viernes, 18 de mayo de 2012

DAÑOS EN PROPIEDAD VECINA POR OBRA EN FUNDO LINDEROS

Citar ABELEDO PERROT Nº: AP/JUR/833/2011 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B Fecha: 23/02/2012 Partes: López, Miriam y Otros v. Execon S.R.L. y otros Publicación: APJD 16/05/2012 DERECHOS REALES - Dominio - Restricciones y límites - Restricciones a la disposición material - Obras que pueden perjudicar a los vecinos - Daños derivados de la construcción de una obra en el inmueble vecino – Responsabilidad del propietario – Responsabilidad del anterior propietario del inmueble – Legitimación pasiva – Fideicomiso Sumarios 1.DERECHOS REALES - Dominio ~ Restricciones y límites ~ Restricciones a la disposición material ~ Obras que pueden perjudicar a los vecinos Quien había sido titular de dominio de los predios en donde se construyó la obra causante de los daños cuyo resarcimiento se reclama, no se encuentra legitimado para ser demandado, si a la fecha en que aquellos se produjeron, la propiedad fiduciaria había sido transmitida; realizándose la inscripción registral pertinente, momento a partir del cual, la publicidad registral tendrá efectos y será oponible a terceros. 2.DERECHOS REALES - Dominio ~ Restricciones y límites ~ Restricciones a la disposición material ~ Obras que pueden perjudicar a los vecinos Una vez acreditados los daños, basta con dilucidar la titularidad dominial de la obra en construcción; siendo indudable que los fiduciarios inscriptos responderían, al menos, con los bienes fideicomitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caber a la empresa encargada de demoler y construir el edificio y a la compañía aseguradora. 3.DERECHOS REALES - Dominio ~ Restricciones y límites ~ Restricciones a la disposición material ~ Obras que pueden perjudicar a los vecinos En el marco de un proceso por los daños y perjuicios causados en un inmueble por la obra en construcción en un inmueble vecino, el daño psíquico resulta procedente si el perito hubiera determinado que el trastorno depresivo padecido por la propietaria del inmueble afectado obedecía, entre otras causas, a la obra en construcción lindante a su casa, con lo que el nexo causal -aún cuando pueda ser de pequeña envergadura-, queda debidamente acreditado. TEXTO COMPLETO 2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, febrero 23 de 2012. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El Dr. Mizrahi dijo: I. Antecedentes La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 1281/1293, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción promovida por Myriam López, Clotilde Adorno y Carlos A. López Galeano y, en consecuencia, condenó a “Exekon SRL”, Mario O. Calvaroso, Alejandro D. Cela y “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada” (en los términos del art. 118, ley 17418) al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas. Asimismo, el a quo hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Nicolás Larocca, con costas a la parte actora. Destácase que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 1/5 y 173/175. En esa oportunidad, los accionantes reclamaron los diversos daños y perjuicios que habrían sufrido como consecuencia de la obra en construcción de un edificio lindante al que ellos habitan. II. Los agravios Contra el referido pronunciamiento se alzaron Myriam López y Carlos A. López Galeano, expresando agravios a fs. 1373/1384, pieza que mereció la réplica de fs. 1412/1417 y 1419/1423; y la parte demandada, cuyas quejas obran a fs. 1389/1392, contestadas a fs. 1428. Los pretensores se agraviaron de que el juez de grado haya hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por Nicolás Larocca. Adujeron que el referido codemandado había sido titular de dominio de los predios en donde se construyó el edificio. Sostuvieron que, en su carácter de beneficiario del contrato de fideicomiso, le correspondía responder ante terceros por los daños ocasionados. De otro lado, cuestionaron los montos concedidos en concepto de daños materiales al inmueble y daño moral; y el rechazo de las partidas indemnizatorias de daño psíquico, tratamiento psicológico, y daños a un automóvil (con la consiguiente imposición de costas). Por último, impugnaron el inicio del cómputo de los intereses. Por su parte, los encartados se agraviaron de lo dispuesto por el juez de grado en el rubro indemnizatorio de daño moral. III. Cuestiones a dilucidar. Límites en su análisis Toda vez que no resulta objeto de debate las circunstancias en que acaecieron los hechos ni la correspondiente atribución de responsabilidad, el thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar si corresponde hacer lugar o no a la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por Nicolás Larocca; y a examinar la procedencia y cuantía de las partidas indemnizatorias que fueron materia de agravio como así también el modo en que deben computarse los intereses. Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", t. I, p. 825; Fenocchieto Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", t. 1, p. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; Fallos 274:113; 280:3201; 144:611). Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine. IV. La excepción de falta de legitimación pasiva El juez de grado fue contundente al destacar que en el Registro de la Propiedad Inmueble se encuentra inscripta la titularidad dominial fiduciaria de los bienes objeto de reproche a nombre de Mario O. Calvaroso y Alejandro D. Cela (ver fs. 455/457). Por lo tanto, y toda vez que el art. 14, ley 24441, establece que “los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciante” (en este caso Nicolás Larocca), el a quo resolvió hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva oportunamente interpuesta. Desde ya adelanto que los agravios intentados por la parte actora en este específico punto resultan absolutamente inaudibles y, por ende, no habrán de prosperar. En primer lugar, los pretensores adujeron que el codemandado Larocca había sido titular de dominio de los predios en donde se construyó la obra. Al respecto diré que, aun cuando la titularidad dominial hubiese estado en el pasado a nombre de Larocca, lo cierto es que no hay ninguna duda de que a la fecha en que se produjeron los daños había sido transmitida la propiedad fiduciaria a Mario O. Calvaroso y Alejandro D. Cela; realizándose la inscripción registral pertinente. El art. 12, ley 24441, es claro cuando dispone que desde ese preciso momento (la publicidad registral) tendrá efectos y será oponible a terceros. A tenor de lo delineado, y siendo el dominio fiduciario de carácter exclusivo (ver Kiper, Claudio y Lisoprawski, Silvio V., “Tratado de Fideicomiso”, LexisNexis, ps. 53/55), no encuentro motivo alguno para que pueda verse involucrado en la demanda Nicolás Larocca. En segundo lugar, los accionantes invocaron una obra intitulada “Responsabilidad Civil del Fiduciario” de la cual citan (en dos ocasiones) un extracto en negrita que establece que “no es indispensable que el daño sea provocado por el fiduciario en ocasión del cumplimiento de sus funciones. Bastaría que el mismo implicara algún beneficio a favor del patrimonio fideicomitido, para que el damnificado, con fundamento en el enriquecimiento indebido, pudiera intentar el cobro de su acreencia indemnizatoria mediante la ejecución de los bienes fiduciarios”. Sobre este punto, cabe resaltar que no sólo la cita realizada -y la obra completa- se refiere al fiduciario y no al fiduciante (cuya responsabilidad se puso en tela de juicio) sino que se circunscribe a la posibilidad de ejecutar los bienes fideicomitidos; lo cual no parece ser materia de discusión. Me parece claro, y así lo establecen los autores invocados por los pretensores, que pueden ejecutarse los bienes fiduciarios (inscriptos a nombre de Cela y Calvoroso) por los daños derivados del cumplimiento de la manda fiduciaria. Sin embargo, los argumentos esgrimidos nada tienen que ver con una posible responsabilidad personal de Nicolás Larocca en su carácter de fiduciante. En tercer lugar, los actores traen a colación el dictado de una medida cautelar en primera instancia, que tampoco se relaciona con el asunto que nos ocupa. Es que en ese entonces se trabó una medida de no innovar sobre la totalidad del edificio; por supuesto, en contra de Mario O. Calvaroso y Alejandro D. Cela, quienes resultaban ser los titulares dominiales fiduciarios. El hecho de que nada se dijese respecto de Larocca es una muestra más de la sin razón de incoar una demanda en su contra. En cuarto lugar, cabe señalar que el hecho de que el fiduciante resultase o no beneficiario del contrato de fidecomiso (lo cual no puede aseverarse en tanto ninguna de las partes lo ha anejado al expediente), no incide en la solución del caso. Una vez acreditados los daños, bastaba con dilucidar la titularidad dominial de la obra en construcción; siendo indudable que los fiduciarios inscriptos responderían, al menos, con los bienes fideicomitidos. A ello se ha sumado la responsabilidad de la empresa encargada de demoler y construir el edificio y la extensión de la condena a la compañía aseguradora. En función de todo lo expuesto, estimo que corresponde desestimar los agravios vertidos por la actora y, por ende, confirmar la admisión de la excepción de falta de legitimación incoada por Nicolás Larocca. Tal ha de ser mi voto. V. La indemnización V.a. El magistrado que me precedió, basándose en la estimación realizada por la experta arquitecta designada en autos (ver informe de fs. 769/773), concedió la suma de $ 28.200 en concepto de daños materiales al inmueble; decisum que generara la queja de los pretensores. No desconozco que tanto la parte actora como la demandada impugnaron el informe pericial (ver fs. 775/778 y 780, respectivamente); empero estas impugnaciones fueron debidamente contestadas por la idónea (ver fs. 789/803) y, a mi juicio, lejos han estado de conmover los fundamentos del dictamen. Repárese que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (C. Nac. Civ., sala D, en autos “Yapura, Gregoria E. v. Transporte Automotor Riachuelo S.A s/ds. y ps.”, expte. libre n. 77.257/98, del 8/10/2002; íd., “Fiorito, José L. v. Petersen, José y otro s/ds. y ps”, expte. libre n. 105.505/97, del 20/9/1991). Por otro lado, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (C. Nac. Civ., sala D, en autos "Quiros de Delgado, Nélida v. Ferrocarriles Metropolitanos S.A s/daños y perjuicios", expte. libre n. 25.403/93 del 27/12/1996) (conf., además, mi anterior voto in re “Chomsky v. Palavecino s/ds. y ps.”, del 15/12/2005). Por lo demás, cabe destacar que la experta de oficio fue contundente al señalar que “el presupuesto presentado...no es pertinente pues no se refiere puntual y exclusivamente a la reparación de daños sino que incorpora otros ítem de los cuales se percibe una intención de mejora de la vivienda”; que “los daños reparados no influyen sobre el valor venal de la casa”; que “en la primer visita informada en el expediente se invitaron a concurrir a la misma a los consultores técnicos pero no se hizo presente ninguno”; y que “si el consultor de la actora hubiese estado presente podría haber hecho comprender a su parte cuestiones técnicas como humedades en el dormitorio de PB del contrafrente provocadas por falta de aislamiento hidrófugo y por la escasa ventilación...y hacer notar que es una patología crónica”. A su vez, reiteró en su respuesta a las impugnaciones que “el listado...incluye reparación de daños y mejoras para la casa, estas últimas ajenas a la litis”; y que “comprendo, no como profesional, sino humanamente que al ser su hogar...lograda con mucho esfuerzo y amor...que una gran dosis de afecto y emoción le hacen magnificar los daños” (ver fs. 772 y 801/803). Por supuesto que la estimación de un testigo (como lo es el caso de Marcelo F. Fernández, invocado en la expresión de agravios), no puede modificar las categóricas apreciaciones de la idónea designada en estas actuaciones. Por todo lo expuesto, atendiendo a las particulares circunstancias de autos y persuadido de los argumentos brindados en la experticia practicada, habré de proponer a mis colegas que se confirme el monto establecido por el juez de grado en concepto de daños al inmueble. V.b. Seguidamente analizaré los agravios vertidos por los actores apelantes respecto del rechazo del rubro indemnizatorio de daño psicológico y su tratamiento. Al respecto, cabe destacar que con la partida que se otorga por daño psíquico se tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis. En el referido contexto, y precisadas ya las directivas que guiarán nuestro estudio, estimo pertinente evaluar las conclusiones arribadas en las experticias practicadas en el expediente. Es así que la licenciada Viviana N. Rabellino y el Dr. José A. Piqué adujeron que Myriam López padece un “trastorno depresivo mayor, crónico, grave, con síntomas sicóticos congruentes con el estado de ánimo” ... ”que la incapacita en un 60%”; y que “deberá realizar tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico por el término de dos años como mínimo, calculando su costo en 40 pesos por sesión, a razón de dos veces por semana” (ver fs. 829/835). A su vez, y en lo que concierne a Carlos A. López Galeano, se sostuvo que “se verifican trastornos de memoria y concentración durante el examen psiquiátrico y psicodiagnóstico...las formas de presentación incluyen la depresión, las crisis de pánico, fobias y obsesiones” que le generan una incapacidad del 20% y que “son reversibles con el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico adecuado” (ver fs. 859). El juez de grado sostuvo que no existía nexo de causalidad alguno entre las incapacidades descriptas por los expertos y la responsabilidad que se le endilga en autos a los encartados. En el caso de Myriam López, explicó que su trastorno depresivo obedecía al fallecimiento de su madre de cáncer escasos cuatro meses antes de la entrevista y al hecho de que su padre hubiese encontrado una nueva pareja. Sin embargo, no es menos veraz que en la síntesis diagnóstica oportunamente efectuada se señala como causas de su trastorno, además del fallecimiento de su madre y la nueva pareja del padre, a la obra en construcción lindante a su casa (ver fs. 833 in fine); por lo que el nexo causal (aun cuando pueda ser de pequeña