miércoles, 17 de agosto de 2016

ACCESO A LA INFORMACIÓN

“ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA Y OTROS CONTRA IVC s/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)” Exp.N° A41519-2015/0 Ciudad de Buenos Aires, 26 de abril de 2016. VISTOS: Los autos caratulados: “ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA Y OTROS CONTRA IVC SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)”, EXP A 41519-2015/0 y, CONSIDERANDO: I.- A fs. 1/5 se presenta la apoderada de la ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y A JUSTICIA (en adelante ACIJ) y el presidente de la FEDERACION DE COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS MOI LTDA. (en adelante MOI) ambos con el patrocinio letrado del Dr. Sebastián Pilo, y promueven acción de amparo en los términos del artículo 14 de la CCABA y en cuanto a los plazos administrativos de la Ley N° 104, del art. 8 de la ley 104 y del art. 2 de la ley 2145 y modificatorias, contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC)a fin de que se condene a la demandada a brindar en forma completa, veraz y adecuada la información oportunamente solicitada, con expresa imposición de costas. Asimismo, piden se le notifique la sentencia al Superior del funcionario público o agente responsable infractor, que ha incurrido en falta grave por haber obstruido en forma arbitraria el acceso a la información, a los fines de que se adopten las medidas administrativas necesarias para sancionar dicha falta (conforme art. 10 ley 104). Relata que con fecha 12/8/2015 la ACIJ y el MOI realizaron un pedido de informes dirigido a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información a fin de que por su intermedio, se requiera al IVC información pública referida al Banco De Tierras e Inmuebles creado por la ley 1251 (art. 8). Señalan que frente a tal solicitud el IVC contestó de manera insuficiente incumpliendo la obligación de brindar la información pública de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. Funda su derecho en la Ley 104, en el art. 14 de la CCABA y en la ley 2145, formula reserva del caso federal y constitucional y pide se haga lugar al presente amparo, con costas. II.- A fs. 65/70contesta demanda la apoderada del G.C.B.A., señalando que la pretensión amparista no encuadra en las pautas establecidas en el ley 104. Explica que con la información proporcionada debe darse por satisfecha la petición efectuada por la parte actora y aclara que conforme el art. 2 de la ley 104 el órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido. III.- A fs. 73/74, la parte actora formula manifestaciones en relación a las argumentaciones de la demandada y destaca que en su contestación la accionada se contradice ya que la fundamentación dada en sede administrativa es claramente disímil de la que surge de la contestación de demanda. Agrega que más allá de la contradicción, tampoco existen en el caso las limitaciones alegadas en su negativa., por lo que no debe tenerse por cumplido en debida forma lo solicitado mediante el oficio que dio origen a las presentes actuaciones. IV.- La acción de habeas data aparece consagrada en el artículo 16 de la CCABA como una acción que permite el libre acceso a todo registro, archivo o banco de datos que conste en organismos públicos o en los privados destinados a proveer información, a fin de conocer cualquier asiento sobre su persona, su fuente origen, finalidad o uso que del mismo se haga. También permite requerir su actualización, rectificación confidencialidad o supresión, cuando esa información lesione o restrinja algún derecho. Al decir de Sagües, el instituto tiene cinco fines principales: a) acceder al registro de datos; b) actualizar los datos atrasados; c) corregir información inexacta; d) asegurar la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros; e) cancelar datos que hacen a la llamada “información sensible” (ideas religiosas,
