domingo, 25 de septiembre de 2011

La constitucionalidad y el Proyecto deLey sobre la protección al dominio de Tierras rurales


¿Es constitucional el Proyecto de Ley sobre la protección al dominio de Tierras Rurales?
Por Marcela I. Basterra y Elisabeth I. Berra

“La imposición de límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, se convierte en un tema sumamente complejo que posee un catálogo de aristas, más abarcativo que la nacionalidad de los compradores. Sin perjuicio de ello, entendemos que la medida analizada es un primer paso que permite instalar la discusión pública, orientada a alcanzar una norma idónea para zanjar el conflicto de fondo. En el presente nos proponemos estudiar el proyecto de referencia desde una perspectiva constitucional, con el objeto de examinar si el mismo vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Ley Suprema.”

“Es preciso destacar la fuerte tutela constitucional que tiene el derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico, dentro del cual argentinos y extranjeros tienen derecho a acceder a la propiedad privada en igualdad de condiciones. Ello no obsta el reconocimiento de la función social que tiene la propiedad, y menos aún implica desconocer el papel fundamental de las tierras rurales como recursos naturales; pero lo que no es válido en términos constitucionales, es establecer limitaciones discriminatorias y arbitrarias -como lo es la nacionalidad- para restringir el acceso a éstas por parte de los extranjeros.”

“... Es relevante poner de manifiesto que el proyecto en análisis también violenta el ejercicio del derecho de propiedad de los nacionales toda vez que se les impide comercializar los inmuebles rurales con personas extranjeras, lo que puede traer aparejado una disminución en los precios de las ventas.”

“En materia de recursos naturales, el principio básico del federalismo argentino por el cual las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal, mantiene su plena vigencia. Incluso fue robustecido en 1994, al otorgar el constituyente reformador el dominio originario sobre los recursos naturales a las provincias, cerrando así una polémica de larga data, toda vez que la Constitución de 1949 había nacionalizado los recursos naturales, en su artículo 40. En consecuencia, queda enmarcado dentro de las facultades provinciales el dictado de aquéllas normas -como el dispositivo en análisis- que pretende reglamentar la adquisición de tierras rurales, concebidas como recurso natural no renovable por el propio proyecto.”

“El principio general es la relatividad en el ejercicio de los derechos. Dentro de esta lógica, la igualdad de derechos entre extranjeros y nacionales establecida por la Ley Fundamental tampoco es absoluta, pudiendo ser restringida por ley, siempre que cumpla con los estándares suficientes de razonabilidad. A esta situación, hay que adicionarle el carácter de categoría sospechosa que conlleva todo tipo de distinción basada en la nacionalidad de los individuos, de conformidad con el texto constitucional y los Tratados Internacionales que gozan de su misma jerarquía.”

“El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no supera el análisis constitucional, toda vez que prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de los extranjeros, sin basarse en datos precisos lo que no pareciera encuadrar dentro de los parámetros de razonabilidad exigidos. En efecto, no existe información oficial que permita conocer cuál es el estado real de la situación de tierras rurales, es decir, si actualmente más del porcentual fijado por la normativa se encuentra en manos de extranjeros; directamente la restricción importaría el aniquilamiento del derecho a adquirir tierras rurales, lo que resulta a todas luces inconstitucional.”

“Es indispensable mencionar que independientemente de los propósitos señalados en los fundamentos del proyecto en análisis, la única finalidad a la que conduce esta regulación es a la limitación en la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Dejándose de lado otros objetivos de interés público para los cuales el Congreso sí posee mandato constitucional, como la seguridad en las fronteras -artículo 75, inciso 16-.”

Citar: elDial DC16CC
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