viernes, 3 de mayo de 2013

Dominio Público del Estado-Concesión de uso

Citar ABELEDO PERROT Nº: AP/JUR/205/2013 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II Fecha: 07/02/2013 Partes: ADIF-SE v. Del Río, Jose E. y otro DOMINIO DEL ESTADO - Dominio público - Uso del dominio público - Uso especial - Concesión de uso - Incumplimiento de canones - Permiso de uso - Proceso de ejecución - Normas del derecho civil aplicable - Sumarios AbeledoPerrot DOMINIO DEL ESTADO - Dominio público - Uso del dominio público - Uso especial - Concesión de uso En el ámbito del derecho administrativo no existe una norma particular que contenga una disposición específica para el cobro de cánones por las concesiones de uso de bienes del Estado, por lo que corresponde la aplicación subsidiaria de las normas del Código Civil. DOMINIO DEL ESTADO - Dominio público - Uso del dominio público - Uso especial - Concesión de uso Un principio general del derecho civil es que las manifestaciones hechas por las partes en un contrato, en este caso de concesión de uso, forman una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. TEXTO COMPLETO 2ª INSTANCIA.— Buenos Aires, febrero 7 de 2013. Y Vistos: estos autos, caratulados "ADIF-SE-permiso uso 7617 v. Del Río José E. y otro s/ proceso de ejecución", y Considerando: 1) A fs. 66/67, la jueza de primera instancia mandó llevar adelante la ejecución promovida contra José E. Del Río y María Mercedes Alonso, hasta hacerse íntegro pago a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) de la suma de $ 241.857,22, con más los intereses y las costas. Para así decidir, consideró que en los juicios ejecutivos promovidos por el cobro de los cánones impagos establecidos en los contratos de concesión de uso, resultaba de aplicación la vía reglada por los arts. 523, inc. 6 y 525, inc. 2, CPCCN. Puntualizó que, al no existir en el ámbito del derecho administrativo una disposición específica relativa al cobro señalado, correspondía la aplicación subsidiaria de la normativa del Código Civil. Puso de relieve, en cuanto a la inhabilidad de título, que la pretensión ejecutiva emergía de la naturaleza del crédito, en los términos del art. 1578, CCiv. Destacó que de acuerdo con la enumeración prevista, en el art. 523, CPCCN, eran títulos ejecutivos —en tanto contuvieran una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables—, el instrumento público presentado en forma y el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente, o cuya firma estuviese certificada por escribano. Agregó que, de igual modo, eran títulos ejecutivos la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer la ejecución y el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles, a tenor de lo dispuesto por el art. 1578, CCiv., extendiendo el art. 1581 la acción ejecutiva a cualquier otra deuda derivada de la locación. Rechazó el argumento atinente a la falta de firma de la actora en el documento obrante en autos, en virtud de lo dispuesto por el art. 1013, CPCCN. Por último, aclaró que, por otra parte, los ejecutados no desconocieron sus firmas insertas en el contrato de concesión de uso ni en el convenio de regularización de deudas, ni cuestionaron su autenticidad. 2) Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso el recurso de apelación de fs. 70. A fs. 72/73 vta., presentó el pertinente memorial, cuyo traslado no fue contestado por la contraria. 3) La recurrente se agravia del rechazó de la defensa por ella esgrimida. Aduce que la magistrada se limita a transcribir el art. 1013, CCiv., y a señalar, tras cartón, que los demandados no desconocieron sus firmas y la autenticidad del instrumento. Destaca que si bien en función del artículo citado no es necesaria la firma de todos en cada uno de los ejemplares, se señaló claramente al oponer excepciones que la actora jamás firmó ejemplar alguno de ese presunto acuerdo de voluntades y que, por dicho motivo, su parte no contaba con una copia suscripta por su contraparte, de modo que el art. 1013, CCiv., no resultaba aplicable al presente caso. Afirma que la sentencia no se hizo cargo de tan sencillo argumento y tampoco permitió que su parte demostrara ese dicho, pues evitó la prueba sobre el punto. Solicita que se cite a declarar al Sr. Villafañe, probanza que puede