicho de otra forma, el citado art. 39 de la ley de prenda no hace otra
cosa que consagrar a través de este procedimiento la posibilidad de una ejecución
directa del bien prendado cuando el acreedor aparece calificado con ciertos
requisitos de profesionalidad que presuponen seriedad y responsabilidad en su
proceder, con prescindencia de la intervención judicial, cuyo concurso se limita a
controlar el título y facilitar la venta directa de ese bien -a través de su secuestro-.
Ello, se reitera, en el entendimiento de que los bancos e instituciones supra aludidas
en tanto entes obligados por sus responsabilidades y profesionalismo, se hacen
merecedores de la excepcional atribución de ejecutar extrajudicialmente la prenda,
conforme el régimen ya citado. Es de destacar que la experiencia de nuestros
tribunales ha demostrado que esta práctica se ha desenvuelto, en todos estos años, sin
que -en general- se registraran conductas abusivas o distorsiones en la ejecución de
esta facultad que justifiquen poner en entredicho la eficacia del instituto como
instrumento que resguarda la financiación del crédito, contemplando de manera
equilibrada los intereses en juego, a lo que debe de haber contribuido, sin duda, el
parámetro de calificación de los acreedores beneficiados que la norma exige.-
En el caso de autos, media acogimiento del deudor al régimen de la
prenda con registro, y debe repararse en particular, en lo convenido en la cláusula
N° 17, en donde expresamente se otorga al acreedor la posibilidad de ejecutar
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judicialmente conforme art. 34 Dec ley 15348/46 o por el procedimiento establecido
por el art. 39 de ese cuerpo normativo (fs.15vta.).
4.) A esta altura y en este marco, aparece dirimente dejar establecido
que los casos de prenda con registro no infringen, ni el derecho constitucional de
defensa, especialmente en relación con el principio de inviolabilidad de la defensa
ante el tribunal (art. 18 CN), ni el derecho de propiedad (art. 17 CN), ya que la
aplicación del procedimiento abreviado es una consecuencia directa del acto de
voluntad encarnada por el instrumento suscrito por las partes (conf. CCiv y Com Mar
del Plata "Citibank NA c / Morawski", 09/12/98). En efecto, la Corte Suprema ha
admitido las ejecuciones de ese tipo mediando una convención libremente pactada
con base legal y con fundamento además, en razones de conveniencia y utilidad
generales, como lo es en el caso de autos, el acceso a un financiamiento razonable
(arg. CSJN, 21/2/58, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Luis Viale”, del
25/4/00, Fallos: 240: 66; 199:389).
Se señaló, además, que no existe violación de las garantías de los arts.
17 y 18 CN, porque la pérdida de la propiedad se conjura pagando la deuda que da
origen a la ejecución y porque el accionado podrá hacer valer sus derechos con toda
amplitud en la acción ordinaria si realmente el procedimiento ha sido arbitrario o
irregular, añadiéndose que el demandado al suscribir los contratos aceptó
voluntariamente el gravamen que pesa sobre el bien adquirido y su régimen
normativo, renunciando a los beneficios que pudieran derivar de un procedimiento
previo judicial (conf. CSJN “Juana Vukic y otra c/ Banco de la Nación”, Fallos: 323:
809).
Por ende, el voluntario sometimiento del interesado a un régimen legal
o a sus beneficios, sin reservas expresas, en principio, importa un inequívoco
acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior impugnación con base
constitucional (Fallos: 270:26; 294:220; 308:1837; 310:1624; 311:1880; 323:809).-
De lo que se sigue que el acusado no podría oponer como defensa que
él no entendía la naturaleza del procedimiento de acuerdo al derecho otorgado al
acreedor o el régimen de ejecución judicial para el caso de incumplimiento.
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Como principio entonces y, en este contexto, la ejecución extrajudicial
es un sistema contractualmente aceptado que no está en contradicción con legítimas
políticas públicas. Por lo tanto, si las partes han estipulado por convenio la aplicación
de dicha legislación, realizando actos de sujeción a ella, el resultado es que cualquier
objeción de inconstitucionalidad debe ser desestimada (conf. esta CNCom, esta Sala
A, 3.11.15, “HSBC Bank Argentina SA c/ Juarez Enrique L. s/ secuestro prendario”;
íd., 10.03.16, “HSBC Bank Argentina SA c. Fernándes Cristian Daniel s. secuestro
prendario”; íd., CNCiv . Sala J , "Citibank NA c / Carnevale G. s / ejecución
hipotecaria").
5.) En esta línea de ideas, también debe destacarse de modo particular
que el Decreto-Ley Nº 15.348/46, ratificado por la Ley Nº 12.962 y modificado por
el Decreto-Ley Nº 6810/63, es una ley especial, dado que regula específica y
exclusivamente a la prenda con registro, mientras que, por su parte, la ley N° 24.240
(B.O. 15/10/1993), conocida como “Ley de Defensa del Consumidor”, en cambio es
una ley general, toda vez que regula a aquellas convenciones que configuren un
contrato de consumo.
