jueves, 2 de junio de 2011

Servidumbre de paso-Renuncia- Cuestiones procesales- Desistimiento- Legitimación activa- Propietario del fundo. Orden público

La Plata, marzo 2 de 2011.
Antecedentes:
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Bahía Blanca revocó la sentencia de primera instancia y en consecuencia rechazó las excepciones de cosa juzgada y falta de legitimación activa e hizo lugar a la demanda, declarando constituida la servidumbre de tránsito sobre el inmueble de la demandada y a favor del campo perteneciente a los actores.
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión:
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
A la cuestión planteada, el Dr. Negri dijo:
1. La cámara fundó su decisión en que:
a) El desistimiento de la acción y del derecho formulado por el antecesor dominial de los actores es inoponible a éstos que eran los verdaderos propietarios del inmueble, que no intervinieron en el acuerdo celebrado por aquél con la demandada y que tampoco fueron notificados del mismo.
b) Aún considerando que la cosa juzgada derivada de tal acuerdo en virtud de la sentencia homologatoria (fs. 415), alcanzara también a los actores, ello tampoco impediría la promoción de la acción de constitución de servidumbre sobre el inmueble de la demandada, dado el carácter irrenunciable de tal acción.
c) El derecho a la servidumbre coactiva se ha establecido en razón de una necesidad de orden público, en tanto el tránsito sea indispensable para el inmueble encerrado.
d) Analizadas todas las pruebas producidas, se encuentra justificada la reclamación de los actores.
2. Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte demandada por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció absurdo e infracción a los arts. 2505, 3068, 3022, 3073 del CCiv.
3. El recurso no prospera.
Considero que corresponde abordar directamente la cuestión referida a determinar si la servidumbre por la que aquí acciona es de las llamadas "coactivas" o "legales" y en su consecuencia irrenunciables pues se han establecido en razón de una necesidad de orden público en tanto el tránsito sea indispensable para el inmueble encerrado. Como la respuesta es afirmativa -ya adelanto que así será- las cuestiones vinculadas a la cosa juzgada emanada de la sentencia que homologó el acuerdo alcanzado por las partes intervinientes en los autos "Robredo, Hernán v. Silenka S.A s/ medidas precautorias" (que se halla agregado por cuerda), han quedado desplazadas.
Ahora bien y aclarado lo que antecede, la parte actora solicita la constitución del derecho real de servidumbre de tránsito sobre el inmueble de la demandada a fin de permitir el acceso al suyo propio. Este último denominado "Sierras Grandes" (fundo dominante) está formado por los lotes de terreno designados como lotes 15 y 17 mientras que el de propiedad de la demandada es denominado "La Bonanza" (fundo sirviente). La demandada aquí recurrente entiende, que ambos espacios de terreno del fundo de la accionante (lotes 15 y 17) se comunican y la salida la tienen legalmente constituida (servidumbre de "La herradura", camino por el "Abra Rivero") debiendo solamente realizar a su costo los trabajos pertinentes para su utilización.
El a quo analizando minuciosamente la prueba rendida, fundamentalmente los dictámenes del Perito Agrimensor (fs. 1074/1096; 1257/1269; 1597/1602) y además, el estudio de título del inmueble de la actora (fs. 1277/1285), la carta topográfica de fs. 1057, fotografías de fs. 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067 y 1068 y documentación agregada, los testimonios rendidos (fs. 982/983, 843/844, 846/847) y la confesional de fs. 839/840 encontró justificada la reclamación de los actores requiriendo la constitución de una servidumbre de tránsito sobre el inmueble de la demandada. Así, concluyó que el campo propiedad de los actores, denominado "Sierras Grandes" se encuentra encerrado sin salida a la vía pública; que el único ingreso al lote 15 (del campo de los actores) es a través del camino que cruza el campo de la demandada, denominado "La Bonanza", el que ha sido utilizado como ingreso desde tiempo inmemorial; mientras que para el lote 17 (también del campo de los actores) el acceso es un camino que debe cruzar las parcelas 503, 344-a y 345-a llegando a la ruta entre Tornquist y Estomba; que el puesto del lote 17 y el casco del lote 15 se encuentran incomunicados por la existencia del cordón montañoso que los separa. Por ello, recalcó y reiteró varias veces en su voto que carece de relevancia que exista o no como tal la denominada "servidumbre o paso de la Herradura" (como insiste la demanda pero que a criterio del perito agrimensor designado es intransitable para vehículos y maquinarias y no constituye una servidumbre real ni personal) desde que, aunque así fuera, el encerramiento subsistiría igualmente respecto del lote 15 donde se encuentra el casco de la estancia, ya que la mencionada servidumbre (en el supuesto que existiera) permitiría salir o acceder solamente al lote 17 y ya se dijo que ambos lotes están incomunicados por la altura de las sierras que se interponen.
