sábado, 30 de mayo de 2015

Un nuevo espaldarazo al derecho de consumo en la provincia de Buenos Aires

 por PABLO BAGALÁ, ANALÍ MENDIBERRI 26 de Mayo de 2015 www.infojus.gov.ar Id Infojus: DACF150630 I.- Introducción. Recientemente el Superior Tribunal bonaerense dictó sentencia en la causa "Crédito para todos S.A. contra Estanga, Pablo Marcelo s/ Cobro ejecutivo" (2), resolviendo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín, revocando el pronunciamiento impugnado y dejando sin efecto el fallo plenario dictado por la Alzada del mismo Departamento Judicial, con costas a la ejecutante vencida. Asimismo, dispuso remitir los autos a la Cámara de origen para que, integrada como corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo decidido. Básicamente, en la decisión de fondo, se estableció que el juez se halla habilitado para rechazar de oficio su competencia si constata que, en fraude a la ley, la ejecución se encuentra causada por una operación financiera para consumo o de crédito para consumo. En rigor de verdad, en lo que hace a la solución final, la Suprema Corte no innova sino que reivindica su postura adoptada en la resonante causa "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo" (3). Ahora bien, existen algunas particularidades en el fallo en comentario que merecen especial mención y tratamiento (por caso, la actuación activa del Fiscal General y el dictado de plenario por parte de la Alzada que decidiera la cuestión), a la par que el magistral voto del Dr. Eduardo de Lázzari, ampliando fundamentos, pone al derecho de los consumidores y usuarios en el lugar que corresponde de acuerdo a su categoría constitucional. II.- La actuación del Ministerio Público Fiscal como custodio de la ley. Como sabemos el Ministerio Público -y el cuerpo de fiscales que lo integra- es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ello surge no solo de la Constitución Nacional y las provinciales, sino también de las distintas leyes, de orden nacional o provincial, que regulan el mentado órgano (por caso la ley nacional 24.946 o la 14.442 en el orden provincial bonaerense). Así, por ejemplo, las mentadas leyes ordenan que es deber de la fiscalía, en materia civil, comercial, laboral y de justicia de paz, dictaminar en aquellos supuestos previstos por las leyes, cuando se manifestare afectación del interés público con gravedad institucional, o requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad (4). A su turno, la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 52 (5) designa, entre otros legitimados para iniciar una acción judicial, al Ministerio Público Fiscal el que si no actúa como parte lo "debe" hacer como fiscal de la ley. Seguidamente, el artículo prevé que en caso de que la acción sea ejercida por una asociación de defensa de usuarios y consumidores de las autorizadas reglamentariamente, se trate de una acción de incidencia colectiva, y que sea desistida o abandonada por dicha asociación, el Ministerio Público Fiscal asumirá su titularidad. Posteriormente, el artículo 54 LDC (6) procura la anuencia del Ministerio Público Fiscal para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción en el marco de las acciones de incidencia colectiva, salvo que éste sea el propio actor de la acción, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. Finalmente, el carácter de ley de orden público que el artículo 65 LDC (7) asigna al régimen "obliga" al Ministerio Público Fiscal a velar por su custodia (8). Cabe destacar que más allá de lo expuesto precedentemente el Agente Fiscal debe velar por el cumplimiento de la LDC en atención a la propia naturaleza del derecho del consumidor y, lógicamente, por su categoría constitucional que dimana del art. 42 de la CN (art. 38 Constitución Bs. As.). Ello así habida cuenta las peculiaridades del proceso, la índole del interés involucrado, la directa relación que las garantías que establece la legislación específica tienen en relación a la efectiva defensa de los derechos de los consumidores, entre otras circunstancias. En el particular resulta plausible la actuación del Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín en tanto que con su actuación activa, en defensa de la ley y el interés social, logró revertir la decisión de la Alzada que contrariaba no solo la propia LDC sino la jurisprudencia, a esta altura unánime, de todo el país respecto al tema en tratamiento, particularmente la doctrina legal de la SCBA. III.