viernes, 9 de septiembre de 2011

Condominio Partición


Condominio. Partición. Judicial. Pedido de división por parte de uno de los condóminos. Indivisión forzosa. Aplicación del artículo 2715 del Código Civil al supuesto de los concubinos. Postergación de la división del condominio a los fines de proteger el interés familiar
“F. G., N. L. v. A., M. R.”
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 29 días del mes de Junio de Dos Mil Once, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “ F. G., N. L. v. A., M. R. S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO ”, respecto de la sentencia de fs. 216/217 , el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN -CARLOS CARRANZA CASARES - CARLOS ALFREDO BELLUCCI.
A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:
I. La sentencia de fs. 216/217 hizo lugar a la demanda por división de condominio entablada por N. L. F. G. contra M. R. A., por lo que decretó la extinción del condominio existente entre las partes con relación al inmueble de la calle Lascano 5996 de la ciudad de Buenos Aires. Impuso las costas a la demandada y las correspondientes a la ejecución de sentencia, en proporción a las respectivas alícuotas. Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.
Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionada a fs. 218, siendo concedido el recurso a fs. 225.
Expresó agravios a fs. 250/252, los que fueron respondidos a fs. 253/255. Critica al juez de grado porque al sostener que el caso debe subsumirse en el art. 2715 del Código Civil, considera que las circunstancias que han provocado la demora han desaparecido. No sólo subsisten, sino que se han agravado. Sostiene que debe rechazarse la demanda por no hallarse reunidos los requisitos establecidos por los arts. 2692 y sigs. de dicho cuerpo legal. Se queja también porque le han sido impuestas las costas, toda vez que no ha existido oposición maliciosa ni demora injustificada ni abuso en el ejercicio legítimo de sus derechos. Solicita entonces que sean dispuestas en el orden causado.
II. F rente a la exigencia contenida en el art. 265 del Código Procesal, cuando se trata del contenido de la expresión de agravios, pesa sobre el apelante el deber de resaltar, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que atribuye al fallo. No basta con disentir, sino que la crítica debe ser concreta, precisa, determinada, sin vaguedades. Además, tiene que ser razonada, lo que implica que debe estar fundamentada.
“Ante todo, la ley habla de "crítica". Al hacer una coordinación de las acepciones académicas y del sentido lógico jurídico referente al caso, "crítica" es el juicio impugnativo u opinión o conjunto de opiniones que se oponen a lo decidido y a sus considerandos. Luego, la ley la tipifica: "concreta y razonada". Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado (debe decirse cuál es el agravio). Lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones (debe exponerse por qué se configura el agravio)” (Conf. CNCivil, sala H, 04/12/2004, Lexis Nº 30011227).
En la expresión de agravios se deben destacar los errores, omisiones y demás deficiencias que se asignan al pronunciamiento apelado, especificando con exactitud los fundamentos de las objeciones.
La ley requiere, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a lo actuado en la instancia de grado sea concreta, lo cual significa que el recurrente debe seleccionar de lo proveído por el magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe al interesado la tarea de señalar cuál es el punto del desarrollo argumental que resulta equivocado en sus referencias fácticas, o bien en su interpretación jurídica (Conf. esta Sala G, 12/02/2009, La Ley Online; AR/JUR/727/2009).
No existe posibilidad de tener como expresión de agravios al escrito que omite el análisis pormenorizado de la resolución apelada, no indica sus presuntos defectos, ni impugna sus fundamentos legales, limitándose a reiterar en términos aproximados las alegaciones ya formuladas y a la enunciación de meras apreciaciones subjetivas de orden general y no jurídico, sin rebatirlas concretamente (Conf. esta Sala G, 10/02/1987, LL, 1987-B, 288).
Este escrito debe bastarse a sí mismo, sin que quepa remitirse a presentaciones anteriores. Si no se introduce en el análisis pormenorizado del fallo ni cuestiona sus fundamentos legales, limitándose, en otros términos, a reproducir circunstancias relatadas con anterioridad o introducir otras que nada tienen que ver con la cuestión discutida, no reúne los requisitos suficientes como para ser tenido como tal (Conf. esta Sala G, 09/12/1983, LL, 1985-C, 643).
