jueves, 18 de febrero de 2010

Acción Reinvindicatoria

Derechos reales. Acciones reales. Acción reivindicatoria. Objeto. Muebles. Maquinarias. Tenedor con obligación de restituir. Venta. Cambio de cerradura
Rodríguez Cerdeña, Daniel v. Ferioli, Rodolfo M.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2009, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal , a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la demandada en los autos caratulados “RODRIGUEZ CERDEÑA, Daniel contra FERIOLI, Rodolfo Martín sobre Reivindicación. Ordinario”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, la Dra. Lidia Beatriz Hernández dijo:
I.- La controversia planteada.
El actor Daniel Eduardo Rodríguez Cerdeña promovió demanda por reivindicación reclamando al demandado la restitución de las maquinarias que enumera, o la suma de $ 120.000 y $ 4.000 mensuales en concepto de canon locativo durante el período de privación del uso de aquéllas.
Se presentó en carácter de cesionario de derechos y acciones efectuada por Cobertores Argentinos S.A., quien como propietaria de las máquinas, dijo, las mudó al galpón que le facilitó el demandado sito en la calle Fonrouge 2516, donde quedaron depositadas. Empero, agrega, Ferioli cambió la cerradura del galpón y como surge de las medidas preliminares se irroga el carácter de propietario de los bienes que tiene en su poder.
El demandado niega que Cobertores Argentinos S.A. hubiese sido propietaria de las máquinas, considera que la cesión de derechos es un documento fabricado y simulado y que su parte posee el pertinente contrato de compraventa de las maquinarias, las que adquirió a Héctor Sergio Guglieri el 3 de abril de 2000, por la suma de U$S 26.000
La sentencia de fs. 529/543 hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a los herederos del demandado: Ernesto Raúl Ferioli, Gustavo Damián Ferioli, Rodolfo Carlos Ferioli, Rodrigo Nicolás Ferioli y Haydée Juana Lorenzo de Ferioli a restituir los bienes que enumera y para el caso de resultar imposible deberán abonar a la parte actora la suma de $ 34.800, con más los intereses que se mandan calcular a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente del Banco Central de la República Argentina. Asimismo , manda pagar al actor la suma de $ 870 mensuales en concepto de canon locativo, devengado desde la constatación mencionada y hasta la efectiva entrega de los bienes o en su caso, de la suma equivalente como se indicara. Las costas las impone en el orden causado (art. 68 del Código Procesal).
Apelan ambas partes.
Los demandados expresan agravios a fs. 582/588 y el actor a fs. 590, obrando sus contestaciones a fs. 599/602 y 603/605 respectivamente.
La actora se queja: 1) Porque las costas se dispusieron en el orden causado, considerando que deben ser impuestas a la demandada por el principio objetivo de la derrota; 2) Por la tasa de interés que fijó el sentenciante, solicitando se calculen los intereses aplicando la tasa activa.
La parte demandada se agravia: 1) Porque se ordenó la restitución de los bienes muebles por aplicación del art. 3270, cuando la norma aplicable es el art. 3271 del Código Civil, aduciendo que su parte compró esos bienes de buena fe; 2) Pide la revocación de la sentencia y para el caso de confirmarse, cuestiona el monto fijado en concepto de valor de la maquinaria y de valor locativo
II.- El marco jurídico.
Como es sabido, como principio general en materia de inmuebles rige la regla Nemo plus iuris, nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el tenía aquél de quien lo adquiere. A pesar de ello, además de otras específicas excepciones al principio (por ejemplo, las referidas a la apariencia jurídica), desde la sanción de la ley 17711 se aplica la prevista por el art. 1051 mediante la cual se ponen a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, los que no pueden ser afectados por ninguna nulidad que vicie las anteriores trasmisiones.
Empero, el sistema del Código Civil en materia de cosas muebles es distinto, pues el Codificador se inclinó por la protección, no ya del titular del derecho, sino del actual poseedor. En esta materia, el régimen legal es claro cuando en el art 3271 dispone que la regla Nemo plus iure no resulta aplicable al poseedor de cosas muebles. En este sentido el sistema resulta coherente con el principio sentado por el art. 2412, en cuanto dispone que la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiera sido robada o perdida (conf. Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales, 5° edición actualizada por Delfina Borda, T II, pág. 504; Salvat Raymundo, Derecho Civil Argentino, Derechos Reales, actualizado por Argañarás, T III, pág. 732; Lafaille, Héctor, Derecho Civil, Tratado de los Derechos Reales, T V, vol. III, pág. 428 y ss.; Allende, Guillermo, Panorama de Derechos reales, pág. 55; Kiper, Claudio, Código Civil comentado. Derechos reales, pág. 521 y ss. com. art. 2768).
