martes, 18 de febrero de 2014

DESPIDO DISCRIMINATORIO. DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE SALUD. Incapacidad física. ENCARGADOS DE CASAS DE RENTA Y PROPIEDAD HORIZONTAL. Ley 12981.

DESPIDO DISCRIMINATORIO. DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE SALUD. Incapacidad física. ENCARGADOS DE CASAS DE RENTA Y PROPIEDAD HORIZONTAL. Ley 12981. Falta de acreditación de los incumplimientos imputados en la comunicación del despido. Dependiente que no poseía sanciones disciplinarias ni apercibimientos previos. Calificación del INADI. Postura discriminatoria asumida por la Administración del Consorcio. Trabajadora que habitaba lugar en el edificio, que no reunía las condiciones mínimas de seguridad. VIOLENCIA LABORAL. Ley 26485 –de Protección Integral de las Mujeres-. VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA MUJER A VIVIR UNA VIDA SIN VIOLENCIA. Exclusión arbitraria del universo laboral. Reparación integral por despido discriminatorio e indemnización del daño moral. Procedencia FALLO COMPLETO SD 89448 - Causa 44.991/2010 - "R.J.L.I. c/Consorcio de Propietarios del Edificio Talcahuano 61/63/65 s/despido" - CNTRAB - SALA I - 10/12/2013 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden: La Doctora Gloria Pasten de Ishihara dijo: I. Contra la sentencia de fs.1097/1108, se alzan la actora y demandada, a tenor de los memoriales de agravios obrantes a fs.1112/1114 y fs. 1123/1125 que merecieron las réplicas de fs.1116/1118 y fs. 1128/1130, respectivamente.- A fs. 1110 apela la representación y patrocinio letrado de la parte actora por considerar reducidos los honorarios regulados a su favor.- II. Por una cuestión de orden metodológico, trataré en primer lugar el recurso interpuesto por la parte demandada que se agravia porque se admitió el reclamo en concepto de indemnización por daño psíquico y daño moral.- Memoro que la Sra. Jueza de grado para decidir del modo en que lo hizo y respecto del daño psíquico, realizó un pormenorizado y exhaustivo análisis de la pericia psicológica (v.fs.1018/1019) de la que surge que la actora padece una incapacidad del 13% de la t.o. en relación causal con los hechos denunciados; tuvo en cuenta, entre otros elementos, distintas situaciones experimentadas por la actora como empleada del consorcio demandado, en especial las condiciones de la vivienda a las que fue asignada, los padecimientos vividos a raíz de su incapacidad física y las conductas hostiles hacia su persona por parte de algunas personas que integraban el consorcio demandado y la eyección de su lugar de trabajo, circunstancias que estimó acreditadas mediante la pericia psicológica ya referida; los testimonios de Panarisi -1059/1061-, Sosa Machado -fs. 954/956- y Del Valle Vertín -fs. 950/953- que analizó de acuerdo al criterio de la sana crítica (arts. 90 L.O. y 386 CPCCN); la documental acompañada en el Anexo Nº 895 de la que surge la denuncia de la actora efectuada ante la Dirección General de control del GCBA; fotos del lugar donde habitaba la actora y su familia (v. informativa de fs. 893/896) e informes de la Dirección Nacional de protección de datos Personales; del Ministerio de Salud y Ambiente, de la Auditoría Médica del Hospital de clínicas José de San Martín y también las consecuencias derivadas del despido de su hijo por parte del consorcio (v. pericial contable a fs. 883).- En definitiva, concluyó que la actora presenta incapacidad psíquica producto del maltrato al que estuvo sometida y que la conducta asumida por el Consorcio resultó violatoria de los deberes de seguridad e higiene en el trabajo impuestas al empleador como obligación legal ( D.351/79 reglamentario de la Ley 19587, art.75 de la LCT; obligaciones contenidas en la Ley 12981 y C.C.T.374 /08, art.75 inc.23 de la C.N. y Convenciones internacionales como el PISDEC y de Prohibición de todas las formas de discriminación contra la Mujer, entre otras), determinando la suma de $73.000 para resarcir el daño causado.- En igual contexto, tuvo en cuenta que se trató de un despido arbitrario ante la existencia de una incapacidad física conocida por el consorcio y pese a ello extinguió el vínculo, que el INADI conforme el art.1° de la Ley 23592 calificó de conducta discriminatoria la postura asumida por la Sra. M. ( v.fs. 754/852), que la actora habitó un lugar destinado para el encargado que no reunía las condiciones mínimas de higiene y seguridad y despidieron a su hijo, quien la ayudaba económicamente, un par de días antes que a ella, que luego de casi treinta años de labor, quedó totalmente desamparada, estimando que el caso de la Sra. R. resultaba claramente alcanzado por las prescripciones del art. 1078 del Código Civil, determinando la indemnización correspondiente a daño moral y reparación integral por despido discriminatorio en la suma de $ 50.000, establecido a valores del distracto (4/2/2010).