Sin embargo, a la hora de decidir la declaración de deserción del recurso de apelación, la gravedad de las consecuencias que ello apareja impone una aplicación restrictiva. En caso de duda en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse a la apertura de la instancia, apreciando con tolerancia las deficiencias, con el fin de no conculcar el derecho de defensa en juicio (Conf. Fenochietto-Arazi, “Código…”, Astrea, 1983, Tomo 1, p. 840).
Tradicionalmente esta Sala sostiene que aun cuando el escrito presentado bajo la denominación de tal no constituya la expresión de agravios en los términos del art. 265 del Cód. Procesal, debe aplicarse al respecto el criterio amplio, en orden al respecto del principio constitucional de la defensa en juicio de los derechos y con la finalidad de brindar acabada satisfacción al recurrente, permitiendo la apreciación de las razones alegadas para la modificación de la sentencia (Conf. esta Sala, 03/08/1981, LL, 1983-B, 768; id. id. 10/02/1987, LL, 1987-B, 288, entre muchos otros).
Precisamente es por ello y sólo por ello que no propiciaré la aplicación de la consecuencia que impone el art. 266 del aludido Código, ante una expresión de agravios, que se ha limitado a suministrar algunos argumentos imprecisos y endebles acerca de supuestas interpretaciones erróneas u omisiones atribuidas al sentenciante, que no pasan la valla de la mera disconformidad.
III. Surge del título de propiedad agregado en autos que el inmueble antes mencionado pertenece en condominio al actor y a la demandada por alícuotas iguales.
Consiguientemente, la litis ha sido trabada en forma correcta, pues las partes en autos son los únicos comuneros y como la acción persigue la división de una cosa común, es obvio que deben intervenir en ella la totalidad de los condóminos.
Conforme al art. 2692 del Código Civil: “Cada propietario está autorizado a pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, cuando no se encuentre sometida a una indivisión forzosa”.
El condominio se funda en la necesaria coincidencia de intereses y en la armonía que debe reinar entre los condóminos, por lo que cuando ese estado desaparece, la figura pierde su razón de ser.
El condominio normal u ordinario configura una situación transitoria que el legislador no ha visto con buenos ojos, por cuanto no favorece la circulación de los bienes ni propende a su mejoramiento. De ahí que, lejos de fomentarlo, acuerda con toda amplitud los medios necesarios para pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, lo que se traducirá en la conversión de la parte abstracta en una parte material equivalente a su interés dentro de la cosa (Conf. Lafaille, Héctor, “Tratado de los Derechos Reales”, Tomo II, Nº 1110, p. 243).
Dicho disfavor no es infundado, por cuanto el condominio no favorece la circulación de los bienes y, mucho menos, propende a su mejoramiento.
La necesidad de la unanimidad para las deliberaciones, el escaso margen dejado a la mayoría para adoptar cualquier determinación; el "ius prohibendi" que cualquiera de los condóminos puede ejercer frente a los actos materiales o jurídicos realizados sobre la cosa común, sea cual fuere su entidad; la exigencia de la conformidad de todos para efectuar alguna innovación material o para concretar actos de enajenación o gravamen sobre toda la cosa, constituyen motivos de peso como para generar un verdadero estancamiento de la riqueza. Los bienes se desmejoran, al ser postergada su explotación por la primacía que suelen alcanzar las desavenencias entre los condóminos o, más frecuentemente, su desidia y falta de interés.
La demandada continúa insistiendo al expresar agravios en su pretensión de rechazo de la demanda, porque a su juicio no se hallan reunidos los requisitos establecidos por el Código Civil para la procedencia de la división del condominio, si bien no menciona cuáles serían según su particular criterio.
Sin embargo, nada de ello es exacto, ya que para que sea viable la división de la cosa común, debe existir, por un lado, un condominio no sujeto a una indivisión forzosa, y por el otro, la exteriorización de voluntad emanada de cualquiera de los comuneros de ponerle fin.