- El Plenario de la Alzada. Dispone el art. 37 de la ley 5827 que cuando un mismo caso haya sido objeto de resoluciones divergentes por parte de distintas Cámaras o de distintas Salas de una misma Cámara de un Departamento Judicial, al presentarse posteriormente uno similar, será resuelto por las Cámaras del mismo fuero o la Cámara en pleno respectivamente. Es facultad legal de las Cámaras convocar y decidir en acuerdo plenario los temas de derecho que juzguen necesarios, pero tal facultad debe ejercerse con la debida prudencia y sin perjuicio de las disposiciones que sobre el recurso de inaplicabilidad de ley contiene la Constitución provincial, por lo que si el tema a resolver en plenario ha sido objeto ya de decisión por la Suprema Corte bonaerense en reiteradas oportunidades, no tiene objeto su convocatoria. El acatamiento que los tribunales hacen a la doctrina legal de la SCBA responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Como lo indica el mismo fallo en comentario no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de la Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta llegado el caso dejar a salvo sus opiniones personales. En el particular la Alzada llamó erróneamente a plenario porque, como se dijo más arriba, la SCBA se había expedido en reiteradas ocasiones sobre el deber de los jueces de declarar su incompetencia si constatan, mediante elementos serios y adecuadamente justificados, que la ejecución se encuentra causada por una operación financiera para consumo o de crédito para consumo y se pretende obtener el resultado que el art. 36 LDC prohíbe expresamente (vale decir, sacar al consumidor del juez natural que le corresponde de acuerdo a su domicilio real). Existe otro caso similar, aunque con distinta resultado, donde un Tribunal de segunda instancia llamó a plenario. Efectivamente, la Alzada de San Isidro en fecha 30 de septiembre del corriente año, decidió por mayoría que debe declararse de oficio la incompetencia territorial en los juicios ejecutivos en razón del domicilio del ejecutado, presunto consumidor, "cuando el conflicto se circunscribe al ámbito de la Provincia de Buenos Aires". IV.- La decisión de fondo. Como sostuvimos precedentemente sobre el particular la SCBA ya se había expedido en el precedente "Cuevas" donde se "autorizaba" a los jueces a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados, de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 LDC. Es que si bien impera en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución que impiden debatir aspectos ajenos al título (9), es posible una interpretación de la regla aludida acorde con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios. Ello, obedece al carácter de orden público de dicha ley y su intención de otorgarle al consumidor un régimen especial derivado de su posición en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios (10). Entonces la doctrina que surge del precedente "Cuevas" obliga a que el magistrado tenga que analizar, en cada caso concreto, la eventual existencia de una relación de consumo. Una vez que dicha relación es constatada por el juez, si es que el ejecutado/consumidor tiene su domicilio real en otra jurisdicción que no es la que corresponde al magistrado, éste tendrá que declararse incompetente para entender en la causa y enviar las actuaciones al juez del lugar donde el consumidor se domicilie realmente. Párrafo aparte para la cita que el Ministro de Lázzari realiza sobre la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, es cierto que en el año 2010 la Corte Suprema de la Nación se pronunció en sentido opuesto en la causa "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Toledo Cristian Alberto s/ cobro ejecutivo" (causa de competencia n° 231, XLVI, 24-VIII-2010), en la que determinó la competencia de un Juzgado en lo Comercial remitiendo a lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, cuya argumentación consistió en que no era viable la declaración oficiosa de incompetencia por razón del territorio pues dicha facultad está restringida en forma expresa por el Código Procesal Civil y Comercial. Ahora bien, lo que escapó al elevado criterio del Ministro votante fue que la propia CSJN en la causa "Productos Financieros S.A. c/ Ahumada, Ana Laura s/ cobro ejecutivo" (11) se expidió sobre el tópico en sentido análogo a la causa "Cuevas". Allí, compartiendo el dictamen de la Procuradora, la CSJN dispuso: "2°) Que, cabe agregar, la conclusión a la que arriba dicho dictamen no invalida la naturaleza del título base de la pretensión, ni la del juicio ejecutivo, en tanto la verificación de los presupuestos fácticos que habilitan la aplicación del arto 36 in fine de la ley 24.240, texto según ley 26.361, además de limitarse a las circunstancias personales de las partes, tiene como único propósito decidir sobre la competencia del tribunal, de modo que la abstracción cambiaria y los limites cognoscitivos propios de estos procesos, a los fines de la viabilidad de la acción, no resultan afectados (Competencia N° 623.XLV "Compañía Financiera Argentina S.A. cl Monzón, Mariela Claudia s/ ejecutivo , fallada en la fecha). 