No empece a ello, el informe del oficial de justicia de fs. 1293 y vta. desde que es sabida la facultad con que cuentan los tribunales de las instancias de mérito para seleccionar el material probatorio y dar preeminencia a unas pruebas respecto de otras (conf. Ac. 54.451, sent. del 10-V-1994; Ac. 66.897, sent. del 16-II-2000; Ac. 76.337, sent. del 4-IV-2001; Ac. 81.626, sent. del 19-II-2002; C. 100.638, sent. del 18-II-2009).
Tales conclusiones fácticas, entonces, sólo pueden ser abordadas por esta Corte si se demuestra en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en la valoración de las pruebas el tribunal a quo incurrió en absurdo.
En la especie, sin perjuicio del ponderable esfuerzo realizado, no se acredita tal apartamiento del pensamiento lógico.
Ello por cuanto se ha entendido por absurdo el desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incoherentes, no constituyéndolo las que resulten objetables, discutibles o poco convincentes, que no llegan a los mencionados extremos (conf. causas Ac. 75.789, sent. del 23-V-2001; Ac. 74.697, sent. del 23-VIII-2000; C. 92.014, sent. del 14-II-2007, entre muchas).
En esa línea de pensamiento entiendo que, en consecuencia, podrán o no compartirse las conclusiones a las que arriba el señor juez que llevó la palabra, pero muy lejos está el fallo de revestir ese carácter.
Por lo demás en todo lo que es apreciación del material probatorio y en especial lo referido a determinar la fuerza de convicción de los dictámenes periciales, los jueces ejercen facultades que son privativas, cuyas conclusiones sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando el recurrente pone en evidencia que aquella apreciación resulta absurda (conf. causas Ac. 65.135 y Ac. 77.761, ambas sent. del 19-II-2002; Ac. 82.492 sent. 8-IX-2006).
En consecuencia y dado que disentir con lo resuelto por la Cámara no es base idónea de agravios, ni constituye absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha situación sólo queda configurada cuando de ella media cabal demostración, claramente se advierte que el intento recursivo fracasa.
Tampoco es audible la autocontradicción que el recurrente le adjudica al fallo (fs. 1948 vta.) cuando afirma que en dicha sentencia, sin perjuicio de declarar que no hay paso apropiado entre los lotes 15 y 17, se le otorga la servidumbre al lote 17 por los campos de la demandada.
Considero que el a quo en su parte dispositiva ha sido suficientemente claro al describir la servidumbre concedida al lote 15, cuando dice: "... declarando constituida la servidumbre de tránsito sobre el inmueble de la demandada Silenka S.A., y a favor del campo perteneciente a los actores... servidumbre que se ejercerá por el camino que está demarcado y que se ha venido utilizando desde hace años, cuyo recorrido está descripto en el informe del perito Agrimensor (fs. 1091, punto 2) y señalado con una línea color rojo en la carta topográfica de fs. 1057, camino que bordea el Arroyo san Bernardo, que aparece remarcado con una línea de color azul en ese documento..." (v. fs. 1919).
Por último, merece igualmente rechazo el agravio relativo a la imposición de costas pues no se ha alterado en autos la calidad de vencido de la demandada, con la correspondiente infracción al art. 68 del CPCCN, ni se ha configurado -a mi criterio- la situación prevista en el segundo párrafo de la norma.
Por ello, doy mi voto por la negativa.
El Dr. Genoud, por los mismos fundamentos del Dr. Negri, votó la cuestión también por la negativa.
A la cuestión planteada, el Dr. Hitters dijo:
1.- Discrepo con el voto de mis distinguidos colegas preopinantes, ya que en mi opinión el recurso debe prosperar.