De acuerdo a la metodología del Código se consagra respecto de las cosas muebles una presunción de propiedad. En definitiva, como se ha dicho, estaríamos en presencia de un principio en virtud del cual por medio de la posesión se prueba la propiedad. Debe recordarse que entre las fuentes del Codificador, que cita en primer término en la nota del art. 2412, están Aubry y Rau, autores que consideraron que la primera parte del art. 2279 del Code consagra una presunción de propiedad (conf. Gatti, Edmundo, Teoría general de los derechos reales, pág. 345).
En este aspecto, el principio general es la irreivindicabilidad de las cosas muebles, el que sólo cede en determinados casos (conf. Areán, Beatriz, Derechos Reales 2, pág. 950).
Como consecuencia, para que prospere la acción de reivindicación contra el actual poseedor de cosas muebles se requiere: 1) Que sean robadas o perdidas. Al respecto se ha entendido que para que la presunción del 2412 no cubra al tercero es necesario que el propietario haya sido desposeído de la cosa por un acto no voluntario, como ocurre en el caso de robo o pérdida. 2) Que el poseedor no sea de buena fe. No lo será cuando sabía que la cosa que se transfirió pertenecía a su verdadero propietario o hubiera recibido la cosa directamente del propietario como locatario, comodatario, depositario, etc. En este último caso, el propietario tendrá dos acciones, la acción personal derivada del contrato y la acción de reivindicación. 3) Que no las haya adquirido a título oneroso, teniendo presente lo dispuesto por los arts. 2767 y 2778 del Código Civil.
Al respecto debe recordarse también que la venta de muebles no registrables (como en el caso de autos) no requiere instrumentación, ni quien ha transferido la cosa al tercero necesita ostentar otro título que la propia posesión.
Asimismo, como dice Borda, en materia de muebles el gran principio es la protección de la posesión. Por consiguiente, quien pretende hacer valer contra el poseedor su mejor derecho, debe aportar todas las pruebas de que están cumplidos los recaudos legales. Es el reivindicante quien debe probar la mala fe del poseedor, pues la buena fe se presume e igualmente le compete la prueba de que la cosa fue robada o perdida. También deberá demostrar que el poseedor la adquirió a título gratuito (Autor citado, ob.cit. pág. 506).
En la jurisprudencia se ha resuelto que para que el poseedor adquiera instantáneamente el dominio de la cosa muebles debe haber adquirido la posesión por título oneroso (art. 2778 del Código Civil). Empero, como la presunción de propiedad resulta del solo hecho de poseer la cosa de buena fe, el que pretende que fue adquirida a título gratuito por el poseedor, deberá probarlo (CNCiv. Sala H, La Ley 1999-E-743).
Desde esa perspectiva entiendo que el razonamiento que siguió el juez de grado es equivocado, pues aplicó los principios de la reivindicación de inmuebles al poseedor de muebles.
Desarrollaré entonces los fundamentos de la que entiendo es la solución correcta de la controversia, de acuerdo al derecho vigente.
III.- La reivindicación pretendida en autos.
En esta alzada ya no se encuentra controvertido que el demandado Rodolfo Martín Ferioli detenta la posesión de las cosas muebles que se pretenden reivindicar.
También, en mi criterio, debe coincidirse con la conclusión del sentenciante en cuanto considera que no se ha probado el abuso de firma en blanco invocada por los terceros citados respecto del contrato de compraventa de las máquinas que obra en copia a fs. 43. No sólo no se ha traído elemento probatorio alguno al respecto, sino que otras constancias de autos me persuaden que realmente la transmisión de la posesión de las máquinas realmente se produjo.
Como consecuencia, habiendo Héctor Sergio Guglieri reconocido la firma inserta en contrato glosado a fs. 43, debe tenerse por acreditada su autenticidad en el sentido que el actual poseedor compró las máquinas cuestionadas a aquél por la suma de U$S 26.000, con fecha 3 de abril de 2000.
El juez de grado consideró que probada con las facturas respectivas la compra de las maquinarias por la empresa Cobertores Argentinos S.A., y no habiendo efectuado la venta una persona que pudiera obligar a dicha sociedad, cabía hacer lugar a la acción de reivindicación, sin advertir que tratándose de cosas muebles, son otros los extremos que debían indagarse.