- La queja deducida por la apelante es improcedente. No cumple ni siquiera mínimamente con los recaudos formales exigidos por el art.116 de la LO. No consigna cuáles son los agravios concretos que le produce el fallo, ni los errores de hecho o de derecho que imputa a la decisión adoptada en origen. Tan sólo se limita a efectuar consideraciones generales y meramente dogmáticas y nada dice acerca de las cuestiones analizadas en forma detenida y pormenorizada por la Sra. Jueza de grado, en especial respecto de la pericia psicológica, las declaraciones testimoniales y la abundante y relevante prueba informativa, sólo se avino a realizar meras alegaciones genéricas, teñidas de subjetividad e insistiendo que no se encuentra discutido el carácter de inculpable de la enfermedad; que resulta evidente que sus padecimientos psicológicos derivan de su salud, no imputables ; que carecía de la posibilidad de reubicarla en otras tareas y que no confluyen los presupuestos para la procedencia de las reparaciones establecidas. En definitiva, sus manifestaciones no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo de grado por lo que el recurso se encuentra desierto dado que no cumple lo prescripto por el art. 116 L.O.- Por lo expuesto, propongo confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto viabilizó la pretensión de la actora de acceder a la reparación del daño psíquico, moral e integral por despido discriminatorio.- III. La parte actora se agravia en orden a la cuantificación de la indemnización por reparación de daño moral y reparación integral por despido discriminatorio pues la considera exigua. Coincido con los fundamentos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales expuestos por la Sra. Magistrada de grado para fijar la reparación pretendida (art.1078 del Código Civil y doctrina sentada por la CSJN en Fallos: 321:1117, 323: 3614 y 325:1156, entre otros), no obstante, estimo que le asiste razón al recurrente.- En efecto, en orden al daño moral, nuestro más Alto Tribunal ha expresado que "...el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido.- Aun cuando el dinero sea un factor inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extra-patrimoniales..." ( Fallos 334: 376, Considerando 11º, del Dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió la Corte.- en autos V., G. B. c/ Hospital Vicente López y Planes, Unidad Hospitalaria de General Rodríguez s/ Accidente de Trabajo" V.206.XLV. RHE, del 04/06/2013).- En el caso de autos, cabe apreciar, como prolijamente se ha puntualizado en grado, que la actora durante los casi treinta años de servicio no registró ningún apercibimiento ni sanción disciplinaria; siempre puso en conocimiento de su empleador su condición física, sin embargo, fue despedida arbitrariamente sin haberse demostrado en la causa ninguno de los incumplimientos que se imputara en la comunicación del despido. Súmase a ello que el INADI calificó de discriminatoria la postura asumida por la Sra.M. (Administradora del Consorcio), que la actora habitó un lugar destinado al encargado que no reunía las condiciones mínimas de seguridad y que unos días antes de ser despedida, el consorcio despidió a su hijo quien la ayudaba económicamente.- No resulta ocioso recordar, tal como lo expresa la Sra. Jueza que me precediera, que la actora -que padece "artritis reumatoide poliarticular"-, ante la decisión arbitraria de la demandada y en razón de su enfermedad se quedó sin fuente de trabajo, sin sostén familiar, sin vivienda y sin cobertura médica (cursiva y negrita me pertenecen). Todo ello da cuenta inexorablemente de los padecimientos sufridos por la actora, de sus angustias y de su lesión espiritual.- Es que el acto ilícito perpetrado por la demandada afectó la integridad física y psicológica de la actora y dado su condición de mujer, configuró un supuesto de violencia laboral, conducta reprochable que activa la protección que deriva de la Ley 26485 que se suma al marco normativo que sustentó las conclusiones de grado, en cuanto existió violación del derecho fundamental de la mujer a vivir una vida sin violencia y a no ser excluida arbitrariamente del universo laboral (arts.2, 4 y 6 de la Ley citada, su D.R. 1011/2010 y arts.1° de la Cedaw y 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"), todo ello determina la obligación de reparar el daño causado en su integridad. (art.35 Ley 26485).