3°) Que, asimismo, un nuevo examen de la cuestión permite concluir que la declaración de incompetencia de oficio en los supuestos en que resulta aplicable el art. 36 de le ley 24.240, texto según ley 26.361, encuentra sustento en el carácter de orden público que reviste dicha norma (art. 65 de esa ley)". V.- El voto del Dr. Eduardo de Lázzari: el derecho de consumo como derecho humano. El Dr. de Lázzari, en su magistral voto, comienza haciendo hincapié sobre la tutela judicial efectiva. Luego de ilustrarnos sobre tal amplio y fundamental derecho expresa que si la observancia de las garantías que integran la llamada tutela judicial efectiva se impone para todos, con mayor razón debe hacérselo en el ámbito del derecho del consumidor y usuario en virtud de la protección especial que la Carta Magna, la Constitución provincial y la LDC le asignan. Así, en consonancia con lo anterior, explica que "en el marco de una situación objetiva de desigualdad, se hace necesario fortalecer la posición del más débil, para de ese modo restablecer la igualdad que es garantía constitucional". Posteriormente, reseña las normas procesales y fondales que, en este tema, se encuentran en aparente reñida. El Magistrado presenta el problema de esta forma: "relaciones de consumo que han sido instrumentadas mediante el otorgamiento de títulos ejecutivos, en los que habitualmente el acreedor incorpora una constancia según la cual queda pactado un lugar de pago distinto del domicilio del deudor, lo que determina la competencia de un tribunal que no es el de su domicilio real. En esas condiciones, con sustento en la literalidad y abstracción del título y en la imposibilidad del análisis causal en el marco de la ejecución, las previsiones de la L.D.C. aparecen desairadas". Ante el problema planteado, arguye que la cuestión ha sido abordada por la doctrina y la jurisprudencia quienes se han pronunciado, en su gran mayoría, a favor de la aplicación de la LDC y a continuación reseña los fundamentos por los cuales se impuso la solución establecida en la ley consumeril. En tal laboreo lo que primero pone en el centro de la escena es la categoría de derecho constitucional de los derechos de los consumidores y usuarios, pero no se queda allí sino que afirma que ellos "son una especie del genero derechos humanos". Por si fuera poco, en el mismo párrafo, alega que "el derecho del consumidor presenta las características de un microsistema con principios propios, inclusive derogatorios del derecho privado tradicional". Si bien lo destacado es harto conocido por la doctrina lo cierto es que el mentando párrafo reafirma el carácter de derecho supra legal del plexo consumeril. Es que, como es bien sabido, la inclusión de los derechos de consumidores y usuarios en el capítulo constitucional de Nuevos Derechos y Garantías, incorporado tras la Reforma de 1994 es un fundamento en este sentido, en la inteligencia que se lo incluyó allí como técnica legislativa por considerarlo un derecho de tercera generación, esto es, un derecho humano (12). La buena apreciación realizada por de Lázzari aparece como un llamado de atención a los operadores jurídicos recodándoles el carácter, la calidad, la naturaleza, la extensión del estatuto consumeril. En segundo término, el Ministro se expide sobre el art. 36 LDC y nos dice que la nulidad allí establecida está fundada en la ilicitud del objeto concerniente al pacto de prórroga de competencia que dicha disposición prohíbe y que si aceptara la prevalencia de las normas procesales se permitiría por una vía lateral, como sería la utilización de títulos cambiarios, violentar la prohibición. Luego, en base a los artículos 3 y 65 de la LDC deriva el magistrado que, cuando existe relación de consumo, la normativa cambiaria es inaplicable en todo lo que resulte incompatible porque ésta no puede desvirtuar la efectividad de las normas tuitivas del consumidor. Además, agrega como al pasar, el carácter de ley especial y ley posterior que la ley 24.240, con la modificación de la 26.361, posee en relación al régimen cambiario. El voto podría haber finalizado a esta altura. Existían variadas y fundadas razones por las cuáles el opinante, ampliando los fundamentos del voto de los restantes Ministros de la SCBA, concluía junto a