miércoles, 17 de agosto de 2016

FALLO- DESALOJO-INTRUSOS

CAMARA CIVIL - SALA B
35877/2005
MINAGEL IRENE NORMA c/ MARTINEZ SANCHEZ EMILIANO
Y OTROS s/DESALOJO: INTRUSOS
Buenos Aires, de julio de 2016.- SDB
Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones al Tribunal a raíz de
los recursos de apelación interpuestos a f. 517, punto II por los
ocupantes del inmueble objeto de autos y a f. 546 por la Defensoría de
Menores e Incapaces Nro. 5, respectivamente.
El memorial corre agregado a fs. 528/3. En dicha pieza
de autos los apelantes expresan sus agravios. En tal sentido sostienen
que el decisum ha violado el principio de congruencia, ha efectuado
una incorrecta valoración de los hechos y la prueba, como así también
de la aplicación del derecho. Prosiguen afirmando que la sentencia
resulta confiscatoria de la propiedad entendida lato sensu y que
resulta injusta. Todo ello en tanto no está acreditada la legitimación
procesal activa, por la falta de registración del derecho real de
dominio de la parte actora. Asimismo critican los alcances conferidos
a la rebeldía de un codemandado y a la falta de acreditación de la
posesión de otra codemandada o de los accionantes.
El memorial ha sido contestado a fs. 537/540vta. por el
Sr. Defensor Público Curador y a fs.548/549 por el letrado apoderado
de la parte actora.
A fs. 553/554 corre agregado el dictamen del Ministerio
Público de la Defensa por ante la Cámara.
II. Habiéndose reseñado las principales constancias de las
actuaciones relativas a la vía recursiva, nos abocaremos al tratamiento
de la cuestión.
De manera preliminar, cabe señalar que el tribunal de
apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos
sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno. Posee amplia libertad
para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Puede
asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en
tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de
los que no sirvan a la justa solución de la litis.
En consecuencia, en el análisis de los agravios se
seguirá el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina
interpretativa. Así han establecido que los jueces no están obligados a
meritar todas y cada una de las argumentaciones. Sólo habrán de
ponderarse aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para
decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301;
272:225; Fassi - Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T° I, pág. 825;
Fenocchieto - Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620).
A partir de lo indicado precedentemente se analizarán a
continuación las cuestiones planteadas.
III. Sabido es que la expresión de agravios -o memorial
en los recursos concedidos en relación (conf. art. 246, párrafo 1º,
Código Procesal)- es el acto procesal mediante el cual la parte
recurrente fundamenta la apelación. Es carga procesal de aquella
refutar total o parcialmente las conclusiones establecidas en la
sentencia. Ello con respecto a la apreciación de los hechos y
valoración de las pruebas, o a la aplicación de las normas jurídicas
(conf. Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Tº. V, pág. 266, nº 599).
Constituye un verdadero acto de impugnación, destinado
específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener
su revocación o modificación parcial por el tribunal de apelación
(conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Comentado”, T.I, pág.
939). Es propio de la esencia de su contenido que el apelante examine
críticamente los fundamentos de la sentencia y exprese los errores que
a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que
reclama (conf. Alsina, Derecho Procesal, Tº IV, pág. 389).
En tal sentido, el artículo 265 del Código Procesal
impone al apelante el deber de efectuar una crítica concreta y
razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio
equivocadas. A cuyo fin es necesario que los fundamentos por los
cuales se pretende obtener la revisión de la providencia apelada se
expresen al fundar el recurso. En tal caso se impone indicar
detalladamente los errores, omisiones y demás deficiencias que el
recurrente pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido y la
refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el
juez su decisión (conf. CNCiv., Sala “E”, ED 117-575; CNCiv., Sala
“B”, R. 336.751 del 29/11/01; R. 339.296 del 12/2/02, entre muchos
otros).
IV. A la luz de lo expuesto, se advierte que la
presentación de fs. 528/531 lejos está de satisfacer tales requisitos
legales. Los apelantes expresan argumentos que exhiben tal fragilidad
jurídica que se equipara a una situación de ausencia de
fundamentación. Corresponde recordar que así como el magistrado
debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte asume la carga
de criticarla con razones de mayor peso jurídico como para configurar
el requerimiento previsto por el art. 265 del Código Procesal.
Si bien en atención a las consideraciones expuestas
correspondería declarar desierto el recurso, a fin de garantizar la doble
instancia, las quejas habrán de tener respuestas.
V. El principal argumento con el que se intenta sostener
la apelación radica en la falta de registración de la titularidad del
dominio.
Al respecto la sentencia apelada, al tratar la cuestión
relativa a la falta de legitimación activa describe detalladamente los
antecedentes que permiten la debida integración subjetiva del proceso.
En efecto tanto la normativa citada a fs.461vta., como
los actuales arts. 2277, 2337 y cdtes. del Código Civil y Comercial de
la Nación, otorgan investidura de pleno derecho al heredero cuando la
sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge,
trasmitiéndose la herencia desde el momento mismo de la defunción
del causante. Esa investidura atribuye la condición de heredero erga
omnes con fines de publicidad (Zannoni, “Derecho de las
Sucesiones”, T I, pag. 110, Ed. Astrea, Bs. As., 1976).
El heredero adquiere la propiedad de la herencia y puede
ejercer las acciones y derechos que tenía el causante, integrantes del
contenido de la transmisión sin ninguna formalidad, sólo acreditando
el vínculo (Córdoba, en Lorenzetti (Director), “Código Civil y
Comercial de la Nación Comentado”, T X, pág. 610, nro. III.2).
Por ello la falta de registración que alegan los apelantes
deviene absolutamente innecesaria para ejercer la pretensión de
desalojo. En consecuencia, la sentencia será confirmada.
VI. Las costas de Alzada se imponen a los apelantes
vencidos (arts. 68 y 69, C.P.C.C.).
Por los fundamentos expresados el Tribunal RESUELVE:
confirmar la sentencia recurrida. Con costas. Regístrese y publíquese
(Ac. 24/13, CSJN). Notifíquese al Ministerio Público de la Defensa
por ante la Cámara en su despacho. Oportunamente devuélvanse al
Juzgado de origen, encomendando las ulteriores notificaciones (art.
135, inc. 7, C.P.C.C.).

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