En ese contexto, cabe recordar que es clara, la recta e inveterada regla
de interpretación que consagra el viejo principio romano “legi speciali per
generalem non derogantur” que indica que la ley general posterior nunca deroga a la
ley especial anterior (conf. CSJN, in re: “Taccari Alejandro V. c/ F.C.O”, 1/1/1937,
LL 7-1122; véase también: Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil –
Parte General”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, T° I, N° 61 págs. 55/63,
Aubry et Rau “Cours de Droit Civil Français” 4ta. Edición, T. I, párr.. 29, pág. 537).
Es por ello que si bien ambas normativas tienen idéntica jerarquía, la primera regula
la prenda con registro en forma específica, por lo que, en todo caso, prevalece sobre
la otra norma de carácter general, la que se aplica en cuanto no se contrapone a la
especial y salvo que aparezca clara la voluntad derogatoria, extremo que en el caso
no ocurre. Tal idea se ve reforzada por el art. 2220 CCCN, en cuanto establece
expresamente que la prenda con registro se rige por la legislación especial.
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De este modo, que al contener la Ley de Defensa del Consumidor
(LDC) reglas protectoras y correctoras que vienen a completar -no a sustituirdisposiciones
en el ámbito del derecho privado con una protección del consumidor
de carácter general, no desplaza normas contempladas en la ley especial aplicable al
caso de autos, como lo es, el art. 39 de la Ley de Prenda, del que no se desprende el
resultado lesivo que se pretende, a poco que se reflexione sobre los supuestos de
hecho alcanzados con un análisis comprensivo del necesario equilibrio entre los
intereses en juego.
Es que no se coincide con la posición de la magistrada de grado en
punto a que el procedimiento contemplado en la norma citada no resulta aplicable a
las relaciones de consumo, por cuanto ello importaría efectuar distinciones donde la
norma no lo hace. Solo corresponde recordar al respecto, el conocido adagio ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus y menos aún, si esa distinción conduce a
una interpretación que conspira contra los intereses de aquellos a quienes
aparentemente se pretende proteger, con una idea de dudosa justificación teleológica,
desde que solo conduce a procurar beneficios a los deudores en mora, y puede
conducir a “excluir” a los particulares –consumidores o no- de una modalidad de
financiación del crédito accesible y conveniente, privándolos de la conservación del
bien, o a desatar un previsible encarecimiento en la tasa de interés de la prestación
financiera. Máxime, se reitera, que -en general- no se han detectado conductas
abusivas que autoricen a invocar una generalizada distorsión en la práctica del
instituto.-
A esas consideraciones debe añadirse nuevamente que en la cuestión a
resolver se encuentra involucrado un delicado equilibrio de intereses en juego, pues
frente al pretenso derecho de defensa del consumidor por el que aboga la juez a quo,
se encuentra también el derecho de ese consumidor a acceder al crédito de un modo
simple y económico, siendo una de las herramientas que da la ley, se reitera, la
posibilidad de lograr dicha financiación otorgando como contraprestación una
garantía sobre un bien registrable -muchas veces, el mismo que se adquiere-,
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mecanismo que asegura tanto el interés del consumidor como el del proveedor que
facilita los fondos para la operación.
Estas reglas de juego son ampliamente conocidas por las partes, pues
no se trata de un mecanismo novedoso, sino de una operatoria que se viene utilizando
desde hace muchísimos años. Pretender modificar las pautas a la que el deudor
voluntariamente se ha acogido, se reitera, podría importar que, en el futuro, se
privase al consumidor de la posibilidad de adquirir con facilidad bienes a plazo,
perjudicando las condiciones del crédito, lo que afectaría derechamente a aquél que
honra sus obligaciones e incluso, al incumplidor, al que acarrearía mayores costos
una ejecución más compleja.
6.) Debe remarcarse, que el correcto orden constitucional conduce a
que los jueces no pueden entrar a discutir el modo cómo se ejerce la facultad de
legislar que asiste al Congreso de la Nación, al que le corresponde apreciar las
ventajas o inconvenientes de las leyes que dicta, siendo todo lo referente a la
discreción con que hubiera obrado el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial. Éste
tiene como misión, pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley aun en la
hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la ley es dura o injusta, si bien, en
todo momento, debe velar y resguardar su conformidad con los principios y garantías
constitucionales.-
Por ende, no se advierte que exista justificación alguna para que en
casos como el del sub lite, un Tribunal deba intervenir y corregir la norma legal
objetada. Ello importaría, en los hechos, convertir a los magistrados en
legisladores, con clara violación de los principios republicanos y de división de
poderes que deben prevalecer en todo estado republicano.
En otras palabras, no se aprecia conducente que, a través de un mero
argumento teórico de defensa de derechos del consumidor se pretenda derogar una
norma que, lejos de ser dejada sin efecto, es ratificada por el legislador al dictar el
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde expresamente aparece
remitiéndose a la legislación especial para la Prenda con Registro, en su art. 2220.