Ninguna otra exigencia es impuesta por el codificador.
Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cada propietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, cuando no se encuentre sometida a una indivisión forzosa, siendo ésta una facultad de orden público (Conf. CSJN, 09/06/1988, LL, 1988-E, 314).
Por otro lado, se justifica en el caso la necesidad de requerir la intervención de la Justicia, toda vez que de acuerdo con el art. 3465, inciso 3º del Código Civil, aplicable a la división de cosas particulares en virtud de la remisión que contiene el art. 2698, la partición debe ser judicial, cuando los condóminos mayores y presentes no se pongan de acuerdo en hacer la división en forma privada.
El magistrado de grado ha considerado, frente a la posición adoptada por la demandada al oponerse a la división por la invocada circunstancia de habitar en el inmueble con los tres hijos que nacieran de su unión con el actor, que la situación podía subsumirse en la hipótesis prevista por el art. 2715 del Código Civil, en tanto faculta al juez cuando la división fuere nociva por cualquier motivo, para demorarla cuanto sea necesario para que no haya perjuicio a los condóminos.
Se trata de una figura ajena a las hipótesis de indivisión forzosa que menciona en la primera parte de dicha norma y que el codificador ha tomado del Esbozo de Freitas, aun cuando se entiende que, durante el tiempo en que queda en suspenso la partición, la condición de los condóminos es análoga a la de quienes pactaron la indivisión o se encuentran en ella por efecto de una cláusula testamentaria (Conf. Lafaille, ob. cit., Nº 1143, p. 268).
Tradicionalmente se ha considerado que deben concurrir circunstancias excepcionales, cuya verdadera entidad debe ser apreciada por el juzgador, importando su decisión el establecimiento de una indivisión forzosa durante el tiempo que estime necesario y hasta tanto subsistan tales circunstancias.
Se quiere evitar, tal como se desprende de la propia letra del Código, que la partición traiga aparejados perjuicios, como podría suceder, por ejemplo, en situaciones excepcionalmente extraordinarias, como una revolución o la invasión del país por fuerzas extranjeras, o una honda crisis económica (Conf. Salvat, Raymundo L. “Derechos Reales”, 3ª. Ed., Buenos Aires, 1946, Tomo 2, Nº 1432, p. 116; Segovia, Lisandro, “El Código Civil de la República Argentina con su explicación y crítica bajo la forma de notas”, Buenos Aires, 1933, Nueva edición, Tomo II, p. 172, nota 86).
Más modernamente se ha sostenido que si bien el texto legal es muy amplio, ya que plantea la nocividad que sea causada por cualquier motivo, al tiempo que permite la demora cuanto sea necesario, en la práctica ha tenido una proyección muy restringida, ya que en muy escasas oportunidades los jueces hicieron y hacen aplicación del mismo. Sin embargo, no existe ningún motivo, ni en la letra, ni en la razón de la norma, para otorgarle a la partición nociva el reducido ámbito de actuación a la que la han relegado la doctrina y la jurisprudencia clásica. Ha contribuido a ello el supuesto disfavor con que es mirado el condominio por la ley, aun cuando el mismo codificador cercenó el derecho irrestricto de solicitar la división con esta norma específica. Siempre que ese derecho sea ejercido abusivamente, en forma antifuncional o excediendo los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, tal conducta va a provocar también un caso de partición nociva. (Cossari, Nelson G. A., “Condominio y partición nociva”, LL, 2004-B, 1051).
Así, se ha dicho que sólo puede accederse a postergar la división por ser nociva, cuando este concepto afecta a todos los condóminos, y no se trata simplemente de un perjuicio personal para uno de ellos (Conf. CNCivil, Sala C, 2-5-72, LL 149-611)
No corresponde demorar por nocividad, si sólo se invoca la edad avanzada de la madre de la demandada y las dificultades existentes en el mercado de las locaciones (Conf. CNCivil, Sala E, 10-11-66, LL 126-347), o la conveniencia de continuar la explotación en común (Conf. Cám.1a. Civ. Com. Bahía Blanca, 30-6-60, LL 101,1011), o el valor afectivo que la cosa puede tener para uno de los condóminos (Conf. Cám.1a. Civ. Com. La Plata, 15/5/1925, J A, t. 15, 1089); ni el hecho de que la división del inmueble trajera aparejado un cambio en la explotación a que se lo dedicaba (Conf. Cám.1a. Civ. Com. La Plata, 15/5/1925, J A, t. 15, 1089).
