miércoles, 2 de julio de 2014

Servidumbre de eléctroducto

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V
Fecha: 07/11/2013
Partes: Consorcio de Coopropietarios Cerrito 1560/74/78 c. Edesur S.A. s/ expropiación servidumbre administrativa
PODER DE POLICÍA - En particular - De la propiedad - Servidumbres administrativas - De electroducto – Consentimiento del propietario – Derecho a indemnización

 
 

SERVIDUMBRE - SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA - SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO
Aún cuando el propietario de un inmueble hubiera consentido la instalación de una cámara transformadora, ello no implica que la haya aceptado a título gratuito ni que hubiese renunciado al derecho a ser indemnizado, pues el consentimiento, en todo caso, evita que el titular de la servidumbre deba recurrir ante el juez competente a fin de hacerla efectiva –art.8, ley 19.552-

SERVIDUMBRE - SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA - SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO
El art.10 de la ley 19.552, en su actual redacción, da por sentada la procedencia de la indemnización por constitución de una servidumbre administrativa de electroducto, pues deja habilitada la acción judicial exclusivamente a los efectos de determinar el monto de la indemnización para el caso en que el propietario del predio y el titular de la servidumbre no lleguen a un acuerdo.
 
 
TEXTO COMPLETO
2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 7 de 2014.
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El doctor Alemany, dijo:
I. Que por medio de la sentencia de fs. 244/247, el Juez de primera instancia, hizo lugar a la demanda interpuesta por el consorcio de copropietarios de la calle ... de la Ciudad de ... contra la empresa EDESUR S.A., condenó a esta última al pago de $60.400 en concepto de indemnización por la constitución de una servidumbre administrativa de electroducto, por la instalación de una cámara transformadora en el inmueble indicado, de conformidad con lo dispuesto al respecto en la leyes 19.522 y 24.065. Además, la condenó a pagar los intereses, calculados a la tasa prevista por el artículo 8 del decreto 529/1991, devengados a partir del 16 de marzo de 2005, fecha en la que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dictó la resolución 125/2005, mediante la cual había aprobado la constitución de dicha servidumbre, y hasta el momento del efectivo pago. Además, Impuso las costas del juicio a la demandada vencida.
Como fundamento, señaló que según lo dispuesto en la resolución 125/2005, dictada por el ENRE el 16 de marzo de 2005, y la prueba acompañada a la causa, el inmueble en cuestión se hallaba en parte afectado a una servidumbre administrativa a favor de la empresa EDESUR S.A.; y destacó que en aquella resolución se había expresado que el propietario del predio afectado tenía derecho a ser indemnizado con fundamento en el carácter inviolable de la propiedad privada, garantizada por el artículo 17 de la Constitución Nacional que rige solamente en casos concretos de expropiación.
Por otra parte, señaló que el propio legislador pretendió indemnizar al propietario’ de la heredad que resulte afectada por una servidumbre administrativa de electroducto independientemente de las consecuencias dañosas de que la misma pudiera ocasionar, toda vez que mientras en la ley 19.522 se establecía que el propietario del predio afectado habría dé ser indemnizado en caso de que la servidumbre de electroducto le originase un perjuicio “positivo” susceptible de apreciación económica; en el texto actual del artículo 83 de la ley 24.065, se establece una indemnización por el solo hecho de su constitución, en virtud del menoscabo que la constitución de aquella importa en la propiedad.
Para la determinación de la cuantía de la indemnización, se remitió a lo resuelto Por la Sala “A” del Tribunal de Tasaciones de la Nación a fs. 216/219 del expediente en cuanto fijó el valor de la servidumbre administrativa de electroducto constituida en virtud de la instalación de la cámara transformadora nro. 76.199, en la suma de $80.400, monto que no fue impugnado por ninguna de las partes.
II. Que, contra esa sentencia, la porte demandada apeló y expresó agravios a fs. 258/262vta., que fueron replicados a fs. 266/269.
En tal sentido, la demandada se agravia de la condena por considerar que la parte actora había consentido la servidumbre de electroducto desde la instalación de la cámara transformadora, en 1963, sin haber reclamado oportunamente la indemnización hasta el año 2004. En tal sentido, destaca que al momento de la interposición de la demanda habían transcurrido más de cuarenta años de la construcción de la cámara transformadora, y, que al momento de la construcción de aquella, tanto la empresa estatal prestadora del servicio de electricidad Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) como la empresa constructora del edificio, la habían instalado sin que de ella resultaran perjuicios, y en el entendimiento de que la servidumbre que se constituiría sobre ese inmueble a título gratuito.
