miércoles, 6 de mayo de 2015

Doctrina del día: El contrato de concesión para la venta de automotores en el Código Civil y Comercial. Breves comentarios. Autor: Federico Daurat

PUBLICADO EL 5 MAYO, 2015 POR THOMSON REUTERS
Doctrina del día: El contrato de concesión para la venta de automotores en el Código Civil y Comercial. Breves comentarios. Autor: Federico Daurat

Publicado en: LA LEY 30/04/2015, 30/04/2015, 1

Cita Online: AR/DOC/1335/2015

Junto con varias figuras contractuales que hasta la fecha se encontraban aglutinadas en lo que la doctrina denomina “contratos comerciales modernos”, el Código Civil y Comercial le ha dado un marco legal al contrato de concesión comercial para la venta de automotores. De esta manera, se ha tenido en cuenta una corriente de opinión que reclamaba el tratamiento legal del contrato, que hasta la fecha resulta “innominado” en virtud de la inexistencia de regulación específica.

Sin perjuicio de ello debe resaltarse que el nuevo marco legal no es novedoso, ya que ademas de acoger la opinión doctrinaria para delinear las características específicas del contrato, el tratamiento dispensado por el nuevo cuerpo normativo se nutre de la doctrina emanada de los precedentes judiciales de la justicia comercial, que a través de los años ha construido un marco legal ecuánime al cual las partes sabían que debían someterse en caso de conflicto.

Sentado lo expuesto, analizaremos de manera sintética la metodología adoptada por el legislador, las características salientes del actual régimen jurídico y el que será aplicable una vez que entre en vigencia el Código Civil y Comercial a partir de agosto de 2015.

a) Marco legal actual
El contrato de concesión puede definirse como una relación contractual entre dos empresas jurídicamente independientes, por la cual el concesionario compra los bienes producidos por el concedente a un precio diferencial, para venderlos a sus propios clientes, de manera tal que el concedente productor es ajeno a la relación existente entre el concesionario y el tercero consumidor.

Generalmente se utiliza esta figura cuando el objeto del contrato consiste en bienes de mayor complejidad y desarrollo tecnológico (automotores, maquinarias) y en virtud de ello, el concesionario posee un mayor grado de subordinación al concedente ya que entre otras cosas, debe prestar la garantía del bien vendido y servicios de mantenimiento previstos por la fábrica para cada uno de sus productos, además de taller.

Entre sus pincipales características podemos enunciar las siguientes:

Contrato normativo. Es un instrumento destinado a reglamentar vínculos contractuales actuales o futuros.
No formal. Como es un contrato “atípico”, sin regulación legal, rige en la materia el principio de la libertad de formas, pudiéndose incluso celebrarse verbalmente, pese a lo cual es recomendable otorgarle forma escrita.
Intuitu person. Pese a que es un contrato que generalmente se celebra entre empresas, la calidad de las partes suele ser tenida como un elemento esencial para celebrar y mantener la relación. Los requerimientos de la concedente en materia de solvencia, seriedad y buena reputación suelen ser determinantes para la adjudicación y mantenimiento de la concesión por parte del concesionario.
De tracto sucesivo. Es un contrato destinado a durar en el tiempo, donde los beneficios, derechos y obligaciones recíprocos se renuevan a medida que avanza la relación comercial.
Exclusividad. En la generalidad de los casos el concesionario se encuentra obligado a proveerse única y exclusivamente de los productos y repuestos fabricados o comercializados por el concedente. Por el contrario, la exclusividad a favor del concesionario tolera perfectamente la presencia de otros concesionarios en su zona
Duración: En la generalidad de los casos se trata de un contrato de plazo indeterminado, aunque nada impide la imposición de un plazo determinado, el que debe resultar acorde a las inversiones a las que el concesionario se ve obligado a realizar, a fin de que puedan ser amortizadas.
Establecidas de manera sintética las características esenciales de este tipo de contrato, analizaremos a continuación las soluciones previstas para hipótesis de conflicto entre partes.

El derecho a disponer la rescisión del vínculo ha sido admitido en forma unánime por la jurisprudencia, en cuanto opera como elemento o efecto natural en los contratos de duración con plazo indeterminado. Es decir, en este tipo de contratos la existencia de la facultad rescisoria se presume, ya que no puede obligarse a las partes a permanecer eternamente vinculadas.

