miércoles, 17 de agosto de 2016

FALLO CONSORCIO DE PROPIETARIOS, ACCIÓN DECLARATIVA

Causa N°: 50137/2010
Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VII
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 48687
CAUSA Nº 50.137/2.010 - SALA VII - JUZGADO Nº 29
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2.016,
para dictar sentencia en estos autos: "Consorcio de Propietarios del Edificio
Arenales 3.566/3.568/3.570 c/ Sind. Único de Trabajadores de Edificios de Renta y
Horizontal y otro s/ Acción Declarativa", se procede a votar en el siguiente orden:
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:
I) Del fallo que en los términos de una acción declarativa hizo lugar a las
pretensiones del consorcio actor -pues declaró que a los trabajadores que prestan
servicios de seguridad y vigilancia al Consorcio de Propietarios del Edificio
Arenales 3.566/3.568/3.570 les corresponde aplicar el convenio colectivo de
trabajo perteneciente a los trabajadores de seguridad, vale decir el actual C.C.T.
Nº 507/07- apelan las entidades sindicales demandadas SUTERH Sindicato
Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal y FATERYH
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y
PARTICULARES a tenor de las argumentaciones que vierten a fs. 530/538, las
que merecieran la réplica de fs. 552/554vta.
II) Que la actora promovió la presente acción declarativa de certeza contra
el SUTERH SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA
Y HORIZONTAL y contra FATERYH FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y PARTICULARES con el objeto de
lograr un pronunciamiento judicial que determine que se encuentra obligado a
efectuar aportes y contribuciones respecto de los trabajadores que le prestan
tareas de seguridad privada, por ser dependientes de SECURITY STAR S.R.L.,
empresa con la que contrató la prestación de tales servicios. Adujo que los
mismos se encontraban amparados por el C.C.T. Nº 507/2.007. Refirió que con
fecha 03/07/08 las accionadas a través de su representante labraron actas al
inspeccionarlo, en las que dejaron constancia de que no habría efectivizado los
aportes y contribuciones sindicales establecidas en el C.C.T. 378/04 por
conceptos tales como cuota sindical, Caja Protectoria Familia, Protección de la
Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad. Que fue intimado a su pago con los
intereses correspondientes, pese a que oportunamente cuestionó dichas actas en
sede administrativa con resultado adverso. Arguyó que los empleados destinados
al servicio de seguridad privada en el consorcio no son sus empleados, por lo que
no carga con la obligación de realizar aportes ni al SUTERH ni a FATERYH, pues
al ser empleados de la empresa prestadora del servicio de vigilancia, SECURITY
STAR S.R.L., se encuentran regidos por el C.C.T. aplicable a esa actividad.
El SUTERH Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y
Horizontal contestó y negó los hechos denunciados. Cuestionó la vía elegida.
Afirmó que el consorcio resultaba empleador en los términos de los arts. 5 y 26
LCT de los trabajadores por los cuales se determinó la deuda existente porque al
cumplir labores en un Consorcio de Propietarios afectado al régimen de la ley
13,512 se encontrarían comprendidos por el C.C.T. Nº 398/75, 306/98 y actual
378/04. Que tales normas contemplarían dentro de sus categorías al personal de
vigilancia nocturna y personal asimilado al encargado del edificio, tareas que
desarrollaría el personal provisto por la empresa de vigilancia. Ofreció prueba y
pidió el rechazo de la acción.
FATERYH FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE
EDIFICIOS DE RENTA Y PARTICULARES respondió de manera similar al
anterior. Negó la existencia de perjuicio o lesión. Adujo la improcedencia de la
acción intentada. Ofreció prueba y solicitó el rechazo de la acción.
La sentencia de primera instancia obra a fs. 514/518 y, como queda dicho,
declaró que a los trabajadores que prestan servicios de seguridad y vigilancia al
Consorcio de Propietarios del Edificio Arenales 3.566/3.568/3.570 les corresponde
aplicar el convenio colectivo de trabajo perteneciente a los trabajadores de
seguridad, vale decir el actual C.C.T. Nº 507/07.
III) Quienes apelan son SUTERH Sindicato Único de Trabajadores de
Edificios de Renta y Horizontal y FATERYH FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y PARTICULARES. Arguyen que el
a quo habría fallado sobre una cuestión que excede el objeto de la acción, de
manera arbitraria, extra petita, excediendo sus atribuciones, pues habría resuelto
como si se tratara de una acción de encuadre convencional y no una acción
declarativa de certeza (art. 322 del CPCCN). Que en autos no se verificarían los
requisitos establecidos en la norma de rito citada para la procedencia de esta
última. Se quejan por la declaración de que a dichos trabajadores de seguridad les
correspondería el convenio colectivo de seguridad 507/07 y aducen que al prestar
servicios en el consorcio actor, correspondería utilizar el plexo normativo que le
sería aplicable por su calidad de tal (ley 21.981; CCT 589/10 y LCT), más allá de
la tarea que cumplieran los trabajadores o que fueran provistos por Security Star
S.R.L. ya que se trataría de una cuestión comprendida en los artículos 14 y 29
LCT, y que la actora sería también empleadora de los mismos en los términos de
los arts. 5 y 26 de este último cuerpo legal.
