martes, 3 de febrero de 2015

Despido Trabajador barrio privado


SD 19641 – Expte. 24.832/2011/CA1 – “Verchelli, Daniel Adrián c. Securitas Argentina SA y otro s. despido” – CNTRAB – SALA IX – 21/10/2014


 En la Ciudad de Buenos Aires, el 21-10-14 , para dictar sentencia en los autos “VERCHELLI, Daniel Adrián c. SECURITAS ARGENTINA SA y otro s. despido” se procede a votar en el siguiente orden:
El doctor Alvaro Edmundo Balestrini dijo:
I.- La sentencia de primera instancia condenó a Securitas Argentina SA y solidariamente –en los términos del artículo 30 de la LCT- a Asociación Civil Club Newman, a cancelar diversos rubros de naturaleza laboral, por considerar improcedente el despido dispuesto por la principal con fundamento en el artículo 244 del mismo ordenamiento sustantivo.-
 Trataré en primer lugar el recurso de la sociedad comercial codemandada, que discute lo decidido en torno a la denuncia del contrato de trabajo. Anticipo mi punto de vista contrario a su parecer.-
 He sostenido en controversias del tipo de la presente, que la mencionada situación jurídica requiere una clara intención del dependiente de no continuar la relación que lo liga a su empleador, puesto que sólo se da tal supuesto cuando se demuestra cabalmente que el ánimo de aquél ha sido el de no reintegrarse a sus tareas, ya que no toda ausencia permite inferir tal determinación.-
 En la especie, memoro que durante el intercambio telegráfico el trabajador invocó que la demandada incumplió con el deber de dar ocupación, intimando el otorgamiento de tareas (ver fs.3/15). Ello, en mi opinión, no puede ser leído sino como la exteriorización inequívoca de su parte de continuar ejecutando la contratación laboral y preservar la fuente de trabajo. Por consiguiente, considero que no es posible imputársele el incumplimiento contractual invocado por su contraria.-
 No soslayo las inasistencias alegadas por la recurrente, ni las intimaciones practicadas a su respecto. Empero, aun cuando fueran admitidos tales extremos, la parte pasa por alto que en el marco del artículo 244 de la LCT, no basta con probar aquella situación sino que es necesario probar la reticencia del trabajador de poner a disposición su fuerza de trabajo. Y de las posiciones asumidas en la gestación del conflicto individual, insisto, surge lo contrario. Dicho de otro modo, independientemente de la valoración que pueda merecer la postura del actor, lo que nunca se ha configurado es el abandono de trabajo alegado por la empleadora como motivación del acto extintivo, lo que sella la suerte adversa de la queja.-
II.- La demandada supeditó la pertinencia del disenso vinculado con la multa del artículo 2º de la ley 25.323 a la de la cuestión de fondo. Como se ha visto, la sentencia merece ser confirmada en lo sustancial y ello conduce a hacer lo propio respecto del rubro sometido a revisión.-
III.- En lo que atañe al agravamiento contenido en el artículo 45 de la ley 25.345, el planteo se reduce a señalar la confección y puesta a disposición de las certificaciones laborales, sin indicar cómo resultaron probados tales extremos. En ese contexto, el recurso se limita a una mera enunciación dogmática sin sustento probatorio, lo cual no accede a la calidad de agravios en sentido técnico jurídico (artículo 116 de la LO).-
IV.- La codemandada Asociación Civil Club Newman objeta que se le hayan extendido los efectos de la condena en los términos del artículo 30 de la LCT. Argumenta que su actividad principal no es brindar seguridad y protección, sino el perfeccionamiento de la formación cristiana de sus asociados.-
 A mi juicio, aun cuando fuera sostenido que la vigilancia no constituye una actividad normal y específica propia del establecimiento, no es menos cierto que es de público y notorio conocimiento que este tipo de entidades no podrían funcionar si no proporcionaran a sus miembros la seguridad indispensable para el disfrute de sus instalaciones. No se debe perder de vista que las condiciones socioeconómicas del entorno de estos lugares han generado la integración a sus actividades del servicio de seguridad. Así pues, se trata de una cuestión que ha pasado a formar parte de los servicios que deben proveer a los socios, aun entidades sin fines de lucro. (CNAT, Sala V, “Medina, Juan c. Investigaciones Duque SA s. despido”, sentencia de fecha 28.9.1995). No debe soslayarse que resulta esencial el concepto de seguridad en la caracterización de este tipo de establecimientos, que torna necesaria la efectiva vigilancia del predio, que resulta tan ineludible como la de brindar la posibilidad de practicar deportes y permitir otras formas de recreación a salvo de riesgos externos (CNAT, Sala X, “Scida, Leonardo c/ OSLI SRL y otro s. despido”; sentencia de fecha 31.12.1997).-
 En efecto, si bien la codemandada no tiene como objeto principal proporcionar los servicios de seguridad a los propietarios de los lotes residenciales, no es posible escindir del estudio global de la controversia que tales servicios resultan de vital importancia y constituyen un factor atractivo para las personas que pretenden vivir en barrios cerrados, lo cual explica la contratación de empresas del rubro destinadas al control de ingreso tanto de los socios como de los no socios. A partir de ello, resulta incuestionable que la actividad de seguridad provee el mejor desenvolvimiento y consecución de los fines perseguidos por el consorcio, ya que permite el desarrollo de las actividades que forman parte de su objeto principal y posibilita un mejor servicio a quienes por seguridad pretenden vivir en él.-
 En lo que hace al cumplimiento de los deberes de contralor dispuestos en el artículo 30 citado, corresponde señalar que el memorial se limita a señalar la observancia de la ley, sin indicar los medios probatorios que conducirían a tenerla por cierta. En tales condiciones corresponde ratificar lo decidido sobre punto y aplicar la responsabilidad solidaria expresada en el artículo 30 de la LCT.-
V.- Viene cuestionados también los pronunciamientos sobre costas y honorarios. Sugiero confirmarlos, ya que las codemandadas resultaron globalmente vencidas y por ello no encuentro mérito para apartarme del principio general que rige en la materia, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN). Respecto de la regulación de honorarios de los profesionales actuantes, digo aquello porque guardan razonabilidad con relación a la importancia, el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas y pautas arancelarias de aplicación (artículos 6°, 7° y 19 de la ley 21.839, 3° del decreto-ley 16638/57 y 38 de la ley 18.345).-
VI.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, sugiero que se la confirme en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios. Se impongan las costas de Alzada a las apelantes (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN) y se regulen los honorarios de los letrados que suscriben las piezas recursivas en el 25% de los asignados en la anterior instancia (artículo 14 de la ley 21.839).-
El doctor Roberto Pompa dijo:
Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.-
El doctor Gregorio Corach no vota (artículo 125 de la LO).-
A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: 1.- Confirmar la sentencia de fs.359/367 en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios. 2.- Imponer a las codemandadas las costas de Alzada. 3.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los asignados en origen.-
 Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Fdo.: Alvaro Edmundo Balestrini - Roberto Pompa


Citar: elDial AA8BAF

Publicado el: 02/02/2015
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