variar él resultado del pleito. Esgrime que su parte negó la deuda y argumentó que el instrumento era inhábil porque ningún contrato existe como tal con una única voluntad. Sostiene que la actora presentó judicialmente un convenio —no un simple reconocimiento de deuda— sin hacerse cargo de que ese documento carecía de entidad jurídica. Relata que para adquirir entidad la norma del art. 1013, CCiv., debió haberse explicado en la demanda que el documento se traía sin la firma de la actora pero que los demandados tendrían un ejemplar firmado en su poder, pero nada de ello se refirió. Añade que en atención a lo reglado por el art. 163, CPCCN, cabe atacar la sentencia en tanto amerita cuestiones fácticas no invocadas por el demandante, violándose así el principio de congruencia. Asevera que debido a las múltiples razones invocadas, el presente recurso de apelación conlleva el pedido de nulidad de la sentencia. Arguye que la denegatoria de la prueba ofrecida sin haberse dado fundamento, permiten tachar a la sentencia como arbitraria. 4) En primer término, conviene puntualizar que como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, en el ámbito del derecho administrativo no existe una norma particular que contenga una disposición específica para el cobro de cánones por las concesiones de uso de bienes del Estado, por lo que corresponde la aplicación subsidiaria de las normas del Código Civil —conf. sala 1ª, in re, "Ferrocarriles Metropolitanos S.A (E.L.) v. Spinelli, Jorge O. s/proceso de ejecución", expte. 11.636/97, del 14/5/1998; en el mismo sentido sala 4ª in re "Femesa (E.L.) v. Empresa de Transportes José Hernández S.A.C.I Línea 252 s/ proceso de ejecución", expte. 14.819/97, del 8/9/1998; ver, asimismo, esta sala, en su anterior integración, en los autos "ONAB v. Real, Luis F. y otro s/proceso de ejecución", expte. 35.450/2003, del 8/4/2010—. En la última de las causas citadas se ha sostenido, además, que "[a]sí, un principio general del derecho civil es que las manifestaciones hechas por las partes en un contrato, en este caso de concesión de uso, forman una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Esto significa que los términos utilizados y a los cuales las partes se obligaron voluntariamente mediante su firma, sin que hayan alegado y demostrado un vicio en el consentimiento, es ley y se les aplica en todas sus formas (confr. art. 1197, CCiv.)". 5) En el sub lite, la ADIF S.E. inicia el presente proceso de ejecución contra José E. Del Río y María Mercedes Alonso, por el cobro de la suma de $ 241.857,22 —con más los intereses y las costas—. Acompaña un ejemplar del Convenio de Regularización n. AF000108, Contrato ONABE n. ON007617, expte. ENABIEF n. 237/2000, concesionario: Del Río José Enrique, suscripto por el Sr. José E. del Río y la Sra. María Mercedes Alonso. Tales firmas fueron puestas en presencia del escribano Público Osvaldo Emilio Casalia, conforme surge del acta de certificación de firmas F 006024526 —ver documental obrante en el sobre n. 3778—. En dicho instrumento se señala que las partes (la. ADIF S.E., representada por José N. Villafañe, y el Sr. José E. del Río) acordaron firmar dicho convenio sobre el inmueble ubicado en Cramer 475, por el plazo de treinta meses (ver cláusulas primera y tercera). Se relata que el 3/5/2005 el concesionario suscribió con el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), el contrato de concesión de uso sobre el citado inmueble, que dicho contrato se encuentra vigente y que "... sin perjuicio de ello, la ADIF ha considerado conveniente pactar un nuevo canon ajustado a valores más acordes con el mercado inmobiliario" —sic—. Asimismo, se establece que "[e]I canon oportunamente comprometido se ha actualizado, por lo que el consesionario abonará a ADIF a partir del 1/3/2010 la suma de $ 10.000 con más el impuesto al valor agregado" (sic). Y que dicho canon "... se graduará con ajuste a las variaciones que al respecto prevean las normas legales vigentes y que se dicten al efecto" (sic) —ver cláusula cuarta—. Surge, por lo demás, que el canon se pagará por adelantado del 1 al 10 de cada mes (o el primer día hábil siguiente, de resultar el último inhábil), así como que "[e]I incumplimiento del pago del canon en el tiempo, lugar y modo