ellos que la materia cambiaria debía ceder cuando colisiona con el régimen de consumo. Pero resultó que el Dr. de Lázzari dio una vuelta más de tuerca. De tal forma, primeramente explica que lo que el artículo 542 de Código procesal bonaerense impide examinar es la legitimidad de la causa de la obligación en el marco de la excepción de inhabilidad de título la que debe fundarse en las formas extrínsecas, pero que ello no obsta a que se indague para una circunstancia dispar como es la de determinar la competencia territorial. En otras palabras, razona: "estamos sosteniendo que siempre a partir de los términos literales del documento (sus formas extrínsecas) en particular las condiciones personales de las partes, se podrá determinar si se ha celebrado un contrato de crédito para el consumo. Esas circunstancias personales de las partes y elementos obrantes en las actuaciones son hábiles para formar convicción respecto del encuadramiento de la relación jurídica emergente del pagaré en ejecución dentro de las operaciones regidas por la L.D.C., pues de conformidad con lo dispuesto en el art. 163 inc. 5 del ritual, las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Y en caso de duda, cabe la interpretación a favor del consumidor, no solo de conformidad con las reglas de la L.D.C. (arts. 3 y 37), sino también sobre la base del principio general del art. 218 inc. 7 del Código de Comercio, que impone interpretar a favor del deudor". La vuelta de tuerca antes mencionada aparece cuando de Lázzari, a renglón seguido de recordar que según el art. 1 del CPCCBA la competencia territorial solo puede prorrogarse de conformidad de partes en asuntos exclusivamente patrimoniales, se cuestiona sobre si la relación de consumo conforma una relación "exclusivamente" patrimonial o si, por el contrario, existen otras aristas que la hacen escapar de tal definición. Y así es que encontramos otra jugosa parcela jurídica cuando el Ministro resuelve el enigma planteado. En tal faena, repasa el modelo de contrato tradicional y lo contrapone al contrato de consumo el que aparece como más humano, más social, celebrado entre personas no iguales sino entre fuertes y débiles, satisfechos y necesitados, etc. Entonces concluye terminantemente: "si en los asuntos exclusivamente patrimoniales la competencia puede ser prorrogada de conformidad de partes, y la relación de consumo no constituye un asunto exclusivamente patrimonial, esa dispensa en esta materia no es permitida". VI.- Conclusión. El fallo es ejemplar por donde se lo mire. La solución propiciada es la que mejor se ajusta al derecho vigente y a la realidad de los hechos, tal como se viene pronunciando gran parte de la judicatura del país. El voto del Ministro de Lázzari podría haber sido una simple adhesión a la ya convincente decisión de los restantes colegas. Pero, así las cosas, no podemos más que agradecer la simpleza con la que el mencionado expuso todos y cada uno de los motivos por los cuales el derecho del consumidor vuela por encima de los restantes regímenes legales, particularmente sobre el derecho cambiario y las normas formales. Consideramos como lo puso de manifiesto de Lázzari que en el juicio ejecutivo es posible concluir en la existencia de una relación de consumo sobre la base de los elementos que se desprenden del título y de las propias actuaciones. Así, la calidad de las partes involucradas, determinadas constancias obrantes en el documento, la habitualidad en la promoción de ejecuciones similares y diversos elementos que conduzcan a obtener presunción en tal sentido. Esa labor puede y debe tener lugar de oficio por el juez. Estando a su cargo el examen atento del título presentado y por la naturaleza de orden público de las disposiciones contenidas en la L.D.C., se encuentra habilitado para tal investigación y en caso de concluir en que existe relación de consumo, puede declarar de oficio su incompetencia. Esta potestad se justifica por la necesidad de protección de intereses especialmente amparados y en el deber de evitar el obrar abusivo, esto es, aquél que bajo la apariencia de un cumplimiento sólo formal de los fines de la ley, en rigor apunta a desvirtuar los derechos de quienes se encuentran en posición de vulnerabilidad. Adviértase que impedir la declaración de incompetencia de oficio, sobre la base de que el deudor puede oponer la excepción de incompetencia termina por ser una petición de principios. Si la finalidad de la ley consiste en evitar el agravamiento que supone para el deudor acudir a extraña jurisdicción, de ese modo se lo obliga precisamente a hacer lo que la ley no quiere. En orden a las