- En este orden de ideas y en el marco probatorio y jurídico descripto, conforme lo normado por el art. 165 del CPCCN, considero que la cuantificación decidida en origen es insuficiente, por ello, propongo receptar favorablemente la queja de la actora y elevar el monto de la reparación a la suma de $80.000, con más los intereses fijados en grado que no han sido objeto de apelación.- IV. Por último, la parte actora también insiste en la procedencia de la multa por temeridad y malicia con fundamento en el art. 275 LCT. Esta Sala ya ha señalado que la temeridad se configura cuando el litigante conoce a ciencia cierta que no tiene razón valedera y no obstante, abusando de su jurisdicción, impone un proceso del que se ha de generar un daño a la otra parte mientras que la malicia implica un ocultamiento doloso y la articulación de defensas que manifiestamente tienden a dilatar la tramitación del proceso. Para que se configure la "conducta maliciosa y temeraria" a que alude el art. 275 de la LCT, resulta necesario que exista una inconducta procesal que, considerada con el rigor del ámbito penal, haga aplicable la sanción. No basta que una petición no sea resuelta favorablemente o que una defensa no sea acogida, es imprescindible tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones o defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio. ( in re "Benítez Maria Celina c/ Organización Tauro S.R.L. s/ despido", SD. 86.803 del 5/7/2011 entre otras).- En el presente caso, la demandada, más allá de resistir el reclamo de la actora invocando una postura adversa a sus derechos, no ha interpuesto excepciones, defensas o recursos sin fundamentos serios, con la única finalidad de dilatar o entorpecer el proceso por lo que no ha evidenciado una conducta obstruccionista o dilatoria que configure una inconducta procesal que, considerada con el rigor del ámbito penal, haga aplicable la sanción. Cabe tener en cuenta que quien contesta defendiéndose, aunque sea conocedor de su responsabilidad, no puede ser calificado de temerario, ya que es lícita la búsqueda de un resultado atenuado o -por lo menos- el cuidado de no ser víctima de un abuso de derecho. Por ello, a la luz de los principios establecidos por la jurisprudencia, dado que no se configuran las notas distintivas de malicia y temeridad enmarcadas en el art. 275 de la L.C.T., propicio confirmar la decisión adoptada en grado.- V. En cuanto a las demás alegaciones contenidas en ambos memoriales recursivos, destaco que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (ver Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:230, entre muchos otros) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración precedentemente realizada.- VI. Sin perjuicio de lo normado por el art.279 del CPCCN y de la modificación que propongo, dado el mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios regulados a favor de las representación letrada de la parte actora resultan adecuados, por lo que sugiero confirmarlos (art.arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y 38 de la L.O.).- VII. Finalmente, propongo establecer las costas de Alzada a cargo de la demandada, de acuerdo con lo normado por el art.68 del CPCCN. A tal fin, propongo regular los honorarios de la representación letrada del actor y de la demandada, por su actuación en esta etapa, en el 26% y 25% de lo que en definitiva le correspondiera percibir por su actuación en la anterior instancia.(art.14 Ley 21839).- VIII. En definitiva, de compartirse mi voto, correspondería: 1) Confirmar el fallo recurrido en lo principal que decide, aunque elevando el monto de condena a la suma de $ 270.704,95 con más los intereses dispuestos en grado, de conformidad con lo expresado en el Considerando IV; 2) Costas y honorarios conforme lo expuestos en los Considerandos VI y VII.- La Dra. Gabriela Vázquez dijo: Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.- A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE:1) Confirmar el fallo recurrido en lo principal que decide, aunque elevando el monto de condena a la suma de $ 270.704,95 con más los intereses dispuestos en grado, de conformidad con lo expresado en el Considerando IV; 2) Costas y honorarios conforme lo expuesto en los Considerandos VI y VII.- Regístrese, notifíquese, comuníquese (art. 4º Res. 15/13 CSJN) y devuélvase.- Fdo.: Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela Alejandra Vázquez Ante mí: Verónica Moreno Calabrese , Secretaria Citar: elDial.com - AA84E5 Publicado el 13/02/2014

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