establecidos, implicará la mora automática de pleno derecho y dará lugar a la aplicación de un interés mensual del 2% de lo abonado fuera de término" —sic— (ver cláusulas quinta y sexta). Por último, se desprende que el cumplimiento del acuerdo se garantiza con el inmueble ubicado en Francisco Melo 1101, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de propiedad de la Sra. María Mercedes Alonso de Del Río, quien se constituye en "Fiador solidario, liso y llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y de división, de todas y cada una de las obligaciones del presente convenio..." —sic— (ver cláusula décimo sexta). Acompaña, asimismo, la parte actora, una copia certificada del Contrato de Concesión de Uso de Inmuebles n. ON007617 —ver sobre n. 3778— y la planilla correspondiente al resumen de deuda, en la que se practica la liquidación, en lo que aquí interesa, de lo adeudado en concepto de cánones (contrato AF000108) de abril de 2010 a agosto de 2011 y de intereses (ver fs. 27). La parte demandada no objeta la procedencia de la vía intentada ni desconoce su firma inserta en el primero de los instrumentos aquí enunciados —acompañado por la actora—, sino que opone la excepción de inhabilidad de título. Tampoco cuestiona, más allá de la negativa genérica formulada en los puntos 1) Negativa de la deuda y 2). Hechos del escrito de fs. 51/57, la liquidación practicada. Funda su planteo (excepción de inhabilidad de título), en el hecho que en el convenio de regularización, lucen las firmas del demandado —Sr. Del Río— y de su cónyuge, pero no la del Sr. José N. Villafañe, quien es mencionado al comienzo del instrumento como compareciente en su calidad de presidente del directorio de la actora. Aduce que un convenio es un contrato en los términos del art. 1137, CCiv., en donde convergen dos voluntades que han acordado una declaración explícita tendiente a reglar sus derechos, y la firma del instrumento por ambos contratantes es un inexcusable requisito para otorgarle validez (art. 1012, CCiv.), ya que así se prueba el consentimiento dado por las partes. Alega que el título adunado posee un vicio extrínseco que lo torna inhábil, como es la falta de firma de uno de los contratantes. Relata que los tres ejemplares suscriptos por el demandado y su garante quedaron en poder de la actora, "...con el pretexto de 'llevárselos a firmar a Villafañe, y que lo concreto es que el Presidente de la ADIF S.E. nunca firmó nada" (sic). Añade que como la actora conservó los tres originales y ninguno de ellos firmado por Villafañe obró jamás en poder del demandado, no hay norma alguna que permita suplir la falta de firma de la ADIF S.E. en el instrumento con el que se sustenta la ejecución —ver el escrito de fs. 51/57, por el que el apoderado de la parte demandada opone la excepción de inhabilidad de título—. La a quo, como se vio, luego de citar las normas aplicables al caso y de señalar los instrumentos que debían considerarse como títulos ejecutivos —y sus requisitos—, rechazó el planteo de la actora en virtud de lo dispuesto por el art. 1013, CCiv. De dicho rechazo se agravia la recurrente. 6) A juicio de este Tribunal, los agravios de la demandada no pueden prosperar. En efecto, el art. 1013, CCiv., establece: "[c]cuando el instrumento privado se hubiese hecho en varios ejemplares, no es necesario que la firma de todas las partes se encuentre en cada uno de los originales; basta que cada uno de éstos, que esté en poder de una de las partes lleve la firma de la otra". En los términos de la presente contienda, precisamente, el instrumento que sirve de base a la presente ejecución resulta plenamente hábil, en tanto el original en poder de la ADIF S.A. contiene las firmas insertas de la otra parte, certificadas, por lo demás, por escribano público. Lo que implica que reúne las condiciones exigidas por la norma más arriba transcripta y, como tal, carece de vicios extrínsecos. En otro orden de ideas cabe apuntar qué, dado que el instrumento acompañado se encuentra suscripto por los aquí demandados (lo que en ningún momento cuestionan —no alegan, por ejemplo—, la falsedad del documento, ni invocan la posible existencia de vicios de la voluntad), ellos no pueden desconocer, en virtud del elemental principio de buena fe que rige en materia