Tampoco se consideró como circunstancia excepcional la prórroga de las leyes de locaciones, no obstante la depresión generada por ellas con relación a la propiedad (Conf. CNCivil, Sala D, 6-8-65, ED 21-201).
El art. 2715 requiere circunstancias fácticas excepcionales: crisis extremadamente graves donde se hubiera producido una depreciación transitoria y considerable o una honda crisis económica. Lo que la ley ha querido, es que uno de los condóminos no pudiera, en circunstancias extraordinarias y perjudiciales, pedir la liquidación del condominio, en perjuicio de los otros condóminos; por lo mismo, será preciso, especialmente en el caso de crisis económicas, poner la mayor cautela en la apreciación de los hechos (Conf. Cám. Civ. Com. y Lab. Rafaela, 13/8/1993, JA, 1994-IV, síntesis).
El supuesto de indivisión previsto por el art. 2715 es de carácter excepcional, no bastando alegar la simple conveniencia para los intereses del comunero que se opone a la división del condominio. La mencionada división debe ser demorada cuando sea necesario para evitar perjuicios a los condóminos, correspondiendo a los jueces determinar cuándo se da el supuesto de nocividad que obliga a postergar la división solicitada (Conf. CNCiv., Sala F, 03/07/2000, [elDial.com - AA5F0].
Ahora bien, en un antiguo fallo se aceptó demorar la partición en un caso en que existía un solo bien en el acervo sucesorio y el mismo estaba ocupado por dos menores de edad, hijos de la causante, afirmando que la división inmediata les causaría graves perjuicios económicos y morales (Conf. CNPaz, Sala IV, 16-5-62, ED 2-388).
Mucho más modernamente se aplicó análogo criterio, al imponer la indivisión forzosa sobre un inmueble hasta que la hija de los condóminos que habían sido concubinos llegare a la mayoría de edad, por extensión analógica de lo dispuesto por el art. 1277, 2° párrafo del Código Civil, que tiene supremacía por sobre el art. 2692 del citado ordenamiento, y genera esa indivisión en los términos del art. 2715 (Conf. CNCiv., Sala K, 31/05/2006, elDial.com - AE21DF].
El art. 1277 del Cód. Civil dispone en su último párrafo que "será necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio de uno de ellos, en que está radicado el hogar conyugal si hubiera hijos menores o incapaces. Esta disposición se aplica aun después de disuelta la sociedad conyugal, trátese de bien propio o ganancial. El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere prescindible y el interés familiar no resulte comprometido".
La doctrina es coincidente en afirmar que dicha norma no ampara el interés de los cónyuges sino el llamado "interés familiar", consistente en que los hijos menores de edad e incapaces tengan asegurado su derecho a la vivienda (Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Protección jurídica de la vivienda familiar...", p. 187; Zannoni, Eduardo A., "Derecho Civil. Derecho de Familia", Astrea, Buenos Aires, 1998, t. I, p. 610; Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos", Astrea, Buenos Aires, 1999, ps. 222 y sigs.).
Sin embargo, no es uniforme la opinión de los autores en cuanto a la posibilidad de extender la aplicación del art. 1277 cuando los progenitores que viven en el inmueble no estén casados, tal como ocurre en el caso.
De acuerdo con una corriente, la norma protege "a la vivienda de los hijos menores de edad, pero no a todos, sólo a aquellos que habitan en lo que es o fue el hogar conyugal, y cuyos padres viven y están o estuvieron casados" (Conf. Fleitas Ortiz de Rozas, Abel y Roveda, Eduardo G., "Régimen de bienes del matrimonio", La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 112 y ss.).