Máxime, se reitera, que se pretende invalidar un mecanismo, respecto del cual no se
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ha acreditado, mínimamente, que en su utilización haya mediado un abuso de parte
de los acreedores contemplados en dicha norma.
7.) Finalmente, vale la pena reiterar que decisión adoptada en la
instancia de grado no contempla que el art. 39 de la Ley de Prenda, solo admite la
venta extrajudicial cuando el acreedor es el Estado, sus reparticiones autárquicas,
un banco, una entidad financiera autorizada por el BCRA o una institución bancaria
o financiera de carácter internacional, es decir, se trata de acreedores profesionales
que tienen una cierta solvencia para hacer frente a cualquier reclamo posterior de
daños y perjuicios. Tal mecanismo, según la ley especial, no se encuentra concedido
en favor de cualquier acreedor.-
Sin embargo, cabe señalarlo también, el legislador, recientemente en
ese nuevo cuerpo normativo, al regular la prenda simple, -con desplazamiento- que
no es el caso de autos, admite, previa convención de las partes, el acceso a la
adjudicación directa del bien prendado o a la venta extrajudicial (art. 2229 CCCN),
sin limitación alguna derivada del carácter del acreedor o de la naturaleza
exclusivamente comercial de la operación-. En otras palabras, según el nuevo código
cualquier acreedor puede adquirir la cosa prendada por la compra que haga en
subasta extrajudicial, en venta privada o por su adjudicación directa, con lo cual se
acentúa, el carácter autoliquidable de la prenda como uno de los rasgos más
sobresalientes en la materia, pues sigue de cerca al respecto las prescripciones que
contenía el art. 585 del Código de Comercio, mas extendiéndolas a todo tipo de
prenda, sin distinción ya entre prenda común y prenda comercial, se reitera.
Se ha dicho incluso, que la autoliquidación implica que el acreedor
cobre de manera rápida, barata y sin pasar por los tribunales: para la venta o
adjudicación de la cosa pignorada no necesita la previa intervención judicial,
bastando para su proceder, ante la mora del deudor, la sola orden que imparta el
propio acreedor o un tercero designado por las partes, y el producido de dicha venta
se aplica directamente, sin más, a la cancelación de la deuda garantizada. La
protección que el ex propietario y el deudor pueden buscar en los tribunales es
básicamente a posteriori de la ejecución (conf. Lorenzetti, Ricardo L. “Código Civil
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y Comercial de la Nación comentado”, T. X, pág. 223/4, véase también: Alterini,
Jorge H., “Código Civil y Comercial Comentado”, T. X, págs.701/2, que refiere
igualmente a que el código establece una prenda autoliquidable para que el acreedor
cobre en forma rápida y costosa sin tener que recurrir a los tribunales).
Observase, que el art. 39 ley de prenda resulta mucho más tuitivo que
la nueva normativa referida, que no prevé, ni la alternativa del registro, ni la
limitación del carácter comercial de la prenda que en el Codigo de Comercio exigía
bajo el régimen del art. 585 Cod.Com., ni la calificación del acreedor. La reforma
aplica a la prenda, en general, alternativas que no han sido puestas aún en prueba y
que, quizás, pudieran en un futuro justificar algún tipo de objeciones, mas ello no se
advierte en supuestos como el del concreto caso que hoy nos ocupa.
En conclusión, más allá de la invocación de los derechos del
consumidor y de las normas de la LDC, que se pretenden aplicables a este proceso, lo
cierto es que el legislador no sólo remite a la ley especial en los supuestos de prenda
con registro, sin ningún tipo de salvedad (art. 2220) y sin derogar su art. 39, sino que
parecería que adoptó parte del espíritu de la norma objetada para extender y
profundizar su aplicación frente a cualquier operatoria que involucre la ejecución de
una prenda sobre un bien, y por cualquier acreedor, requiriendo sólo una convención
en tal sentido (conf. esta CNCom, esta Sala A, 17/11/15, “Banco Comafi SA c/ Paz
Manuel Alejandro s/ secuestro prendario”).-
En el caso de autos, se reitera, media acogimiento del deudor al
régimen de la prenda con registro, y debe repararse en particular, en lo convenido en
la cláusula N° 17, en donde expresamente se otorga al acreedor la posibilidad de
ejecutar judicialmente conforme art. 34 Dec ley 15348/46 o por el procedimiento
establecido por el art. 39 de ese cuerpo normativo (fs. 13vta).
Por tales razones, no cabe más que admitir el recurso introducido por
la accionante.-
8.) En consecuencia, esta Sala RESUELVE:
Hacer lugar al recurso deducido y, por ende, revocar el decreto de fs.
40/45.-
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la Ley
25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el
objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la
causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se
efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta
(30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que
las partes ya habrán sido notificadas. Devuélvase a primera instancia,
encomendándose a la Sra. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia
de la presente resolución.-
MARÍA ELSA UZAL
ISABEL MÍGUEZ
ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS
VALERIA C. PEREYRA
Prosecretaria de Cámara

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