En tal sentido, la idea de duración indefinida es inaceptable (conf. CSJN, “Automotores Saavedra S.A. c/ Fiat Argentina S.A., 04/08/1988, La Ley 1989-B). En este leading case, la Corte Suprema consideró que la cláusula que permite la extinción de los contratos de distribución en forma unilateral e incausada en cualquier momento, es legítima, ajustada a derecho y elemento natural de los contratos de distribución con plazo indeterminado. Y aclara que debe tenerse presente que la facultad extintiva derivada de esa cláusula debe ser ejercida en forma regular, lo que se traduce en la existencia de “dos tiempos”: un tiempo de preaviso razonable y un tiempo de ejecución razonable del contrato que haya permitido amortizar inversiones y lucrar con ellas (tal como veremos a continuación, estos dos conceptos han sido incluidos en el Código Civil y Comercial).

Por ello, la ruptura de la relación jurídica, legítima en sí misma, se convierte en ilegítima por efecto de lo intempestivo del proceder de quien decide poner fin al negocio (conf., entre otros, CNCom., Sala B, 24/7/89, in re: “Ediciones Arani SRL”, La Ley 1990-A, 345; Sala C, 6/6/94, in re: “Guimasol SA”, publicado en el ejemplar de La Ley del 6/4/95; Sala D, 15.7.82, in re: “La Central de Tres Arroyos”, La Ley 1982-B, 329; Sala D, 20/4/01, in re: “Herrera, Norberto c. Nestlé Argentina S.A.”). Deberá entonces analizarse si en el caso concreto ha existido ejercicio abusivo de la facultad acordada, generándose el deber de responder si la ruptura se considera intempestiva, es decir, sin el otorgamiento de un preaviso razonable.

Si la rescisión es considerada ilícita o antijurídica y concurren los presupuestos de la responsabilidad civil, existe el deber de resarcir.

El perjudicado por la rescisión podrá demandar la reparación económica de los perjuicios que la rescisión le hubiese ocasionado. De esta manera, podrá reclamar el importe destinado a paliar los perjuicios ocasionados por la omisión o exigüidad de preaviso en concepto de lucro cesante y eventualmente, la indemnización de la pérdida de chance en caso de que las especiales características del negocio autorizase la materialización en términos económicos de las expectativas de ganancias futuras que se hayan visto frustradas por la extinción del negocio.

El otorgamiento del preaviso posee como finalidad permitir a la preavisada la reconducción y la reorganización de la empresa. La jurisprudencia ha elaborado una serie de pautas útiles para determinar la extensión que debe tener el preaviso para ser considerado razonable. Se ha dicho reiteradamente que debe tenerse en cuenta la duración de la relación contractual, y en consecuencia, a mayor duración del contrato correspondería un preaviso más prolongado. Si bien no existen pautas fijas, el plazo de preaviso razonable para una relación contractual es de 1 mes por año de antigüedad del contrato.

En lo relativo al modo en que debe ser cuantificada la indemnización sustitutiva de preaviso, se ha sostenido que deberá calcularse teniendo en cuenta las utilidades netas que el perjudicado hubiese podido percibir durante el plazo de preaviso que debió otorgársele. Y esta indemnización sería comprensiva de cualquier rubro que individualizado como “indemnizaciones al personal”, “falta de amortización de inversiones”, o cualquier otro rubro (conf. “Automotores Valsecchi S.A. c/ Autolatina Argentina S.A. y otros s/ Ordinario”, Cámara Comercial, Sala E).

b) Marco legal del Código Civil y Comercial
Lejos de haber perdido vigencia, los principios enunciados en el punto precedente se han robustecido, alcanzando ahora el carácter de legislación aplicable. Ello por cuanto además de acudir a los principios generales del derecho, el nuevo plexo normativo ha tomado de las diversas fuentes consultadas (costumbre, doctrina y jurisprudencia) los elementos necesarios para tipificar la figura contractual y el régimen legal aplicable.

Por medio de una técnica legislativa clara y sencilla, el nuevo Código define y regula el contrato de concesión a través de 9 artículos, los que en principio —nada es absoluto en la aplicación del derecho— no deberían traer aparejadas mayores dudas ni interpretaciones dispares (arts. 1502 a 1508).

En primer lugar lo define indicando que “hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Con matices, no difiere de cualquier definición que pueda encontrarse en los tratados o manuales de derecho comercial que se consulte.