A su vez, señala que las instalaciones constaban en el plano original del edificio, y que ni el constructor del edificio ni la aquí actora habían previsto otro fin o destino para el espacio ocupado por la cámara transformadora. Además, señala qué las instalaciones fueron construidas de acuerdo al Código de Edificación Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto exige a las empresas constructoras que prevean un recinto destinado a esos fines.
Por otra parte, se agravia también respecto de lo sostenido por el Juez a quo cuando señala que, con la reforma introducida por la ley 24.065, el derecho a la indemnización se deriva necesariamente de la constitución de la servidumbre, por cuanto, de lo establecido en el artículo 14 de la ley 19.552, que no ha sido modificado por la ley 24.065, sostiene que servidumbres de electroducto pueden ser constituidas a título oneroso o gratuito, por lo que considera que el Juez de grado no hace una interpretación armónica de los distintos artículos de la norma, en relación a los hechos controvertidos en el caso.
Sostiene que, si bien según la legislación actual el titular del predio afectado por la servidumbre tendría derecho a reclamar una indemnización por el solio hecho de la limitación o restricción del predio, dicha situación tendría consecuencias diferentes de conformidad con la legislación vigente al momento de la instalación de la cámara transformadora en el inmueble afectado, ya que dicha indemnización solo era procedente si se acreditaba la existencia de un daño o perjuicio concreto sobre el valor del bien afectado. En tal sentido, señala que su empresa, en tanto continuadora de la firma SEGBA, se le estaría imponiendo una obligación con sustento en la aplicación de una normativa que no estaba vigente al momento de los hechos, por lo que solicita que se le aplique el régimen establecido por la ley 19.522, vigente con anterioridad a la reforma introducida por la ley 24.065.
III. Que, en primer término, cabe señalar que en el caso de autos no está controvertido que, por medio de la resolución 125/2005 del 16 de marzo de 2005, el directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad resolvió aprobar la afectación de las parcelas ubicadas en la calle Cerrito 1558 de la Ciudad de Buenos Aires, circunscripción 20, sección 3, Manzana 9, Parcela Cámara Transformadora n° 76.199, a los fines de constituir la servidumbre administrativa de electroducto necesaria para la instalación y funcionamiento de la cámara transformadora en cuestión.
IV. Que, sentado ello, la cuestión controvertida en autos reside en determinar si el consorcio de propietarios actor en este proceso, tiene o no derecho, a una indemnización por la servidumbre de electroducto que se constituyó sobre el inmueble de su propiedad.
En tal sentido, cabe señalar que el régimen normativo establecido por la ley 19.552, en su redacción original establecía, en su artículo 9, que el propietario del predio afectado tendría derecho a ser indemnizado por el titular de la servidumbre en caso de que ésta le hubiese ocasionado “algún perjuicio positivo susceptible de apreciación económica”. También, en el artículo siguiente, se establecía que si el propietario del predio y el titular de la servidumbre no llegaran a un acuerdo respecto de la “procedencia de la indemnización o en cuanto a su monto” el propietario podrá ejercitar las acciones que considerara a derecho ante el Juez Federal competente en el lugar donde se encontrase ubicado el inmueble afectado. Además, de conformidad con el artículo 14 de dicha norma, surge que la servidumbre quedará constituida definitivamente una vez formalizado el convenio a título gratuito u oneroso; entre el propietario del predio y el titular de la servidumbre, o una vez abonada la indemnización que se fije judicialmente.
Ahora bien, del análisis del régimen instituido por dicha normativa resulta que la servidumbre de electroducto constituida en esos términos no siempre era onerosa, ni la indemnización procedía en todos los casos, ya que para que el titular del predio afectado tenga derecho a una indemnización, debía existir un perjuicio susceptible de apreciación económica atribuible a la servidumbre administrativa constituida sobre el inmueble. Este criterio, además, fue el que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun con distintas integraciones (v. Fallos: 304:1603, 308:926, y 313:1469).
Sin perjuicio de ello, el régimen establecido por la Ley 19.552, fue modificado por la reforma introducida por la ley 24.065 (B.O. 16/01/1992). En tal sentido, mientras que la redacción original del artículo 9 de aquella Ley Supeditaba la procedencia de la indemnización a la existencia de un perjuicio “positivo” susceptible de apreciación económica, es decir, a la previa demostración de una disminución del valor venal del inmueble, en su actual redacción establece que “el propietario del predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización” que deberá cuantificarse en virtud del valor de la tierra en óptimas condiciones, y el coeficiente de restricción que debería ser determinado por la autoridad competente y, además, establece que la indemnización no comprende el “lucro cesante”.