políticas o gremiales, etc.) potencialmente discriminatoria o que afecte la privacidad (conf. Sagües, Néstor Pedro; “Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus Constitucional”, publicada en LL 1994-D-151 y ss.). En este contexto, la ley 104 faculta a cualquier persona a requerir información sobre la actividad administrativa, es decir aquélla entendida como actividad que en forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea, desarrollan los órganos estatales para alcanzar al bien común, conforme a regímenes jurídicos de derecho público. Lo expuesto pone de relieve que la pretensión incoada no es otra que la prevista en el artículo 8 del citado cuerpo legal, que faculta ante el vencimiento del plazo previsto en el artículo 7 sin que la información se hubiera satisfecho o bien cuando la respuesta a la requisitoria fuera ambigua o parcial -lo que se considera negativa a brindarla- a recurrir a la acción de amparo. Es decir, que la acción deducida resulta idónea a los fines de obtener respuesta, en los términos de ley 104, sobre las peticiones realizadas por medio del pedido de informes elevado mediante nota de fecha 12/8/2015, que se refieren a la actividad administrativa de la accionada. V.- Ello asentado, debe señalarse que de las constancias de autos surge que con fecha 12/8/2015 las aquí actoras mediante nota dirigida ala Dirección de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información a cargo de la Sra. Mariana Lastiri, solicitaron se les brindara información a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires acerca del Banco de Tierras e Inmuebles creado por el art. 8 de la ley 1251, y, concretamente se les envíe un listado de tierras e inmuebles de propiedad del IVC detallando a) ubicación (dirección exacta); b) destino (habitacional, comercial, logística, etc.); c) ; dimensiones y características (metraje estado del inmueble o terreno); d) uso actual (vivienda unifamiliar, multifamiliar etc.); e) situación de ocupación (locación irregular tenencia precaria, trámite de venta); f) si existe algún compromiso asumido por el GCBA sobre el terreno (decreto, ley, convenio, etc.); (conforme nota glosada a fs. 55). Pues bien, a esta altura del análisis, es dable señalar que según consta en autos resulta que ante el pedido de información realizado mediante dicha nota existieron dos fundamentos distintos para no proporcionar la información pedida, en sede administrativa y en esta sede judicial. En efecto, frente a la nota de pedido de información que presentaron las actoras, la Administración señaló mediante informe N° 25093809-2015-IVC que no era posible brindar la información solicitada porque estaba dentro de las limitaciones del art. 3 de la ley 104, en tanto no se suministra información “que afecte la intimidad de las personas ni bases de datos de domicilios o teléfonos…” (inc. a). Si bien, luego da un listado de barrios de esta ciudad, en los cuales el IVC posee inmuebles, deja constancia de que no puede brindar más información porque la misma resulta de carácter sensible (ver fs. 58). A su vez al contestar la demanda, la demandada señala que no correspondía contestar ese pedido de informes en virtud de lo establecido en el art. 2 de la ley 104 que hace referencia a que “el órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido. Por lo tanto, en ambas respuestas se invocan argumentos diferentes para no cumplir con el requerimiento. VI.- Al respecto, cabe efectuar dos salvedades: 1°) En la nota de fs. 58 el IVC no indica que no posee la información, sino que no la exhibe por considerarla “sensible”. Ergo, cae el fundamento que dio sustento a la contestación de demanda (ausencia del deber de producir información).. 2°) Aún considerando que alguna porción de la información requerida por la actora fuera “sensible”, lo cierto es que la respuesta brindada fue tan amplia que se tornó absurda. Nótese que el IVC siquiera informó la cantidad de inmuebles por barrio, ni definió puntualmente
los barrios a los que aludía (en el punto 7 de fs. 22 refiere a “y otros”), su destino, dimensiones, afectaciones al dominio, etc. Asimismo, no puede dejar de advertirse que nada de esto repercute en aspectos íntimos de las personas que puedan estar habitándolos, por lo cual no hay datos sensibles que revelar. Al respecto, merece destacarse que los actos administrativos deben ser motivados, considerándose que no cumple tal requisito la invocación genérica de razones que por su amplitud devienen insustanciales (por ejemplo “razones de servicio”, “datos sensibles”, etc.).Por ello, comparto plenamente el criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal según el cual la motivación “… es requerida aún tratándose de atribuciones discrecionales, dado que ello no exime al órgano administrativo de cumplir con los requisitos del acto administrativo conforme a la ley …”, que además, “…es improcedente confundir la discrecionalidad en el actuar de la Administración con la irrazonabilidad de su proceder…” (Conf. CSJN in re “Silva Tamayo, Gustavo Eduardo c/EN –Sindicatura General de la Nación-, sentencia del 27/12/2011; ver en igual sentidoFallos 331:735 y 332:2741). Siguiendo