martes, 4 de febrero de 2014

falsa denuncia contra portero, daños y perjuicios contra consorcio

DAÑOS Y PERJUICIOS. Propiedad horizontal. Denuncia efectuada por consorcio de copropietarios contra el encargado de un edificio. Presunto desvío en provecho propio de dinero correspondiente al pago de expensas. Imputación de falsificación de recibos. Sobreseimiento. RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO. CONDUCTA NEGLIGENTE. Art. 1109 del Código Civil. Denuncia injustificada. Procedencia de la demanda. Afección al derecho al honor. DAÑO MORAL. Cuantificación. Ponderación del despido y de las aflicciones personales provocadas por la situación de angustia durante el trámite de la causa penal "M., A. R. c/ Consorcio de Copropietarios Cerrito 814/22/24/26/28 y Otro s/daños y perjuicios" – CNCIV – SALA M – 27/09/2013 ACUERDO Nº .- En Buenos Aires, a los días del mes de septiembre del año dos mil trece, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala "M" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Mabel De los Santos, Elisa M. Diaz de Vivar y Fernando Posse Saguier, a fin de pronunciarse en los autos "M., A. R. c/Consorcio de Copropietarios Cerrito 814/22/24/26/28 y otro s/daños y perjuicios", expediente n°78993/04, recurso n°616584 del Juzgado Civil n°99, el Dr. Posse Saguier dijo: I.- La sentencia de fs. 488/494 rechazó la excepción de prescripción opuesta por el codemandado Marcos Schwab, con costas; hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el mismo codemandado, con costas a cargo del actor; y admitió parcialmente la demanda de daños y perjuicios interpuesta por A. R. M., condenando al Consorcio de Copropietarios del edificio de la calle Cerrito 814/822/824/826 y 828 a abonarle la suma de $20.790, con más los intereses y costas del juicio. El consorcio demandado apeló el fallo, fundando su recurso con la expresión de agravios de fs. 508/509, que fue contestada a fs. 512/514. II.- Los hechos que dieron origen al pleito fueron los siguientes. El consorcio accionado atribuyó a A. R. M. haber desviado indebidamente y en provecho propio dinero correspondiente al pago de expensas de la unidad funcional n°13 del edificio de la calle Cerrito 822 de esta ciudad, entre el período que corrió entre diciembre de 2000 hasta junio de 2002, suma que cobrara en su calidad de encargado del edificio y que posteriormente no rindiera en su totalidad al administrador del consorcio, Marcos Schwab, ocasionando el consecuente perjuicio para el mismo. Asimismo, se le imputó haber falsificado los recibos de expensas correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2001, y los de marzo y abril de 2002, otorgados al propietario de aquella unidad funcional, adulterando el importe de los mismos en forma manuscrita y sobrescribiéndolos. El imputado hizo su descargo negando tal acusación (conf. art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación -v. acta de fs. 45/46 C.P.). Explicó que los recibos de pago de expensas que él entregaba a las personas que pagaban le eran entregados por las empleadas de la administración del consorcio. Aclaró que tales recibos no eran aquellos agregados a la causa, ya que los que él entregaba no estaban adulterados ni manuscritos. Refirió que cuando cobraba las expensas a la unidad funcional n°13, entregaba el dinero a la administración, y destacó que dicha unidad tenía una deuda, que estaba en conocimiento del administrador. Manifestó que la persona que pagaba las expensas de aquella unidad era Guillermo Rodas. Señaló que le había llamado la atención el tiempo que se había tardado en reclamar la deuda, así como también que López Medus -propietario de la unidad en cuestión y de varias más- tenía buena relación con el administrador, con quien hablaba todos los días. Destacó que todos los meses enviaba a todas las unidades copia de los extractos de resúmenes de expensas donde figuraban las deudas de cada unidad. Por último, refirió que había trabajado siete años en el edificio, sin problemas, y que la denuncia penal había sido iniciada con el fin de evitar el pago de la indemnización por despido. Llegado el momento de resolver la situación procesal de M., el Sr. Juez de Instrucción entendió que de las constancias incorporadas a la causa no surgían evidencias de entidad suficiente como para responsabilizarlo por el suceso que se le imputaba, como así tampoco descartar de plano su intervención, toda vez que no se había podido acreditar más que el estado de sospecha que justificó su llamado a indagatoria. Esta circunstancia motivó que con fecha 4 de febrero de 2003 se dictara la falta de mérito para ordenar el procesamiento del imputado ni tampoco para sobreseerlo, ello sin perjuicio de la prosecución de la causa (v. fs. 56 C.P.). Por otra parte, tampoco se pudo comprobar que M. efectivamente haya cobrado las expensas en cuestión o, en tal caso, que haya omitido entregar ese dinero a la administración del consorcio. Por el contrario, el Sr. Juez de Instrucción tuvo por probado que la administración tenía escaso control de los cobros que había autorizado efectuar