II.- Asiste razón al recurrente cuando afirma que el señor Robredo era quien sustancialmente podía desistir de la acción y del derecho como lo hizo en los autos "Robredo c. Silenka S.A. s. medida cautelar-ordinario" (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 16, Sec. 31) según constancias en copias certificadas que obran a fs. 614/614 vta., toda vez que al tiempo de la realización de dicho acto ostentaba la titularidad del dominio del inmueble sobre el que mediaba un boleto de compraventa, la que por entonces no había sido transmitida a favor de los compradores. De allí que no sea acertada la afirmación de la alzada obrante a fs. 1900, en cuanto a que, cuando se produjo el desistimiento "... Hernán Robredo era un titular meramente nominal del inmueble rural, porque lo había vendido a los aquí actores, había percibido la totalidad del precio, puesto en posesión a los compradores, y otorgado poder especial irrevocable en favor de Mario Constantino Dorasio y Horacio Néstor Fernández, para que otorgaran la escritura traslativa de dominio del inmueble que les había vendido, actos todos que ocurrieron con anterioridad al desistimiento de la acción y del derecho, en el juicio referido".
Sentado ello, cabe puntualizar que es cierto que una eventual "renuncia" al derecho real de servidumbre de tránsito de carácter legal efectuada por el anterior titular del dominio de un inmueble no podría serle opuesta a los aquí actores -sucesores a titulo particular de aquél- toda vez que tal derecho es de carácter irrenunciable al consagrarse en satisfacción del interés colectivo y no de uno individual del propietario. Como enseña Lafaille, "hay conveniencia en la explotación de los inmuebles y en que ellos tengan salida a la vía pública. En mérito a estas razones de orden público el Estado no puede permitir esa renuncia, ni siquiera al titular actual del inmueble, porque ello importaría la inutilización económica del fundo para todos los adquirentes sucesivos" (Lafaille, Héctor, Curso de derechos reales, 2ª edición corregida y aumentada, Tomo tercero, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Bs. As. 1925, p. 98).
Mas corresponde señalar que no es en el acto de renuncia en sí mismo considerado donde finca su argumento la quejosa, sino en la pretendida existencia de una decisión judicial que hace mérito de determinados extremos sobre los cuales le estaría vedado volver al a quo en virtud de la estabilidad de la cosa juzgada; en particular, sobre la situación de "encerramiento" del inmueble y la inexistencia de otras servidumbres de paso a favor del fundo con pretensiones de dominante (ver, en particular, fs. 1945/1945 vta.).
Desde esa perspectiva, no es posible soslayar que tal abdicación, actuada como fue en el marco del desistimiento del derecho que, en similares términos, prevén tanto la ley ritual de aquella jurisdicción, como la local (art. 305, CPCC Bs. As. y 305 CPCCN), se integra como modo de finalización anómalo del proceso, con el acto jurisdiccional que da "por terminado el juicio". El acto de homologación judicial de aquella dimisión no se reduce a la mera verificación de la concurrencia de un acuerdo de voluntades, sino que exige de un examen sobre el fondo en cuanto a la procedencia de la composición de los intereses en juego así renunciados, o como expresa la ley ritual, impone al juez "... examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio...", lo que exige -entre otros extremos- verificar la no afectación de cuestiones de orden público.
Los términos de tal desistimiento, en cuanto portaron una admisión expresa acerca de la existencia de esas otras vías de acceso al inmueble señaladas por la demandada (y que obstan a la procedencia de la acción aquí entablada), y en atención a la materia de orden público sobre la que versó, han debido ser objeto de oportuna apreciación por el órgano jurisdiccional en decisión cuyo acierto no puede ser materia de revisión en esta instancia, sin mella a principios que hacen al debido proceso y la seguridad jurídica.
Sentado lo anterior, surge prístina la imposibilidad de que los actores -sucesores a título singular en los derechos del vendedor- se desentiendan de los efectos de aquella decisión e intenten reeditarla en una jurisdicción diferente.
En apoyo de esta conclusión, se impone puntualizar que son los propios accionantes quienes en su libelo de inicio y al contestar el traslado de la excepción de cosa juzgada (ver fs. 281 vta. y 628) manifiestan conocer la existencia de ese anterior proceso -donde admiten haber participado y ratificado lo actuado por Robredo- dando cuenta -además- de la existencia de aquel desistimiento al que por diferentes razones tildan de fraudulento, y juzgan inoponible a ellos en virtud de haberse celebrado sin su participación.
No puedo dejar de señalar que en aquel caso, el presupuesto de hecho que motivó a Robredo a articular la pretensión ejercida en esa jurisdicción fue la conducta de Silenka S.A. de impedir a los aquí accionantes -por entonces poseedores del inmueble- el tránsito a través del fundo sirviente. Así fue puesto de manifiesto por la propia actora en estos autos (ver lo expresado en el escrito de inicio Cap. IV, "4" "c", "El juicio por constitución de servidumbre tramitado entre Robredo y Silenka en Capital" -fs. 281 vta.- y en el responde a las excepciones -fs. 628 y vta.-), circunstancia que ya había sido afirmada por Robredo al entablar la demanda (ver en particular fs. 394/395, Capítulo 2. "La situación actual", ap. 2.1. "La imposibilidad de acceder al sector 'A' del campo" ap. "j").