envergadura) ha quedado debidamente acreditado. Por lo tanto, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la actora, y adoptando un criterio restrictivo y prudente habida cuenta de el resto de los padecimientos sufridos, propondré a mis colegas establecer por la partida en estudio una suma global de $ 5000 (arg. art. 165, CPCCN). En cambio, en lo que respecta a Carlos A. López Galeano, no hay ninguna probanza que permita colegir la existencia de un nexo causal entre la responsabilidad de los emplazados por la obra en construcción lindera y los daños psíquicos. De tal guisa, no me queda otra alternativa que confirmar el rechazo de la partida en estudio. V.c. En lo que se refiere a las quejas de los pretensores apelantes respecto del rechazo de la partida indemnizatoria de daños al vehículo e imposición de costas por la experticia mecánica, diré que aquellas exhiben una pobreza argumental de tal magnitud que, sin mediar vacilación, puede afirmarse que no cumplen con la exigencia prevista en el art. 265 del ritual. Claro está que ante presentaciones que -como la de autos? carecen en el sentido jurídico de un minimum de seriedad, no cabe proponer otra decisión que no sea la deserción del recurso (conf. mi voto in re "Blanco Villegas v. Etchecopar Danguin y otros", del 29/3/2007). A lo referido se le suma, como dato definitorio, que en el escrito de agravios se hace caso omiso a las motivaciones esenciales que dieron lugar al fallo de primera instancia sobre el tema en estudio. Es que si bien el experto pudo haber tomado como verosímil la versión de los actores, la realidad es que no hay ningún elemento de juicio que permita tener por acreditado fehacientemente el nexo causal invocado en el escrito inaugural y en las quejas vertidas. Corolario ineludible de esta actitud procesal, que omite una crítica concreta y razonada de la sentencia de grado, es que se proponga al Acuerdo que se declare desierto el recurso de apelación en este específico punto. Así he de votar. V.d. El juez de grado estableció en concepto de daño moral la suma de $ 5000 para cada uno de los actores; decisum que también fuera impugnado. Por supuesto que no cabe ninguna duda de que la sentencia se refiere a los pretensores originarios; esto es, a Myriam López, Clotilde Adorno (hoy fallecida, siendo sus herederos los acreedores de dicha suma) y Carlos A. López Galeano. He de destacar que en general se admite que para que estemos ante un daño moral es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que constituye una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho. Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños, t. 2-b, p. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p. 287; C. Nac. Civ, sala C, 22/12/2005, “Vega Rubilan, Soria de las Mercedes v. Transporte Automotor General Las Heras S.R.L”, LL Online; íd., sala E, 26/5/2006, “Montalbetti, Carlos F. y otros v. Microómnibus Sur SAC y otros”). Ahora bien, el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad; y al respecto es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que “no contiene más que lo subjetivo puro” (ver “Principios metafísicos del Derecho”, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873, p. 13). No obstante lo expuesto, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente- tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad civil”, 9ª edición, Ed. Abeledo-Perrot, 1997, p. 247). En este sentido, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto “previsto de antemano por la norma” (ver Brebbia, Roberto H., “El daño moral”, Ed. Orbir, 2ª edición, Rosario, 1967, p. 86). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, t. 2-b, p. 593 y ss.). Sobre el tema referido, debe señalarse que la jurisprudencia ha reconocido el derecho a la indemnización por este rubro en casos similares al sub examine. Ello es así toda vez que el hecho de vivir en un inmueble que presenta limitaciones; como ser, verbigracia, humedades, filtraciones, desprendimiento de material y demás perjuicios; son factores conducentes susceptibles de provocar un desequilibrio emocional (ver C. Nac. Civ., sala C, en autos "Ramos Fretes, Julio H. v. Sarugo, Erlinda Haydeé s/ds. y ps. del 11397). Es que no puede negarse el resarcimiento de este daño cuando situaciones como las narradas producen un menoscabo en la tranquilidad y forma de vida del vecino, que van más allá de las meras molestias e incomodidades que habitualmente se producen en la vida cotidiana (C. Nac. Civ., sla A, 30/9/1994, C A115631; C. Nac. Civ., sala M, 2/4/2004, L 346771; C. Nac. Civ., sala A, 11/4/1994, C. A14157; C. Nac. Civ., sala 1ª, 21/2/1991, C 081226) Efectuada la aclaración precedente, claro está que el quantum queda sujeto al prudente arbitrio judicial. En tal sentido, considero que, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de autos, la suma concedida por el juez de grado por esta partida resulta ajustada a derecho y debidamente adecuada para enjugar el daño sufrido; por lo que propondré al Acuerdo su confirmación, desestimando los agravios de los pretensores quejosos y los incoados por los demandados. VI. Los intereses En lo que se refiere a los intereses, asiste razón a los actores en que, por tratarse de una responsabilidad de índole extracontractual, la tasa activa de interés fijada por el juez de grado debe aplicarse desde el momento en que se produjeron los hechos dañosos (y no desde la fecha de la mediación) y hasta el efectivo pago. Así ha quedado establecido en la sentencia plenaria obligatoria de esta Cámara (según lo dispuesto por el art. 303 del ritual) dictada con fecha el 20/4/2009 en los autos “Samudio de Martínez, Ladislada v. Transporte Doscientos setenta S.A s/daños y perjuicios”. En función de lo explicitado, he de proponer al acuerdo que se modifique la sentencia en crisis en el referido aspecto. VII. Conclusión A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y modificarla en lo que respecta al monto de condena, que pasará a ser de $ 48.200, con más sus intereses. Éstos se calcularán, desde que se produjeron los hechos dañosos y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Las costas de alzada se imponen de igual modo que en primera instancia (art. 68, parte 1ª, CPCCN). El Dr. Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. El Dr. Díaz Solimine dijo: Al fundado voto del distinguido vocal preopinante, adheriré con la aclaración que expondré seguidamente sobre el agravio referido a los intereses, con los cuales disiento. En lo que hace a la tasa de interés que debe aplicarse, la doctrina sentada en los autos “Samudio de Martínez” referidos por vocal, obliga a aplicar, conforme su punto III, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo que deja al descubierto que, a pesar de la amplia mayoría con que contara la mentada tasa activa luego de fracasar la moción sustentada, entre otros, por los vocales de la sala C de esta Cámara -la cual integro-, en el sentido de dejar libertad a los jueces para establecerla en cada caso en particular, había una opinión generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito atendiendo a diversas circunstancias como pueden serlo la forma de establecer el monto de la condena, las indemnizaciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicársele, la necesidad de acortar el tiempo de los procesos, etc., considerando así diversas tasas según el período en el que debía enjugarse el daño moratorio. Sin alterar acertadamente, la doctrina plenaria sentada en el fallo “Gómez” especto del tiempo que se produce la mora de la obligación de indemnizar con relación a cada perjuicio, ello no implica, per se, que hasta el efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada tasa activa, sino que será así siempre que no se altere el contenido económico de la sentencia, importando un desplazamiento injustificado de bienes del patrimonio del deudor al del acreedor. Es que la imposibilidad de hecho de fijar valores históricos con relación a indemnizaciones por incapacidad o daño moral, entre otros rubros, dada la cambiante realidad que ha caracterizado a la zigzagueante y poco ortodoxa economía de nuestro país, ha llevado en la especie a establecer a la fecha de su pronunciamiento los valores de las diversas partidas. De ahí que atendiendo a los valores que ya se encontraban actualizados al fallo apelado, se consideró, en casos similares y luego de dictado el fallo “Samudio” que la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina era la que correspondía aplicar sobre aquellas partidas fijadas a valores actuales desde que cada perjuicio se originó hasta la fecha de la sentencia definitiva, debiendo a partir de este pronunciamiento y hasta el efectivo pago que hagan los deudores aplicarse la tasa activa que resulta obligatoria en los términos del art. 303, CPCCN. Lo que así voto. Y Vistos: Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y modificarla en lo que respecta al monto de condena, que pasará a ser de $ 48.200, con más sus intereses. Éstos se calcularán, desde que se produjeron los hechos dañosos y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Las costas de alzada se imponen de igual modo que en primera instancia. Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279, CPCCN, respecto de las regulaciones practicadas a fs. 1293 y 1317, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada (conf. art. 1, ley 24432). Notifíquese y devuélvase.- Mauricio L. Mizrahi.- Claudio Ramos Feijoo.- Omar L. Díaz Solimine.

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