contractual, la existencia, los efectos y el alcance del contrato así documentado. A mayor abundamiento, corresponde señalar que al comentar el art. 1013, CCiv., los Dres. Alberto J. Bueres y Elena I. Highton señalan: "Esta disposición es aclaratoria de la exigencia de firma prescripta en el art. 1012, y tiene su fundamento en el principio de conservación de los actos jurídicos, así como en la lógica"; "La persona que tiene en su poder un instrumento firmado por la otra parte puede estampar su firma en cualquier momento, en el ejemplar que ella posee"; "La falta de firma del sujeto, en tales circunstancias, tampoco anula el instrumento, no obstante lo dispuesto por el art. 1012, ya que a quien posee una copia de éste lo que le interesa probar es la voluntad de la otra parte, pero no su propia voluntad, la cual se manifiesta por el solo hecho de exhibir dicho documento, o de hacer mérito de él para asumir la posición jurídica que invoca" —sic— (ver autores citados, en el "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", t. 2-C, Hammurabi. José Depalma Editor, 1999, p. 156). 7) Debe aclararse, asimismo, que la jueza en ningún momento analizó cuestiones fácticas no invocadas, como desliza el recurrente. En efecto, el planteo atinente a la falta de firma de la actora fue introducida por la demandada como defensa al oponer excepciones, y fue debidamente contestada por su contraria en el escrito de fs. 63/64. En cuanto a la aplicación de lo dispuesto por el art. 1013, CCiv., merece destacarse que en virtud del principio iura curia novit, el juez puede calificar autónomamente los hechos del caso, y subsumirlos en las normas jurídicas cualesquiera sean las invocadas, en tanto no se alteren los supuestos fácticos (Fallos 288:279; 296:633 y 297:42) —conf. sala 1ª, in re, "Bunge Argentina S.A (TF 24622.A) v. DGA", expte. 14.604/2010, del 19/5/2011, entre otros—. En las presentes actuaciones (además de advertir que la disposición del art. 1013, CCiv., fue invocada por la actora al contestar el traslado de las excepciones), a la luz de lo expuesto ut supra, la aplicación al caso de la norma señalada no puede ser objetada como violatoria del principio de congruencia. 8) Respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada (ver fs. 56 vta.), más allá de la omisión incurrida por la juez de grado de expedirse expresamente sobre su procedencia, lo cierto es que dicha probanza resulta carente de utilidad, en tanto el instrumento que sirve de base a la presente ejecución resulta perfectamente hábil para acreditar el convenio al que se obligó la parte demandada, conforme se desprende de lo expuesto tanto por la magistrada de grado como en el considerando sexto del presente pronunciamiento, resultando innecesaria,, por lo tanto, la declaración del representante de la contraparte. Ello así, y en virtud de lo dispuesto por los arts. 278 y 549, CPCCN, corresponde desestimar la prueba ofrecida por la accionada. 9) En punto a la nulidad planteada, debe apuntarse que no se vislumbra existencia de vicio o defecto alguno en la sentencia apelada. Por lo demás, resulta oportuno señalar que el recurso de apelación comprende el de nulidad, por defectos de sentencia (art. 253, CPCCN), por lo que cuando los agravios pueden ser reparados por la vía de la apelación no corresponde considerar el de nulidad (ver esta sala, en otra composición, en los autos "SUBPGA S.A. v. Ejército Arg. s/contrato administrativo", expte. n. 28.829/95, del 17/7/2001; sala 1ª, in re, "CNRT - res. 2264/06 v. Veloso Rodríguez, Rodolfo J. s/proceso de ejecución", expte. n. 59/07, del 4/3/2010, entre otros). Consecuentemente, en virtud de todo lo hasta aquí expuesto, que lleva necesariamente a desestimar los agravios de la demandada, y lo dispuesto en el considerando que antecede, no cabe sino rechazar la nulidad intentada. Por las razones apuntadas, el tribunal resuelve: a) rechazar la apelación y confirmar la sentencia de grado; b) desestimar la prueba ofrecida; c) rechazar él pedido de nulidad de sentencia; d) imponer las costas de esta instancia a la vencida (art. 558, CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.— Luis M. Márquez.— José L. López Castiñeira.— María Claudia Caputi.— Carlos J. Massia.

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