facultades que asisten al juez para indagar, cabe referir que la doctrina y la jurisprudencia han encontrado una herramienta útil en lo dispuesto por el art. 336 del Código procesal local. Este texto, que posibilita el rechazo in limine de la demanda, establece en su segundo párrafo que si de ella no resulta claramente que es de su competencia, mandará que el actor exprese lo necesario a ese respecto. Y el art. 34 inc. 5 del CPCCBA dispone que es deber del juez dirigir el procedimiento, pudiendo disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. Notas al pie: 1) Cualquier comentario, aporte o crítica, remitirlo a la dirección de correo bagalapabloabogado@gmail.com 2) Causa C. 117.245, en fecha 3 de septiembre de 2014. 3) Causa Rc. 109305 del 01/09/2010. Seguidamente se sucedieron precedentes en el mismo sentido. 4) Ver art. 29 y ccdtes. de la ley 14.442 y art. 41 de la ley 24.946. 5) "Acciones Judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas. Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente. En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal". 6) "Acciones de incidencia colectiva. Para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación requerirá de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso. La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga. Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para la reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a la reparación y, si no pudieran ser individualizados, el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo afectado. Si se trata de daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser factible se establecerán grupos o clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán éstos estimar y demandar la indemnización particular que les corresponda". 7) "La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su publicación". 8) El art. 27 de la ley 13.133 de la provincia de Buenos Aires también instituye la misma actuación obligatoria. 9) Art. 542 del CPCCBA. 10) Pablo Bagalá, "El pagaré de consumo: análisis de su ejecutabilidad", editorial Errepar. Publicado en Compendio Jurídico, Tomo 77, pág. 119/149, Septiembre 2013. 11) Competencia N° 577, XLVII. del 10/12/2013. 12) Para más sobre el tema de derechos humanos y derechos del consumidor ver "Derechos y responsabilidades de las empresas y consumidores", Dir. Carlos Ghersi, ed. Organización Mora Libros, capítulo I escrito por Marcela Mariotto. CONTENIDO RELACIONADO Legislación LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO Ley 24.946. 11/3/1998. Vigente, de alcance general ESTABLECEN UNA NUEVA LEY DE MINISTERIO PUBLICO LEY 14.442. Buenos Aires 20/12/2012. Vigente, de alcance general LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 42 Ley 24.240. 22/1993. Vigente, de alcance general LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 44 Ley 24.240. 22/1993. Vigente, de alcance general LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 53 Ley 24.240. 22/1993. Vigente, de alcance general CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Art. 34 Constitución Nacional. 22/1994. Vigente, de alcance general CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Art. 3 Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires 13/1994. Vigente, de alcance general LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 30 Ley 24.240. 22/1993. Vigente, de alcance general DEFENSA DEL CONSUMIDOR. LEY MODIFICATORIA. LEY 26.361. 12/3/2008. Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE BUENOS AIRES Art. 354 DECRETO LEY 7425/68. Buenos Aires 19/1968. Vigente, de alcance general LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 115 Ley 24.240. 22/1993. Vigente, de alcance general CODIGO DE COMERCIO. Art. 17 Ley 2.637. 5/10/1889. Vigente, de alcance general LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 3 Ley 24.240. 22/1993. Vigente, de alcance general LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 31 Ley 24.240. 22/1993. Vigente, de alcance general CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE BUENOS AIRES Art. 1 DECRETO LEY 7425/68. Buenos Aires 19/1968. Vigente, de alcance general CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. Art. 222 Ley 17.454. 18/1981. Vigente, de alcance general CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE BUENOS AIRES Art. 28 DECRETO LEY 7425/68. Buenos Aires 19/1968. Vigente, de alcance general
Fuente: Infojus, Pensamiento Civil.Disponible en: http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/05/Doctrina1251.pdf#viewer.action=download

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