Por otra parte, en el artículo 10 de la ley 19.552, en su actual redacción, da por sentado la procedencia de la indemnización, ya que deja habilitada la acción judicial exclusivamente a los efectos de determinar el monto de la indemnización para el caso en que el propietario del predio y el titular de la servidumbre administrativa no lleguen a un acuerdo. En ese sentido, se ha dicho que “el cambio normativo operado en el art. 9 de la ley 19.552 por la ley 24.065 indica que el establecimiento mismo de la limitación dominial, concebida como servidumbre administrativa de electroducto, lleva ínsito la obligación de indemnizar en función del menoscabo de la propiedad que su implantación importa (Sala IV, in re Consorbio de Prop. Del Barco Centenera 1052/04/68/70 c. Edesur S.A. s/ expropiación - servidumbre administrativa”, del 28/11/2005)” (cfr. esta Cámara; Sala I, in re Revi S.A. c. Edesur s/ expropiación - servidumbre administrativa”, del 30/06/2010).
Por lo demás, cabe destacar que de los propios considerandos de la resolución 125/2005 dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, surge que “el propietario del predio afectado por la servidumbre tiene derecho a percibir una indemnización por las limitaciones y restricciones; que la servidumbre administrativa de electroducto impone a su propiedad”.
V. Que, en segundo término, cabe señalar que según lo manifestado por la parte accionada los propietarios del predio habían consentido la instalación del centro de transformación desde su instalación en 1963, no habían reclamado oportunamente su indemnización, y que al momento de convenir la construcción de la cámara transformadora en el inmueble afectado, la prestadora del servicio de electricidad Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) y la empresa constructora del edificio lo hicieron en el entendimiento de que aquella no causaba perjuicios, y que la servidumbre se constituiría sobre ese inmueble a título gratuito.
Sin perjuicio de ello, y tal como es señalado por la demandada, la servidumbre de electroducto puede constituirse a título gratuito u oneroso; sin embargo, del artículo 14 de la Ley 19.552, surge que dicha servidumbre “quedará definitivamente constituida” si hubiere mediado acuerdo entre el propietario del predio y el titular de la servidumbre, o en su defecto, una vez abonada la indemnización que se fijé judicialmente; en consecuencia, toda vez que la parte demandada no acompañó en su contestación copia del convenio o acuerdo, entre el titular del predio y la empresa que explotaba el servicio de energía eléctrica en la que se acrediten las modalidades convenidas para la constitución de la servidumbre administrativa sobre el inmueble en cuestión, parece lógico concluir que aquella no se había perfeccionado, lo que por otra parte, es reconocido por la propia demandada (cfr. fs. 60vta.)
Por otra parte, cabe señalar que aun cuando la propietaria del fundo hubiese consentido la instalación de la cámara transformadora en el inmueble, no implica que la haya aceptado a título gratuito, ni que hubiese renunciado al derecho a ser indemnizado, ya que el consentimiento del propietario del bien afectado, en todo caso, evita que el titular de la servidumbre deba recurrir ante el Juez competente a fin de hacerla efectiva (cfr. art. 8, Ley 19.552). Al respecto, cabe señalar que las servidumbres administrativas afectan el carácter “exclusivo” del dominio, en tanto producen un desmembramiento del dominio del bien sobre el que se hace efectiva, y “su imposición apareja la obligación de indemnizar al dueño del bien gravado por el menoscabo que sufre, su propiedad; correlativamente, dicho dueño tiene el derecho a ser indemnizado” (Marienhoff, Miguel S.: Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1991, 6° Edición Actualizada, T. IV, pág. 113). Por tales razones, tampoco es admisible el argumento relativo a que la servidumbre de electroducto en cuestión, regida por el derecho público, quedó constituida a favor de la empresa estatal por el mero transcurso del tiempo (cfr. artículo 3017 del Código Civil).
VI. Por todo ello, corresponde rechazar el recurso de apelación en cuanto fue materia de agravios, y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada con costas (art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Así voto.
Los doctores Gallegos Fedriani y Treacy, adhieren al voto que antecede.
Por todo ello, se resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de es instancia (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).  Pablo Gallegos Fedriani. — Jorge F. Alemany. — Guillermo F. Treacy.

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