lunes, 26 de diciembre de 2011

FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y RELACIÓN LABORAL


Estatutos especiales. De la industria de la construcción. Personal. Empleador. Dueño y director de la obra. Fideicomiso inmobiliario
“Arias Guadi, Humberto v. García Rodríguez, José C.”
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 9
En la Ciudad de Buenos Aires, a 10 de agosto de 2011 para dictar sentencia en los autos caratulados “ARIAS GUADI HUMBERTO C/ GARCIA RODRIGUEZ JOSE CARLOS S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:
El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:
I. Que contra la sentencia dictada en primera instancia que rechazó la demanda incoada al inicio, se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 210/215 sin merecer la réplica de su contraria.
Desde ya adelanto que por mi intermedio, la queja incoada tendrá recepción favorable.
II.- Digo ello pues, tal como surge de las constancias de autos, el demandante inició la presente acción en procura de perseguir el cobro de las acreencias que estima le corresponden como consecuencia del desempeño habido de su parte a las órdenes del aquí demandado en su carácter de dueño y director de la obra en la que el actor prestó servicios de albañilería, todo ello según denunció.
En oportunidad de contestar el traslado de la acción, el demandado negó todos y cada uno de los extremos invocados al demandar, y en defensa de su postura sostuvo que el inmueble de la Avenida Cordoba 6539/45/49 donde dijo desempeñarse el aquí actor, se encuentra afectado a una obra en virtud de un fideicomiso de Administración denominado “Altos de Córdoba” por imperio de lo convenido en el contrato suscripto con fecha 2/11/07, el cual acompañó a su responde. Sostuvo que el fideicomiso aludido esta presidido por una administradora a quien individualizó en su contestación de demanda y respecto de quien dijo era quien se encargaba de la contratación de las distintas empresas especializadas para llevar adelante el proyecto referido.
Producidas las pruebas ofrecidas por ambas partes, la sentenciante concluyó que la acción entablada debía ser desestimada por cuanto, si bien entendió inconducente la defensa de falta de legitimación opuesta con fundamento en la existencia de un contrato de fideicomiso, acto seguido señaló que, toda vez que el accionado no resulta ser uno de los sujetos enumerados en los incisos a) y b) del art. 1° de la ley 22.250 ni figura registrado en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, a lo que agregó que, por el hecho de haberse demostrado la calidad de “comerciante” del accionado y la imposibilidad consecuente de aplicar al supuesto de autos la normativa prevista en el art. 32 de la Ley 22.250 ello, por cuanto, no se acreditó en autos el carácter de “constructor de obra” de la persona accionada, correspondía el rechazo de la acción.
III.- Dicha decisión motiva los agravios de la parte actora y a mi ver, tal como lo anticipé, le asiste razón.
En efecto, discrepo respetuosamente con las conclusiones expuestas por la sentenciante de primera instancia toda vez que existen en el caso elementos de absoluta relevancia para concluir en sentido adverso y que han sido aportados por el propio accionado, que permiten superar los obstáculos que han sido esgrimidos en el fallo recurrido para decidir como lo hiciera la sentenciante “a quo”.
Me explico. Tal como surge de la propia contestación de la demanda (y se acredita aún más con la copia del contrato de fideicomiso que ha sido adjuntada por el accionado) no existe en el caso ninguna duda acerca de la titularidad de dominio que detenta el demandado respecto del inmueble donde el actor dijo haberse desempeñado como tampoco ha resultado controvertido que en dicho inmueble se realizaron, durante el período que el accionante denunció haber laborado, las obras y reformas a las que se hizo mención en el escrito de inicio.
Del mismo modo, es un hecho incuestionado y surge acreditado también con la declaración testimonial rendida por la Sra. Ana Maria Caino Fontes (fs. 105/106) que el aquí demandado era el “fiduciario principal” y que fue quien aportó la propiedad para que se haga la obra que ella administra en virtud del fideicomiso suscripto.
Si a lo expuesto precedentemente, se añade que de conformidad con lo que surge del análisis de los testimonios de Balmaceda (fs. 76/77), Esquivel (fs. 85/87) y Portillo (Fs. 92/93), no queda margen de dudas para concluir que el demandante efectivamente se desempeñó en la obra del inmueble sito en la calle Cordoba 6539/45/49, en calidad de albañil, realizando las tareas que describió en su demanda y respecto de las cuales resultan contestes los testimonios referidos, en el período por él indicado, no encuentro razones que permitan concluir, como lo hace la jueza de grado, en la improcedencia de la acción impetrada.