esa línea de razonamiento, debe ponerse de resalto que el ejercicio de potestades discrecionales no implica una suerte “de libre albedrío” para la Administración, exento de control judicial, debiendo en tal sentido recordar lo enseñado por García de Enterría respecto de los “dogmas de reducción de la discrecionalidad”, advirtiendo que los actos emanados del ejercicio de dichas potestades deben igualmente respetar los principios de legalidad y juridicidad, los principios generales del derecho, evitar conformar una “desviación de poder” respecto de su finalidad y cumplir con todos los elementos reglados del acto, por caso, la motivación, la causa, la competencia, el objeto y los procedimientos esenciales (ver Eduardo García de Enterría, “La lucha contra las inmunidades del poder”, 3ra ed., Madrid, Cuadernos Cívitas, 1983). De tal suerte, la respuesta brindada por el IVC, cuya copia certificada se encuentra glosada a fs. 58 deviene irrazonable por infundada y, por ende, no alcanza para satisfacer la manda legal prevista en el art. 3 de la ley 104. Este ha sido el criterio sostenido por la Cámara del fuero in re “Cremonte, Martín Rafael c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, Sala I, expte. N° 26.314/0, del 19/6/2008. VII.- No se escapa a la suscripta, además, el grado de importancia que tiene para la población el contar con la información requerida, pues ante este mismo juzgado y secretaría tramitó la causa “Asociación Civil Vecinos de Belgrano y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Amparo”, Expte. N° A921- 2016/0 en la que se debatía el trámite legislativo de un proyecto de ley tendiente a disponer el traspaso de bienes del dominio privado del GCBA a una Agencia de Bienes del Estado que tendría la función de enajenarlos. De tal manera, lo que está en juego es el control del manejo del patrimonio de la Ciudad, que es un derecho inalienable de los ciudadanos. De acuerdo con ello, considerando los alcances e importancia que en el caso adquiere el derecho vulnerado, la ausencia de motivación de la denegatoria de fs. 55 y la inconsistencia del escrito de contestación de demanda, no cabe dar otra solución que no sea acceder a lo peticionado. VIII.- En el supuesto caso de que en algún aspecto concreto de la información requerida afectara la intimidad de alguna persona, ello deberá ser explicitado puntualmente si excede los términos de la ley 1845. Sobre el punto, deberá tenerse presente que “dato sensible” solo es aquel que pueda afectar el ámbito de autonomía individual, importando un peligro real o potencial para la intimidad de las personas (CSJN “DGI c/ CPACF” del 13/2/96). De tal manera, aún cuando existiera algún extremo que pudiera considerarse “dato sensible”, ello no debe conllevar a la denegatoria sino, en todo caso, a proteger el dato personal concreto sin
restringir el resto de la información (Conf. Scheibler, Guillermo y otros, “Acceso a la Información Pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ley 104 Comentada y Concordada”, edit. Ad Hoc, Buenos Aires, 2012, pag. 78). IX.- Ello así, insisto, en la medida que, entre otros aspectos, requerida la demandada, ésta contesta sin adecuarse a la cuestión solicitada en el oficio de informes que motivara esta demanda y no responde en consonancia con lo solicitado en cuanto a la lista de bienes y terrenos de propiedad del IVC y sus características. Destácase, una vez más, que el IVC no adujo no contar con esa información. Por ende, nada hace presumir la inexistencia de los datos requeridos o la imposibilidad de brindarlos. En mérito a lo expuesto, FALLO: 1) Haciendo lugar a la acción promovida por la ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AUTOGESTIONARIAS MOI LTDA. contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) del GCBA,el que -dentro del plazo de diez (10) días- deberá brindar la información requerida por nota de fecha 12/8/15 y que dio origen al expediente EXP 2015-22144972-MGEYA con fecha de recepción el 26/8/2015, en los términos que surgen de los considerandos que anteceden. 2) Imponiendo las costas a la demandada (art. 62 CCAyT). 3) Regulando los honorarios a la dirección letrada de la parte actora, Dr. SEBASTIÁN PILO, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad, eficacia y extensión de la labor desarrollada en autos, en la suma de pesos seis mil veinticuatro ($6.024) conforme lo establecido en los arts. 46 y 56 de la ley 5134 Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, archívese.

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