Establece la exclusividad (salvo pacto en contrario) para ambas partes en el territorio o área asignada (art. 1503), fija las obligaciones de las partes (arts. 1504/1505) donde se establece claramente, entre otras propias del contrato sobre las que no existen controversias, la posibilidad de que se prevean objetivos de venta, se reserve para el concedente cierto tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales; se acepta como obligación imponible la capacitación de personal del concesionario necesaria para la explotación, así como también, la prestación de los servicios de preentrega, o la adopción por parte del concesionario del sistema de ventas, de publicidad y de contabilidad que fije el concedente. Metodología que parece más que acertada puesto que esas obligaciones, aunque de uso, habían sido fuertemente cuestionadas por los concesionarios en conflicto con su principal, a las que calificaban de abusivas y propias del aprovechamiento del concedente de su posición dominante en la relación contractual. Su tipificación, entonces, termina con una fuente de conflictos que se materializaba en un compendio de rubros y subrubros incluidos en las demandas judiciales, aceptando la realidad de las caracteríticas objetivas del negocio.

Por su lado, en el art. 1506 indica que el plazo de duración del contrato no puede ser inferior a 4 años (de manera excepcional y si el concedente aporta las instalaciones para su desempeño, el mínimo es de 2 años) y, conforme lo había establecido la jurisprudencia, establece que la continuación de la relación después de vencido el plazo determinado, sin especificarse antes el nuevo plazo, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. Con lo cual se terminan las especulaciones y las discusiones sobre este punto.

En cuanto a la retribución del concesionario, el art. 1507 innova en la materia y establece que puede consistir en una comisión o un margen sobre el precio de compra al concedente de las unidades vendidas, o también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente. En la actualidad se sostiene que la percepción de una comisión tipifica al contrato de agencia y demuestra que el concesionario habría desarrollado su actividad como agente y no como concesionario. La inclusión de las distintas modalidades de retribución sin alterar la naturaleza del contrato parece acertada, ya que los elementos propios para tener configurado a este tipo de contratos exceden a ese detalle, conforme surge de la definición dada tanto por la doctrina, como por el Código que comentamos.

Establecidas las características esenciales de este tipo de contratos —similares y hasta idénticas a las elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia previas a la vigencia del nuevo Código—, debemos resaltar que la normativa destinada a paliar las consecuencias de un distracto en caso de conflicto entre las partes, no difiere de las ya analizadas. Es que otra vez y con buen criterio, el legislador ha tomado como fuente la doctrina emanada de fallos judiciales que durante años ha construido el marco legal donde se asienta este tipo de contrato.

De esta manera, en el art. 1508 del Código Civil y Comercial regula lo atinente a la rescisión de los contratos de concesión y, remitiéndose a los arts. 1492 y 1493 que regulan el contrato de agencia, establece de manera clara que cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso.

El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia de la relación contractual.

La omisión del preaviso, otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el período.

Asimismo, innovando por sobre las decisiones judiciales que rechazaban reclamos de esta naturaleza por considerar al rubro incluido dentro de la indemnización por “preaviso”, el nuevo Código establece que, se haya otorgado o no el preaviso, a la finalización del vínculo el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario tenga en existencia, a los precios ordinarios de venta a los concesionarios al tiempo del pago. La inclusión de esta disposición parece acertada y ha sido extraida, seguramente, de los contratos de concesión extranjeros donde es regla común este tipo de pactos. Elimina una fuente de conflicto y fija de manera justa el precio de recompra, evitando discusiones estériles entre el precio real del stock de repuestos y la valuación contable que podría tener en los libros del concesionario.

Por último debemos resaltar que como no podía ser de otra manera, el carácter intuitu person de este tipo de contratos queda establecido en el nuevo Código, que en su art. 1510 y salvo pacto en contrario que difícilmente opere en la realidad, veda toda posibilidad de cesión del contrato, o designación de subconcesionarios, agentes o intermediarios por parte del concesionario.

En definitiva y tal como ha quedado demostrado en esta breve síntesis comparativa de sendos regímenes jurídicos, creemos que el nuevo Código ha recabado de manera clara, sintética y sencilla todo cuanto se había dicho, escrito y comentado sobre este tipo de contratos, brindando un marco jurídico que otorga seguridad y certeza a los derechos y obligaciones de las partes.
fuente:fuente:http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/05/05/2015/doctrina-del-dia-el-contrato-de-concesion-para-la-venta-de-automotores-en-el-codigo-civil-y-comercial-breves-comentarios-autor-federico-daurat

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