Es más, la circunstancia utilizada como fundamento central de la decisión, esto es la presunta contratación de un arquitecto de nombre Silvio Wainer como así también, la conjetura a la que se hace mención en torno del carácter que este pudo revestir como empleador del actor, no ha sido siquiera una defensa invocada por la demandada, lo que torna más inapropiado aún el fundamento del decisorio, si se repara que la individualización de la persona física referida ha sido introducida por una testigo que declaró en autos a instancias de la propuesta de la accionada en esta contienda, lo que impide considerar esa circunstancia como defensa admisible que, lo reitero, ni siquiera ha sido introducida a la litis por la parte demandada en tiempo procesal oportuno.
En consecuencia y toda vez que el pretendido carácter de “comerciante” de la persona física demandada no obsta de modo alguno a que este último pudiera válidamente contratar los servicios laborales tanto del actor como de los restantes dependientes que cumplieron tareas (conforme tengo por acreditado a través de las declaraciones testimoniales evaluadas anteriormente) en el inmueble de su propiedad, trabajo por el cual percibían además una remuneración que, como también quedó demostrado, era abonada en forma personal por el Sr. Jose Carlos García Rodríguez y que tenía por finalidad la realización de obras de mejora o modificación en un inmueble respecto del cual no ha sido ni invocado, ni mucho menos demostrado que se tratara de la “vivienda personal del demandado”, quedando –por el contrario- expresamente reconocido que se trató de una obra destinada a subdividir un predio para la construcción de varias unidades funcionales, la posterior subdivisión y afectación al régimen de propiedad horizontal para su posterior venta.
En consecuencia, tengo por suficientemente acreditada la existencia del vínculo laboral denunciado en el escrito que da origen a esta demanda, como así también que el aquí accionada efectivamente fue quien contrató y dirigió los servicios del actor, procediendo además a la retribución económica de los mismos, razón por la cual, en mi opinión, la existencia del vínculo laboral resulta incuestionable.
Ahora bien, aclarado lo anterior, cabe analizar si –conforme lo que ha sido determinado en los párrafos precedentes- puede entenderse aplicable al caso bajo análisis, la normativa emergente de la ley 22.250.
En relación a este punto, considero que –contrariamente con lo que se afirmara en la sentencia en crisis- el accionado, de acuerdo al proceder asumido y las propias afirmaciones vertidas desde el responde, se ha comportado de modo tal que su conducta encuadra sin hesitación en la hipótesis prevista en el inciso a) del art. 1 de la ley referida.
En efecto, la normativa mencionada dispone que quedan comprendidos aquellos “empleadores de la industria de la construcción que ejecuten obras de … modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes …” y, si bien es cierto que la misma norma en su artículo 2°, inciso b) exceptúa de la aplicación del régimen legal a los propietarios del inmueble que no siendo empleadores de la industria de la construcción reparen, construyan o modifiquen su vivienda individual –el destacado me pertenece- no lo es menos que en el caso bajo análisis ha quedado no solo probado, sino además, reconocido por la propia accionada, que las obras contratadas tenían como fin primero, la construcción de un “…emprendimiento inmobiliario destinado a reciclaje, ampliación y subdivisión del mismo en propiedad horizontal para su posterior venta y/o aprovechamiento entre los beneficiarios…” (ver cláusula primera del contrato de fideicomiso adunado por la demandada a fs. 32), lo que descarta de plano la posibilidad de encuadrar la presente causa en la hipótesis de excepción prevista en el inciso mencionado toda vez que no quedan dudas que no se trató de la contratación de mano de obra de la construcción para la refacción o remodelación de la vivienda individual del accionado, sino precisamente de un claro proyecto llevado adelante con indiscutibles fines de lucro del producido de la obra.
Este extremo se encuentra por demás abonado con las propias declaraciones de los testigos que depusieron a instancias del demandado, entre ellos la administradora del fideicomiso y la persona que fue expresamente contratada para la venta de cada una de las unidades construidas, lo que despeja toda duda sobre la inexistencia del supuesto previsto en la norma de exclusión.
Por otra parte, y esto es un dato menor aunque sumado a los restantes expuestos determina aún mas la suerte de la litis en sentido favorable al dependiente, no puede tampoco soslayarse que el propio demandado señaló que en la planta baja del inmueble en el que se desarrollaron las obras, se encuentra su local comercial de venta de indumentaria de gamuzas, lo que ratifica que no nos encontramos en presencia del propietario de una vivienda particular que hubiere requerido personal especializado para la realización de mejoras o reformas en su domicilio particular.