Otros autores, en cambio, se han inclinado por la aplicabilidad del art. 1277 a los hijos habidos de una convivencia estable, ya que si se reservara sólo a aquellos nacidos dentro del matrimonio implicaría una discriminación contraria al art. 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño y al art. 240 del Cód. Civil, en tanto establece la equiparación de los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales (Conf. Iñigo, Delia B., "Algunas cuestiones patrimoniales de las uniones de hecho", Revista de Derecho de Familia N. 9, Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 260, Kemelmajer de Carlucci, ob. cit., p. 385; Solari, Néstor, "La vivienda y su protección a los hijos. Su relación con el art. 1277 del Código Civil", Revista de Derecho de Familia N. 29, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004, ps. 111 y ss.).
Este criterio fue sustentado en el fallo de la Sala K que antes citara y que en los hechos se tradujo en la postergación de la partición por un lapso muy prolongado, porque la niña hija de las partes tenía por entonces apenas unos dos o tres años, con lo que borró de un plumazo todos los límites temporales que se aceptan respecto de las cláusulas de indivisión (cinco años en los arts. 2693 y 2694 del Código Civil), comparables únicamente con la muy especial hipótesis prevista por el art. 51 de la ley 14.394, que faculta al testador para imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios por un plazo no mayor de diez años, pero, si se trata de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, la indivisión puede extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad.
Ahora bien, luego de este breve análisis de las normas legales que pueden tener virtualidad en la situación litigiosa aquí suscitada, si todas estas ideas se analizan a la luz de las constancias de autos, será fácil arribar a la conclusión de que resultan absolutamente ajenas.
Liminarmente haré una breve reseña cronológica de lo acontecido.
La mediación fue iniciada el 26 de noviembre de 2007, no habiendo arribado las partes a un resultado satisfactorio.
Por medio de una carta documento del 7 de enero de 2008 el actor intimó a la demandada a asistir a una reunión en un estudio jurídico a los fines de acordar extrajudicialmente la división del condominio.
A fs. 38/39 obra un acta notarial del 1º de febrero de 2008, en la que la escribana interviniente deja constancia de la inasistencia de M. R. A. a dicha reunión.
Este proceso fue iniciado el 20 de febrero de 2008, o sea que ha insumido al presente tres años y medio de trámite, aunque no se ha producido prácticamente ninguna prueba.
El inmueble en condominio es una casa situada en el barrio de Versalles, que tiene según título 8,66 metros de frente, 10,20 metros en el contrafrente, 14,20 metros en el costado Sud Oeste y 8,60 metros en el costado Nord Este.
Fue adquirido por F. G. y A. por partes iguales en abril de 2000 por la suma de U$S 45.000, correspondiéndole en la actualidad una valuación fiscal de $ 14.837,75.
Por ante el Juzgado N. 88 del fuero tramitan los autos seguidos por la Sra. A., en un comienzo, en representación de sus tres hijos menores, ya que fueron iniciados en diciembre de 2004.
S. nació el 20 de junio de 1987, A. el 23 de setiembre de 1989 y T. el 25 de setiembre de 1998.
Como puede verse, en la actualidad sólo este último es menor de edad.
El 12 de junio de 2006 se dictó sentencia, fijando la suma de $ 750 mensuales como cuota alimentaria para los tres hijos.
A fs. 522/523 este tribunal elevó el monto a $ 900, practicándose una primera liquidación a diciembre de 2007, que dio un total de $ 41.088,37.
La nueva liquidación de fs. 662/663 arrojó un resultado de $ 58.156,03 a junio de 2009 y fue aprobada a fs. 701. Por ese importe más el de $ 17.000 presupuestados para responder a intereses y costas, se trabó embargo sobre la mitad indivisa del inmueble de autos.
Cuando ya estaban cumplidos todos los trámites previos a la subasta en los términos el art. 576 del Código Procesal, a fs. 909/910 el alimentante depositó en la cuenta judicial la suma de $ 75.156,03, lo que importó un pago parcial, pues al actualizarse la liquidación se obtuvo como resultado la cantidad de $ 76.646.