Tal entonces es la razón por la cual el magistrado de la justicia nacional al conceder la cautelar solicitada por Robredo, dispuso: "... Asimismo, en virtud de lo expuesto en la demanda, capítulo 2, ap. 2.1, punto j., antes de comunicarse la medida que se ordena supra, deberán ratificarse del proceso los Sres. Horacio Néstor Fernández y Mario Constantino Dorasio" (ver copia certificada que luce a fs. 96 de estos autos). Esa resolución -como adelanté- motivó la presentación de los aquí accionantes obrante a fs. 403. En dicha pieza, Fernández y Dorasio manifiestan: "... Que conforme lo ordena la resolución de V.S. a fs. 50 del 16 de octubre ppdo. venimos a prestar conformidad con lo actuado y ratificarlo en todas sus partes. Tenerlo presente a sus efectos, y dese por cumplido lo ordenado, haciéndose conocer la medida de no innovar al demandado...".
De tal suerte, no es admisible ahora que pretendan desentenderse de la participación prestada en un proceso al cual acudieron voluntariamente y en tutela de un interés propio, de cuyas resultas no pueden, sin más, desembarazarse (arts. 90 y 96, CPCC Bs. As.).
La apertura de aquella instancia (de trámite en extraña jurisdicción) cierra cualquier posibilidad de debate en este proceso, restando a los actores la alternativa -si se creyeren con derecho- de impugnar aquella decisión jurisdiccional, ora a través de los carriles recursivos pertinentes -en la medida en que se trate de una decisión que no se encuentre firme a su respecto-, ora mediante el ejercicio de las acciones de impugnación de la cosa juzgada irrita.
III.- Si lo expuesto es compartido, corresponde acoger el embate deducido, revocar a decisión atacada y mantener la de primera instancia.
Atento el resultado de las pretensiones ejercidas, las costas de todas las instancias deben ser soportadas por la parte actora, quien reviste la calidad de vencida en este proceso (art. 68 y doct., art. 274, CPCC Bs. As.).
Voto por la afirmativa.
El Dr. Soria, por los mismos fundamentos del Dr. Hitters, votó la cuestión también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el Dr. Pettigiani dijo:
Por los mismos fundamentos adhiero al voto del doctor Negri.
Nos encontramos en el marco de una servidumbre real discontinua que como tal necesita del hecho actual del hombre para ser ejercida (arts. 2970, 2971, 2975 y 3017, CCiv.).
Precisamente el art. 3068 del CCiv. establece el derecho del propietario, usufructuario o usuario de una heredad destituida de toda comunicación con el camino público, por la interposición de otras heredades, de imponer a éstas la servidumbre de tránsito.
Desde esa plataforma surge que si bien podemos calificar a la servidumbre de tránsito como forzosa, queda claro sin embargo que la ley solamente estatuye la obligación de establecerla para el titular del fundo sirviente cuando le sea requerida por el propietario, usufructuario o usuario del fundo dominante, mas no la establece per se.
Esa clara divisoria entre el derecho de petición y eventualmente el derecho subjetivo de raigambre constitucional de accionar en procura de tutela judicial en caso de denegatoria del propietario del fundo sirviente por un lado y del otro el derecho real, sumado al carácter discontinuo y forzoso de la servidumbre de tránsito, tiene como consecuencia que el propietario de una heredad enclavada lo único que puede desistir es su derecho de petición o de acción mas no del derecho.
Dicho en otras palabras, la autolimitación que se impuso el anterior propietario en los autos de referencia pasados ante la justicia nacional está circunscripta al lapso en que éste estuvo legitimado para producir aquel hecho actual del hombre, en el caso acción judicial, tendiente al ejercicio de la servidumbre real discontinua.
Voto por la negativa.
El Dr. de Lázzari, por los mismos fundamentos del Dr. Negri, votó la cuestión planteada también por la negativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC Bs. As.).
El depósito previo de $ 2.500, efectuado a fs. 1923, queda perdido para el recurrente (art. 294, CPCC Bs. As.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).
Notifíquese y devuélvase.– Eduardo J. Pettigiani.– Héctor Negri.– Eduardo N. De Lázzari.– Daniel F. Soria.– Juan C. Hitters.– Luis E. Genoud. (Sec.: Carlos E. Camps).

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