al imputado, ya que si bien le entregaban al principio de cada mes los recibos de expensas firmados, luego no le reclamaban la devolución de aquellos no utilizados, por lo que no le resultaba posible a la administración la realización de un control efectivo y eficiente. En segundo lugar, el pronunciamiento penal hizo mérito de lo llamativo que resultaba que si M. hubiera retenido dinero correspondiente a las expensas de la unidad funcional n°13 -que era de lo que se lo acusaba-, el propietario no advirtiera en los resúmenes mensuales que la deuda se iba incrementando mes a mes. Por otro lado, tampoco se pudo demostrar la falsificación de los recibos que se le atribuía a M.. En ese sentido, no puede dejarse de mencionar las consideraciones apuntadas en el pronunciamiento penal, esto es, que los recibos aportados por el administrador y que supuestamente habrían sido adulterados por M. eran muy similares a los que había aportado el mismo denunciante en otra causa penal seguida contra el encargado de otro edificio, al que también se le había imputado la desviación de fondos provenientes de expensas en provecho propio. A tal punto que de la pericia caligráfica realizada en estas actuaciones surge que los recibos aportados en ambas denuncias contendrían adulteraciones similares, lo que también destacó el Juez de Instrucción que resultaba sugestivo ya que la única vinculación entre unos y otros recibos era que ambos correspondían a edificios administrados por Marcos Schwab. Por estas consideraciones, el 6 de octubre de 2003 el aquí actor fue sobreseído por el hecho por el cual fuera indagado (v. fs. 179/180 C.P.) III.- En este marco se circunscribió la pretensión del actor de ser resarcido por el daño moral y el lucro cesante que le causó la denuncia efectuada por el consorcio codemandado. La Sra. Juez a quo sostuvo en su pronunciamiento que se estaba en presencia de una acción de daños y perjuicios fundada en una presunta acusación calumniosa, efectuando precisas consideraciones acerca del encuadre legal aplicable. El criterio apuntado por la juzgadora es, en definitiva, el sostenido por la doctrina y jurisprudencia dominante, tal como ya tuviera oportunidad de explicitarlo con anterioridad como integrante de esta Sala (conf. causa libre n°572.521 de fecha 21/9/2011, entre otras). El factor subjetivo de imputación no se limita al dolo como surgiría de la letra del art. 1090 del Código Civil, sino que la falta de este último elemento no excluye que la acusación pueda ser culposa, en cuyo caso también comprometería, con ese alcance, al acusador (conf.: Llambías, J.J. "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones- t. IV-A, pág. 142, núm. 2390; Llambías-Posse Saguier, en. Código Civil Anotado" t. II-B, coment. Art. 1090, secc. Doct. Núm. 6 pág. 643, 2ª. Ed.; Colombo, L.A. "Responsabilidad civil derivada de querella o denuncia calumniosa" L.L. 58-987; Bustamante Alsina, J. "Teoría General de la Responsabilidad Civil" pág. 350, núm. 852; Borda, G.A. "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones- t. II, pág. 274, núm. 1354, 9ª. Ed.; Kemelmajer de Carlucci, A. en A. C. Belluscio-Zannoni "Código Civil y leyes complementarias", vol. 5, coment. Art. 1090 , pág. 255 y sgtes. Núm. 6 apart. F; Mosset Iturraspe, J. "Responsabilidad por daños", t. 2-B, pág. 238, núm. 240, apart. C; CNCiv. Sala "B" en J.A. 1981-III-538; CNCiv. Sala "D" L.L. 133-370 y causa libre n° 143.128 del 21/04/1999; CNCiv. Sala "C" en causa libre n° 283. 100 del 18/04/2001; CNCiv. Sala "F" en causa libre n° 233.407 del 06/04/1998; CNCiv. Sala "G" en causa libre n° 3306 del 09/04/1984, entre otras). Por tanto, el art. 1090, no puede interpretarse como enervante del principio general según el cual todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. En consecuencia, aunque la demanda no pueda tener sustento en aquella norma, la reparación es procedente si se prueba, con fundamento en el art. 1109 del mismo cuerpo legal, que el denunciante ha actuado culposamente. Y, esto es lo que, en forma correcta y prolija, ha efectuado la señora juez de la instancia anterior, al considerar que el consorcio demandado había incurrido en una conducta negligente al efectuar la denuncia en cuestión. Ahora bien, la atribución de responsabilidad realizada por la juzgadora, con el alcance antes indicado, no ha sido cuestionada por el apelante, quien en su memorial se ha limitado a impugnar aspectos relacionados con la indemnización por daño moral y la imposición de costas. IV.