En efecto, en autos resulta relevante determinar si Héctor Sergio Guglieri transmitió la posesión de las máquinas al actual propietario, si hubo pérdida o robo de las cosas muebles y por último si el actual poseedor es de buena fe.
En primer lugar, la actora en el escrito de demanda sostiene que Cobertores Argentinos S.A. depositó las maquinarias en el local que le facilitó el demandado y éste se apropió ilegalmente de ellas.
Cabe reiterar que la buena fe se presume y el poseedor será de mala fe cuando sabía que la cosa que se le transfirió pertenecía a su verdadero propietario o porque recibió la cosa directamente del propietario como locatario, comodatario, depositario, etc.
Sin embargo, la actora tampoco ha traído prueba alguna referida al depósito de las máquinas en el local del demandado y su apropiación por esa parte, cambiando la cerradura.
Entonces, si no se ha acreditado la relación contractual alegada en la demanda y la consiguiente obligación de restituir y, por el contrario, se ha reconocido el contrato de compraventa de las máquinas por su vendedor Guglieri, el demandado debe ser tenido como un tercero poseedor, sin relación directa con quien aparece como propietaria de las máquinas. Cabe descartar entonces la mala fe del actual poseedor en cuanto a su obligación de restituir las cosas muebles de las que, se dijo, se habría apropiado indebidamente.
Precisamente, en la apropiación indebida de las máquinas se basó la demanda para imputar mala fe al poseedor actual y como ya se ha dicho ese extremo no mereció prueba alguna.
Debe analizarse entonces si existió mala fe del tercero poseedor porque conocía a su verdadero propietario cuando compró las máquinas a Guglieri. Entiendo que tampoco se la ha acreditado.
En los agravios se alude a la vinculación de un anterior abogado de Cobertores Argentinos S.A. con el demandado, pero ello por sí solo no prueba la mala fe, máxime cuando ese conocimiento se lo relaciona con la imputación del abuso de firma en blanco que no se ha probado. Tampoco se ha traído prueba que ese letrado a quien no se citó en autos estuviera involucrado en una posible maniobra con GuglierI, vendedor de las máquinas.
En este aspecto, en mi criterio, resultan relevantes diversas circunstancias para reafirmar la presunción de buena fe del tercero.
1.- La vinculación del vendedor de las máquinas con la empresa propietaria de las mismas. Así, tenía poder de dirección dentro de la empresa titular de las máquinas (véase fs. 33 de los autos sobre despido). Además, Germán Guglieri (hijo de Héctor Guglieri) se encontraba autorizado para intervenir por Cobertores Argentinos en el mandamiento de constatación librado en autos para verificar el carácter de la posesión del demandado.
Asimismo, Héctor Guglieri había integrado una sociedad familiar (con Germán Guglieri y Marta Guglieri), la que dejó de funcionar, cuya actividad se desarrollaba utilizando las máquinas que se pretenden reivindicar. En las mismas facturas agregadas por la actora Marta Guglieri , hermana de Héctor Guglieri, aparece como vendedora de la mayoría de las máquinas a Cobertores Argentinos S.A.
Obsérvese que de los autos “Lazarte, Luis Leonardo contra Cobertores Argentinos S.A. sobre despido”, que corre por cuerda, surge que la sociedad familiar integrada por los Guglieri parece ser la antecesora de Cobertores Argentinos S.A., pues sus integrantes tenían el poder de dirección y mando en esta última.
2.- Héctor Sergio Guglieri y Germán Guglieri firmaron por derecho propio contrato de locación del local de la avenida San Juan 3984, el 20 de enero de 2000, dando en garantía de su cumplimiento algunas de las máquinas, lo que demuestra nuevamente su vinculación con esas cosas muebles (conf. fs. 68/70 de la causa penal16.191/2002).
3.- La coincidencia de la fecha de rescisión del contrato de locación del local de la calle San Juan 3984, del 27 de abril de 2000, documento que obra a fs. 41, cuya firma se encuentra reconocida a fs. 131 vta., con la del contrato de compraventa de las máquinas de fecha 3 de abril de 2000 ambos suscriptos por Guglieri.
4.- La concordancia de fechas de la compra de máquinas por parte del actual poseedor, con la baja de las mismas de la contabilidad de la sociedad poco tiempo antes y en coincidencia con el alquiler del local de la calle San Juan por los Guglieri.