Todas estas circunstancias determinan a mi ver, la indudable procedencia del reclamo en los términos en que ha sido articulado por cuanto, y esto a riesgo de resultar reiterativo, debo destacarlo, resultan contundentes las pruebas rendidas y los propios reconocimientos del accionado para concluir que fue él mismo quien contrató al actor para el desempeño de las tareas que le fueron encomendadas y que se comportó, al menos en el caso, como un verdadero empleador de la industria de la construcción, al requerir mano de obra especializada para el desarrollo de un emprendimiento inmobilidario que, a la sazón, se llevó a cabo con un claro interés lucrativo, es decir, para destinar las obras realizadas a su posterior venta.
En consecuencia, y toda vez que la sola circunstancia de que el demandado no se encuentre inscripto en el I.E.R.I.C., no obsta –de acuerdo a los restantes elementos que han sido objeto de análisis en autos- a la procedencia de la acción entablada, puesto que, una vez más lo reitero, estimo que las particulares aristas que reviste la cuestión permiten encuadrar al accionado como un verdadero “empleador de la industria de la construcción” al menos en lo que atañe al proyecto que se materializó a través del contrato de fideicomiso que el mismo acompañó a esta contienda.
IV.- Por todo ello y atento a la inexistencia de prueba que permita desvirtuar las afirmaciones del inicio, luego de tenerse por cierta la relación laboral invocada por el actor, corresponde tener por ciertas las fechas de inicio (12 de junio de 2009) y fin del vínculo (6 de agosto de 2009), como así también la remuneración invocada ($ 13 x hora de trabajo, ascendiendo a $ 2.600 mensuales), correspondiendo diferir a condena las sumas que han sido objeto de reclamo en autos y que se corresponden con el siguiente detalle: a) Art. 12 ley 22.250 (fondo de desempleo) que asciende a un total de $ 468 (conforme proporcional trabajado, 18%); b) Remuneración adeudada julio 2009: $ 2.600; c) SAC prop. dias trabajados 2009 (1er y 2do semestre) que arroja un total de $ 433; d) Multa art. 18 ley 22.250 (1 mes de sanción mas 1 mes por falta de registración) arroja un total de $ 5.200; e) Multa art. 19 ley 22.250 $ 2.600 (solo se duplica la primer quincena de julio 09 que fue lo que se intimó); f) Multa art. 8 ley 24.013 que arroja un total de $ 975; g) Multa art. 15 LNE que arroja $ 468 conforme lo dispuesto por el art. 12 ley 22.250; h) multa art. 80 LCT que arroja un total de $ 7.800.
Todo ello conforma un total que se difiere a condena de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 20.544.-), suma que llevará intereses desde que cada concepto que la integra fue debido y hasta el momento de su efectivo pago conforme la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que será difundida por la Prosecretaría General de la Cámara (conf. C.N.A.T. resolución 8/02).
V.- Atento al modo en que se resuelve la cuestión, y en virtud de lo normado por el art. 279 del CPCC, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios y adecuar ambos conceptos al nuevo resultado del litigio.
Teniendo en cuenta que ha resultado vencida la parte demandada, y atendiendo al principio objetivo de la derrota y lo normado por el principio rector en materia de costas previsto en el art. 68 del CPCC, corresponde imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada vencida.
Los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por su actuación en primera instancia, sugiero regularlos en el 16% y 14%, respectivamente para cada uno de ellos que se calculará sobre el monto total diferido a condena comprensivo de capital e interés (Art. 38 LO). Y los honorarios de esta instancia, para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, sugiero fijarlos en el 25% para cada uno de ellos que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de grado (Arts. 38 LO y 14 ley arancelaria).
El Dr. Roberto C. Pompa dijo :
Que por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.
El Dr. Gregorio Corach no vota (Art. 125 de la LO).
A mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda entablada por ARIAS GUADI HUMBERTO contra JOSE CARLOS GARCIA RODRIGUEZ condenando a este último a abonar al primero dentro de los cinco días de quedar firme el pronunciamiento, la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 20.544.-), suma que llevará intereses desde que cada concepto que la integra fue debido y hasta el momento de su efectivo pago conforme la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que será difundida por la Prosecretaría General de la Cámara; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios; 3) Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada; 4) Regular los honorarios por la representación y patrocino letrado de las partes actora y demandada por su actuación en primera instancia en el 16% y 14% respectivamente para cada una de ellas que se calcularán sobre el monto total diferido a condena comprensivo de capital e interés; 5) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por su actuación en esta instancia, en el 25% para cada una de ellas que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia de grado.
Cópiese, regístrese, notifíquese y vuelvan.-
Ante Mi

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