- Daño Moral: A diferencia de lo que sostiene el quejoso en sus agravios, no hay duda que la existencia del daño moral resulta presumible "in re ipsa" en razón de la aflicción que ordinariamente produce en una persona ser objeto de denuncia o investigación penal. La injustificada denuncia ha lesionado las afecciones legítimas del actor, poniendo en entredicho el bien jurídico de su honor, tanto desde el punto de vista subjetivo, como desde el objetivo de su reputación, debiendo enfrentar objetivamente un estado de sospecha en su honorabilidad como persona de bien, al sindicárselo como posible autor de un delito que al denunciante no constaba y del cual fue sobreseído. A la hora de establecer la magnitud del agravio y estimar la cuantía del resarcimiento del daño moral, debe ponderarse la repercusión que en los sentimientos del actor pudo haber generado la denuncia en su contra, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, tales como la duración del proceso penal por más de un año; la difusión que tuvo el hecho (se produjeron pericias, declaraciones testimoniales y allanamientos), el delito que se le imputaba y el carácter culposo de la conducta atribuida al demandado. Además debe considerarse que, como consecuencia de la sospecha en su contra, el actor (de 51 años de edad, casado y, al momento de la indagatoria, desocupado) fue despedido y padeció aflicciones personales y en su seno familiar, provocadas, sin lugar a dudas, por la situación de stress y angustia vivida durante el trámite de la causa penal (v. declaraciones de fs. 339/341). Por todo ello, entiendo que la suma reconocida en la instancia de grado ($20.790) no resulta excesiva por lo que propongo al Acuerdo su confirmación (art. 165 del Código Procesal). V.- Costas: El apelante sostiene que al haber prosperado la demanda parcialmente -ya que se condenó sólo al consorcio y no se admitió el lucro cesante reclamado- se encontraría justificada, a su juicio, la distribución de las costas en proporción al resultado. Además, solicitó que el pago de los honorarios de la perito psicóloga que entrevistó a la esposa del actor se impusiera al actor desde que dicha prueba en nada había contribuido para la resolución del juicio. El art. 478 del Código Procesal indica que al contestar el traslado previsto en el art. 459, la parte contraria a la que ofreció la prueba pericial podrá adoptar dos actitudes que conllevan distinto grado de responsabilidad por las costas del proceso: impugnar la procedencia del peritaje, o manifestar desinterés en su realización y que, por lo tanto, se abstendrá de participar en ella (conf. Highton – Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Hammurabi, Tomo 8, arts. 396/498, pág. 620/621). Es cierto que la parte accionada al contestar la demanda se opuso a la realización de la prueba pericial psicológica ofrecida por el actor en el entendimiento de que resultaba manifiestamente improcedente y ajena a la litis (fs. 122). Sin embargo, al corrérsele el traslado de la referida pericia, impugnó el dictamen y requirió explicaciones al experto, con lo que el planteo que ahora pretende formular a los fines de no soportar las costas por los trabajos de dicha labor resulta improcedente. En consecuencia, tal como lo sostuviera en anteriores oportunidades, al ser las costas parte de la reparación integral, cabe imponerlas en su totalidad al demandado, aun cuando la pretensión no haya prosperado en su totalidad (conf.: CNCiv. Sala "F" en causas libres n°s 141.170 del 20/12/1994; 110.680 del 02/03/1993, entre otras). Por ello, ninguna modificación cabe efectuar respecto a las costas de primera instancia que fueran correctamente impuestas al codemandado que resultó sustancialmente vencido, por lo que se rechaza la queja sobre el particular. VI.- Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se confirme la sentencia en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. Las costas de Alzada habrán de ser soportadas por el consorcio demandado que resulta sustancialmente vencido (art. 68 del Código Procesal). La Dra. Elisa M. Diaz de Vivar adhiere por análogas consideraciones al voto precedente. La Dra. Mabel De los Santos no suscribe por hallarse en uso de licencia (Resolución 2251/13 del 12/9/13 art. 31 del RLJN-Ac. 34/77 y 12/04). Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mi que doy fe. Fdo: Fernando Posse Saguier - Elisa M. Diaz de Vivar. Ante mi, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste. MARIA LAURA VIANI ///nos Aires, septiembre de 2013. Y Vistos: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. 2) Las costas de Alzada habrán de ser soportadas por el consorcio demandado que resulta sustancialmente vencido (art. 68 del Código Procesal). 3) Diferir la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia, para una vez que se encuentren determinados los correspondientes a la instancia anterior (art. 14 del Arancel). Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, haciéndose saber que la presente se publicará en el CIJ conforme lo dispuesto por la ley 26.856 y Ac. 15/13 y 24/13 CSJN. Oportunamente, devuélvase. La Dra. Mabel De los Santos no suscribe por hallarse en uso de licencia (Resolución 2251/13 del 12/9/13 art. 31 del RLJN-Ac. 34/77 y 12/04). Fdo.: Elisa M. Diaz De Vivar - Fernando Posse Saguier Maria Laura Viani Citar: elDial.com - AA8487 Publicado el 24/01/2014 Copyright 2014 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina Prof. Dra. María Alejandra Pasquet Secretaria Académica Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Delegada Superior Sede Regional Rosario Universidad Abierta Interamericana

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