En efecto, de acuerdo al informe pericial contable de fs. 249 la empresa Cobertores Argentinos S.A. dio de baja en sus libros contables a las máquinas con fecha enero de 2000 (libro diario N° 1, fs. 123). Reitero que el contrato de locación es del 20 de enero de 2000 y la venta de las máquinas al actual poseedor es del 3 de abril de ese año.
5.- La omisión de la empresa de efectuar denuncia alguna respecto de la apropiación de las máquinas, de su hurto, robo o pérdida de las mismas.
6.- Recién en julio de 2000, seis meses después Cobertores Argentinos S.A. promovió las medidas preliminares y el 8 de noviembre de 2000, cedió derechos sobre las máquinas al actor, a pesar de la baja de las mismas diez meses antes.
Todos esos hechos constituyen concordantes y serias presunciones de que Héctor Sergio Guglieri tenía la posesión y libre disposición de las máquinas. Sólo de probarse el robo o pérdida de esas máquinas, la transmisión a título oneroso de la posesión que éste le hiciera al actual poseedor podría ser relevante para admitir la acción.
Entiendo que tampoco resulta aplicable la presunción de mala fe sentada en el art. 2771. En efecto, dice esa norma que será considerado poseedor de mala fe el que compró la cosa hurtada o perdida a persona sospechosa que no acostumbraba a vender cosas semejantes, o que no tenía capacidad o medios para adquirirla.
En el caso de autos, como luego se verá, tampoco se ha acreditado que las máquinas hayan sido robadas o perdidas, pero además, la doctrina ha entendido que para la viabilidad de dicha presunción de mala fe en la posesión no basta que el vendedor no se dedique habitualmente a operaciones sobre cosas de igual naturaleza, pues también debe generar sospechas al comprador por algún motivo relacionado con su persona o con las circunstancias de la venta (conf. Areán, ob.cit. pág. 954).
En el caso de autos no parece que la venta de las maquinas podría haber generado sospechas al adquirente, ya que Guglieri había alquilado el local donde se encontraban las máquinas, tenía la posibilidad de disponer de las mismas, tan es así que pudo transferir su posesión sin problemas. Además, siempre estuvo vinculado a la actividad para la que se emplean esas máquinas.
No cabe duda que si se presume la buena fe del poseedor, estaba a cargo del reivindicante demostrar que aquél tenía conocimiento de la ilegitimidad de su adquisición, y no lo ha hecho.
Tampoco se ha acreditado que las cosas sean robadas o perdidas. Al respecto vale recordar que aun cuando el poseedor sea de buena fe la reivindicación procede si se prueba aquel extremo.
En primer lugar, debe señalarse que de acuerdo al art. 2766 la calidad de cosa robada sólo es aplicable a la sustracción fraudulenta de la cosa ajena, y no al abuso de confianza, violación de un depósito, ni a ningún acto de engaño o estafa que hubiera hecho salir la cosa del poder del propietario.
Si bien la norma no exige para la configuración del robo la violencia en las personas ni la fuerza en las cosas, de allí que se incluya también al delito de hurto, lo cierto es que quedan fuera del concepto de cosa robada de la norma, los supuestos en los cuales la cosa ha salido de la esfera de custodia del propietario por su voluntad aunque sea con engaño, como en el supuesto de abuso de confianza, estafa o violación de depósito.
Si el propietario confió en una persona a quien entregó la cosa en calidad de tenedor con obligación de restituir y dicha confianza ha sido violada, porque, operándose un acto de interversión de título, aquél ha trasmitido a un tercero, su imprudencia no puede perjudicar a ese tercero que la pudiera haber adquirido luego, a condición de que sea de buena fe. En todo caso corresponderán al propietario burlado acciones personales contra la persona a quien dio la cosa como tenedor (Areán, ob.cit. pág. 956).
Adviértase entonces que aun cuando esta última circunstancia se hubiera tipificado en autos, la infidelidad de Guglieri hacia la empresa en la que era gerente, de haberse dado, igualmente su mala fe no perjudicaría al adquirente.
En cuanto a las cosas perdidas, la hipótesis no resulta aplicable al caso, porque además de no haber sido alegada por la actora, parece difícil que se tipifique el supuesto considerando las características de las máquinas que se pretenden reivindicar. De todas maneras, si bien el Código Civil no determina expresamente que se entiende por cosas perdidas, la doctrina está conteste en que son aquellas extraviadas como consecuencia de una negligencia cualquiera.
