domingo, 5 de julio de 2015

ANÁLISIS DEL DR ROSSI AL FALLO ANTERIOR


22/06/2015
Si la sentencia condena a pagar en dólares, la AFIP debe autorizar la compra de dólares
En un juicio de escrituración, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Morón ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos a que autorice a la actora la adquisición de la cantidad de dólares necesaria para abonar el saldo del precio de la compraventa de un inmueble. El Tribunal destacó que “no es cierto que resulte una cuestión ajena a la tramitación de la causa lo relativo a la adquisición de la moneda extranjera”, porque “es el juez quien dictó el fallo, el que debe disponer lo necesario para su materialización práctica”. Se tuvo en cuenta que el vínculo que ligó a las partes data del año 2008 y que “se pactó en dólares estadounidenses en un proceder ajustado totalmente a la ley vigente (arts. 617 y 619 del Cód. Civil)”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO


Así lo dispuso la Sala Segunda, en los autos "MASSOLA MARIA CRISTINA C/ UNAMUNO ISABEL MERCEDES Y OTROS S/ ESCRITURACION"
En esta causa, se encontraba firme la sentencia por la cual se hizo lugar a la demanda por escrituración promovida por la actora disponiendo que en el acto escriturario esta abone el saldo de seis mil dólares estadounidenses deduciéndose la clausula penal.
Posteriormente, quedó también firme la liquidación del monto que debía pagar la actora, deducida la cláusula penal. Dicho monto se fijó en U$S 5961,53 y se intimó a aquella para que dentro del término de cinco días proceda al depósito de dicha suma la que deberá realizarse en la moneda convenida -dólares estadounidenses-.
Ante esto, la actora solicitó a la juez de grado se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones del BCRA y ordene a la autoridad bancaria correspondiente la venta de dicha divisa a fin de cumplimentar con la sentencia. La a quo rechazó tal petición e impuso las costas.
Esta decisión fue apelada y, en la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Ferrari quien, luego de realizar un detallado análisis de la normativa aplicable a las operaciones de adquisición de moneda extranjera efectuadas por personas físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país, concluyó en que “cuando el Poder Judicial provincial disponga, en el ejercicio de su función jurisdiccional específica (vgr. el hacer cumplir una decisión propia), la realización de una operación de tipo cambiario no quedaría incluido dentro de la necesidad de validación.” (la negrita es nuestra)
Al respecto, el magistrado recuerda que “en la normativa fondal -hoy vigente- está permitida la contracción de obligaciones en moneda extranjera; el acreedor -por cierto- tiene derecho a percibir lo acordado (art. 740 C. Civil) e incluso puede negarse a recibir algo distinto; en esta causa no entra en juego la pesificación: la obligación nace en virtud de circunstancias posteriores al año 2002.-
Y, de alguna manera, la jurisdicción ha de dar respuesta a esta situación, pues es de su esencia el mandar a cumplir sus propias resoluciones; y justamente para ello el actor acudió en procura de tutela.” (la negrita es nuestra)
“Vayamos al caso concreto: aquí el vínculo que ligó a las partes data del año 2008; se pactó en dólares estadounidenses en un proceder ajustado totalmente a la ley vigente (arts. 617 y 619 del Cód. Civil). Existe sentencia de ambas instancias, en las cuales se hizo lugar a la demanda, dándole razón a la parte actora.
Es decir, la actora ha sido gananciosa en el proceso.” (la negrita es nuestra)
Por ende, “no es cierto que resulte una cuestión ajena a la tramitación de la causa lo relativo a la adquisición de la moneda extranjera.-
Es que, justamente, ello se vincula con el cumplimiento de lo aquí decidido; es el juez quien dictó el fallo, el que debe disponer lo necesario para su materialización práctica (arg. arts. 497 y 509 CPCC).-
Aquí la actora viene a reclamar se la autorice a adquirir moneda extranjera para cumplir su compromiso, muy anterior -por cierto- a las actuales restricciones cambiarias.-
No parece razonable que ello se le impida, si se piensa en la posibilidad -por ejemplo- de que el sistema autorice consumos en moneda extranjera vía tarjeta de crédito -o débito- para turismo u otras adquisiciones actuales (aunque sea con la condigna percepción tributaria); y, paralelamente, no se prevea ninguna solución para los acreedores anteriores, que celebraron acuerdos en el marco de la ley vigente (art. 619 C.C.), teniendo entonces derecho a la protección jurisdiccional.” (la negrita es nuestra)
A mayor abundamiento, “el inmueble objeto del boleto…es justamente el mismo domicilio de la actora…con lo cual, en el análisis de la cuestión, no podemos dejar de tener en cuenta -como norte interpretativo- el tema de LA PROTECCIÓN Y EL ACCESO A LA VIVIENDA (art. 14 bis Const. Nac.) y su potencial menoscabo si la operación llegara a frustrarse por alguna cuestión administrativa.-
No parece, entonces, razonable que desde el Estado se le haya procurado dar una solución a la problemática de la vivienda de aquellas personas que contrataron en moneda extranjera con anterioridad a 2001 (cfe. leyes 26.167, 14.432 -de la Provincia-, y concordantes) y no se procure, paralelamente, la atención de las situaciones que estas nuevas restricciones cambiarias han generado.” (la negrita es nuestra)
En síntesis, “aquí nos hallamos ante acreencias nacidas en moneda extranjera, entre particulares, mucho antes de instauradas las actuales restricciones cambiaras; existen resoluciones judiciales que dispusieron el pago de la acreencia en moneda extranjera y que quedaron firmes; la actora (que no está en mora) tiene voluntad de abonar y la parte demandada voluntad de percibir; y aquí lo principal, está en juego el acceso a la vivienda (valor prevaleciente).-
No está prevista esta situación en las aludidas resoluciones administrativas, aunque sí se permite la adquisición para otras situaciones (atesoramiento, turismo) donde no está en juego aquel supremo interes.-
Digo, por último, que ni siquiera podría la actora procurar una adquisición en el mercado (ilegal) paralelo, dada la ilicitud que ello implicaría.” (la negrita es nuestra)
Siendo compartido este criterio, se resolvió revocar la resolución apelada debiendo la sentenciante de grado librar oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que, por donde corresponda, se sirva emitir las autorizaciones necesarias para permitirle adquirir a la actora “la cantidad de dólares estadounidenses necesaria para cumplir con la obligación de autos, con la condigna percepción tributaria, si fuere menester; haciéndole saber a la actora que, dentro de las 48 horas de concretada tal adquisición, deberá proceder a depositar en autos la suma obtenida”, con costas de ambas instancias por su orden.
Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009
 FUENTE: Colegio de Abogados de Morón
disponible en: http://www.camoron.org.ar/vermas-fallos.php?f=1074

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