También apelan la imposición de costas de grado en el orden causado y
los honorarios regulados, tanto por considerar bajos los regulados a sus letrados
como altos los de la representación de la contraria.
La actora apela la imposición de costas de primera instancia en el orden
causado (fs.539/539vta.).
IV) Destaco la atipicidad del presente pleito, una acción dirigida a que se
declare judicialmente que los trabajadores de una empresa ajena a la presente,
con la que el consorcio actor contrató los servicios de seguridad, se rigen por los
convenios aplicables a este último y no a los correspondientes a la actividad de su
empleadora.
Arguyó no ser empleadora de ellos sino que celebró un contrato
comercial con Security Star S.R.L., quien le proveyó su propio personal para
prestar servicio de seguridad y que instó una acción declarativa para obtener una
decisión que estableciera que los dependientes de la empresa de seguridad no se
rigen por su marco normativo estatutario sino por el correspondiente a seguridad.
Resalto que no se trata aquí de trabajadores de esta última que
solicitan se declare la solidaridad del consorcio o la aplicación de los arts. 30 o 29
LCT –que convierte en empleador a quien contrata o subcontrata tareas- ni existe
un desplazamiento normativo, puesto que el tercero (Security Star S.R.L.) aplica el
ordenamiento que corresponde a su actividad.
Adviértase que los demandados en ningún momento alegan que ésta
última fuera una intermediaria meramente destinada a proveer de personal al
consorcio -para soslayar el rol de éste como empleador- sino que aducen que, por
cumplir sus funciones teniendo como objetivo a vigilar el mismo, correspondería se
aplicara la normativa correspondiente en función de su calidad de inmueble regido
por la ley 13.512, con lo cual para las apelantes no podrían existir los
denominados “sindicatos de oficio”, tipología expresamente prevista y admitida en
el inciso “b” del art. 10 de la ley 23.551, pues –según sostienen- a dichos
trabajadores deberían comprenderlos las normas de derecho colectivo aplicables
a las empresas que se les designaran como objetivos a custodiar, más allá del tipo
de tareas que cumplieran en las mismas.
Considero que –atento las particularidades de las tareas de seguridadno
puede predicarse de manera apriorística y dogmática la antijuridicidad de una
tercerización como la que aduce la actora ni los demandados invocan elemento
alguno que pudiera permitir presumir en el caso la existencia de fraude.
Por ello y en el marco fáctico de la presente, que hasta aquí he
descripto, considero que a los empleados de la empresa de seguridad no puede
considerárselos empleados del consorcio usuario a los efectos de establecer el
marco regulatorio que los ampara.
Esto dicho sin perjuicio de lo que pudiera opinar en cada caso concreto
en que un trabajador pretendiera responsabilizar a la usuaria atribuyéndole el
carácter de principal o respecto de una eventual responsabilidad solidaria
motivada por subcontrataciones en el supuesto de que alegara que la seguridad
resulta ínsita de la actividad de los consorcios, fuera con invocación de los previsto
en los arts. 29 ó 30 de la LCT, pero tal supuesto no es el que se configuró en el
caso de autos, por lo que considero que corresponde desechar los agravios de los
demandados.
V) También propongo confirmar la imposición de las costas de
primera instancia en el orden causado atendiendo tanto a la naturaleza de la
cuestión ventilada en autos y la solución arribada en esa etapa (art. 68 del
CPCCN).
VI) Las sumas escogidas a los efectos de regular los honorarios de
las representaciones de las partes por las tareas cumplidas en primera instancia
lucen equitativos atendiendo a la extensión de las tareas realizadas e importancia
de la cuestión ventilada en autos (ley 21.839 y art. 38 de la ley 18.345).
En síntesis, propicio confirmar el fallo de grado en todas sus partes.
VII) En caso de ser compartido mi voto, propongo que las costas de
alzada sean impuestas a las apelantes (art. 68 del CPCCN ya cit.) y que se
regulen honorarios de alzada a su representación en $ 500 (pesos quinientos) y a
la de la actora en $ 800 (pesos ochocientos) conforme art. 14 de la ley 21.839 y 38
de la ley 18.345.
EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:
Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.
EL DOCTOR HÉCTOR CÉSAR GUISADO: No vota (art. 125 ley 18.345).
Por lo que resulta del precedente acuerdo y lo dictaminado por el Sr.
Fiscal General a fs. 566/569, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo. 2)
Imponer las costas de alzada a las apelantes. 3) Regular honorarios de alzada a
su representación en $ 500 (pesos quinientos) y a la de la actora en $ 800 (pesos
ochocientos). 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley
26.856 y con la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2.013.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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