Pues bien, en autos no se ha traído prueba que las cosas que se pretenden reivindicar sean de las robadas o perdidas, exigencia legal para que proceda la reivindicación.
Asimismo, la empresa no ha hecho denuncia alguna, extremo también que permite presumir que se desprendió voluntariamente de la cosa, por lo menos en el sentido del art. 2766 del Código Civil.
El tercero de buena fe se encuentra amparado contra el petitorio entablado por el verdadero propietario. Sin embargo, la presunción de propietario que favorece al poseedor de buena fe de una cosa mueble no robada ni perdida no le basta para enervar la reivindicación intentada por el verdadero propietario si, además, no es adquirente a título oneroso. Así lo dispone el art. 2767 del Código Civil para quien adquirió la cosa a título oneroso “a la persona a la aquél (el propietario) se la había confiado” y del art. 2778 que se refiere al supuesto de un enajenante también de buena fe.
Como se advierte el art. 2767 prevé el supuesto del enajenante de mala fe, es decir, aplicándolo al caso de autos, cabe reiterar que aun cuando Guglieri hubiera sido tenedor a quien la propietaria le hubiera confiado las cosas muebles, esa norma también protege al actual poseedor de buena fe que las hubiera adquirido a título oneroso.
Como ya se ha dicho, del contrato glosado a fs. 43 se desprende que el demandado pagó la suma de U$S 26.000 por las máquinas que se pretenden reivindicar. Frente a ello, y habiendo considerado su autenticidad por el reconocimiento de las firmas de fs. 131 vta., no se ha alegado y menos probado que se trate de un acto a título oneroso que encubre una donación. Y ya se sabe que esa prueba correspondía a la parte actora.
Por ello, propondré al acuerdo se revoque la sentencia rechazando la acción de reivindicación. De todas maneras, entiendo que deberá mantenerse la decisión de juez de grado en cuanto ordena librar oficio a la Justicia en lo Criminal a fin de investigar la posible comisión de delitos penales.
IV.- Los agravios de la actora.
Considerando como se resuelve la cuestión de fondo, los agravios de la actora respecto de los intereses y las costas se han tornado abstractos, por lo que nada cabe resolver.
Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este voto por mis distinguidos colegas de Sala, corresponde revocar la sentencia. En consecuencia deberá: 1) Rechazarse la demanda sobre reivindicación promovida por Daniel Eduardo Rodríguez Cerdeña contra Rodolfo Martín Ferioli; 2) Imponer las costas de ambas instancias al actor que resulta vencido, pues no se advierte circunstancia alguna que permita apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal); 3) Ordenar librar oficio a la Justicia en lo Criminal a fin de que se investigue la posible comisión de delitos penales.
L a Dra. Díaz y el Dr. Ameal, por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Hernández , vota en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
///nos Aires, noviembre de 2009.-
Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide revocar la sentencia. En consecuencia deberá: 1) Rechazarse la demanda sobre reivindicación promovida por Daniel Eduardo Rodríguez Cerdeña contra Rodolfo Martín Ferioli; 2) Imponer las costas de ambas instancias al actor que resulta vencido, pues no se advierte circunstancia alguna que permita apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal); 3) Ordenar librar oficio a la Justicia en lo Criminal a fin de que se investigue la posible comisión de delitos penales; 4) De conformidad con lo dispuesto en los arts. 279 del Código Procesal, art. 6 y cctes de la ley 21.839 y su modificatoria 24.432, arts. 1,6,77 y 80 del decreto ley 7887/55 y ley 21.165 art. 3 del decreto 16.638/57; regúlense los honorarios de los Dres. José Luis Fernández; Mariano E. Chachques y Eduardo M. Cohen en las sumas de $11.000; $9.000 y $5.500 respectivamente; y los del perito Ana María Cristina Dipiano e ingeniero José Javier Kors en las suma de $4.000 cada una. De acuerdo con lo normado por el art. 14 de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, fíjense los honorarios de los Dres. José Luis Fernández y Mariano E. Chachques en las suma de $3850 y $3000 respectivamente. . LIDIA B. HERNANDEZ- SILVIA A. DÍAZ- OSCAR J. AMEAL- CAMILO ALMEIDA PONS-SEC-(ES COPIA). Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
 
Dra. María Alejandra Pasquet
Delegada Superior
Sede Regional Rosario
Universidad Abierta Interamericana

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