Ahora bien, surge de las constancias de fs. 926/931 que ante la justicia de Paz Letrada de Villa Gesell la Sra. A. promovió un juicio de tenencia respecto de T. N. F. A.. Inclusive la juez de paz letrada por resolución de setiembre de 2010 le otorgó la tenencia provisoria del niño que en la actualidad cuenta con 12 años de edad.
Según el informe de la asistente social de abril de 2010, la aquí demandada habita desde hace un tiempo en Mar de las Pampas junto con T., desempeñándose como casera de un complejo turístico de cabañas. El niño concurre a la Escuela Nº 5 de la localidad de Mar Azul. Los otros dos hijos viven en Buenos Aires, S. en la casa familiar y A. con el padre.
Como puede verse, ningún interés familiar es necesario proteger acudiendo a la desestimación de la división del condominio, ya que ni la condómina ni el único hijo aún menor habitan en el inmueble.
Por lo tanto, son totalmente ajenas al caso, tanto la previsión excepcional del art. 2715 como la interpretación extensiva que hacen los autores y alguna jurisprudencia del art. 1277 del Código Civil para consagrar la preeminencia de la protección del llamado "interés familiar", con relación a las normas específicas sobre derechos reales, con la finalidad de asegurar el derecho a la vivienda los hijos menores.
En síntesis, como el caso las partes se encuentran ligadas por un condominio sin indivisión forzosa y una de ellas ha expresado su voluntad de extinguirlo, la acción debe prosperar, dándolo por concluido (arts. 2692, 2695, 2697 y 2698 del Código Civil), al no advertirse el más mínimo atisbo de la concurrencia de situaciones especiales que puedan dar sustento a una postergación.
IV. En cuanto al agravio relacionado con la imposición de costas, igualmente debe ser desestimado, ya que tiene dicho la Sala que las costas por el juicio de división de condominio deben imponerse al condómino vencido, ya que su falta de respuesta al planteo extrajudicial de división, la negativa implícita a concretarla, y, en general, su actitud injustificada dieron lugar a la promoción del juicio (Conf. esta Sala G, 20/07/2007, DJ 23/01/2008, 156).
En el proceso de división de condominio, no mediando oposición, las costas deben imponerse en el orden causado, pero no cuando uno de los comuneros da motivo al pleito con su conducta anterior a la interposición de la demanda o cuando con sus defensas prolonga innecesariamente la solución final del litigio (Conf. Cám. Civil y Comercial San Isidro, sala II, 24/05/2007 LLBA 2007 (octubre), 1067).
Deben ser impuestas en su totalidad las costas al demandado en un juicio de división de condominio respecto del cual el accionante se vio obligado a promover acción judicial debido a la falta injustificada de respuesta por parte de aquél a sus requerimientos extrajudiciales y, además, sostenidamente y en forma terminante se opuso a la división pretendida por el actor (Conf. Cámara 5ª Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 10/08/2004, LLGran Cuyo 2005 (junio), 613).
En un juicio de división de condominio corresponde imponer las costas al demandado que aunque se allanó a la pretensión del actor (art. 70, inc. 1°, Cód. Procesal), su conducta reticente provocó la necesidad de promover el juicio porque no accedió al pedido de división extrajudicial ni dio respuestas claras al requerimiento de llevar a cabo de consuno la tasación de la propiedad cuando se le pidió su colaboración para ello (Conf. CNCivil, sala F, 03/07/2003, LL, 28/01/2004, 4).
Por lo tanto, como todas esas conductas fueron evidenciadas por la demandada y persisten aún hoy en los agravios, inclusive, ocultando hechos tan trascendentes como el cesación de la ocupación, la queja sobre la costas debe ser desestimada.
Consecuentemente, corresponde disponer la confirmación de la sentencia apelada en todas sus partes, con costas de alzada a la vencida (art. 68 del Código Procesal).
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carranza Casares y Bellucci votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán.
Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve:
I. Confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, con costas de alzada a la demandada vencida. Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia . Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal. Notifíquese, regístrese y devuélvase.

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